Prioricemos lo fundamental

(Corresponde a mi artículo periodístico, de igual título, publicado el miércoles 4 de octubre de 2017 en los periódicos La Provincia de Las Palmas y La Opinión de Tenerife)

Escribo estas líneas en el infausto domingo del 1 de octubre de 2017, alterando mi propósito de debatir, en el espacio periodístico que tan amablemente se me proporciona, sobre los contenidos de la Cumbre Digital de Tallin, organizada conjuntamente por la presidencia estonia del Consejo de la UE y las instituciones de la Unión Europea. Ciertamente, el desarrollo de la sociedad de la información es una cuestión de la máxima relevancia para la Unión Europea, su ciudadanía y sus empresas: confío en tener oportunidad de aportar mis reflexiones al respecto más adelante. Sin embargo, hoy mi mente está en Cataluña y en cómo los graves sucesos que acontecen pueden alterar la convivencia, no sólo allí, sino en el conjunto de España. El crecimiento de la prosperidad que razonablemente podemos esperar de la innovación y de la sociedad de la información requieren, como antecedente, de la estabilidad política y del marco institucional que los Estados miembros de la Unión Europea han conquistado. Por ello, poco sentido otorgo a debatir sobre la sociedad de la información al tiempo que los mismos fundamentos del Estado de Derecho y de la Democracia se tambalean en nuestro país.

Ciertamente, las circunstancias que nos han traído al punto en que nos encontramos son variadas y complejas. Entre ellas, pero no únicamente, no haber adoptado un modelo de referencia para la organización territorial en el que todos los territorios se sintieran cómodos. La Transición española fue modélica en muchos aspectos. Permitió superar una Historia de odio y rencor, haciendo confluir en la Constitución de 1978 a los antiguos enemigos, protagonistas de las dos Españas que tan magistralmente versificó Antonio Machado. Sin embargo, la Constitución dejó abierta la ordenación de la cuestión territorial. El Título VIII determinaba poca cosa. Básicamente admitía que las provincias pudieran organizarse como Comunidades Autónomas y alcanzar en sus Estatutos capacidades competenciales en virtud de una acción política que, en la práctica, impulsada mayormente por partidos nacionalistas vascos y catalanes, generaba espacios competenciales para otras Comunidades. Durante casi cuarenta años, la dinámica del juego político en España ha consistido, en buena parte, en negociar repartos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, a tal objetivo, se han aplicado las demandas identitarias de varias regiones de España y de sus gobiernos autónomos, siendo contrapuestas por los Gobiernos del Estado, dando por su parte cauce a una realidad identitaria española socialmente también muy relevante. Esta indefinición del modelo territorial o, mejor dicho, su definición mediante la contraposición de identidades y el regateo político es una deficiencia de nuestro sistema institucional que, antes o después, tenía que dar lugar a tremendos problemas.

No alcanzo a entender por qué no se ha tomado hasta ahora en consideración un modelo de que funciona, con un muy razonable éxito, como es el alemán. De hecho, el desafortunadamente demonizado artículo 155 de la Constitución española es una réplica del artículo 37 de la alemana. Aunque tal constitución fija mucho más claramente el terreno de juego y sus límites: conforme a su artículo 79 se establece una cláusula de intangibilidad que impide modificar la Constitución alemana en cuanto a la obligación de observar los derechos humanos, la naturaleza federal, democrática y social del Estado, así como la soberanía conjunta. Es más, conforme al artículo 21.2, los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Eso sí, a cambio de estos límites tan nítidos, mucho más severos que los existentes en el ordenamiento español, emerge una realidad federal que otorga a los Länder las competencias que expresamente no se atribuyan a la Federación e, incluso, se les dota de una personalidad jurídica internacional limitada, supervisada por el Estado federal. No fue necesario en Alemania una pugna política para alcanzar una realidad federal descentralizada, poniéndose incluso fuera de la ley a quien tuviera por objeto destruir el Estado, su naturaleza descentralizada o su adherencia al respeto de los derechos humanos. Mal no parece haberles funcionado la fórmula, que ha proporcionado a Alemania libertades, crecimiento económico, prosperidad, estabilidad política y liderazgo desde su promulgación tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

En 1978 tal vez no era posible plantear en España un Estado federal a semejanza del alemán, aunque, en mi opinión, mucho hubiéramos ganado de haberlo hecho. En todo caso, hacer de la organización territorial una cuestión de contingencia política permanente ha sido una irresponsabilidad mayúscula. Negarse a ver la evidencia de un modelo territorial inacabado, impulsar las reformas territoriales, entre ellas las de carácter fiscal, sin el debido consenso entre los dos principales partidos españoles y, con frecuencia, con la motivación puramente coyuntural de tener la mayoría para formar un gobierno, o simplemente calentar la calle buscando firmas contra el Estatut, o negarle el pan y la sal al gobierno de turno -ahora es el de Rajoy quien lo sufre, antes fueron otros-, son errores políticos demasiados grandes como para no generar la fractura que ahora tendremos que se capaces de sanar.

Aunque por naturaleza tiendo al optimismo, albergo los mayores temores en estos días. El sentido común y la voluntad integradora no son atributos que observe en la actual realidad política española. España y Europa han vivido en el siglo XX procesos polarizadores, y no es necesario recordar cual fue el resultado de los mismos. Lo que todos nos jugamos estos días en Cataluña no es si se convierte o no en una república independiente. No. Lo que nos jugamos es que salte por los aires el estado de derecho, algo en mi opinión mucho más fundamental. Parece que en estos días proclamar en España el imperio de la ley puede convertirte a los ojos de muchas personas en una persona intolerante, que no se presta al diálogo y que, en suma, no merece el calificativo de demócrata. Y si lo manifiesta públicamente, no es raro que reciba una catarata de descalificaciones por parte de una legión de activistas que implantan en la Red su particular modo de entender la libertad de expresión.

No debiera ser tan difícil de entender. El estado de derecho es la garantía que todos y cada uno de nosotros tenemos frente a las tentaciones totalitarias de una mayoría coyuntural, que, sí, puede ganar unas elecciones, e incluso un referéndum, pero que no puede contravenir la Constitución ni pretender atajos para su modificación sumaria, de la noche al día, sin los procedimientos establecidos para ello. En España hemos tenido varias mayorías absolutas. ¿Podría alguien concebir que el Gobierno que la ostentaba vulnerase los derechos fundamentales amparándose en la misma? O que, sin modificar la Constitución impulsara un referéndum para procurar su derogación en aquellos aspectos que no le gustaran. La Constitución blinda ciertas cuestiones, requiriendo un complejo, pero factible, trámite para su modificación: la condición de España como Estado social y democrático de derecho, la unidad del Estado y el derecho a la autonomía de las regiones, la carta de derechos fundamentales y la monarquía parlamentaria. El resto, incluyendo al Título VIII de organización territorial, es relativamente sencillo de modificar. Saltarse las normas que regulan el procedimiento de modificación constitucional para romper la unidad del estado no es esencialmente diferente a hacerlo para impedir la autonomía, o limitar los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida, la libertad de conciencia, la libertad de expresión o el derecho a la tutela judicial efectiva, por solo mencionar algunos.

Las constituciones son un gran avance de las democracias liberales, y constituyen una garantía de los ciudadanos frente al poder del Estado (las Comunidades Autónomas son también Estado). Si mañana un gobierno español con mayoría absoluta quisiera eliminar la libertad religiosa o de conciencia, no podría hacerlo, aun cuando tuviera a su favor al 51% del electorado. No podría convocar un referéndum para hacerlo y, votar tal cuestión, sería frontalmente contrario a la Constitución y, por ello, ilegal. Y si fuera un gobierno autónomo quien tuviera la ocurrencia, igual de ilegal sería. Podrá decirse que en Cataluña no se trata de derogar derechos fundamentales, sino de admitir la segregación de una parte del territorio del Estado. Pero resulta que la Constitución protege tal unidad, igual que hace con los derechos fundamentales, y sólo mediante la pertinente modificación de la Constitución podrían tales cuestiones plantearse. Y si alguien piensa que los derechos fundamentales no podrían estar en juego, que coja un libro de Historia y repase cómo fueron los años treinta del pasado siglo en Europa.

Es necesario restaurar el orden constitucional en Cataluña como primera cuestión, prioritaria para todo aquel que entienda la importancia que tiene preservar el estado de derecho en una democracia, como garantía de los derechos, de las minorías y para evitar los excesos del poder público. A partir de ahí, discutamos. Es legítimo entender que deba reconocerse el derecho a la autodeterminación, como lo sería preferir un estado unitario, al modo de Francia. También, optar por mantener el estatus actual. Por mi parte, me quedo con un estado federal tomando como referencia el alemán. Intentemos llegar a un acuerdo que englobe a cuantos más mejor, e impúlsese la reforma constitucional, con pleno respeto a los procedimientos, para hacerlo posible y que, muy posiblemente, sería de tal entidad como para requerir el procedimiento agravado de modificación, con mayorías cualificadas y referéndum. Mucho me temo que no hay otra opción, al menos si queremos evitar un serio riesgo de confrontación civil y, por el contrario, deseamos fijar las bases de una convivencia próspera para las próximas décadas.

Otro día hablaré de la sociedad de la información. Hoy toca priorizar lo fundamental.

Juan Ruiz Alzola es Catedrático de Tecnologías de la Imagen en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene un Grado en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya

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Pueblo, Política, Partidos, Presidente…

La entrada de hoy trata conceptos que, curiosamente, comienzan con la letra P. Por no alargar el título no he añadido perplejidad, término que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define como “irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo“. Estamos al borde de un precipicio, problema al que nos ha traído un pésimo partidismo en búsqueda de poder que, aparentemente, desconoce los mismos fundamentos del parlamentarismo. Algo tendrá que ver Parlamento con parlamentar, esto es, conforme define el DRAE, “dicho de una o de varias personas: Hablar o conversar con otra o con otras” o, mejor todavía, “entablar conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz,una rendición, un contrato o para zanjar cualquier diferencia“. Planteamiento, pensamiento, perspectiva, prospectiva ceden ante la pataleta, perreta solemos decir en Canarias, en el pobre y pueril espectáculo de peonzas partidistas que giran sobre sí mismas, sin mirar a su alrededor. A modo de epítome diré, como ciudadano y miembro indiferenciado del Pueblo, simplemente putada, pues eso es lo que siento cuando veo al partidismo jugar tácticamente con la representación que los ciudadanos hemos conferido con nuestros votos a los Diputados al Congreso,  en algo tan serio como es la designación de un Presidente del Gobierno.

Cuando la Democracia retornó a España, tras demasiados años de dictadura (siempre son muchos), era necesario fortalecer a los partidos políticos. Su relevancia constitucional quedó proclamada en el Título Preliminar de la Constitución Española (CE), concretamente en el Art. 6 CE, que reza con el siguiente tenor: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos“.

En una sociedad con escasa tradición democrática era lógico darle, en 1978, un protagonismo especial a los partidos, con objeto de articular el pluralismo político. Ello explica, por ejemplo, las listas cerradas en  la elección de Diputados al Congreso. El Art. 68.1 CE sólo dice que “el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley”. Es la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quien determina cómo es nuestro sistema electoral y, por ejemplo, que las candidaturas al Congreso de los Diputados reciban votos al conjunto de la candidatura, y no a candidatos concretos. Ello, como digo, se justifica por el interés en nuestra Transición democrática en fortalecer y articular el pluralismo político a través de los partidos. Otras opciones hubieran sido posibles, como pasa en el Senado, y como sucede en otros regímenes parlamentarios. Cierto es, en todo caso, que cada opción tiene sus inconvenientes, acompañando a sus ventajas.

Además, nuestro sistema es puramente parlamentario, lo que abunda en el fortalecimiento del papel institucional de los partidos. Ello quiere decir que sólo tienen legitimidad democrática directa los representantes que son elegidos por sufragio electoral, con la obvia debilidad que lo son en el seno de una candidatura conjunta, no nominalmente, salvo en el Senado. Y son dichos representantes los que asumen una serie de funciones en nombre de sus electores. Se trata de una forma de configurar una Democracia representativa, única manera de ejercer de forma viable la Democracia (no podríamos gestionar un sistema directo, en el ágora, como las polis griegas). Pero puede materializarse de otros modos, como muestran los distintos sistemas de Democracia representativa de nuestro entorno.

Es nuestra forma concreta de Democracia representativa la que creo adolece de unas deficiencias, que causan mi enojo y, estoy seguro, el de muchísimas personas, ante el bloqueo institucional que se produce en ocasiones como la presente. Veamos por qué.

Nuestro sistema parlamentario es, básicamente, un sistema aritmético cuyos sujetos no somos los ciudadanos sino los partidos. Esto no es en sí malo, si se mantienen unos mínimos equilibrios. Dicho de otra manera: cuando un ciudadano con su voto se pronuncia por una candidatura, eligiendo a todos los representantes de la misma, está realmente eligiendo un partido, no unos representantes en los que personalmente confíe. Delega, no en un representante que le resulte cercano y conocido, porque corresponde a su circunscripción y en el seno de la misma ese candidato ha buscado su voto, sino en un partido, y en todo el tacticismo partidista que ello conlleva. Cierto. Las circunscripciones pequeñas, al estilo inglés, empeoran la falta de proporcionalidad del conjunto del sistema pues todos los votos del segundo y sucesivos candidatos, no elegidos, se pierden. Podría darse la paradoja de que un partido cuyos representantes, en circunscripciones individuales, quedaran segundos en todas ellas por un solo voto de diferencia, no tuviera representación, a pesar de que, en el cómputo general, la diferencia de votos fuera escasa con otro que obtuviera todos los representantes.

Pero, por otro lado, si tengo que delegar en alguien para que me represente en decisiones cruciales, prefiero que sea un candidato cercano, y no una lista cerrada de candidatos a los que ni siquiera conozco. A fin de cuentas, un partido, como organización que busca el poder, va a seguir su propia lógica para conseguirlo (esto es, la de sus dirigentes), probablemente muy distante de la de los electores que pusieron su confianza en unos representantes y, posiblemente, también diferente de la de esos representantes, salvo por el hecho que le deben al partido (y a sus dirigentes) su presencia en una candidatura cerrada.

A la vista de las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos, cada vez envidio más los países cuyos sistemas constitucionales permiten la elección directa del Presidente del Gobierno. No quiero delegar esa facultad en los partidos, mucho menos en la situación que ahora vivimos. Creo que los ciudadanos debemos poder votar directamente a quien ha de ejercer el Poder Ejecutivo. Ello, además, evitaría la frecuente y penosa subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, estableciendo una clara diferenciación entre ambas potestades. Dicho de otra manera, los ciudadanos debemos de poder votar a nuestros representantes en el Poder Legislativo, y delegar en ellos la capacidad de hacer Leyes, de controlar al Gobierno y de nombrar a ciertas autoridades del entramado constitucional, particularmente en la cúpula del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. No creo que sea una buena idea que sean los miembros del Poder Legislativo quienes determinen quién ostentará el Poder Ejecutivo, por la simple razón de que ambos tenderán a confundirse y a subordinarse, uno en relación al otro, según sean las circunstancias. Pienso que es mucho mejor otorgar legitimidad democrática directa al Presidente del Gobierno, como cabeza del Poder Ejecutivo, que a su vez selecciona a sus Ministros.

Veamos qué significaría esto en un atolladero como el que actualmente vivimos: habríamos elegido, deseablemente en listas abiertas, a nuestros representantes en las Cortes Generales, sede del Poder Legislativo del Estado. Además, en una papeleta diferente, hubiéramos elegido cada uno al candidato a la Presidencia del Gobierno que prefiramos. No al partido, sino a la persona que, claro está, en cada caso será propuesta y respaldada por un partido. Ante la falta de mayoría absoluta de un candidato, en una segunda vuelta habríamos de decidir entre los dos más votados en la primera. Es decir: ahora los ciudadanos, no los partidos, seríamos consultados sobre si preferimos que gobierne Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, suponiendo que en una primera vuelta hubieran sido ellos los candidatos más votados. El elegido por nosotros, esto es, por los ciudadanos y no por el tacticismo partidista, tendría asignada la importantísima potestad de conformar la cúpula del Poder Ejecutivo, esto es del Gobierno y las autoridades que de él dependen. Y tendría que ejercer tal potestad conviviendo con el Poder Legislativo, bicameral en nuestro caso para ponderar la necesaria representación individual y territorial, siendo realmente ambos poderes independientes, gozando los dos de igual legitimidad democrática directa, y todo ello bajo el debido control Constitucional y Jurisdiccional. No es ciencia ficción, EEUU tiene un sistema parecido al descrito.

Podría decirse que ello no es compatible con nuestra forma de gobierno (o política, como dice el Art. 1.3 CE) del Estado, esto es, con la Monarquía Parlamentaria, pues, a fin de cuentas, EEUU es una república presidencialista. Es cierto que EEUU toma el modelo de la monarquía constitucional inglesa del S. XVIII, en la que el Rey ostenta el poder ejecutivo, con la salvedad que sustituye al Rey por un presidente electo. En los dos siglos siguientes a la Independencia de los EEUU, las Monarquías parlamentarias europeas han ido desplazando al Rey del poder ejecutivo, quedando su función constitucional desprovista de prácticamente toda capacidad ejecutiva autónoma. De hecho la función constitucional de los Reyes en las Monarquías parlamentarias europeas, también en España,  es principalmente representativa y simbólica, muy importante, sin duda, pero de imposible contenido ejecutivo en una Democracia. Por tanto, no veo problema alguno en que la Jefatura del Estado la ostente el Rey, por disposición de la Constitución, y que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo reciban ambos legitimidad democrática directa mediante sufragio universal.

Abunda en mi argumentación anterior lo que estamos viendo en estos tristes momentos en relación a la propuesta del candidato a la Presidencia del Gobierno, única potestad política de carácter ejecutivo que, conforme a la Constitución, reside en el Rey. El Art. 99.1 CE dice que

después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno“.

Esto simplemente quiere decir que el Rey tiene que hablar con los representantes  de los grupos políticos para ver qué candidato podría gozar de una mayoría aritmética parlamentaria, que permita su investidura. No hay un turno por quién sea la lista más votada. No lo dice la Constitución, porque el sistema es puramente parlamentario y lo que vale es la aritmética del Congreso de los Diputados. Como los sujetos del parlamentarismo español son los grupos parlamentarios, esto es, para entendernos, los partidos, de lo que se trata es de saber quién puede contar con el apoyo de un mayor número de Diputados a partir de las posiciones de sus respectivos partidos. No hay un orden lógico, distinto de la posibilidad material de sumar votos en la investidura. Ni más, ni menos.

El Rey, en su competencia constitucional, tiene plena libertad para hacer la propuesta que juzgue oportuna, es de entender que porque confía en que su propuesta resultará viable para una investidura. En las circunstancias actuales es un papelón de dimensión mayúscula, pero salvo que los ciudadanos, como yo desearía, pudiéramos pronunciarnos directamente sobre quién ha de ser el Presidente del Gobierno, sólo puede gestionar esta situación el Rey, no sólo por el ya mencionado Art. 99 CE, sino también por la función arbitral y moderadora que le atribuye el Art. 56.1 CE.

Quien crea que puede obtener una mayoría para su investidura debe comunicárselo al Rey, sin esperar a que otros lo hagan. Si el Rey, de las entrevistas con los distintos representantes, concluye que esa investidura es posible debiera proponer al candidato que, con mayores apoyos, pudiera conseguirla. Y si nadie cree poder contar con los apoyos suficientes, el Rey deberá proponer a quien él piense que tiene más opciones de obtenerlos, insisto, sin orden lógico preconcebido, pues la Constitución no habla de ello, sino de mayoría de votos en una investidura. Y si el candidato propuesto resulta rechazado, el Art. 99.5 CE dispone que “[s]i transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso“.

Cada cual sabrá cuál es su táctica y debiera saber a qué se expone, pero es inconcebible que se esté esperando la carbonización política de otros candidatos para proponer la propia candidatura, tanto más con la situación que vive España en estos momentos. La propuesta de candidato constitucionalmente corresponde al Rey, que debe hacerla en tiempos razonables, sin esperar por el juego táctico de unos y otros, de modo que comience a contar el plazo constitucionalmente previsto de dos meses para la investidura y, si no la hay, ir de nuevo a Elecciones Generales. ¿No sería mejor la elección directa del presidente del Gobierno por la ciudadanía?