¡Dichoso petróleo!

El adjetivo dichoso tiene cuatro acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: (1) feliz, (2) que incluye o trae consigo dicha, (3) dicho irónicamente, desventurado o malhadado, y (4) dicho coloquialmente, enfadoso o molesto. No parece, por tanto, que el título de este post sea menos contradictorio que las posiciones enfrentadas que, en relación a su bondad o maldad, el petróleo atiza en todo el mundo.   En los últimos tiempos la controversia se ha instalado en Canarias, Baleares y Valencia, ante la perspectiva de que en el mar territorial cercano a los respectivos litorales puedan llevarse a cabo actividades de extracción de hidrocarburos.

Este blog está concebido como un espacio para la reflexión y la razón. Por ello procuro exponer argumentos racionales, evitando los emocionales, y proporcionar vínculos o enlaces donde cada cual pueda contrastar la información y sacar su propias conclusiones. Ciertamente, salvo tal vez en Matemáticas, ni siquiera la razón es neutral. Incluso los científicos más relevantes de la Historia están condicionados por sus convicciones personales, éticas y filosóficas. Ya se sabe que, a pesar de haber contribuido a su nacimiento, Einstein se resistió a aceptar la Mecánica Cuántica, no obstante la creciente evidencia experimental: «Dios no juega a los dados» , dijo, parece ser que no por una convicción religiosa, sino simplemente filosófica en relación al determinismo y al azar. Por tanto, difícilmente podré sustraerme a mi visión personal en un intento de exposición, tan objetiva como sea capaz, sobre un asunto tan controvertido como el petróleo. Procuraré, en todo caso, distinguir claramente lo que son datos objetivos de lo que subjetivamente resulte de mi visión personal.

El petróleo: ¿santo o villano?

Desde luego, no puedo pensar que el petróleo sea fuente de santidad a la vista de cómo ha controvertido la realidad mundial desde la II Guerra Mundial. Sin embargo, no es menos cierto que los hidrocarburos fósiles son un recurso esencial para la sociedad actual. Justamente, su imperiosa necesidad es la que los ha convertido en un elemento clave en el tablero geoestratégico mundial. Los hidrocarburos son necesarios en la industria química, dan lugar a alquitrán, asfalto, lubricantes, entre otros muchos productos y, ya se sabe, son el recurso energético que mueve desde hace más de cien años el crecimiento económico mundial, sea para producir electricidad, mover automóviles, barcos y aviones, o producir frío que permita la conservación de alimentos perecederos.

Por tanto, el petróleo, y restantes hidrocarburos fósiles, ha sido y continúa siendo importante y, por ello, conflictivo. A su faceta negativa, hay que añadir que se trata de recursos no renovables, producidos y almacenados de forma natural en el subsuelo de nuestro planeta en procesos geológicos a lo largo de millones de años. Su extracción acelerada, por las últimas cuatro generaciones de seres humanos, y su consecuente combustión para producir energía libera cantidades ingentes de CO2 y otros productos a la atmósfera, hacen imposible la autorregulación natural del exceso de emisiones, con el consabido aumento del efecto invernadero, importante agente del cambio climático. Siendo el impacto medioambiental más señalado la referida contribución al cambio climático, no puede dejarse de mencionar el riesgo de vertidos accidentales, mayor o menor según las posibilidades de la técnica, pero seguro que existente.  No es difícil de entender: si liberamos en muy poco tiempo a la bioesfera una cantidad ingente de carbono, secuestrado y almacenado de forma natural durante muchos millones de años, vamos a incidir en los ciclos biogeoquímicos que hacen de la Tierra el planeta que conocemos, con consecuencias que son muy difíciles de prever. Pero, además, los hidrocarburos fósiles no son, ni mucho menos, de existencia eterna: como cualquier recurso natural están sujetos a su agotamiento, si se sobreexplotan.

Pienso que nuestra generación continuará sustentando su actividad económica sobre los combustibles fósiles, como recurso energético, a pesar de todos los problemas señalados. Más allá de los complejos intereses que el oro negro pueda causar, mucho me temo que no existen tecnologías energéticas que, a día de hoy ni en el futuro cercano, puedan sustituir a las actuales. Pero también pienso que, por cuanto he expuesto, se trata de una circunstancia desafortunada.  El alto consumo energético en los países desarrollados y el enorme crecimiento en los que están en vías de hacerlo, supone un riesgo real sobre la bioesfera, si no buscamos tecnologías energéticas sustitutivas de los combustibles fósiles. El crecimiento económico a largo plazo sólo podrá ser sostenible si somos capaces de obtener la energía de fuentes renovables, que no se agoten y, sobre todo, que no alteren el delicado equilibrio medioambiental del planeta.

Nuestra generación tiene la responsabilidad de entregar un planeta habitable a quienes vendrán después de nosotros. Dicho esto, hay que ser conscientes de que se trata de una cuestión global. Hemos de mantener un compromiso personal y social con la sostenibilidad medioambiental. Pero no podemos resolver sólo nosotros las contradicciones del actual modelo energético mundial.

Recursos naturales y prosperidad económica

Con frecuencia se dice que ningún país renuncia a conocer y explotar sus recursos naturales. También que sería una gran suerte poder contar con ellos, pues impulsarían el crecimiento económico y, con ello, la generación de empleo que tanto necesitamos. Esta línea de pensamiento parece entender que se genera una suerte de externalidad positiva automática, por el mero hecho de realizar la explotación de tales recursos, que compensa las externalidades negativas que pudieran originarse. Dicho de otra manera, si resulta que hay yacimientos explotables de hidrocarburos fósiles, parece que, conforme a dicha línea de pensamiento, van a surgir múltiples oportunidades de prosperidad y empleo.

Me temo que las cosas no son tan sencillas. Si así fuera, los países que sustentan su economía en la explotación de recursos naturales, abundantes en sus territorios, habrían consolidado un crecimiento económico que los hubiera hecho muy ricos y con un elevado bienestar. La terca realidad muestra que no suele ser así. De hecho, como muchos economistas especializados en crecimiento y desarrollo económico han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, existe una especie de «maldición de los recursos naturales» consistente en que los países en los que abundan, al explotarlos, crecen económicamente menos que los que, por no tenerlos, no tienen opción de hacer explotación alguna de tales recursos. Si lo desean, pueden consultar el trabajo «Natural Resource Abundance and Economic Growth» del economista Jeoffrey Sachs (nov. 1997), reputado profesor de la Universidad de Columbia y, en su día, Director del Proyecto del Milenio de Naciones Unidas,  o más recientemente «The Natural Resource Curse: A Survey«, publicado en el National Bureau of Economic Research, en  marzo de 2010, por el profesor de la Universidad de Harvard, Jeffrey Frankel. De hecho no es necesario recurrir a literatura especializada. Libros de texto, como Macroeconomía, de Krugman y Wells, o Crecimiento Económico, de Weil, por citar dos que tengo en casa a mano según escribo, se detienen en explicar cómo, ni el clima ni los recursos naturales, no sólo no son determinantes para impulsar el crecimiento económico a largo plazo, sino que con frecuencia lo ralentizan.

Habrá quien se muestre escéptico. Si tengo recursos naturales, pensará, mucho mejor que si no los tengo. Y visto superficialmente, así parece. Es más, si la gestión de tales recursos es acertada, probablemente fortalezcan el crecimiento económico. El problema es que, con mucha frecuencia, los recursos naturales suponen una vía fácil de ingresos, realizables en el corto plazo, que sacrifican otras posibilidades económicas alternativas. La entrada de dinero externo, motivada por tal sector extractivo, desplaza recursos endógenos hacia el mismo, y conlleva un incremento de los servicios y la inflación acompañados de una desindustrialización en otros sectores. Eso por no hablar de la lacra de corrupción que acompaña a muchas economías extractivas.

Pero los efectos negativos, en el corto plazo, son muy difíciles de advertir. A fin de cuentas, el boom asociado a tal explotación de los recursos naturales crea un espejismo, una borrachera social de crecimiento aparente,  gasto y optimismo.  Después, la resaca es terrible. Los economistas suelen hablar del «síndrome o enfermedad holandesa» para referirse a este fenómeno, repetido demasiadas veces en distintas formas a lo largo de la Historia, y que los holandeses sufrieron en carnes propias tras el descubrimiento de pozos de gas natural en el Mar del Norte en 1959, y cuya explotación llevó aparejada un retroceso de su sector industrial. Ya en el S. XVI la plata americana destrozó la economía española. Vaya contrasentido. En el S. XX hemos visto cómo otra forma de explotación inconsciente de los recursos naturales, a través del turismo y la construcción, ha supuesto el debilitamiento del sector industrial.

Pero, ¿es posible hacer un uso de la explotación de los recursos naturales que consolide crecimiento y bienestar a largo plazo? Entiendo que sí pero, desde luego, no es tan sencillo como pensar que, automáticamente, ese va a ser el resultado. Al contrario, si se hace sin más, el resultado es el repetido síndrome holandés, la borrachera que te hace feliz hasta que llega la resaca. Pienso que se requiere mucha disciplina para no sucumbir ante la tentación de una burbuja de optimismo. Francamente, n0 me da la impresión, por lo que he podido leer en relación a la controversia por el petróleo, que estas cuestiones estén siendo suficientemente consideradas.

Pero, ¿debemos admitir las prospecciones y extracciones?

Las verdades absolutas corresponden a las religiones y se sustentan en creencias. Podría, tal vez, admitir la certeza absoluta de algunas verdades matemáticas. En el resto del Conocimiento Humano, incluyendo todos los campos de la Ciencia, todo es provisional y revisable, de acuerdo con las sucesivas evidencias experimentales.

No es, por tanto, este blog el espacio para hablar de verdades absolutas. Por tanto, no pienso que pueda darse ni un sí o un no, en términos absolutos, a cualquier posibilidad de explotación de recursos naturales. En cada caso, habrá que saber qué se pone en cada platillo de la balanza, y tener claro cómo se desplaza el fiel de la misma. Y ello pensando no sólo en el corto sino, especialmente, en el largo plazo, tanto por responsabilidad medioambiental como económica, según he intentado sintetizar más arriba.

Creo que es importante glosar brevemente cuál es el marco normativo por el que, en España, se autorizan las prospecciones y explotaciones de hidrocarburos. Pues bien, actualmente está en vigor la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Esta Ley vino a sustituir a la anterior Ley 21/1974, de 27 de junio, promulgada en un momento muy especial, por la crisis energética de los años setenta. La Ley tiene un reglamento que la desarrolla, regulado por el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre investigación y explotación de hidrocarburos, de 27 de junio de 1974. Sí, han leído bien: el reglamento de la vigente Ley es, realmente, el de la anterior, nada menos que de 1976. Lógicamente, tal reglamento, anterior incluso a la Constitución, se mantiene vigente en las normas que no contradigan a la Ley actual. Pues bien, el marco reglamentario para realizar las extracciones tiene casi treinta y nueve años. Bueno, podrán pensar, seguro que ha sido modificado y actualizado. Sí, en concreto, de los ochenta y dos artículos, cuatro disposiciones adicionales y tres anexos, se han modificado dos veces, en 1991 y 1993, el Art. 28.1.2 relativo a las inversiones anuales mínimas que han de hacer los titulares de permisos de investigación, y, también, se añadió el Anexo III en 1993 (referido en el modificado Art. 28.1.2). Por último, se convirtieron en 2001 las cuantías a euros.

Una lectura íntegra del Reglamento de 1976 permite entender rápidamente lo extemporáneo que es. Es coherente con la realidad política, económica e industrial del momento, y con la necesidad de asegurar el control del Estado en los recursos energéticos que pudieran obtenerse. Pongamos algunos ejemplos directamente extraidos del vigente Reglamento,

«Artículo 7

3. De autorizarse por el Ministerio de Industria, la importación de tecnología, el número total de empleados no españoles en cada empresa autorizada, no podrá superar el 20 por 100.

4.1. En las empresas cuya actividad está regulada por la Ley y el presente Reglamento, el número de técnicos titulados de nacionalidad extranjera, fijos o temporales, deberá ser siempre inferior al de los nacionales con análogas funciones.

4.2. A estos efectos, se considerarán técnicos nacionales los que hayan obtenido su titulación en España y los extranjeros que la tengan reconocida por convalidación.

5. En igualdad de condiciones y características para la contratación de servicios, tendrán preferencia, los contratistas españoles y para el empleo de maquinaria y equipos los fabricados en España».

«Artículo 9

1. En las sociedades anónimas españolas con participación extranjera, el número de Consejeros no españoles, no podrá exceder del proporcional a la parte de capital extranjero.

2. Si estas sociedades estuvieran administradas por uno o varios administradores o gerentes, y alguno de ellos fuera extranjero, sus facultades deberán ser mancomunadas y no solidarias, sin que el número de los no españoles, pueda exceder tampoco del proporcional a la parte de capital extranjero. El Presidente del Consejo de Administración y el Consejero delegado, deberán ser en su caso, españoles. Si hubiera un solo administrador o gerente deberá, asimismo, poseer la nacionalidad española».

«Art 38

1. Los concesionarios de explotación podrán refinar y manipular industrialmente los hidrocarburos que obtengan en exceso sobre los destinados obligatoriamente al consumo nacional, y dedicar este exceso a la exportación, según prevé el artículo 60.

2. En el caso de que los concesionarios monten instalaciones para realizar las operaciones de refino o manipulación amparadas por el apartado anterior, estarán obligados a poner a disposición del mercado interior los productos obtenidos en la cantidad y durante el período que se determine, cuando por razones de interés nacional así lo disponga el Gobierno.

3. La venta de los productos sometidos a la Ley y el presente Reglamento y afectados por la legislación especial por la que se rige el Monopolio de Petróleos, y dentro de su área, deberá efectuarse a éste, excepto los que se destinen a la exportación con la debida autorización del Gobierno. El almacenamiento y transporte de los citados productos, será en todo caso, fiscalizado por el Monopolio de Petróleos dentro del territorio peninsular e islas Baleares, ateniéndose a su legislación especial y sin que esta fiscalización pueda tener carácter oneroso para los concesionarios».

«Art. 49

1. El tipo de gravamen del Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas será el 40 por 100.

2.1. Del importe de la cuota liquidada se deducirá la suma de las cantidades que la empresa haya abonado al Estado en concepto de canon por la concesión de explotación correspondiente al ejercicio».

«Art. 60

1. Los titulares de concesiones de explotación podrán una vez cumplidos los preceptos establecidos por la Ley y las condiciones de las concesiones respectivas, exportar los excedentes de los hidrocarburos crudos o refinados obtenidos en sus explotaciones o venderlos a empresas españolas para su exportación en bruto o después de transformados».

Con estas citas es fácil entender el sistema vigente en los años setenta. El Estado tenía un gran control sobre cualquier actividad extractiva, exigía que la comercialización comenzara por España, y tenía un tipo impositivo del 40% en el impuesto de sociedades. Dicho de otra manera, el Estado marcaba las condiciones, la empresa realizaba la extracción, la venta comenzaba por España y los beneficios se los repartían en un 60% los accionistas y en un 40% el Estado.

Insisto, ese es el sistema que aún pueden ver en el vigente Reglamento sin más que pulsar sobre los enlaces. Lógicamente, el Reglamento no está vigente en su integridad, pues no puede contradecir la Ley. Sin embargo, ninguno de los preceptos contradictorios ha sido derogado, ni ha sido el Reglamento actualizado conforme a lo que demanda la realidad legal, económica y técnica actual. Cuando menos es sorprendente.

Intentaré sintetizar el marco actual, cuestión que en absoluto es sencilla por la dispersión normativa. Conforme al Art.  132.2 de la Constitución los hidrocarburos que se encuentran en el mar territorial son bienes de dominio público estatal. Consecuentemente la vigente Ley entiende que el título competencial para autorizar las prospecciones y la extracción corresponde al Estado. Por otro lado, la pertenencia de España a la Unión Europea supone que hay que observar el Derecho europeo, al que tampoco puede contradecir el Reglamento. Además, hay un nuevo cuerpo legislativo de protección medioambiental. Quisiera simplemente destacar dos cuestiones:

– Ya no es posible un marco proteccionista como el de los años setenta. Por ello el Art. 2.2 de la vigente Ley de hidrocarburos reconoce la libre iniciativa empresarial, y el Art. 24.3 dispone que «Los titulares de una concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos podrán vender libremente los hidrocarburos obtenidos«.

– Si bien se mantiene el tipo impositivo del 40% en el impuesto de sociedades(Art. 28.7 Ley del Impuesto de Sociedades), tienen un régimen fiscal especial con un «derecho a una reducción en su base imponible, en concepto de factor de agotamiento, que podrá ser, a elección de la entidad, cualquiera de las dos siguientes: a) El 25 por ciento del importe de la contraprestación por la venta de hidrocarburos y de la prestación de servicios de almacenamiento, con el límite del 50 por ciento de la base imponible previa a esta reducción. b) El 40 por ciento de la cuantía de la base imponible previa a esta reducción» (Art. 102 Ley del Impuesto de Sociedades). Las cantidades deducidas en concepto de factor de agotamiento de la base imponible han de ser reinvertidas en España.

Estos son los datos, al menos una parte espero que ilustrativa de los mismos. Cada cual puede reflexionar sobre ellos, complementarlos, documentarse y, en definitiva, tener una opinión informada sobre un asunto de gran trascendencia para todos.

Semejanzas y diferencias entre Canarias, Baleares y Valencia (y de éstas con muchos otros sitios)

En los últimos años hemos asistido a un esfuerzo de comunicación, de partidarios y detractores del petróleo, que intenta mostrar las semejanzas o diferencias de las prospecciones y explotaciones planificadas en distintas CCAA españolas y en distintas zonas con actividad extractiva en otras partes del mundo. La verdad, con frecuencia quedo atónito con lo que leo y escucho. Advierto al lector que, en esta última sección, mostraré mi opinión y, por lo tanto, tiene una componente subjetiva, de cómo veo yo las cosas, que he intentado evitar en las secciones anteriores.

Las semejanzas son fáciles de entender: en todos los casos se plantean prospecciones submarinas para investigar si hay hidrocarburos. A la población del litoral próximo esa posibilidad le preocupa, pues teme que tal actividad le ensucie sus costas. Ese temor es tanto mayor donde existe una elevada sensibilidad medioambiental, acompañada por un cierto resquemor social por la depredación acelerada de un territorio y de un patrimonio medioambiental que antes no se valoraba tanto como ahora. La preocupación se hace máxima en donde, por ser el turismo el pilar de la economía regional, se teme que un posible vertido simplemente de al traste con la economía y modo de vida local.

Esta situación no es sorprendente. Casi cualquier actividad comporta riesgos, y las imágenes relativamente recientes de vertidos están grabadas en las mentes de casi todo el mundo. Se dice que el riesgo es muy bajo, pero humanamente demandamos seguridad en relación a nuestros peores temores:  igual que ningún padre o madre está tranquilo si a su hijo le van a realizar una sencilla intervención quirúrgica, por ejemplo de apendicitis, hay que entender que la población del litoral próximo esté intranquila con la perspectiva, improbable pero posible, de un vertido en sus playas.

Esta situación no sólo no es sorprendente, sino que es muy frecuente. Los americanos, tan amigos de los acrónimos, tienen uno para el común sentir popular de la población local, contrario a que le instalen cerca ciertas infraestructuras: NIMBY o Not In My BackYard (no en mi patio trasero). Simple y llanamente, ante estas situaciones frecuentemente no es fácil asumir los riesgos e incomodidades, que son locales, por unos servicios que, siendo probablemente necesarios, benefician a una colectividad que trasciende tal ámbito local.

 Vayamos a las diferencias. No es lo mismo el Océano Atlántico que el Mar Mediterráneo. Claro que no, ni éstos que el Mar del Norte, ni tampoco Canarias, Baleares o el Golfo de México. Todas son realidades diferentes. Lo que me llama la atención es la celeridad con la que dos realidades pueden ser, al tiempo, semejantes o diferentes según sea la posición que se defiende. En los últimos días he sido ilustrado, a través de los medios de comunicación, sobre la supuesta diferencia de las prospecciones en Baleares en Canarias, que para algunos supone que es admisible realizarlas en Canarias, pero no en Baleares. Al mismo tiempo, algunas de estas personas dicen que no hay peligro en realizar las prospecciones en Canarias, porque se hacen en Brasil o en Noruega. Inaudito.

Ahora resulta que las prospecciones en Valencia o en Baleares son un disparate por la cercanía a la costa. Pero que las previstas en Canarias no están en esa situación, porque están más lejos. Simplemente sugiero que, quien así piense, le de un vistazo a la ubicación del Pozo Macondo, en el Golfo de México, en el que la plataforma petrolífera Deep Horizon tuvo en abril de 2010 su desafortunado accidente. Estaba a 66 km de la costa, y afectó a una extensión marina de unos 180.000 km2, con una afección litoral terrible. El argumento de que si nosotros no lo hacemos, lo hará Marruecos tampoco está mal. Parece que la reserva de hidrocarburos que hay en el subsuelo es como una tarta al final de un cumpleaños infantil, que quien no corra se queda sin tarta…

Las cosas son mucho más sencillas. Si las prospecciones en Canarias, Baleares o Valencia satisfacen los requisitos medioambientales y de seguridad (espero que sea de aplicación alguna norma más reciente que el vigente Reglamento de 1976) pueden hacerse. Los riesgos han sido evaluados por los expertos redactores de las normas, conforme al Derecho europeo aplicable, y por tanto, si se satisfacen tales criterios la autoridad competente puede autorizar las prospecciones y las explotaciones.

Hacerlo o no hacerlo es, simple y llanamente, una decisión política. Si hacerlo es una cuestión de Estado, lo es para todos los casos en que se cumplan los requisitos medioambientales y técnicos que sean de aplicación. Si, como entiendo, el sentido de Estado aconseja tener las cosas mucho más claras, y no crear más problemas que se añadan a los muchos que ya tenemos, no estaría de más que el Gobierno de España escuchara no sólo a sus correligionarios gobernantes en Baleares y Valencia, sino también al Gobierno e instituciones de Canarias.

Y si el Gobierno persiste en las prospecciones, cuando menos pienso que el Ministerio de Industria debiera aclarar varias cosas. No vale decir que llevar a cabo explotaciones extractivas de hidrocarburos va, porque sí, a ofrecer grandes oportunidades económicas en Canarias. No es cierto. Ya he hablado de ello antes. Por ejemplo, tendría que explicar mucho mejor la ponderación de riesgos y  beneficios, para saber dónde ha situado el fiel de la balanza.  Tendríamos que saber esos beneficios cómo repercuten, en primer lugar, en los ciudadanos que están más cerca, que están más expuestos frente a una contingencia. Y cómo se neutralizarían las contingencias si llegaran a suceder. Y cómo se repartiría el ingreso por vía fiscal de la actividad extractiva entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Y cómo esos ingresos se aplicarían en programas que favorezcan el crecimiento económico a largo plazo, que eviten los efectos perniciosos frecuentemente asociados a economías extractivas, y de los que también hablé.

Realmente, en un país que, como España, está tan necesitado de cohesión territorial no son buenas las decisiones impopulares que ignoran la realidad descentralizada del Estado. No se trata sólo de ejercer una competencia atribuida a un poder público o a otro. Se trata de tener sensibilidad con el sentir ciudadano y, sobre todo, de no producir agravios comparativos entre CCAA. Se trata, como ya he dicho, de no crearnos a nosotros mismos más problemas que los que ya tenemos.