Prioricemos lo fundamental

(Corresponde a mi artículo periodístico, de igual título, publicado el miércoles 4 de octubre de 2017 en los periódicos La Provincia de Las Palmas y La Opinión de Tenerife)

Escribo estas líneas en el infausto domingo del 1 de octubre de 2017, alterando mi propósito de debatir, en el espacio periodístico que tan amablemente se me proporciona, sobre los contenidos de la Cumbre Digital de Tallin, organizada conjuntamente por la presidencia estonia del Consejo de la UE y las instituciones de la Unión Europea. Ciertamente, el desarrollo de la sociedad de la información es una cuestión de la máxima relevancia para la Unión Europea, su ciudadanía y sus empresas: confío en tener oportunidad de aportar mis reflexiones al respecto más adelante. Sin embargo, hoy mi mente está en Cataluña y en cómo los graves sucesos que acontecen pueden alterar la convivencia, no sólo allí, sino en el conjunto de España. El crecimiento de la prosperidad que razonablemente podemos esperar de la innovación y de la sociedad de la información requieren, como antecedente, de la estabilidad política y del marco institucional que los Estados miembros de la Unión Europea han conquistado. Por ello, poco sentido otorgo a debatir sobre la sociedad de la información al tiempo que los mismos fundamentos del Estado de Derecho y de la Democracia se tambalean en nuestro país.

Ciertamente, las circunstancias que nos han traído al punto en que nos encontramos son variadas y complejas. Entre ellas, pero no únicamente, no haber adoptado un modelo de referencia para la organización territorial en el que todos los territorios se sintieran cómodos. La Transición española fue modélica en muchos aspectos. Permitió superar una Historia de odio y rencor, haciendo confluir en la Constitución de 1978 a los antiguos enemigos, protagonistas de las dos Españas que tan magistralmente versificó Antonio Machado. Sin embargo, la Constitución dejó abierta la ordenación de la cuestión territorial. El Título VIII determinaba poca cosa. Básicamente admitía que las provincias pudieran organizarse como Comunidades Autónomas y alcanzar en sus Estatutos capacidades competenciales en virtud de una acción política que, en la práctica, impulsada mayormente por partidos nacionalistas vascos y catalanes, generaba espacios competenciales para otras Comunidades. Durante casi cuarenta años, la dinámica del juego político en España ha consistido, en buena parte, en negociar repartos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, a tal objetivo, se han aplicado las demandas identitarias de varias regiones de España y de sus gobiernos autónomos, siendo contrapuestas por los Gobiernos del Estado, dando por su parte cauce a una realidad identitaria española socialmente también muy relevante. Esta indefinición del modelo territorial o, mejor dicho, su definición mediante la contraposición de identidades y el regateo político es una deficiencia de nuestro sistema institucional que, antes o después, tenía que dar lugar a tremendos problemas.

No alcanzo a entender por qué no se ha tomado hasta ahora en consideración un modelo de que funciona, con un muy razonable éxito, como es el alemán. De hecho, el desafortunadamente demonizado artículo 155 de la Constitución española es una réplica del artículo 37 de la alemana. Aunque tal constitución fija mucho más claramente el terreno de juego y sus límites: conforme a su artículo 79 se establece una cláusula de intangibilidad que impide modificar la Constitución alemana en cuanto a la obligación de observar los derechos humanos, la naturaleza federal, democrática y social del Estado, así como la soberanía conjunta. Es más, conforme al artículo 21.2, los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Eso sí, a cambio de estos límites tan nítidos, mucho más severos que los existentes en el ordenamiento español, emerge una realidad federal que otorga a los Länder las competencias que expresamente no se atribuyan a la Federación e, incluso, se les dota de una personalidad jurídica internacional limitada, supervisada por el Estado federal. No fue necesario en Alemania una pugna política para alcanzar una realidad federal descentralizada, poniéndose incluso fuera de la ley a quien tuviera por objeto destruir el Estado, su naturaleza descentralizada o su adherencia al respeto de los derechos humanos. Mal no parece haberles funcionado la fórmula, que ha proporcionado a Alemania libertades, crecimiento económico, prosperidad, estabilidad política y liderazgo desde su promulgación tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

En 1978 tal vez no era posible plantear en España un Estado federal a semejanza del alemán, aunque, en mi opinión, mucho hubiéramos ganado de haberlo hecho. En todo caso, hacer de la organización territorial una cuestión de contingencia política permanente ha sido una irresponsabilidad mayúscula. Negarse a ver la evidencia de un modelo territorial inacabado, impulsar las reformas territoriales, entre ellas las de carácter fiscal, sin el debido consenso entre los dos principales partidos españoles y, con frecuencia, con la motivación puramente coyuntural de tener la mayoría para formar un gobierno, o simplemente calentar la calle buscando firmas contra el Estatut, o negarle el pan y la sal al gobierno de turno -ahora es el de Rajoy quien lo sufre, antes fueron otros-, son errores políticos demasiados grandes como para no generar la fractura que ahora tendremos que se capaces de sanar.

Aunque por naturaleza tiendo al optimismo, albergo los mayores temores en estos días. El sentido común y la voluntad integradora no son atributos que observe en la actual realidad política española. España y Europa han vivido en el siglo XX procesos polarizadores, y no es necesario recordar cual fue el resultado de los mismos. Lo que todos nos jugamos estos días en Cataluña no es si se convierte o no en una república independiente. No. Lo que nos jugamos es que salte por los aires el estado de derecho, algo en mi opinión mucho más fundamental. Parece que en estos días proclamar en España el imperio de la ley puede convertirte a los ojos de muchas personas en una persona intolerante, que no se presta al diálogo y que, en suma, no merece el calificativo de demócrata. Y si lo manifiesta públicamente, no es raro que reciba una catarata de descalificaciones por parte de una legión de activistas que implantan en la Red su particular modo de entender la libertad de expresión.

No debiera ser tan difícil de entender. El estado de derecho es la garantía que todos y cada uno de nosotros tenemos frente a las tentaciones totalitarias de una mayoría coyuntural, que, sí, puede ganar unas elecciones, e incluso un referéndum, pero que no puede contravenir la Constitución ni pretender atajos para su modificación sumaria, de la noche al día, sin los procedimientos establecidos para ello. En España hemos tenido varias mayorías absolutas. ¿Podría alguien concebir que el Gobierno que la ostentaba vulnerase los derechos fundamentales amparándose en la misma? O que, sin modificar la Constitución impulsara un referéndum para procurar su derogación en aquellos aspectos que no le gustaran. La Constitución blinda ciertas cuestiones, requiriendo un complejo, pero factible, trámite para su modificación: la condición de España como Estado social y democrático de derecho, la unidad del Estado y el derecho a la autonomía de las regiones, la carta de derechos fundamentales y la monarquía parlamentaria. El resto, incluyendo al Título VIII de organización territorial, es relativamente sencillo de modificar. Saltarse las normas que regulan el procedimiento de modificación constitucional para romper la unidad del estado no es esencialmente diferente a hacerlo para impedir la autonomía, o limitar los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida, la libertad de conciencia, la libertad de expresión o el derecho a la tutela judicial efectiva, por solo mencionar algunos.

Las constituciones son un gran avance de las democracias liberales, y constituyen una garantía de los ciudadanos frente al poder del Estado (las Comunidades Autónomas son también Estado). Si mañana un gobierno español con mayoría absoluta quisiera eliminar la libertad religiosa o de conciencia, no podría hacerlo, aun cuando tuviera a su favor al 51% del electorado. No podría convocar un referéndum para hacerlo y, votar tal cuestión, sería frontalmente contrario a la Constitución y, por ello, ilegal. Y si fuera un gobierno autónomo quien tuviera la ocurrencia, igual de ilegal sería. Podrá decirse que en Cataluña no se trata de derogar derechos fundamentales, sino de admitir la segregación de una parte del territorio del Estado. Pero resulta que la Constitución protege tal unidad, igual que hace con los derechos fundamentales, y sólo mediante la pertinente modificación de la Constitución podrían tales cuestiones plantearse. Y si alguien piensa que los derechos fundamentales no podrían estar en juego, que coja un libro de Historia y repase cómo fueron los años treinta del pasado siglo en Europa.

Es necesario restaurar el orden constitucional en Cataluña como primera cuestión, prioritaria para todo aquel que entienda la importancia que tiene preservar el estado de derecho en una democracia, como garantía de los derechos, de las minorías y para evitar los excesos del poder público. A partir de ahí, discutamos. Es legítimo entender que deba reconocerse el derecho a la autodeterminación, como lo sería preferir un estado unitario, al modo de Francia. También, optar por mantener el estatus actual. Por mi parte, me quedo con un estado federal tomando como referencia el alemán. Intentemos llegar a un acuerdo que englobe a cuantos más mejor, e impúlsese la reforma constitucional, con pleno respeto a los procedimientos, para hacerlo posible y que, muy posiblemente, sería de tal entidad como para requerir el procedimiento agravado de modificación, con mayorías cualificadas y referéndum. Mucho me temo que no hay otra opción, al menos si queremos evitar un serio riesgo de confrontación civil y, por el contrario, deseamos fijar las bases de una convivencia próspera para las próximas décadas.

Otro día hablaré de la sociedad de la información. Hoy toca priorizar lo fundamental.

Juan Ruiz Alzola es Catedrático de Tecnologías de la Imagen en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene un Grado en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya

Anuncios

El avance tecnológico librará a la Humanidad de sus penalidades

(Publicado inicialmente en La Provincia, el 28 de mayo de 2017)

Vivimos en un mundo tan sumamente inmerso en la tecnología que, con frecuencia, es difícil reflexionar sobre sus implicaciones. Según el Diccionario de la lengua española, tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. El manejo del fuego y la industria lítica fueron nuestras primeras tecnologías, a las que siguieron la agricultura y ganadería, con los aparejos necesarios, como vasijas y arados. La sedentarización demandó nuevas técnicas constructivas y de control de las aguas fluviales. Con ello llegó la escritura y la tecnología que permitía fijarla, pues sociedades cada vez más complejas necesitaba llevar registros de sus intereses. La guerra fue un importante motor de innovación tecnológica, y la metalurgia encontró rápida utilidad en los campos de batalla. Civilizaciones del bronce, a veces culturalmente superiores, fueron desplazadas por las que dominaron la tecnología del hierro. Las progresivas concentraciones urbanas y los frecuentes choques militares, estimularon el desarrollo tecnológico, que fue enorme en Roma y la llevó a dominar el Mundo Antiguo. Más tarde, en la Edad Media, el avance tecnológico dio lugar a mejoras en la navegación, posibilitando el comercio. ¿Y qué decir del mundo moderno y contemporáneo? El aumento acelerado de nuevos conocimientos científicos y su aplicación práctica por medio de la tecnología dio lugar a nuevos sistemas constructivos, de transporte, de producción y de telecomunicación. Las tecnologías energéticas, la electricidad, la tecnología química, las tecnologías del agua y de los alimentos, las tecnologías de la información han cambiado drásticamente nuestro mundo en tan solo unas pocas generaciones.

La tecnología supone, para nuestra especie y para nuestro planeta, mucho más que los artículos de consumo que ha hecho posible, y con los que nos hemos familiarizado durante las tres o cuatro últimas generaciones. Más allá del uso simplón propio de los dispositivos móviles, que miramos sin parar, para comunicarnos, trabajar o, simplemente, perder el tiempo, la tecnología es la gran herramienta con la que afrontar las prioridades políticas globales. Tales están determinadas por los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y requieren el concurso de innovación tecnológica e investigación científica aplicada para su superación. Debemos advertir que el desarrollo sostenible es una moneda de dos caras: desarrollo significa mejora social y económica del conjunto de la población mundial; sostenible, que tal se lleve a cabo sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. La cuestión no es sencilla. El afortunado incremento de la esperanza de vida, que ha pasado a nivel mundial de unos 50 años a principios del siglo XX a algo más de 70 en la actualidad, ha traído, como lógico corolario, un fuerte incremento de la población mundial: de unos 1.650 millones de personas en todo el mundo en el año 1900, hemos pasado a unos 6.000 millones en el año 2000 y a más de 7.000 millones en la actualidad. Sin embargo, la esperanza de vida mantiene una enorme variación según sea el desarrollo de los países, pudiendo superar los 80 años en los países desarrollados, y apenas alcanzar los 40 en los más pobres. Por tanto, según vayan mejorando las condiciones socioeconómicas en dichos países, y con ello su esperanza de vida, irá aumentando rápidamente la población mundial. Tanto más porque las bajas esperanzas de vida se deben principalmente a altas tasas de mortalidad infantil que se reducen progresivamente. Esta población creciente demandará mayor bienestar y mejores servicios, lo que redundará en una exigencia adicional sobre los recursos naturales del planeta. Asegurar un crecimiento económico global, que proporcione bienestar en todos los territorios, preservando el planeta es un reto de mayúsculas dimensiones, que requiere el concurso de la educación, la ciencia, la tecnología y la colaboración internacional para ser abordado con éxito.

La medicina no ha sido ajena a la evolución tecnológica. Por el contrario, la tecnología ha permitido elevar la eficacia médica hasta niveles inimaginables hace sólo unas pocas décadas, jugando un papel esencial, junto con la higiene y la nutrición, en el aumento referido de la esperanza de vida. Es más, las enfermedades con las que hoy en día nos enfrentamos serán, antes o después, vencidas por el avance tecnológico. Tristemente, el acceso a la medicina más avanzada no es, ni mucho menos, homogéneo a lo largo y ancho de nuestro planeta y, ni siquiera, dentro cada una de las sociedades de las que formamos parte. La salud de la población mundial es uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas y, como pasa con los restantes, no podrá ser alcanzado sin el uso efectivo de la tecnología.

Pensemos brevemente en qué consiste la tecnología médica, cómo nos hemos beneficiado todas las personas por su desarrollo. La salud es una preocupación que han compartido, y seguirán haciendo, todos los seres humanos en el pasado, presente y futuro. Curiosamente, la tecnología médica es relativamente reciente. La tecnología para curar enfermedades ha ido muy a la zaga de la que, a lo largo de nuestro pasado, se ha utilizado para guerrear. También de la que posibilitó cultivar, navegar, comunicarse o construir. ¿Por qué? No puedo dar una respuesta definitiva. Tal vez se deba a la propia complejidad del organismo humano y de sus enfermedades, acompañadas de las dificultades religiosas y éticas que han acompañado su estudio y tratamiento. Piénsese que uno de los más universales dispositivos médicos, el termómetro clínico, tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para ser introducido por Wunderlich. No fue hasta finales del S. XIX cuando acontece una verdadera revolución en la tecnología médica, con dos nombres fundamentales: Pasteur, pionero de la vacunación, y Röntgen, descubridor de los Rayos X y precursor de la radiología. Unas décadas después, Fleming descubrió las propiedades antibióticas de la penicilina. El avance tecnológico mejoró a lo largo del siglo XX las vacunas, los medicamentos y el estudio del cuerpo sano y enfermo, añadiendo formidables avances en las terapias quirúrgicas, como es el caso de los procedimientos mínimamente invasivos. La mejora diagnóstica y en la efectividad de vacunas y fármacos, la disminución de su toxicidad y efectos secundarios, y el desarrollo de procedimientos quirúrgicos cada vez menos agresivos, ha sido, gracias al avance tecnológico, constante desde entonces, contribuyendo a la mejora global de la salud.

Una característica habitual de la tecnología médica es su elevado coste de adquisición, mantenimiento y operación. Además, su máximo aprovechamiento demanda una formación especializada, tanto para médicos como para ingenieros. Todo ello dificulta su despliegue universal, alejando su potencial benefactor de muchos seres humanos. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Ciertamente es una quimera pensar que vamos a sustituir las versiones más avanzadas y costosas de sistemas de tecnología médica por otros de bajo coste, universalmente accesibles, al menos en el medio plazo. Sin embargo, tal vez sea posible aumentar el esfuerzo para desarrollar nuevos sistemas de alta tecnología y bajo coste, así concebidos desde un inicio, y cuya producción se base en modelos de negocio innovadores que los haga posible. Una nueva generación de tecnologías, médica entre ellas, se extenderá universalmente, impulsando la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible en el mundo, con unos costes muy inferiores a los de la producción industrial convencional. Serán clave para ello el software y hardware abiertos, la cultura maker, expresión de la popularización de las tecnologías de prototipado rápido, de la fabricación aditiva, del control electrónico, y de las licencias no restrictivas de propiedad industrial.

La especialización inteligente de la economía canaria en este tipo de tecnologías, con sus correspondientes modelos de negocio, supone una oportunidad para nuestro propio crecimiento económico sostenible. Estoy convencido que el diseño de alta tecnología de bajo coste, los modernos paradigmas de fabricación, y la comercialización con modelos empresariales disruptivos en cuanto a la gestión de la propiedad industrial, no sólo será útil en medicina, sino que determinará la satisfacción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ofreciendo grandes opciones a las economías que se especialicen en ello.

El objetivo del proyecto europeo INTERREG MACbioIDI es proporcionar una prueba de concepto de ello. Está coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y participan Universidad de La Laguna, Instituto de Astrofísica de Canarias, Instituto Tecnológico de Canarias, Servicio Canario de la Salud, entre otras entidades públicas y privadas de Canarias, Madeira, Azores, Mauritania, Cabo Verde Senegal, resto de España y EEUU. Debo mencionar la importante contribución de la Universidad de Harvard, a través del equipo del profesor Kikinis, catedrático de la misma, director del Laboratorio de Planificación Quirúrgica y director de colaboración del Centro Nacional de Terapia Guiada por Imágenes, en el Hospital Brigham & Women’s de Boston, así como director del Instituto Fraunhofer MEVIS, de visualización biomédica, en Alemania.

Canarias tiene una excelente oportunidad para convertirse en un nodo internacional de tecnologías para el desarrollo sostenible. ¡Hagámoslo realidad!

Portal web del proyecto MACbioIDi: http://mt4sd.ulpgc.es

Nuestra Universidad

La Universidad es una institución milenaria. Como tal ha tenido una importancia determinante en la progresiva conformación de los aspectos más notables, de más elevada humanidad, que alberga la sociedad en la que vivimos: las libertades y el avance del conocimiento. No en vano la Universidad medieval promovió las siete Artes Liberales, disciplinas cultivadas por las personas libres, en oposición a las artes serviles, propias de quienes no lo eran. Bien es sabido que tales estaban conformadas por las tres vías dedicadas a la elocuencia, o Trivium, y por las cuatro dedicadas a las matemáticas, o Quadrivium. Gramática, dialéctica y retórica, junto con aritmética, geometría, astronomía y música componían el currículum educativo que Alcuino de York elaboró a finales del S VIII para la Escuela Palatina de Aquisgrán, recuperando el saber clásico de la Antigüedad y ofreciéndolo a las incipientes universidades que, lideradas por la Universidad de Bolonia, contribuyeron a transformar la realidad europea desde finales del S XI. Los Estudios Generales de la primera universidad se caracterizaron por estar abiertos a estudiantes de cualquier procedencia geográfica, utilizándose el Latín como lengua común, y por contar con profesores especializados en las cuatro Facultades que componían su currículum: las siete Artes Liberales, la Teología, la Medicina y el Derecho. La recuperación del Derecho Romano por los Glosadores de Bolonia, así como su influencia en el desarrollo del Derecho Común Europeo y en el establecimiento de Administraciones especializadas precursoras de las modernas estructuras políticas que ordenan nuestra convivencia es, junto con otras muchas, una hazaña de la institución universitaria.

La moderna universidad no sólo hereda un espíritu intelectual cultivado durante un milenio, sino que, en continua evolución, ha mostrado ser el más formidable instrumento de mejora de la sociedad y de su bienestar. Son sus características el amor al conocimiento, a su generación y a su intercambio, la capacidad inventiva e innovadora, el compromiso con el entorno social circundante, la movilidad para que fluyan las ideas entre personas y territorios y, por supuesto, un concepto de comunidad entre profesores y estudiantes, cuya importancia queda mostrada al dar nombre a la institución: universitas magistrorum et scholarium, esto es, corporación de maestros y estudiantes que, en la actualidad, no puede entenderse sin la esencial contribución del personal de administración y servicios.

La Universidad de nuestro tiempo, sin duda, es heredera de los valores milenarios que caracterizan a la institución y han asegurado su permanencia y expansión. Al tiempo, debe contribuir a afrontar los grandes retos de la sociedad moderna, advirtiéndolos, estudiándolos, implicándose en su resolución y, para ello, innovando su propia concepción de la realidad y su organización interna. Los grandes retos a los que se enfrenta el mundo moderno son inabordables mediante esquemas reduccionistas, puramente sectoriales. Necesitamos enfoques sistémicos, que consideren el conjunto de cada gran reto como tal, no como una simple descomposición en partes, sin perjuicio de la oportuna ordenación material que en cada caso sea necesaria para abordarlos. Ello demanda la aportación crítica, constructiva y multidisciplinar del conjunto de la comunidad universitaria. Los problemas de nuestra sociedad no suelen ser simples. Necesitan un enfoque holístico en el que cada cual aporte y desarrolle sus mejores capacidades para contribuir a su solución mediante la formación, el avance del conocimiento y la innovación.

Nuestra Universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha de estar implicada en la resolución de los grandes problemas de nuestro mundo y, de forma particular, en los que afronta Canarias. Ha de ser una Universidad que, desde su autonomía, apueste por el avance del conocimiento y la formación de profesionales con capacidad transformadora y de liderazgo, intelectualmente críticos y autónomos. Una Universidad abierta al intercambio y al flujo de ideas entre personas y territorios, solidaria con las regiones que luchan por su desarrollo. Una Universidad decididamente comprometida a proporcionar la mejor formación para acabar con la lacra del desempleo, impulsando para ello nuevos proyectos que, desarrollados en Canarias tanto por agentes públicos como privados, generen oportunidades profesionales para nuestros jóvenes egresados y prosperidad para el conjunto de la sociedad. En definitivas cuentas, una Universidad entendida como comunidad de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, solidaria y abierta a la sociedad, comprometida con el avance del conocimiento, el desarrollo sostenible, y el empleo de calidad en el marco de la nueva economía global.

Por todo ello, la ULPGC debe aspirar a ser el agente catalizador de los grandes objetivos estratégicos, fijados en los distintos niveles de gobernanza, mundial, europea, española y canaria, haciendo una aportación genuina y diferenciada a través de sus programas de formación, investigación e innovación, y desarrollando los modelos de gestión que aseguren su éxito y protagonismo. Y, por supuesto, realizando una aportación crítica e independiente, en el marco de cuantas estrategias, programas y planes se promuevan, para mejorarlos, proponer su cambio o impulsar otros nuevos. Los objetivos y agenda mundial de desarrollo sostenible, establecidos con el horizonte temporal de 2030 por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible o Cumbre de la Tierra de Río de 2012 (Río+20) y la Cumbre de Nueva York de 2015, así como la Estrategia Europa 2020, para procurar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, de la Unión Europea son dos referencias de la máxima relevancia.

Ciertamente me gustaría ver avanzar  por tal senda a nuestra muy querida Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, leal y eficazmente liderada por el equipo rectoral que resulte del proceso electoral actualmente en curso, con un proyecto integrador de todas sus sensibilidades.

Pueblo, Política, Partidos, Presidente…

La entrada de hoy trata conceptos que, curiosamente, comienzan con la letra P. Por no alargar el título no he añadido perplejidad, término que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define como “irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo“. Estamos al borde de un precipicio, problema al que nos ha traído un pésimo partidismo en búsqueda de poder que, aparentemente, desconoce los mismos fundamentos del parlamentarismo. Algo tendrá que ver Parlamento con parlamentar, esto es, conforme define el DRAE, “dicho de una o de varias personas: Hablar o conversar con otra o con otras” o, mejor todavía, “entablar conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz,una rendición, un contrato o para zanjar cualquier diferencia“. Planteamiento, pensamiento, perspectiva, prospectiva ceden ante la pataleta, perreta solemos decir en Canarias, en el pobre y pueril espectáculo de peonzas partidistas que giran sobre sí mismas, sin mirar a su alrededor. A modo de epítome diré, como ciudadano y miembro indiferenciado del Pueblo, simplemente putada, pues eso es lo que siento cuando veo al partidismo jugar tácticamente con la representación que los ciudadanos hemos conferido con nuestros votos a los Diputados al Congreso,  en algo tan serio como es la designación de un Presidente del Gobierno.

Cuando la Democracia retornó a España, tras demasiados años de dictadura (siempre son muchos), era necesario fortalecer a los partidos políticos. Su relevancia constitucional quedó proclamada en el Título Preliminar de la Constitución Española (CE), concretamente en el Art. 6 CE, que reza con el siguiente tenor: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos“.

En una sociedad con escasa tradición democrática era lógico darle, en 1978, un protagonismo especial a los partidos, con objeto de articular el pluralismo político. Ello explica, por ejemplo, las listas cerradas en  la elección de Diputados al Congreso. El Art. 68.1 CE sólo dice que “el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley”. Es la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quien determina cómo es nuestro sistema electoral y, por ejemplo, que las candidaturas al Congreso de los Diputados reciban votos al conjunto de la candidatura, y no a candidatos concretos. Ello, como digo, se justifica por el interés en nuestra Transición democrática en fortalecer y articular el pluralismo político a través de los partidos. Otras opciones hubieran sido posibles, como pasa en el Senado, y como sucede en otros regímenes parlamentarios. Cierto es, en todo caso, que cada opción tiene sus inconvenientes, acompañando a sus ventajas.

Además, nuestro sistema es puramente parlamentario, lo que abunda en el fortalecimiento del papel institucional de los partidos. Ello quiere decir que sólo tienen legitimidad democrática directa los representantes que son elegidos por sufragio electoral, con la obvia debilidad que lo son en el seno de una candidatura conjunta, no nominalmente, salvo en el Senado. Y son dichos representantes los que asumen una serie de funciones en nombre de sus electores. Se trata de una forma de configurar una Democracia representativa, única manera de ejercer de forma viable la Democracia (no podríamos gestionar un sistema directo, en el ágora, como las polis griegas). Pero puede materializarse de otros modos, como muestran los distintos sistemas de Democracia representativa de nuestro entorno.

Es nuestra forma concreta de Democracia representativa la que creo adolece de unas deficiencias, que causan mi enojo y, estoy seguro, el de muchísimas personas, ante el bloqueo institucional que se produce en ocasiones como la presente. Veamos por qué.

Nuestro sistema parlamentario es, básicamente, un sistema aritmético cuyos sujetos no somos los ciudadanos sino los partidos. Esto no es en sí malo, si se mantienen unos mínimos equilibrios. Dicho de otra manera: cuando un ciudadano con su voto se pronuncia por una candidatura, eligiendo a todos los representantes de la misma, está realmente eligiendo un partido, no unos representantes en los que personalmente confíe. Delega, no en un representante que le resulte cercano y conocido, porque corresponde a su circunscripción y en el seno de la misma ese candidato ha buscado su voto, sino en un partido, y en todo el tacticismo partidista que ello conlleva. Cierto. Las circunscripciones pequeñas, al estilo inglés, empeoran la falta de proporcionalidad del conjunto del sistema pues todos los votos del segundo y sucesivos candidatos, no elegidos, se pierden. Podría darse la paradoja de que un partido cuyos representantes, en circunscripciones individuales, quedaran segundos en todas ellas por un solo voto de diferencia, no tuviera representación, a pesar de que, en el cómputo general, la diferencia de votos fuera escasa con otro que obtuviera todos los representantes.

Pero, por otro lado, si tengo que delegar en alguien para que me represente en decisiones cruciales, prefiero que sea un candidato cercano, y no una lista cerrada de candidatos a los que ni siquiera conozco. A fin de cuentas, un partido, como organización que busca el poder, va a seguir su propia lógica para conseguirlo (esto es, la de sus dirigentes), probablemente muy distante de la de los electores que pusieron su confianza en unos representantes y, posiblemente, también diferente de la de esos representantes, salvo por el hecho que le deben al partido (y a sus dirigentes) su presencia en una candidatura cerrada.

A la vista de las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos, cada vez envidio más los países cuyos sistemas constitucionales permiten la elección directa del Presidente del Gobierno. No quiero delegar esa facultad en los partidos, mucho menos en la situación que ahora vivimos. Creo que los ciudadanos debemos poder votar directamente a quien ha de ejercer el Poder Ejecutivo. Ello, además, evitaría la frecuente y penosa subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, estableciendo una clara diferenciación entre ambas potestades. Dicho de otra manera, los ciudadanos debemos de poder votar a nuestros representantes en el Poder Legislativo, y delegar en ellos la capacidad de hacer Leyes, de controlar al Gobierno y de nombrar a ciertas autoridades del entramado constitucional, particularmente en la cúpula del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. No creo que sea una buena idea que sean los miembros del Poder Legislativo quienes determinen quién ostentará el Poder Ejecutivo, por la simple razón de que ambos tenderán a confundirse y a subordinarse, uno en relación al otro, según sean las circunstancias. Pienso que es mucho mejor otorgar legitimidad democrática directa al Presidente del Gobierno, como cabeza del Poder Ejecutivo, que a su vez selecciona a sus Ministros.

Veamos qué significaría esto en un atolladero como el que actualmente vivimos: habríamos elegido, deseablemente en listas abiertas, a nuestros representantes en las Cortes Generales, sede del Poder Legislativo del Estado. Además, en una papeleta diferente, hubiéramos elegido cada uno al candidato a la Presidencia del Gobierno que prefiramos. No al partido, sino a la persona que, claro está, en cada caso será propuesta y respaldada por un partido. Ante la falta de mayoría absoluta de un candidato, en una segunda vuelta habríamos de decidir entre los dos más votados en la primera. Es decir: ahora los ciudadanos, no los partidos, seríamos consultados sobre si preferimos que gobierne Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, suponiendo que en una primera vuelta hubieran sido ellos los candidatos más votados. El elegido por nosotros, esto es, por los ciudadanos y no por el tacticismo partidista, tendría asignada la importantísima potestad de conformar la cúpula del Poder Ejecutivo, esto es del Gobierno y las autoridades que de él dependen. Y tendría que ejercer tal potestad conviviendo con el Poder Legislativo, bicameral en nuestro caso para ponderar la necesaria representación individual y territorial, siendo realmente ambos poderes independientes, gozando los dos de igual legitimidad democrática directa, y todo ello bajo el debido control Constitucional y Jurisdiccional. No es ciencia ficción, EEUU tiene un sistema parecido al descrito.

Podría decirse que ello no es compatible con nuestra forma de gobierno (o política, como dice el Art. 1.3 CE) del Estado, esto es, con la Monarquía Parlamentaria, pues, a fin de cuentas, EEUU es una república presidencialista. Es cierto que EEUU toma el modelo de la monarquía constitucional inglesa del S. XVIII, en la que el Rey ostenta el poder ejecutivo, con la salvedad que sustituye al Rey por un presidente electo. En los dos siglos siguientes a la Independencia de los EEUU, las Monarquías parlamentarias europeas han ido desplazando al Rey del poder ejecutivo, quedando su función constitucional desprovista de prácticamente toda capacidad ejecutiva autónoma. De hecho la función constitucional de los Reyes en las Monarquías parlamentarias europeas, también en España,  es principalmente representativa y simbólica, muy importante, sin duda, pero de imposible contenido ejecutivo en una Democracia. Por tanto, no veo problema alguno en que la Jefatura del Estado la ostente el Rey, por disposición de la Constitución, y que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo reciban ambos legitimidad democrática directa mediante sufragio universal.

Abunda en mi argumentación anterior lo que estamos viendo en estos tristes momentos en relación a la propuesta del candidato a la Presidencia del Gobierno, única potestad política de carácter ejecutivo que, conforme a la Constitución, reside en el Rey. El Art. 99.1 CE dice que

después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno“.

Esto simplemente quiere decir que el Rey tiene que hablar con los representantes  de los grupos políticos para ver qué candidato podría gozar de una mayoría aritmética parlamentaria, que permita su investidura. No hay un turno por quién sea la lista más votada. No lo dice la Constitución, porque el sistema es puramente parlamentario y lo que vale es la aritmética del Congreso de los Diputados. Como los sujetos del parlamentarismo español son los grupos parlamentarios, esto es, para entendernos, los partidos, de lo que se trata es de saber quién puede contar con el apoyo de un mayor número de Diputados a partir de las posiciones de sus respectivos partidos. No hay un orden lógico, distinto de la posibilidad material de sumar votos en la investidura. Ni más, ni menos.

El Rey, en su competencia constitucional, tiene plena libertad para hacer la propuesta que juzgue oportuna, es de entender que porque confía en que su propuesta resultará viable para una investidura. En las circunstancias actuales es un papelón de dimensión mayúscula, pero salvo que los ciudadanos, como yo desearía, pudiéramos pronunciarnos directamente sobre quién ha de ser el Presidente del Gobierno, sólo puede gestionar esta situación el Rey, no sólo por el ya mencionado Art. 99 CE, sino también por la función arbitral y moderadora que le atribuye el Art. 56.1 CE.

Quien crea que puede obtener una mayoría para su investidura debe comunicárselo al Rey, sin esperar a que otros lo hagan. Si el Rey, de las entrevistas con los distintos representantes, concluye que esa investidura es posible debiera proponer al candidato que, con mayores apoyos, pudiera conseguirla. Y si nadie cree poder contar con los apoyos suficientes, el Rey deberá proponer a quien él piense que tiene más opciones de obtenerlos, insisto, sin orden lógico preconcebido, pues la Constitución no habla de ello, sino de mayoría de votos en una investidura. Y si el candidato propuesto resulta rechazado, el Art. 99.5 CE dispone que “[s]i transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso“.

Cada cual sabrá cuál es su táctica y debiera saber a qué se expone, pero es inconcebible que se esté esperando la carbonización política de otros candidatos para proponer la propia candidatura, tanto más con la situación que vive España en estos momentos. La propuesta de candidato constitucionalmente corresponde al Rey, que debe hacerla en tiempos razonables, sin esperar por el juego táctico de unos y otros, de modo que comience a contar el plazo constitucionalmente previsto de dos meses para la investidura y, si no la hay, ir de nuevo a Elecciones Generales. ¿No sería mejor la elección directa del presidente del Gobierno por la ciudadanía?

 

¿Por qué las celebraciones de finales de diciembre?

Tras algún tiempo ausente del blog, retomo mi actividad escritora en Labor Omnia Vincit. Durante los últimos cinco meses he dedicado buena parte del tiempo del que disponía  a renovar mi carrera profesional, a reflexionar y a pensar. Muchas de estas cuestiones espero tener oportunidad de compartirlas en el futuro. El asunto que he seleccionado para el post de hoy es consecuente con las fechas en las que estamos y a sus orígenes. Espero que les guste y resulte de interés.

Sí. Está claro. Todos los años, a finales de diciembre, las sociedades de tradición cristiana celebran la Navidad, periodo litúrgico que se inicia con la conmemoración de la Natividad, o nacimiento de Jesús, y abarca hasta la Epifanía o presentación ante los Reyes Magos. Y, de algún modo relacionado con todo ello, la finalización del año civil y el inicio del siguiente. Todo el periodo es abundante en celebraciones festivas, disfrutadas por cientos de millones de personas en todo el mundo, con una motivación frecuentemente más lúdica que religiosa.

Tal vez lo anterior responda, en parte, a qué celebramos estos días, pero no por qué lo hacemos justo en estas fechas. O, dicho de otra manera, por qué la tradición le ha asignado tan importante función a estos últimos días de diciembre y primeros de enero. Habrá quien piense que se debe a que, efectivamente, Jesús nació en la noche de un 24 de diciembre de hace 2016 años. Sin embargo, no se sabe cuándo nació exactamente Jesús: ni el año, ni el mes, ni el día. A ello hay que añadir que no todas las Iglesias cristianas, particularmente muchas ortodoxas, aceptaron el cambio del calendario Juliano por el Gregoriano, lo que ocasiona discrepancias en las fechas que, por ejemplo, llevan la Natividad al 7 de enero.

Pero vayamos por partes. ¿Cómo era el calendario en Roma hace dos mil años? Si queremos fijar en el tiempo hechos acaecidos en territorios bajo su dominio, habremos de saberlo. El antiguo calendario romano era solar, esto es, se fijaba en las distintas trayectorias que el sol, durante el día, recorre en el cielo dependiendo de la época del año. Hay cuatro momentos cruciales: el solsticio de invierno, correspondiente a la trayectoria solar de menor altura sobre el horizonte y, por ello, al día más corto y a la noche más larga del año. En la actualidad es en torno al 22 de diciembre y, convencionalmente, determina el cambio estacional de otoño a invierno. A partir de ese momento los días empiezan a crecer, elevándose el sol en su incansable trayectoria diurna cada día un poco más. El equinoccio de primavera, hacia el 20 de marzo, marca el momento en el que la duración del día, por fin, iguala a la de la noche y el invierno da paso a aquélla. A partir de entonces los días serán más largos que las noches, llegando a un punto culminante en el solsticio de verano, en torno al 21 de junio en la actualidad, cuando la trayectoria del sol es más alta en el cielo diurno, el día más largo, y la primavera abre la puerta del verano. A partir de este momento el sol empieza a bajar su trayectoria en el cielo, acortándose los días y alargándose las noches. El equinoccio de otoño, hacia el 23 de septiembre, da entrada a éste, en el momento en que la noche iguala en su duración al día. A partir de aquí, los días son cada vez más cortos y las noches más largas hasta que llegue de nuevo el solsticio invernal.

No es de extrañar que para muchas sociedades, la romana entre ellas, fuera un momento especial en una concepción cíclica de la Naturaleza: El sol renacía a partir del solsticio de invierno. ¡Ave Sol Invictus!, celebraban los romanos. Además, muchas de las tareas agrícolas ya se habían terminado. Para celebrarlo, y de forma previa a la entrada a un tiempo de purificación cuyo umbral determinaba el solsticio invernal, los romanos celebraban una gran fiesta, las Saturnales. ¡Io Saturnalia!, exclamaban. Se celebraban entre el 17 y el el 23 de diciembre con grandes banquetes, intercambios de regalos y juerga por todo lo alto. ¿Les suena?

Estamos en nuestros días tan acostumbrados al manejo civil del tiempo, que no nos damos cuenta de su complejidad. La sincronización del tiempo entre distintos lugares no fue una realidad extendida hasta bien entrado el S XX, como ya tuve oportunidad de contar en una entrada anterior: ¿Me dice qué hora es, por favor? Establecer un calendario no fue más sencillo. De hecho, creo que fue una auténtica proeza producto de la necesidad y de la  observación de la Naturaleza y de sus ciclos. El antiguo y legendario calendario romano del rey fundador, Rómulo (S. VIII a.C.), sólo tenía diez meses: septiembre era el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno, y diciembre el décimo. A la vista de la raíces morfológicas parecería casi evidente, salvo por una cuestión ciertamente confusa: septiembre es nuestro noveno mes, octubre el décimo, noviembre el undécimo y diciembre el duodécimo. Julio era para los romanos el mes quinto y, de hecho, así lo denotaban, Quintilis, hasta que la vanidad de Julio César llevó a cambiarle el nombre. Algo parecido le pasó al sexto, Sextilis, renombrado en agosto en honor a Octavio Augusto. Los cuatro primeros meses, marzo, abril, mayo y junio honraban algunas deidades, como Marte y Juno. El año comenzaba con el equinoccio de primavera, intentando cuadrar el final de diciembre con el solsticio de invierno, y quedando muchos días de vano entre ambas fechas dedicados a la purificación, una vez terminadas las labores agrícolas. Desde muy pronto, según Plutarco fue Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, se intercalaron dos meses, enero y febrero, entre diciembre y el comienzo del año, en marzo, si bien el calendario civil no cuadraba con la realidad astronómica, y había que hacer frecuentes adaptaciones.  Parece ser que las guerras celtíberas, en Hispania, obligaron a adelantar el nombramiento de cónsules romanos al 1 de enero de 153 a.C., adelantándose por ello el inicio del año civil circunstancialmente en relación al equinoccio de primavera, cambio que devino permanente. ¡Numancia no sólo resistió a Roma, sino que nos dio el actual día de Año Nuevo! En todo caso, con meses algo más cortos que los actuales y un año de 355 días, era necesario intercalar, cada dos años, un mes mercedonio para ajustar el año civil al astronómico, algo que se hacía en virtud de una decisión política, con la consecuente incertidumbre en el calendario. Por si fuera poco, los romanos no numeraban los días del mes. Denominaban calendas, de ahí calendario, al primer día de cada uno, tal vez herencia de un calendario lunar primitivo que estableciera el principio de cada mes en una luna nueva. Y llamaban idus al día de luna llena, móvil pero situado hacia mitad de mes. Las nonas estaban entre las calendas y los idus, justo nueve días antes del idus, pero contándolo. Para identificar un día, lo hacían en referencia a las calendas, idus o nonas que estuvieran cercanos. La numeración actual de los días del mes es invención germánica, parece ser que visigoda, y la oficializó Carlomagno a final del S. VIII.

Julio César tuvo el mérito de establecer en el 46 a. C. una modificación del calendario, fijando una duración de 365 días y seis horas para el año y los meses que actualmente utilizamos. Cada año tendría 365 días, intercalándose un día cada cuatro años en febrero, de modo que los años bisiestos tendrán 366 días. Bisiesto viene del latín bis sextus dies ante calendas martii, esto es, sexto día repetido antes del mes de marzo. No se añadía, como hacemos ahora, a final de febrero. Julio César no diseñó el cambio de calendario. Era un soldado y un político. Pero entendía perfectamente la inconveniencia del calendario romano tradicional y, por ello, le encargó al astrónomo y filósofo egipcio, Sosígenes de Alejandría, la resolución del problema. El cálculo de Sosígenes que, a su vez, se apoyó en observaciones anteriores, fue exquisito. Su error de cálculo al fijar la duración del año en 365 días y seis horas fue de sólo 11 minutos y 9 segundos para tal periodo. Promover y emplear acertadamente el conocimiento suele ser una estrategia de éxito, no siempre seguida por quien debiera hacerlo… Seguro que Julio César tenía muchas urgencias políticas, militares e, incluso, personales, pero vio oportuno dedicarle energías a resolver un problema que afectaba a la capacidad de organización civil de Roma. Un ejemplo más de que estrategia y coyuntura no tienen por qué ser incompatibles.

El calendario Juliano fue adoptado por la Iglesia Católica en su concilio fundacional, el Primer Concilio de Nicea, celebrado el año 325. Este concilio fue convocado por el ya emperador Constantino I el Grande que previamente, junto con Licinio en Oriente, promulgó el Edicto de Milán en 313, de libertad religiosa, que permitió la expansión del cristianismo. Es difícil saber si Constantino fue realmente cristiano. Fue educado en el culto a Sol Invictus, asociado oficialmente a la autoridad imperial. Su madre, Santa Elena, indudablemente influyó en su postura religiosa. Probablemente Constantino rindiera culto a distintos dioses, en tanto confiara en su ayuda. Y seguro que entendió la creciente importancia que el cristianismo tenía en el Imperio, cuando su propia madre era cristiana. Constantino fijó, además, la semana de siete días, a partir del antiguo calendario lunar mesopotámico. Cada uno de los días de la semana honraban al sol, el domingo, a la luna, el lunes, y  a los cinco planetas visibles desde la Tierra: a Marte el martes, a Mercurio el miércoles, a Júpiter el jueves, a Venus el viernes, y a Saturno el sábado. También ordenó el domingo, día del sol, como día de descanso para adorar a Dios. Parece ser, por otro lado, que la Iglesia de Alejandría ya había señalado el día 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, y que Sexto Julio Africano, cien años antes del Concilio de Nicea, habría difundido en su Crónica, la fecha. En cualquier caso, la coincidencia del solsticio de invierno, la Natividad de Jesús, la festividad de Sol Invictus, asociado Constantino, y del Concilio de Nicea no creo que sean casuales. Más bien parecen una reutilización de celebraciones, hecha oficial por quien podía hacerlo, el emperador, y ratificada por el Concilio de Nicea, convocado, no lo olvidemos, por éste, y que, bajo la dirección de  su consejero, el obispo Osio de Córdoba, también se ocupó de la festividad de la Pascua, para lo que el calendario semanal de inspiración lunar resultó esencial, de la fijación del Credo o de rechazar la herejía arriana.

Al Concilio de Nicea no asistió el Papa, Silvestre I, que sin embargo envió dos representantes que ostentaron la máxima dignidad en el mismo. San Silvestre fue el primer Papa que tuvo un pontificado tranquilo. Se dice que fue el primero que no murió mártir y parece ser que instituyó el domingo como día de la Resurrección. Tuvo una excelente relación con el Imperio, como muestra la cesión que le hizo Constantino del Palacio de Letrán y basílica adjunta, considerada desde entonces como Catedral de Roma. Por si fuera poco, murió el último día del año, razón por la cual se celebra el 31 de diciembre la festividad de San Silvestre. Posteriormente, entre los siglos IX y XI, se intentó legitimar el poder terrenal de la Iglesia mediante la llamada Donación de Constantino, documento apócrifo según el cual Constantino habría legitimado al Papa Silvestre I el derecho a reinar sobre Roma y territorios colindantes, además de a intervenir en los asuntos políticos del Imperio de Occidente. Pero eso es otra historia, no menos interesante…

¿Y cómo se enumeraban los años? ¿Cómo empezó a tomarse la referencia del nacimiento de Jesús? En Roma la referencia era la fundación de la ciudad, ab urbe condita (a.u.c.), de modo que los años se contaban a partir de dicho momento. El Papa Hormisdas, a principios del S.VI, encargó al monje y astrónomo Dionisio el Exiguo identificar el año de nacimiento de Jesús, lógicamente en relación al calendario en uso y, por tanto, contando los años a partir de la fundación de Roma. Dionisio llegó a la conclusión que Jesús había nacido el año 753 a.u.c., si bien se equivocó al datar el reinado de Herodes I el Grande, de modo que debiera haberlo señalado hacia el 748 a.u.c. Alcuino de York, filósofo y consejero de Carlomagno, conocedor del trabajo de Dionisio, promovió la adopción de la fecha del año del nacimiento de Jesús para iniciar el cómputo de los años, dando lugar al Anno Domini (AD) -o después de Cristo (d.C.)-, popularizado por el Renacimiento Carolingio a partir del S VIII. No obstante, los distintos territorios cristianos europeos, entre ellos los hispanos, mantuvieron otras referencias hasta bien avanzada la Edad Medida.

El calendario Juliano, aunque de asombrosa precisión en su tiempo, mantenía el error mencionado de once minutos y seis segundos anuales. En el Concilio de Nicea, celebrado casi cuatrocientos años después, era ya aparente el error. Mil doscientos años más tarde, el Concilio de Trento adoptó el acuerdo de corregir el desfase acumulado, y que había desplazado unos diez días las fechas de la Pascua acordadas en Nicea. Realmente el año no dura 365 días y seis horas, sino un poco menos, unos 365 días, cinco horas, 48 minutos y 45 segundos. En 1582 el Papa Gregorio XIII promulgó un nuevo calendario que, tomado como referencia el anterior, corregía la introducción de años bisiestos, exceptuándola ciertos años, e introduciendo los días adicionales como último día de febrero. Este calendario, cuyo error es de sólo unos 26 segundos al año, fue adoptado inmediatamente por los países católicos y progresivamente por los restantes, siendo el actualmente utilizado universalmente.

Entonces, ¿qué celebramos estas fechas? Indudablemente el cambio de año y, cada cual, lo que sus creencias le indiquen. Y, ¿por qué en estas fechas? Probablemente porque desde la antigüedad el solsticio de invierno ha sido culturalmente asociado a un renacer, además de un momento especial del ciclo agrícola anual. Siendo necesario preservar la fiesta pagana (nadie renuncia a la diversión) y la religiosa, no es de extrañar la reconversión de la anteriores Saturnales y posterior celebración del Sol Invictus en las actuales Navidades, con los dos momentos de la Nochebuena y la Nochevieja (tal vez con una prolongación carnavalera). ¡A ello, además, ayudó una resistencia numantina!

 

¿Construyendo la sociedad del conocimiento?

Durante los últimos ocho años he tenido el gran honor de coordinar un área, a mi entender muy relevante, de las políticas públicas canarias: el fomento de la investigación científica, de la innovación empresarial y de la sociedad de la información. Ello estuvo antecedido por el desempeño durante tres años de la dirección de investigación y tecnología del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), y, desde 1992, como profesor e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Antes de ello, mientras aún estudiaba mi carrera de ingeniero de telecomunicación, fui becario del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y disfruté los dos años últimos de carrera de un contrato en prácticas en Telefónica. Siendo un joven profesor en una joven universidad hube de complementar mi formación compatibilizándola con la docencia, primero realizando mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, después realizando una estancia post-doctoral, becado por el entonces Ministerio de Educación y Cultura, en la Universidad de Harvard. Ello posibilitó que dirigiera un grupo de investigación en la ULPGC, y que se me otorgara la condición de profesor visitante en la Universidad de Harvard. La continua colaboración de nuestro grupo de investigación en la ULPGC con otros muy potentes de dicha Universidad americana dieron sus frutos. Aprendimos, publicamos, realizamos proyectos, varios de nuestros estudiantes fueron invitados a Harvard y otras universidades americanas y europeas, en las que perfeccionaron sus trabajos de tesis doctoral. Algunos de mis colaboradores en otras universidades españolas se incorporaron a esta fructífera relación, y entre todos contribuimos a desarrollar en España la investigación en el ámbito de la ingeniería aplicada a técnicas diagnósticas y terapéuticas basadas en imágenes médicas.

Creo poder afirmar con toda tranquilidad que soy un profesional. He dedicado mi vida laboral a la investigación y a la innovación. Y he tenido la oportunidad de hacerlo desde responsabilidades y ámbitos muy variados. Como todos los profesionales, como todas las personas, con aciertos y con errores. Pero en todo caso con absoluta dedicación a mi trabajo. Además, con orgullo, debo decir que soy un trabajador público. Mi desarrollo humano y profesional se lo debo, antes que nada, al apoyo de mi familia, a mi propio esfuerzo y a la universidad pública, primero como estudiante y después como profesor e investigador. Cuanto antecede fue la razón del inesperado ofrecimiento que se me hizo para llevar a cabo la dirección científica y técnica del ITC en 2004. Nada había tenido que ver con la política. Con dudas, pues mi vida no la podía entender sin la investigación y docencia realizadas en primera persona,  asumí un nuevo reto. Esperaba aprender y contribuir en la medida de mis posibilidades, para volver en cuanto terminara la Legislatura a mi desempeño anterior. Era plenamente consciente que lo habitual en las entidades públicas era ser sustituido cuando lo fuera el equipo que me había propuesto. Sin embargo, dicho equipo cesó en una crisis de gobierno a mitad de Legislatura, y el entrante me confirmó después de consultar mi currículum profesional (un resumen del cual está accesible en https://juanruizalzola.com/about/). Ello fue igualmente la razón por la que el presidente Paulino Rivero me propusiera hacerme cargo en julio de 2007 de la dirección de la nueva Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

La experiencia directiva tanto en ITC como en ACIISI puedo decir que ha sido intensa. Algo inesperado por completo, que hizo que cambiara mi trayectoria profesional. Parece lógico que los profesionales, en cuanto tenemos una experiencia, estemos disponibles para contribuirla en ámbitos muy especializados del sector público. Tanto más si es ese sector público el que ha hecho posible nuestro desarrollo profesional. Fue esa y no otra la motivación que me condujo, por dos veces, a aceptar el encargo del Presidente de ser director de la ACIISI. Es cierto que no pude impulsar la I+D+i en Canarias como a mí me hubiera gustado, procurándole el reconocimiento que debe tener para alcanzar un desarrollo social y económico sostenible y saludable. También lo es que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. Y que ese reto va más allá de la labor política que puede hacer una persona. A fin de cuentas, la importancia real que se le da en Canarias a la I+D+i quedó puesta de manifiesto en la reciente campaña electoral y posterior negociación de conformación del gobierno. Las menciones a la misma brillaron por su ausencia, y algo tuve que ver en la elaboración de los contenidos de lo poco que se ha dicho o escrito. La crisis financiera y una estructura administrativa que, desafortunadamente y por motivos que no vienen al caso, no pudimos desarrollar limitaron enormemente la realidad de las políticas públicas en I+D+i en Canarias. Creo no obstante que se pusieron ciertos cimientos. El principal, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) para Canarias 2020, que tuve el honor de impulsar y coordinar, junto con un excelente equipo de profesionales de la ACIISI y del ITC. De hecho, la RIS3 es una referencia bastante habitual en la actualidad. Sólo falta intentar cumplirla de verdad. El marco de colaboración con la Secretaría de Estado de I+D+i, por ejemplo en PLOCAN, en el IAC o en GRANTECAN ha permitido, después de muy serias dificultades, consolidar PLOCAN, dotar de instrumentación a GRANTECAN hasta 2020 y consensuar con el Estado una estrategia de atracción de grandes inversiones en infraestructuras científicas que, con el excelente trabajo del IAC, se ha mostrado ganadora en la reciente selección del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, del Array de Telescopios Cherenkov (CTA). Igualmente importante es el Telescopio Solar Europeo (EST), consensuada también la estrategia con el Estado. CTA supone una inversión total de unos 90M€, y el EST de unos 150M€. El 90% vendrá de fuera de Canarias, y el 10% que pondrá Canarias será financiado por el FEDER. La política de parques tecnológicos en Canarias, y de instrumentos financieros de apoyo a las empresas y emprendedores, se financia con un convenio negociado entre la Agencia y la Secretaría de Estado de I+D+i dotado con 150M€. El diálogo, ni mucho menos, acaba de empezar ahora. Y será necesario mucho diálogo y convicción para prorrogar por segunda vez la ejecución del convenio de parques tecnológicos por los retrasos en muchas de las actuaciones insulares. La identificación de las causas y vías de resolución de los serios problemas que sufre el comercio electrónico desde y hacia Canarias, o el establecimiento en la legislación española de un marco específico para las telecomunicaciones en Canarias, creo que son hitos también reseñables.

Este espacio de confluencia del mundo profesional con el político es enormemente contradictorio y complejo. Construir en el mismo está sujeto a a múltiples vicisitudes, algunas racionales, otras menos. Sin embargo, es un espacio que temporalmente deben ocupar buenos profesionales. Y digo temporalmente, porque los profesionales, por mucho conocimiento y experiencia que alcancemos, nos agotamos en nuestras ideas, en nuestra ilusión y, en definitivas cuentas, en nuestra motivación.

Por tanto, los cambios deben ser bienvenidos y adecuadamente planificados. Los profesionales otorgamos lealtad profesional a nuestro desempeño, la más firme de todas las lealtades, y vamos a colaborar para que los pasos de testigo sean ordenados y seguros, para ayudar a quien continúe la tarea a que supere cuanto antes su curva de aprendizaje, a que pueda coger el control del vehículo sin necesidad de pararlo. Además, estoy firmemente convencido que la totalidad de los buenos profesionales del sector público, sin duda la gran mayoría, se sienten partes de algo que va más allá de ellos mismos. Como servidores de la colectividad y del interés público su vinculación con su trabajo trasciende el puro interés, también legítimo, del trabajo retribuido. Saben que con su buen hacer contribuyen a mejorar nuestra sociedad, cada cual desde su ámbito de responsabilidad. Me he esforzado durante años por formar parte de ese amplio colectivo de buenos trabajadores públicos, independientemente de la posición que en cada momento haya ocupado. Seguro que me entienden cuando digo que la lealtad profesional se ve reforzada por una vocación de contribuir por encima del interés personal. Y ello lleva implícitamente asociado un perfecto entendimiento de que las personas tenemos que cambiar para que nuevas ideas y energías fluyan al servicio del interés general. No sólo nadie es insustituible, sino que es bueno que todos seamos sustituidos. Eso sí, nadie es tan sumamente polifacético como para poder ocupar cualquier posición. Ni el mejor de los profesionales puede ocupar de un día para otro un cargo de responsabilidad ejecutiva si no tiene un razonable conocimiento y experiencia en la materia. Los perfiles deben ser los adecuados para cada desempeño.

He insistido antes en mi condición profesional. Ello no quiere decir que no tenga una ideología política, o que no me preocupe la política. Me interesa. Y mucho. Los anglosajones distinguen tres términos que, tristemente, aquí se subsumen en el único de política:

  • Polity: es la politeia de los clásicos. Se refiere al sistema político en su conjunto. A cómo se distribuye el poder horizontal y verticalmente. En nuestro ámbito más cercano, se refiere a cómo se integra Canarias, como Comunidad Autónoma, en el conjunto del Estado. Cómo se delimitan las competencias, tanto legislativas como ejecutivas. Cómo están representados los territorios. Cómo se distinguen las especificidades. Y muy importante, cómo es el reparto territorial del poder entre las distintas islas. De nuevo, qué competencias ejecutivas y, en su caso, legislativas corresponden a las islas. Cómo se eligen los representantes parlamentarios. En qué condiciones se configuran los gobiernos… Es en este ámbito en el que hay que determinar, por ejemplo, si la composición de los órganos ejecutivos de los gobiernos y las administraciones debe responder a cuotas territoriales. Cuestión ésta, por cierto, demasiado presente en nuestra tierra como para pretender ignorarla.
  • Policy: son las políticas públicas. Es, en mi opinión, la verdadera política. Por ejemplo, una agenda de transformación económica como es la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3), 2014-2020, cuya elaboración, como ya dije, tuve el honor de impulsar y coordinar, asistido por un magnífico equipo profesional de la ACIISI e ITC, es “policy“. También lo es el diseño de los programas para impulsarla y hacerla efectiva. Es la “policy” la política real y honorable. La que contrasta ideas y visiones estratégicas para una sociedad. La que contrapone ideologías, en suma, en el gran reto colectivo de ejercer la Democracia.
  • Politics: trata del ejercicio del poder a través de los partidos políticos. En teoría debiera ser la promoción y ejercicio consciente de las “Polities” y “Policies” anteriores por parte de los mismos, gestionando el corto plazo. En la práctica, un ejercicio inconsciente de la misma, puede llevar a confundirlo todo, dando lugar a la cutre imagen que, demasiadas veces, se proyecta a la sociedad de lo que debiera ser un noble y desinteresado afán. Las cuotas territoriales e intereses personales, impuestos a veces por algunas organizaciones políticas en los órganos ejecutivos de las administraciones públicas, forman parte de este ejercicio, inconscientemente letal para la Democracia y para el debido ejercicio de la función pública, que a todos los ciudadanos nos afecta e incumbe. Nada tiene que ver con las ideologías, ni con la preocupación por renovar a las personas para mejorar la gestión. Tristemente, cuanto menos desarrollada social y económicamente está una sociedad mayor es el abuso del incorrecto ejercicio de la “politics“, en perjuicio de la “polity” y de la “policy“, comprometiendo con ello las expectativas de desarrollo de una sociedad y la confianza del Pueblo en la Democracia. Pienso, por ello, que sería muy deseable contar, cuando menos, con unos protocolos de idoneidad para seleccionar los candidatos que van a ocupar, por nombramiento de los Gobiernos, los altos cargos ejecutivos de las Administraciones Públicas, siendo supervisado su ejercicio por el Comisionado de Transparencia.

Después de ocho años como director de la ACIISI, hoy he cesado en tal responsabilidad (decreto de cese). El gran honor que significa haber tenido la oportunidad de aportar mi visión durante años, el aprendizaje y experiencia recibidos y, sobre todo, la calidad humana de las personas a las que he tenido la fortuna de conocer y con las que he trabajado, dando lo mejor de nosotros mismos durante todos estos años, suponen el mejor premio que se puede recibir y compensan cualquier sinsabor.

Impulsar la sociedad del conocimiento y el progreso en Canarias corresponde, en gran medida, a nuestro Gobierno Autónomo. Para ello debe tener el apoyo de todas las instituciones y profesionales que estén en disposición de contribuir, desde sus distintos ámbitos sectoriales, a ello. La contribución también consiste en el debate público, en la contraposición de ideas, en la asunción colectiva de estrategias y, por supuesto, en la discusión política, entendiendo como tal la crítica constructiva a las “policies” y “polities“, hecha y promovida tanto por las personas como por las diversas organizaciones políticas y sociales. Modestamente, este blog es mi contribución personal a ello (pulsando el enlace puede verse el índice de posts publicados). El Gobierno debe ser consciente que es su responsabilidad impulsar el cambio y la prosperidad en Canarias y que, para ello, tiene que intentar contar con los mejores en cada momento en los distintos altos cargos ejecutivos de la Administración autonómica. Espero que así sea y que las decisiones de estos días hayan estado debidamente reflexionadas, sabiendo dónde estamos y dónde se quiere ir. Aunque, tal vez porque intuyo cómo y por qué se han tomado algunas de estas decisiones, no puedo evitar estar preocupado.

En particular, Canarias no puede permitirse pasos atrás en la construcción de la sociedad del conocimiento, en cuyo impulso parece lógico que estén implicadas personas que objetivamente dispongan de él. De ahí el interrogante que da título a este post: ¿Construyendo la sociedad del conocimiento? Ojalá que la respuesta sea enérgicamente afirmativa y que los hechos y no sólo las palabras así lo demuestren. En ello le deseo toda la suerte y éxitos a los nuevos responsables, pues lo serán de la sociedad canaria. Por mi parte, en la medida de mis posibilidades y capacidad, seguiré contribuyendo a este enorme esfuerzo colectivo en mi desempeño profesional cotidiano.

¡El Array de Telescopios Cherenkov (CTA) vendrá a La Palma!

Hoy hemos conocido una de los mayores éxitos que la ciencia y la tecnología española han tenido en los últimos años. El emplazamiento en el Hemisferio Norte del conjunto de telescopios Cherenkov (CTA en sus siglas en inglés), un sistema de observación de sucesos altamente energéticos generados en los confines del Cosmos, estará en el Observatorio del Roque de Los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias, en la isla de La Palma.

No ha sido fácil. En los proyectos internacionales de gran ciencia siempre se compite con excelentes candidaturas. Indudablemente, todos los países y regiones aspiran a albergar tales instalaciones. Se trata de proyectos que se mantienen activos décadas, que atraen multitud de visitantes cualificados y cuantiosas inversiones, que promocionan la mejor imagen internacional de un territorio y de una sociedad. Estos proyectos estimulan nuestra imaginación, enorgullecen a la colectividad, motivan a nuestros jóvenes, favorecen la colaboración internacional entre pueblos, y nos permiten satisfacer el más elevado anhelo que, como especie, los seres humanos tenemos: conocer. Pero no sólo eso. También son poderosas palancas de desarrollo social y económico. Requieren obra civil, provisión de servicios, la mejor innovación para resolver los más complejos retos tecnológicos. Oportunidades, en definitivas cuentas, para la generación de empresas, muchas de ellas intensivas en conocimiento y, con ello, para la creación de empleos de calidad. No es, por tanto, de extrañar que haya una muy dura competición internacional para atraer estas inversiones.

Por ello, en primer lugar, hay que reconocer el mérito de los científicos que han preparado la propuesta y han hecho posible el éxito de la candidatura. En primer lugar a la institución anfitriona, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), encabezado por el Prof. Rafael Rebolo, y que cuenta con la colaboración de un excelente equipo científico, técnico y administrativo. Sin ellos, hoy no estaríamos celebrando esta gran alegría. Gracias por hacerla posible. También hay que extender el agradecimiento al conjunto de la comunidad española especializada en astronomía de rayos gamma, así como al resto de la comunidad científica nacional e internacional con la que el IAC cotidianamente colabora. Son el mejor ejemplo de cooperación para afrontar retos compartidos, esencial para la ciencia y la tecnología modernas y, también, en otros ámbitos de actividad humana. Asimismo pienso que las Administraciones, particularmente los Gobiernos de España y de Canarias, han sabido articular el necesario marco de confianza y colaboración para facilitar el trabajo de los científicos y para hacer atractiva la propuesta. Ello, además, ha posibilitado prever cofinanciación europea del FEDER, regionalizada en Canarias  y asignada a ambas Administraciones, al proyecto, en línea con lo previsto en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3). Sin duda, también la reciente visita de S.M. El Rey a los Observatorios de Canarias, por motivo de su 30 aniversario, supuso un importante espaldarazo a la candidatura en el mejor de los momentos.

CTA detectará la dirección de llegada de radiación gamma de alta energía, originada a distancias y en tiempos cósmicos, a partir de un efecto físico al que le da nombre su descubridor, Pavel Cherenkov. La radiación gamma incidente genera una cascada de partículas en la atmósfera enormemente veloces, y cuya interacción a su vez con el medio atmosférico produce una señal detectable. Se necesitan varios telescopios de rayos gamma en una configuración concreta (array) para poder estimar con precisión la dirección de llegada de la radiación y, con ello, saber dónde se originó. A fin de cuentas, necesitamos dos oídos para saber de dónde llega el sonido… En este caso, habrá 20 telescopios en La Palma y 80 en Paranal (Chile), cuya distribución responde a la prioridad de cobertura del cielo observable que ha establecido el consorcio internacional. La inversión para ello en La Palma se estima en unos 90 millones de euros.

CTA forma parte de la “hoja de ruta” de ESFRI, siglas en inglés de Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación. Se trata de las prioridades europeas para grandes infraestructuras científicas, que cuentan además con socios del resto del mundo. En el caso de CTA participan directamente 13 países con sus agencias financiadoras: Alemania, Austria, Brasil, Francia, Holanda, Italia, Japón, Namibia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Suiza. A ello hay que añadir unos mil científicos y técnicos de 170 institutos de investigación, pertenecientes a 31 países. España había intentado anteriormente otras tres candidaturas ESFRI: el Reactor Termonuclear Experimental de Fusión (ITER), que se fue a Francia, la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS), que se fue a Suecia, y el Telescopio Gigante Europeo (E-ELT), que se fue a Chile.

Por fin hemos tenido éxito en la candidatura de un gran proyecto internacional ESFRI. No sólo lo merecíamos. También lo necesitábamos. Era necesario llamar la atención sobre el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y una noticia como ésta es el mejor reclamo para lograrlo. También necesitábamos tener confianza en nuestras posibilidades y, con ello, la convicción de que en Canarias y en España somos capaces de hacer las cosas bien. Y, sobre todo, necesitábamos ilusión: Ilusión de mirar para delante sintiéndonos parte, todos, de algo mucho mayor que nosotros. De dejar de ver el mundo en blanco y negro, y volver a verlo en color.

Celebrado el éxito, tenemos que poner los pies en el suelo y la mirada en el futuro próximo para que no se frustre nuestra alegría. Hay que negociar con el Consorcio CTA múltiples detalles. Hay que aprovechar la oportunidad para estimular la industria tecnológica. Hay que saber que tenemos que darles oportunidades a las personas con talento, especialmente a los jóvenes. En general el sistema de ciencia e innovación español, y en particular el canario, han quedado muy debilitados por la crisis. Aprovechemos esta gran noticia, la ilusión que nos produce y el talento que hay en nuestra sociedad para construir un futuro mucho mejor. Es posible. Tiene que serlo.