¿Construyendo la sociedad del conocimiento?

Durante los últimos ocho años he tenido el gran honor de coordinar un área, a mi entender muy relevante, de las políticas públicas canarias: el fomento de la investigación científica, de la innovación empresarial y de la sociedad de la información. Ello estuvo antecedido por el desempeño durante tres años de la dirección de investigación y tecnología del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), y, desde 1992, como profesor e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Antes de ello, mientras aún estudiaba mi carrera de ingeniero de telecomunicación, fui becario del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y disfruté los dos años últimos de carrera de un contrato en prácticas en Telefónica. Siendo un joven profesor en una joven universidad hube de complementar mi formación compatibilizándola con la docencia, primero realizando mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, después realizando una estancia post-doctoral, becado por el entonces Ministerio de Educación y Cultura, en la Universidad de Harvard. Ello posibilitó que dirigiera un grupo de investigación en la ULPGC, y que se me otorgara la condición de profesor visitante en la Universidad de Harvard. La continua colaboración de nuestro grupo de investigación en la ULPGC con otros muy potentes de dicha Universidad americana dieron sus frutos. Aprendimos, publicamos, realizamos proyectos, varios de nuestros estudiantes fueron invitados a Harvard y otras universidades americanas y europeas, en las que perfeccionaron sus trabajos de tesis doctoral. Algunos de mis colaboradores en otras universidades españolas se incorporaron a esta fructífera relación, y entre todos contribuimos a desarrollar en España la investigación en el ámbito de la ingeniería aplicada a técnicas diagnósticas y terapéuticas basadas en imágenes médicas.

Creo poder afirmar con toda tranquilidad que soy un profesional. He dedicado mi vida laboral a la investigación y a la innovación. Y he tenido la oportunidad de hacerlo desde responsabilidades y ámbitos muy variados. Como todos los profesionales, como todas las personas, con aciertos y con errores. Pero en todo caso con absoluta dedicación a mi trabajo. Además, con orgullo, debo decir que soy un trabajador público. Mi desarrollo humano y profesional se lo debo, antes que nada, al apoyo de mi familia, a mi propio esfuerzo y a la universidad pública, primero como estudiante y después como profesor e investigador. Cuanto antecede fue la razón del inesperado ofrecimiento que se me hizo para llevar a cabo la dirección científica y técnica del ITC en 2004. Nada había tenido que ver con la política. Con dudas, pues mi vida no la podía entender sin la investigación y docencia realizadas en primera persona,  asumí un nuevo reto. Esperaba aprender y contribuir en la medida de mis posibilidades, para volver en cuanto terminara la Legislatura a mi desempeño anterior. Era plenamente consciente que lo habitual en las entidades públicas era ser sustituido cuando lo fuera el equipo que me había propuesto. Sin embargo, dicho equipo cesó en una crisis de gobierno a mitad de Legislatura, y el entrante me confirmó después de consultar mi currículum profesional (un resumen del cual está accesible en https://juanruizalzola.com/about/). Ello fue igualmente la razón por la que el presidente Paulino Rivero me propusiera hacerme cargo en julio de 2007 de la dirección de la nueva Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

La experiencia directiva tanto en ITC como en ACIISI puedo decir que ha sido intensa. Algo inesperado por completo, que hizo que cambiara mi trayectoria profesional. Parece lógico que los profesionales, en cuanto tenemos una experiencia, estemos disponibles para contribuirla en ámbitos muy especializados del sector público. Tanto más si es ese sector público el que ha hecho posible nuestro desarrollo profesional. Fue esa y no otra la motivación que me condujo, por dos veces, a aceptar el encargo del Presidente de ser director de la ACIISI. Es cierto que no pude impulsar la I+D+i en Canarias como a mí me hubiera gustado, procurándole el reconocimiento que debe tener para alcanzar un desarrollo social y económico sostenible y saludable. También lo es que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. Y que ese reto va más allá de la labor política que puede hacer una persona. A fin de cuentas, la importancia real que se le da en Canarias a la I+D+i quedó puesta de manifiesto en la reciente campaña electoral y posterior negociación de conformación del gobierno. Las menciones a la misma brillaron por su ausencia, y algo tuve que ver en la elaboración de los contenidos de lo poco que se ha dicho o escrito. La crisis financiera y una estructura administrativa que, desafortunadamente y por motivos que no vienen al caso, no pudimos desarrollar limitaron enormemente la realidad de las políticas públicas en I+D+i en Canarias. Creo no obstante que se pusieron ciertos cimientos. El principal, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) para Canarias 2020, que tuve el honor de impulsar y coordinar, junto con un excelente equipo de profesionales de la ACIISI y del ITC. De hecho, la RIS3 es una referencia bastante habitual en la actualidad. Sólo falta intentar cumplirla de verdad. El marco de colaboración con la Secretaría de Estado de I+D+i, por ejemplo en PLOCAN, en el IAC o en GRANTECAN ha permitido, después de muy serias dificultades, consolidar PLOCAN, dotar de instrumentación a GRANTECAN hasta 2020 y consensuar con el Estado una estrategia de atracción de grandes inversiones en infraestructuras científicas que, con el excelente trabajo del IAC, se ha mostrado ganadora en la reciente selección del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, del Array de Telescopios Cherenkov (CTA). Igualmente importante es el Telescopio Solar Europeo (EST), consensuada también la estrategia con el Estado. CTA supone una inversión total de unos 90M€, y el EST de unos 150M€. El 90% vendrá de fuera de Canarias, y el 10% que pondrá Canarias será financiado por el FEDER. La política de parques tecnológicos en Canarias, y de instrumentos financieros de apoyo a las empresas y emprendedores, se financia con un convenio negociado entre la Agencia y la Secretaría de Estado de I+D+i dotado con 150M€. El diálogo, ni mucho menos, acaba de empezar ahora. Y será necesario mucho diálogo y convicción para prorrogar por segunda vez la ejecución del convenio de parques tecnológicos por los retrasos en muchas de las actuaciones insulares. La identificación de las causas y vías de resolución de los serios problemas que sufre el comercio electrónico desde y hacia Canarias, o el establecimiento en la legislación española de un marco específico para las telecomunicaciones en Canarias, creo que son hitos también reseñables.

Este espacio de confluencia del mundo profesional con el político es enormemente contradictorio y complejo. Construir en el mismo está sujeto a a múltiples vicisitudes, algunas racionales, otras menos. Sin embargo, es un espacio que temporalmente deben ocupar buenos profesionales. Y digo temporalmente, porque los profesionales, por mucho conocimiento y experiencia que alcancemos, nos agotamos en nuestras ideas, en nuestra ilusión y, en definitivas cuentas, en nuestra motivación.

Por tanto, los cambios deben ser bienvenidos y adecuadamente planificados. Los profesionales otorgamos lealtad profesional a nuestro desempeño, la más firme de todas las lealtades, y vamos a colaborar para que los pasos de testigo sean ordenados y seguros, para ayudar a quien continúe la tarea a que supere cuanto antes su curva de aprendizaje, a que pueda coger el control del vehículo sin necesidad de pararlo. Además, estoy firmemente convencido que la totalidad de los buenos profesionales del sector público, sin duda la gran mayoría, se sienten partes de algo que va más allá de ellos mismos. Como servidores de la colectividad y del interés público su vinculación con su trabajo trasciende el puro interés, también legítimo, del trabajo retribuido. Saben que con su buen hacer contribuyen a mejorar nuestra sociedad, cada cual desde su ámbito de responsabilidad. Me he esforzado durante años por formar parte de ese amplio colectivo de buenos trabajadores públicos, independientemente de la posición que en cada momento haya ocupado. Seguro que me entienden cuando digo que la lealtad profesional se ve reforzada por una vocación de contribuir por encima del interés personal. Y ello lleva implícitamente asociado un perfecto entendimiento de que las personas tenemos que cambiar para que nuevas ideas y energías fluyan al servicio del interés general. No sólo nadie es insustituible, sino que es bueno que todos seamos sustituidos. Eso sí, nadie es tan sumamente polifacético como para poder ocupar cualquier posición. Ni el mejor de los profesionales puede ocupar de un día para otro un cargo de responsabilidad ejecutiva si no tiene un razonable conocimiento y experiencia en la materia. Los perfiles deben ser los adecuados para cada desempeño.

He insistido antes en mi condición profesional. Ello no quiere decir que no tenga una ideología política, o que no me preocupe la política. Me interesa. Y mucho. Los anglosajones distinguen tres términos que, tristemente, aquí se subsumen en el único de política:

  • Polity: es la politeia de los clásicos. Se refiere al sistema político en su conjunto. A cómo se distribuye el poder horizontal y verticalmente. En nuestro ámbito más cercano, se refiere a cómo se integra Canarias, como Comunidad Autónoma, en el conjunto del Estado. Cómo se delimitan las competencias, tanto legislativas como ejecutivas. Cómo están representados los territorios. Cómo se distinguen las especificidades. Y muy importante, cómo es el reparto territorial del poder entre las distintas islas. De nuevo, qué competencias ejecutivas y, en su caso, legislativas corresponden a las islas. Cómo se eligen los representantes parlamentarios. En qué condiciones se configuran los gobiernos… Es en este ámbito en el que hay que determinar, por ejemplo, si la composición de los órganos ejecutivos de los gobiernos y las administraciones debe responder a cuotas territoriales. Cuestión ésta, por cierto, demasiado presente en nuestra tierra como para pretender ignorarla.
  • Policy: son las políticas públicas. Es, en mi opinión, la verdadera política. Por ejemplo, una agenda de transformación económica como es la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3), 2014-2020, cuya elaboración, como ya dije, tuve el honor de impulsar y coordinar, asistido por un magnífico equipo profesional de la ACIISI e ITC, es “policy“. También lo es el diseño de los programas para impulsarla y hacerla efectiva. Es la “policy” la política real y honorable. La que contrasta ideas y visiones estratégicas para una sociedad. La que contrapone ideologías, en suma, en el gran reto colectivo de ejercer la Democracia.
  • Politics: trata del ejercicio del poder a través de los partidos políticos. En teoría debiera ser la promoción y ejercicio consciente de las “Polities” y “Policies” anteriores por parte de los mismos, gestionando el corto plazo. En la práctica, un ejercicio inconsciente de la misma, puede llevar a confundirlo todo, dando lugar a la cutre imagen que, demasiadas veces, se proyecta a la sociedad de lo que debiera ser un noble y desinteresado afán. Las cuotas territoriales e intereses personales, impuestos a veces por algunas organizaciones políticas en los órganos ejecutivos de las administraciones públicas, forman parte de este ejercicio, inconscientemente letal para la Democracia y para el debido ejercicio de la función pública, que a todos los ciudadanos nos afecta e incumbe. Nada tiene que ver con las ideologías, ni con la preocupación por renovar a las personas para mejorar la gestión. Tristemente, cuanto menos desarrollada social y económicamente está una sociedad mayor es el abuso del incorrecto ejercicio de la “politics“, en perjuicio de la “polity” y de la “policy“, comprometiendo con ello las expectativas de desarrollo de una sociedad y la confianza del Pueblo en la Democracia. Pienso, por ello, que sería muy deseable contar, cuando menos, con unos protocolos de idoneidad para seleccionar los candidatos que van a ocupar, por nombramiento de los Gobiernos, los altos cargos ejecutivos de las Administraciones Públicas, siendo supervisado su ejercicio por el Comisionado de Transparencia.

Después de ocho años como director de la ACIISI, hoy he cesado en tal responsabilidad (decreto de cese). El gran honor que significa haber tenido la oportunidad de aportar mi visión durante años, el aprendizaje y experiencia recibidos y, sobre todo, la calidad humana de las personas a las que he tenido la fortuna de conocer y con las que he trabajado, dando lo mejor de nosotros mismos durante todos estos años, suponen el mejor premio que se puede recibir y compensan cualquier sinsabor.

Impulsar la sociedad del conocimiento y el progreso en Canarias corresponde, en gran medida, a nuestro Gobierno Autónomo. Para ello debe tener el apoyo de todas las instituciones y profesionales que estén en disposición de contribuir, desde sus distintos ámbitos sectoriales, a ello. La contribución también consiste en el debate público, en la contraposición de ideas, en la asunción colectiva de estrategias y, por supuesto, en la discusión política, entendiendo como tal la crítica constructiva a las “policies” y “polities“, hecha y promovida tanto por las personas como por las diversas organizaciones políticas y sociales. Modestamente, este blog es mi contribución personal a ello (pulsando el enlace puede verse el índice de posts publicados). El Gobierno debe ser consciente que es su responsabilidad impulsar el cambio y la prosperidad en Canarias y que, para ello, tiene que intentar contar con los mejores en cada momento en los distintos altos cargos ejecutivos de la Administración autonómica. Espero que así sea y que las decisiones de estos días hayan estado debidamente reflexionadas, sabiendo dónde estamos y dónde se quiere ir. Aunque, tal vez porque intuyo cómo y por qué se han tomado algunas de estas decisiones, no puedo evitar estar preocupado.

En particular, Canarias no puede permitirse pasos atrás en la construcción de la sociedad del conocimiento, en cuyo impulso parece lógico que estén implicadas personas que objetivamente dispongan de él. De ahí el interrogante que da título a este post: ¿Construyendo la sociedad del conocimiento? Ojalá que la respuesta sea enérgicamente afirmativa y que los hechos y no sólo las palabras así lo demuestren. En ello le deseo toda la suerte y éxitos a los nuevos responsables, pues lo serán de la sociedad canaria. Por mi parte, en la medida de mis posibilidades y capacidad, seguiré contribuyendo a este enorme esfuerzo colectivo en mi desempeño profesional cotidiano.

Jun, o la capacidad transformadora de la sociedad de la información

Jun es un pequeño pueblo de la Vega granadina, que recientemente ha saltado a los medios de comunicación por su fenomenal desempeño en la sociedad de la información. Tanto es así que su caso ha sido estudiado por investigadores del muy reputado Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT). Puede consultarse, por ejemplo, el artículo The Incredible Jun: A Town that Runs on Social Media, publicado por William Powers y Deb Roy, miembros del prestigioso MIT Media Lab. También pueden verse las múltiples referencias publicadas por los distintos medios, entre otros muchos, Twitter quiere parecerse a Jun, en El País,  Jun, el pueblo más tuitero de España, un caso de estudio, en El Mundo, o Jun, el pueblo que se convirtió en modelo para MIT por su uso revolucionario de Twitter, en la BBC en español.

Probablemente la mayor parte del público desconociera la existencia de este pueblo en el momento de leer tales reseñas. Sin embargo, en mi caso, además de la muy positiva referencia actual, tenía otra, cien años atrás. Muy distinta. Siendo niño y joven adolescente solía ir los veranos a Granada, pues de allí procede mi familia paterna. Mi padre perdió al suyo por una inoportuna infección que sufrió mi abuelo, consecuencia de un balazo recibido en la Guerra Civil, que le dejó alojado durante varios años en su cuerpo un proyectil imposible de extraer. Sería un hermano de mi abuelo, Tito Pepe, quien haría las veces del padre que al mío le faltaba y, con el tiempo, de abuelo paterno de mi hermano y mío. Pues bien, Tito Pepe estaba casado con Tita Anita, oriunda de Jun, y que había tenido una experiencia infantil terrible en su pueblo. Recuerdo perfectamente cómo refería la historia casi cada vez que la veía. Ella fue una niña pobre y analfabeta, circunstancia que entendí era norma en el pequeño pueblo a principios del S. XX, con una escasa población, entonces, de unos 450 vecinos dedicados a trabajar el campo. Correspondería a un cura el dudoso mérito de iniciar sexualmente a Tita Anita, dejándola embarazada, siendo todavía una niña. “Yo no entendía de . Éramos mu brutos”, se disculpaba cada vez que lo contaba, a lo que su marido añadía alguna referencia sobre lo sinvergüenza que era el cura en cuestión. Años después Tita Anita y Tito Pepe se conocieron en Granada, mientras ella, madre soltera, vendía flores en la ciudad. Vivieron toda su vida juntos, haciendo frente a los prejuicios de su época, sin tener más hijos, ayudando a mi abuela viuda con mi padre. Hace ya años que ambos fallecieron pero, a buen seguro, hubieran sentido una incrédula emoción de haber conocido el cambio dado por Jun. De hecho, a mí me ha emocionado este contraste, entre dos situaciones separadas un siglo. Sí cien años es mucho tiempo, pero han pasado para todos en igual medida. Quien como Jun, partiendo por lo que entiendo desde una situación de desventaja, se ha puesto a la cabeza mundial de la sociedad de la información, tiene sobrados motivos para la satisfacción y el orgullo. Y a los demás, nos ha dado un magnífico ejemplo que debiéramos conocer y tener muy en cuenta.

Pero, ¿en qué consiste la experiencia cibernética de Jun? Básicamente se trata de utilizar Twitter como canal de comunicación entre los vecinos y los responsables y trabajadores municipales, encabezados por su Alcalde. Si hay una farola rota, una fuga de agua o hay cualquier incidencia en el pueblo, cualquier vecino que la advierta remitirá un tuit. De forma inmediata se recibirá una contestación abierta por el mismo canal, dándose el Alcalde o alguien de su equipo por enterados de la circunstancia e informando que proceden a resolverla. El trabajador municipal encargado de solventar la situación informará también por Twitter de su resolución. Es un indudable ejercicio de acercamiento de la gestión municipal a los vecinos, que conocen en cada momento de qué manera se resuelven las cuestiones que les interesan. Y aunque pueda pensarse incómodo el ojo fiscalizador del ciudadano, constantemente observando la gestión de políticos y trabajadores municipales, parece que éstos ven mucho mejor reconocido su trabajo por sus conciudadanos con la importante renta psicológica que ello conlleva.

Esta experiencia social basada en las tecnologías de la información es un auténtico Living Lab, que los expertos en la materia ya están analizando para extraer conclusiones sobre su portabilidad a otros entornos. Ciertamente, parece factible replicar la experiencia en otras pequeñas poblaciones, ya que Jun tiene unos 3500 habitantes en la actualidad. Sin embargo ello necesita, en primer lugar, la convicción de los gobernantes de que las tecnologías de la información son idóneas para hacer realidad una democracia participativa. Es necesario entender que el mundo ha cambiado y que, tal vez, estemos en una época en la que los responsables públicos, más que patear la calle (que también), deben estar directamente presentes en las redes sociales. La transparencia en la gestión pública y la cercanía con la ciudadanía necesariamente avanzará en tal dirección. Jun y su Alcalde, José Antonio Rodríguez Salas, con su liderazgo lo han demostrado y han dado un gran ejemplo a emular por los demás. Y no se trata sólo de la interacción vía Twitter. Una muy recomendable visita al portal del Ayuntamiento de Jun, o al portal Ciudadan@ de teledemocracia activa, da buena muestra del mérito cibernético del municipio. Sin duda es de particular interés para quienes estamos convencidos del papel que la tecnología ha de jugar, tanto en la mejora de la calidad de la democracia como de la prestación de servicios públicos, aportando transparencia y cercanía. Innovación en estado puro para gestionar mejor las necesidades de la gente.

Habrá que ver cómo escalar la experiencia a núcleos urbanos de mayor dimensión. Habrá que aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para acercar los gobiernos a los ciudadanos, y mejorar con ello la calidad de nuestra democracia. Considerando que el Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tiene 207.000 seguidores en Twitter, habiéndose unido en enero de 2009, y el de Jun 352.000, incorporado a dicha red social desde febrero del mismo año, parece claro quién tiene, al menos por el momento, el liderazgo. ¡Quién se lo diría a Tita Anita! Su pequeño pueblo, un ejemplo para el mundo. Enhorabuena.

Ni tecnófobos, ni tecnófilos: sólo usuarios prudentes de la tecnología

Los adultos de hoy en día tenemos que superar la difícil prueba de, no sólo de adaptarnos nosotros mismos a un entorno tecnológico en frenética evolución, sino, también, de asesorar a nuestros menores en cómo deben desenvolverse en este complejo nuevo mundo.

Intento reflexionar sobre si esto ya ha pasado antes en la Historia de la Humanidad, pero no encuentro parangón posible. Sí, el mundo antiguo fue testigo de enormes revoluciones socioculturales, debidas a la invención de la rueda, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, la vida sedentaria, la metalurgia, la navegación y tantos avances tecnológicos. Pero siempre fueron procesos relativamente graduales. Pocos cambios culturales podía aspirar a ver una persona a lo largo de su tiempo de vida, salvo, eso sí, ser sometido o arrasado por un pueblo algo más desarrollado tecnológicamente, cosa que tampoco pasaba todos los días.

Tampoco es asemejable el redescubrimiento de Aristóteles y los sabios clásicos en la Europa medieval a través del Islam andalusí  ni, siquiera, la invención de la imprenta de tipos móviles por Guttenberg. A pesar de la enorme influencia que tales hechos tuvieron en el desarrollo de la Escolástica, del Renacimiento, de la Reforma religiosa, de la difusión del saber, la ciencia y la crítica, y, por fin, de la Ilustración, fueron avances cuyos efectos llevó un tiempo considerable difundir socialmente. Que la mayor parte de la población continuara siendo, a final del S. XVIII, analfabeta y campesina es buena muestra de ello.

Podrán decirme que la Revolución Industrial produjo efectos sociales mucho más acelerados. Es cierto. La automatización de los telares ingleses produjo el primer terremoto social causado por la tecnología. Los artesanos textiles fueron desplazados por las máquinas y la reacción de los seguidores del mítico Ned Ludd no se hizo esperar. Había nacido la tecnofobia bajo la forma del Ludismo. Los luditas quemaron algunos telares, a unos cuantos de ellos la protesta les costó la vida, hubo también revueltas que se extendieron en Europa, pero la automatización industrial había llegado para quedarse.

Ciertamente la sociedad se hizo mucho más dinámica, y en ciento cincuenta años el mundo cambió más que en los dos mil años precedentes: los medios de comunicación, la electricidad, la prensa, los derechos humanos… Con todo, las cosas llevaban su tiempo. Fueron necesarias varias décadas para difundir la luz eléctrica, la telefonía, la radio o la televisión. Cuando yo era un niño, hace menos de cuarenta años, sólo había en Canarias un canal de televisión, y aún se hacía uso habitual de la telegrafía. En muchos pueblos, la telefonía estaba disponible sólo a través de operadores manuales. Sí, había que llamar a la central para que te marcaran el número, y cerraran la comunicación conectando manualmente unas clavijas…

Incluso la introducción de las tecnologías de la información, paulatina a partir de los años setenta del siglo pasado, no produjo efectos de intensidad social hasta los años noventa, con la invención y rápida difusión de la Web. Bien conocida es la paradoja de la productividad de Robert Solow, Pemio Nobel de Economía, que en en 1987 decía que podían verse las computadoras en todos sitios menos en las estadísticas de productividad. Cuando yo terminé mi carrera de ingeniero de telecomunicación, en 1992, no había remitido nunca un email. Ni siquiera había estudiado Internet, salvo muy por encima su antecesora, ARPANET, pues el diseño que las grandes operadoras habían hecho y estandarizado para la conexión de datos, el Open System Interconnection (OSI) de la International Standards Organisation (ISO) era la materia que se estudiaba en toda Europa, haciéndose general uso del libro Computer Networks, de Andrew Tanenbaum, en mi época en su segunda edición (1989). En algún momento escribiré sobre el impresionante desplazamiento de OSI por Internet, porque son muchas las lecciones que se pueden extraer del mismo. Pero no es hoy el día para ello.

Dejemos la Historia, siempre fascinante, y veamos ahora la más rabiosa actualidad. Creo que el año 2010 conoció un hito singular con la introducción del iPAD por Apple. Tal hito había venido antecedido por la entrada de la compañía, con el iPhone en 2007, en el mercado de los nuevos smartphones, donde competían en el segmento profesional otras compañías como, por ejemplo, Blackberry o Nokia. Todas ellas aprovechaban la mejora tecnológica de las redes inalámbricas y la disponibilidad de un ancho de banda, cada vez mayor, pera dispositivos móviles, cada vez más potentes. Probablemente la visión revolucionaria de Steve Jobs fue concebir unos dispositivos, el iPhone y el iPad, que trascendían el ámbito profesional sin renunciar al mismo. Una extensión de nosotros mismos, que nos acompaña en todo momento, y que nos sirve para todo. Podemos jugar, informarnos, leer, trabajar, conectarnos, en todo momento y en todo lugar. Su competencia reaccionó inmediatamente, dando lugar a dispositivos construidos alrededor de un sistema operativo alternativo, Android, sin olvidar tampoco Windows Phone.

Estos dispositivos móviles tenían la capacidad de aprovechar toda el potencial que ofrecen los servicios web interactivos, que habían surgido tras la invención de la Web y que se habían difundido principalmente a partir del año 2000: Amazon (1994), eBay (1995), Google (1998), Wikipedia (2001), MySpace (2003), Linkedin (2003), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006),… No podemos olvidar que, hasta la popularización fulgurante de los dispositivos móviles, el acceso a los servicios web se hacía principalmente a través de ordenadores convencionales de sobremesa. Es principalmente a partir del año 2010 que el acceso a los mismos se hace masivo a través de dispositivos móviles, por un público cada vez más heterogéneo, dando lugar a la actual y más formidable revolución tecnológica de cuantas conocemos. Con ella había nacido la tecnofilia, consecuencia del éxtasis que en muchas personas produjo la inmensa gama de nuevas posibilidades para la interacción social, y que les parecía que, de por sí, sólo había de tener efectos positivos.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. En mi opinión la concepción tecnófila es tan equivocada como la tecnófoba. El desarrollo tecnológico es globalmente siempre positivo, pues ofrece mayores posibilidades a la Humanidad, lo que es distinto de entender que no conlleva costes. Es más los inconvenientes pueden causar serios problemas sociales si no se gestionan adecuadamente. Dar un vistazo al pasado y al presente lo pone de manifiesto: la automatización desplazó laboralmente a las personas no formadas en la mismas, el desarrollo industrial procurado por la tecnología convirtió al campesinado en proletariado, creando tensiones que sólo el nacimiento del estado social en el seno de los estados democráticos de derecho liberales pudo amortiguar, nacimiento debido al terror que producía la hipotética extensión del movimiento bolchevique al resto de Europa tras la Revolución Rusa. ¿Y qué decir de la afección al medio ambiente producido por nuestra tecnológica sociedad?

No vayan a ver en mí a un tecnófobo, nada más lejos de la realidad. He dedicado mi vida profesional a la tecnología, y también mucha de la personal, pues la tecnología (y la ciencia que la hace posible) es también un aspecto importante de mi tiempo de ocio. Pero ello no es óbice para que piense que es necesario gestionar adecuadamente la introducción de la revolución tecnológica que estamos viviendo en nuestra sociedad. Revolución, como he intentado argumentar, más acelerada e inmediata en sus efectos que ninguna que haya vivido antes la Humanidad. Pongamos algunos ejemplos:

  • La tecnología tiene la capacidad de hacernos mucho más eficientes y eficaces en nuestro trabajo. Si no lo hacemos, se resentirá la productividad de nuestras empresas que no podrán competir con otras cuyos trabajadores tengan capacidad para manejar la tecnología. ¿Cómo conseguimos que nuestras empresas hagan un uso productivo de la tecnología, sin excluir a quienes por edad o formación no están familiarizados con las mismas?
  • La tecnología tiene el potencial de proporcionar interacciones sociales enormemente enriquecedoras, además de facilitarnos un uso eficiente de nuestro tiempo libre y un mejor aprovechamiento de las actividades de ocio. Puedo consultar en una red social opiniones de restaurantes, que se esmerarán para que las opiniones de sus clientes sean positivas. Puedo mantener el contacto con amigos y conocidos presentes y distantes. Puedo saber por dónde andan mis hijos cuando salen a dar una vuelta. Puedo programar y contratar actividades en mis viajes de vacaciones. Puedo aprender de cualquier cosa, no sólo todo está en la red, sino que estoy en listas de Twitter o de otras redes sociales que me mantienen al día de asuntos que me interesan. Puedo simplemente dedicar un tiempo a oír la música que me gusta, por ejemplo en Spotify. Puedo compartir fotos con mis amigos en Instagram o Pinterest. En definitivas cuentas, puedo tener un ocio mucho más satisfactorio. Pero, ¿cómo consigo que no se convierta en una adicción? ¿cómo poner el límite para que la vida virtual no me deje sin vida física? ¿para que en vez de aprovechar mi tiempo de ocio no sólo lo pierda, sino que también termine por afectar negativamente al que es de trabajo o estudio? Estamos simplemente empezando a aprender sobre las psicopatologías que el uso desmedido de las tecnologías de la información pueden provocar.
  • Las posibilidades que las tecnologías de la información ofrecen a la formación y educación, tanto de nuestros niños y jóvenes, como de nuestros adultos para actualizarse y reciclarse son simplemente infinitas. Pero no todo uso de la tecnología en el ámbito educativo tendrá esa positiva consecuencia. Podemos conseguir también justo lo contrario. Es mucho más fácil cortar y copiar contenidos de la red en vez de hacer el esfuerzo crítico e intelectual que aprender siempre, con o si tecnología, requiere.
  • La privacidad y la protección del derecho fundamental a la intimidad y la propia imagen se comprometen de manera verdaderamente sorprendente por muchas personas, que exponen su perfil personal al público en general. Esto es, el empleador sabrá antes de hacer la entrevista de trabajo quiénes son tus amigos, cuáles son tus aficiones… Tu nueva pareja, buscará en la red antes de hablar contigo de tu vida pasada. Y todo ello en el momento en que la protección a la propia intimidad tiene el mayor grado de protección jurídica posible.

La situación más preocupante es la de los adolescentes. Estamos asistiendo a verdaderos comportamientos adictivos, al acceso a contenidos perjudiciales para su desarrollo humano, a comportamientos de acoso que, siempre indeseables, ya no se circunscriben al patio escolar sino que persiguen a quiénes lo sufren vayan donde vayan, a una desprotección de su vida íntima y personal, por no hablar de la interacción malévola que algunos adultos procuran por este medio para acceder a adolescentes con un propósito sexual. En cuanto a la disposición de la propia intimidad, qué decir. Viendo cómo la ceden muchos adultos, con todo su derecho para ello aunque dudo que en muchos casos con plena conciencia de las consecuencias, qué vamos a esperar que no hagan los menores. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de protegerlos.

Leo con frecuencia que, en relación a los adolescentes, el problema está en la educación y en la falta de supervisión de los padres, no en la tecnología cuyo uso no debe limitarse. Es cierto, lo admito, pero no es toda la verdad, sólo parte de ella. Quien haya tenido hijos adolescentes, o quien simplemente recuerde su propia adolescencia, debiera saber que no es una edad fácil, que la auctoritas de los mayores está puesta en duda en el natural afán de descubrir el propio espacio vital. No podemos ser ni ángeles de la guarda ni investigadores policiales en la actividad cotidiana de nuestros hijos e hijas. ¿Cómo puedes saber lo que están haciendo en el baño? ¿Cómo controlar que no se conecten después de irse a la cama? ¿cómo conseguir que no pulvericen su tiempo de estudio con el uso de unos dispositivos que sirven para todo, sí, para estudiar, pero también para jugar y para interactuar socialmente sin mesura ni fin? ¿cómo asegurar que no entran en contacto con quien no deben, que no suben o bajan contenidos inapropiados?

El paradigma ha cambiado. Hace sólo cuatro años la recomendación era clara: el ordenador debe estar en espacios compartidos de la vivienda, de modo que pudiera darse de vez en cuando un vistazo al pasar junto a ellos o estando en la cercanía. Ahora todo el mundo virtual, lo bueno y lo malo, está accesible en el dormitorio, en el salón, en el baño, en el tranvía, en un centro comercial o paseando por la calle.

Nuestra revolución tecnológica hará avanzar a la Humanidad, seguro. Pero debiéramos disminuir los costes tanto como sea posible. Necesitamos nuevas reglas sociales (y también algunas legales) en el uso de la tecnología, como las hay para casi todo lo demás. Admitámoslo, no sabemos gestionar la situación, simple y llanamente, porque es sobrevenida. No es simplemente falta de educación, falta también experiencia. En tal contexto, la prudencia debiera ser buena consejera.

Las particularidades del comercio electrónico en Canarias

El rápido desarrollo del comercio electrónico ha venido acompañado en Canarias de una sensación de frustración, por parte de muchos consumidores y pequeñas empresas, que han visto cómo tenían que hacer frente con demasiada frecuencia a costes e incomodidades que acompañaban a la gestión aduanera en el intercambio de bienes corporales. Es seguro que muchas personas se han sentido, cuando menos, agraviadas por ello, y es también muy posible que las gestiones relacionadas con el despacho aduanero de las mercancías, junto con una falta de información en relación al procedimiento, a los derechos y a los deberes de cada cual, tal vez también aprovechada más allá de lo deseable por algunos operadores, ha provocado una retracción de esta importantísima modalidad comercial. La controversia lleva tiempo presente en la Red y, a modo de ejemplo, aquí hay varios enlaces que así lo demuestran:

Mi objetivo en esta entrada es intentar delimitar el alcance de la situación de Canarias en relación al comercio electrónico, y debatir sobre medidas puestas en marcha o futuras que puedan ayudar a mejorarla. Para no inundar este post con datos, me permito referirles al Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI), por ejemplo, al Informe sobre el Comercio Electrónico en Canarias (ed. 2014), o al Informe eCanarias (ed. 2014). Además, en el OCTSI pueden encontrar enlaces a informes de otros organismos, y accesos a las fuentes de los datos, entre otro material. Asimismo he publicado, junto con éste, otro post que hace un abordaje más general al problema: Los retos del comercio electrónico.

¿Tenemos un problema los canarios con el comercio electrónico?

Sí, indudablemente. La compra por vía electrónica en Canarias es apreciablemente inferior a la que se realiza en el resto de España y de Europa. Tal y como refiere el OCTSI en su informe (datos del INE y EUROSTAT), durante el año 2013 sólo el 27.1% de los canarios hicieron compras por comercio electrónico, mientras que la media española fue del 37.5% y la europea (EU28) 50.2%.  Intentaré dar mi visión del alcance del problema y de sus causas.

  • La compra de servicios prestados electrónicamente, por ejemplo estancias vacacionales, transporte en avión, o entradas en espectáculos (descomunal diferencia de un 42% de compradores que han hecho esta adquisición en España, frente a un 14% en Canarias), así como de bienes incorporales, por ejemplo libros electrónicos, música o películas, es muy inferior a la del resto de España (una diferencia de 5-6 puntos porcentuales entre ambas, que llega a 28 en las entradas). No es fácil determinar la razón, que probablemente será multifactorial. Por ejemplo, el nivel de renta inferior a la media española, o la poca penetración de las PYMEs canarias en la sociedad de la información, que limita la oferta local de servicios por vía electrónica. Adviértase que en este tipo de compra, el gravamen suele ser el del lugar del prestador, lo que puede suponer una presión fiscal al consumo difícilmente asumible en Canarias, pues el servicio o bien incorporal electrónico se verá gravado por el IVA si se adquiere desde un comercio europeo (no hay aduana para este tipo de transacciones). Este criterio de repercusión del impuesto indirecto es el general en el comercio internacional de servicios y, salvo excepciones, es también el que se aplica en el territorio de aplicación del IVA. Aunque también es cierto que, en el territorio IVA, a ciertos servicios electrónicos (por ejemplo bienes incorporales adquiridos por consumidores, tales como libros, software, música o películas), a partir de enero de 2015, se les aplicará el gravamen correspondiente al lugar del comprador (excepción al criterio general). Sin embargo, el efecto para el consumidor europeo será, en general, un incremento de la presión fiscal, pues las plataformas de venta on-line ya no se podrán beneficiar de prestar el servicio desde zonas de baja tributación de IVA, por ejemplo desde Luxemburgo, pues el tipo aplicable será el del país de compra. En principio, estos cambios no afectarán a la adquisición de servicios electrónicos desde canarias.
  • La compra de bienes corporales en Canarias es también inferior a la media española, aunque la diferencia no es tan acusada como en los servicios y bienes incorporales. Por ejemplo, la categorías principales de compras en España y Canarias son ropa, material deportivo, libros, revistas y equipamiento electrónico, aunque ahora la diferencia baja a 3-4 puntos porcentuales. La mayor diferencia corresponde a los bienes para el hogar, que han sido adquiridos por el 26% de los cibercompradores españoles, frente a sólo un 11% de los canarios. Es probable que la gestión aduanera afecte a la adquisición de bienes por vía electrónica, especialmente en la categoría de bienes para el hogar, en éste último caso por la posible incidencia añadida del AIEM.
  • En cuanto a la venta por Internet de las empresas, Canarias vuelve a estar por detrás de la media española, en general, tanto en la prestación de servicios electrónicos como en la entrega de bienes corporales. Sin embargo, la venta de las empresas de más de diez trabajadores es mejor que la media española y europea. Del análisis de los datos vemos que las empresas que compran por Internet son considerablemente menos en Canarias que en el resto de España, coincidiendo aproximadamente en número con las vendedoras, por lo que parece concluirse que las empresas que venden y las que compran son esencialmente las mismas, cuando en España son apreciablemente más las compradoras que las vendedoras.

¿Es la aduana en Canarias la culpable de la diferencia?

Creo que sólo en parte, y principalmente, no por ella, sino por algunos comportamientos, por la dificultad en algunas gestiones y por la falta de información. Es muy posible que estas circunstancias disuadan a muchos particulares en compras pequeñas de bienes corporales e, igualmente, a micropymes exportadoras. Sin embargo no es éste el caso para empresas exportadoras de cierto tamaño y, probablemente, tampoco para los consumidores que hagan compras algo mayores, bien sea porque hacen la compra de un bien más costoso, o porque agregan varios en el mismo envío. Por otro lado, la aduana poco o nada tiene que ver en la menor adquisición de servicios y bienes incorporales. Veamos qué problemas comporta la aduana para pequeños compradores y vendedores:

  • Soy un consumidor y hago una compra inferior a 22€. Si estoy en la Península pago 22€, más el 21% de IVA (4.6€), el transporte con su IVA (por ejemplo, 3.4€), resultando 30€. Pongamos que resultan 25€. Si estoy en Canarias, hasta ahora, pago 22€, más el transporte (por ejemplo, 5€), estoy exento de IGIC de importación (hasta mercancías de 22€), más la gestión de cumplimentación del Documento Único Administrativo (DUA) en la Aduana (variable, pongamos que entre 6€ y 25€). Por tanto, en Canarias, sin DUA, pagaría 27€, pero con DUA podrían resultarme desde unos asumibles 33€ hasta unos inaceptables 52€ y, lo que es peor, por lo general sin saberlo de antemano.
  • Ahora mi compra es de 50€. En la Península pagaría 50+21%de 50+3.4 = 63.9€. Y en Canarias, 50+7%50+5=58.5€, si no pagamos por la gestión del DUA. Pero si la pagamos, nos moveremos en un rango desconocido entre 64.5€ y 83.5€.
  • Podemos sacar una sencilla formulita para ver a partir de qué precio, para cada posible coste de la gestión del DUA y diferencia en el precio del transporte es más barato en Canarias que en la Península: Precio=7.14x(DUA+Dif_TRANSP). Por ejemplo en un caso optimista, si pago sólo 10€ más por gestión del DUA y transporte, a partir de 71.4€ de precio del bien me resultará más barato en Canarias. Pero si vamos al caso muy pesimista, de una diferencia de 30€, hasta 214.2€ me resultará más caro en Canarias que en la Península. Cuanto más barata sea la mercancía más perjudicado voy a estar por un coste de gestión del DUA desproporcionado (como vimos en los dos casos anteriores), y cuanto más cara sea, mejor me va a resultar comprar en Canarias, sin que el DUA me perturbe demasiado. Por ejemplo, si el precio de la mercancía son 1000€, me ahorraré en Canarias 140€-(DUA+dif_Transporte), esto es 130€ en el caso optimista y 110€ en el caso más pesimista.
  • Hasta ahora he asumido que los tipos de aplicación del IGIC y del IVA eran los generales (7% y 21%). Sin embargo, podríamos encontrarnos con tipos reducidos, superreducidos o, incluso, exenciones, más ventajosas en cualquier caso con el IGIC. También he supuesto que la compra no está sujeta al Arbitrio por Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM). Es lo más frecuente, pero indudablemente hay compras sujetas al mismo que explican, por ejemplo, la baja compra de bienes para el hogar por Intenet en Canarias. ¿Qué bienes están gravados por el AIEM y con qué tipos? Lo mejor es comprobarlo uno mismo en el Anexo II de la Ley del AIEM. Podemos ver que el tipo general es del 5%, que puede ser también del 10% o del 15% para algunos productos e, incluso, el 25% para los cigarrillos (mejor no fumar, en cualquier caso). Si lo añadimos al 7% de IGIC, nos encontramos con una imposición indirecta total del 12%, del 17%, o del 22% (para los fumadores del 32%), semejante por tanto a la del IVA, para ciertos productos que se producen también en Canarias. Pongamos algunos ejemplos de productos que uno podría pensar comprar por Internet, con el AIEM aplicable: vino (5%), ron y cerveza (15%), jamones (10%), embutidos (5%),  jabones, ropa de cama o de cocina y bañadores de fibras sintéticas (5%), ciertos materiales de construcción y pinturas -incluyendo artísticas- (5%), periódicos y publicaciones periódicas -pero no libros- (5%). Como puede verse, el AIEM no grava los productos que más habitualmente se adquieren mediante comercio electrónico y, además, en cualquier caso, tienen la misma repercusión que si los compramos presencialmente en un establecimiento comercial.
  •  La situación, en mi opinión, más preocupante, es la del pequeño vendedor on-line canario. Realmente, hoy por hoy, la oferta que podemos vender por Internet es en muy buena medida de pequeños artículos, por ejemplo, gastronómicos (vinos, quesos), o artesanales, o de otro tipo. Y, ciertamente, a quien compre un vino canario por el que pagó en sus vacaciones 20€ y al llegarle a casa le toque pagar 50€, difícilmente repetirá la experiencia. En productos caros ya hemos visto que el efecto del DUA se diluye, aunque aquí el IVA juega en contra del comprador exterior (y, por tanto, del exportador canario). Sin embargo, en el comercio las expectativas son muy importantes, especialmente en pequeñas compras a las que uno no les dedica tampoco demasiado tiempo de reflexión, y que pueden resultar en desagradables experiencias.

¿Tenemos que tener aduana?

Hoy por hoy esa pregunta es la misma que si tenemos que tener un régimen fiscal propio y diferencial. Tal vez en el futuro pueda concebirse tal régimen sin requerir trámites aduaneros, pero me temo que en la actualidad la normativa europea impone que los territorios que, como Canarias, están dentro del territorio aduanero pero fuera del espacio de armonización fiscal (donde no se aplica IVA), hayan de aplicar su imposición propia en una aduana, aunque no vaya a satisfacerse propiamente un derecho aduanero. Podría dar varios motivos por los que entiendo que tal exigencia debiera flexibilizarse, entre otras nuestra pertenencia al Mercado Único, o la propia previsión en la Directiva IVA de que los impuestos que se apliquen de forma diferencial sobre el consumo en los distintos territorios necesariamente se liquiden sin requerir trámite aduanero. Al menos sería deseable facilitar la autoliquidación de transacciones de pequeño volumen sin requerir trámite aduanero, apoyándose en las posibilidades que brinda actualmente la tecnología. Pero eso falta tiempo para que pueda lograrse.  Una vez que las transacciones entre Estados Miembros y la liquidación a distintas Administraciones Tributarias, tanto del IVA como de los impuestos especiales, esté suficientemente dinamizada, es posible que pueda introducirse con ciertas expectativas de éxito el debate, para que al menos en ciertas transacciones la experiencia del comercio electrónico intracomunitario sea aprovechable en la tributación de territorios especiales que, como Canarias, requieren un régimen fiscal propio.

Por ello, hoy por hoy, no creo que sea posible evitar el DUA, porque su cumplimentación es un trámite imperativo en la normativa europea de aduanas. Ya me gustaría pensar lo contrario…

Mi opinión es que debemos salvaguardar nuestro propio régimen económico y fiscal como un Fuero Canario. Creo que perderíamos mucho si renunciáramos a él, a pesar de que en ciertas transacciones pueda resultar incómodo. Pero no podemos olvidar los aspectos positivos. Por ejemplo, si estuviéramos en territorio de aplicación del IVA, el tipo mínimo general, por mandato de la Directiva Europea, sería del 15%, en vez de nuestro 7%. Además, la recaudación se repartiría entre el Estado y la Comunidad Autónoma al 50%, en vez de mantener el 100% en Canarias como pasa con el IGIC. Y, además, no sólo los tipos mínimos sino todos los demás estarían sujetos a reglas de armonización dictadas por la Comisión que probablemente supusieran una elevación de los fiscalidad indirecta en Canarias. además de que, en principio, sería el Estado quien determinara los tipos de aplicación dentro de los límites permitidos por la Comisión.

¿Qué medidas se han tomado para atemperar los efectos del DUA?

Hagamos un resumen, muy simplificado, de cómo funciona la compraventa entre el resto de España (salvo Ceuta y Melilla), donde el IVA es de aplicación, y Canarias. Consideramos las recientes medidas acordadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Gobierno de Canarias para formalizar el DUA: autodespacho en línea (en vigor desde el 22 de julio de 2014), y la supresión del DUA de exportación para envíos inferiores a 3.000€, así como la presentación del DUA de importación por el vendedor (ambas en vigor desde el 13 de enero de 2015).

  • Supongamos que soy un vendedor que está en la Península y recibo una petición de compra en mi página web desde Canarias. Al facturar no puedo aplicar el IVA, pues las exportaciones están exentas. Dado que no le repercuto al comprador el IVA que he soportado, habré de deducirlo en la oportuna declaración. Mi agente de transporte y aduanas tendrán que cumplimentar un DUA de exportación por mi cuenta pero, aquí viene el primer cambio, estaré exento de tal obligación si el envío es inferior a 3.000€. Al llegar a la aduana en Canarias, habrá de cumplimentarse un DUA de importación, junto con la liquidación de IGIC de importación y en su caso de AIEM, por cuenta del comprador y, aquí viene el segundo cambio, pues puedo encargarme yo como vendedor de hacerlo por cuenta del comprador. Esto es, no es necesario dejar en manos de intermediarios la cumplimentación que repercuten en conceptos de gastos de gestión del despacho lo que consideran oportuno. Por tanto, está en mi mano como vendedor presentarle una oferta al comprador dándole a conocer el coste final que tendrá su compra, sin perjuicio de que sería deseable que, si no quiero ocuparme de tal gestión del despacho de la importación, informe al comprador del coste de gestión que le cargarán mis transportistas. Pero, además, el comprador, y este es el tercer cambio, tiene el derecho de hacer por sí mismo la gestión mediante la oportuna autoliquidación, de modo que, en tal caso, no tendrá que realizar ningún pago por la gestión del DUA. Para ello simplemente necesitará la identificación del envío.
  • ¿Y si soy un vendedor que está en Canarias y vende en la Península? Pues se hace el circuito inverso: exporto sin facturar IGIC y deduciré el IGIC soportado y no repercutido, no tendré que cumplimentar DUA de exportación si el envío es inferior a 3.000€, y podré cumplimentar el DUA de importación y la liquidación de IVA, por cuenta del comprador. Si no quiero hacerlo, simplemente debiera darle una información al comprador de los costes que podrá esperar si le deja la gestión a la empresa de transportes. Además, le informaré de que puede realizar un autodespacho él mismo, que le permitirá ahorrarse el coste de gestión del DUA de importación.
  • Ahora soy un comprador, canario o peninsular. Las opciones que tengo se pueden extraer de lo anterior. Si el vendedor me ofrece, hacerse cargo de la gestión del DUA, debe indicarme si me supondrá un coste adicional. Si no lo hace, debería informarme de qué costes puedo esperar por la gestión del DUA de importación por parte del transportista.

¿Están resultando efectivas estas medidas?

Desde luego, no tanto como sería deseable. Creo que el problema no está en las medidas, que me parecen oportunas, sino en la gestión de las mismas y en la aparición de nuevos costes y barreras difíciles de entender.

Por ejemplo, no queda claro de qué manera el comprador ejerce desde un principio su derecho a realizar el autodespacho. En mi opinión, desde el momento de realizar la compra debiera tener la oportunidad de decirlo, y evitar que el transportista asuma automáticamente una representación indirecta (que ejerce en nombre propio, pero por cuenta del comprador). De otro modo puede encontrarse con un cargo por “cesión documental”, algo que parece haber sido habitual cuando los compradores reclaman su derecho de hacerse ellos cargo. Además, el comprador debe esperar a que la mercancía llegue al Almacén de Depósito Temporal (ADT), en la aduana, momento en el cual el transportista tiene que cumplimentar la Declaración Sumaria de Depósito Temporal (DSDT), y proporcionar al comprador el correspondiente número de referencia. Este número es el que hay que utilizar para formalizar la declaración del DUA, tras la cual la aduana remitirá al declarante (comprador) el circuito, verde si no hay problema, naranja o rojo si hay que proceder a una inspección física. Si el circuito es verde, el comprador debe realizar el pago de IGIC y, en su caso, AIEM que corresponda, momento en que recibirá el levante (justificación del pago y autorización de disposición de las mercancías), que tiene que remitir al transportista para que recoja la mercancía y la lleve al domicilio de entrega.

Este procedimiento puede ser tan sencillo o tan complicado como los operadores intermedios deseen. Todo se hace telemáticamente, y los transportes de mercancías están totalmente automatizados. Pero si quiere dificultar el derecho del comprador a realizar el autodespacho, es muy fácil hacerlo.

El interés de vendedores y compradores (y del conjunto de la economía) es, sin duda, que se faciliten las transacciones comerciales. También es su derecho, al menos que éstas no se obstaculicen innecesariamente. Todo el mundo debiera tenerlo claro.

Por otro lado, hemos asistido a un incremento de costes de transporte, a la aplicación de gastos variables en la gestión del DUA en función del precio de la mercancía (¿por qué?), hay algún coste cuyo sentido no es sencillo entender, como el factaje (aparentemente gastos de administración y custodia que te aplican si gestionas tú el DUA por vía telemática), y continúa en muchos casos una imposibilidad real de conocer de antemano los costes totales de gestión aduanera, así como su justificación, que pueden repercutirse en los envíos. En fin, es como si en el supermercado se niegan a decirte el precio del agua hasta que no tienes más remedio que pagarla…

¿Por qué hay comercios electrónicos que no venden en Canarias?

Realmente no lo sé. A fin de cuentas, los costes los soporta el consumidor. Es cierto que el consumidor puede devolver la mercancía, cuando se encuentre con un sobrecoste que no esperaba. Pero también es cierto que el derecho de desistimiento asiste a todos los compradores por vía electrónica, no sólo a los canarios, y que además les toca a éstos costear los gastos de devolución, aunque no los de envío. De alguna manera, ante el ejercicio del derecho de desistimiento pierden comprador y vendedor. Y se trata de un derecho; el comercio no puede limitar el servicio a un colectivo o a una persona porque piense que lo va a ejercer.

Probablemente la razón sea simplemente que muchos comercios piensen que no les compensa dedicarle un tiempo a entender cómo realizar un venta a Canarias, simple y llanamente porque el mercado es relativamente pequeño. Pero no podemos olvidar que Canarias está dentro del Mercado Único, y que simplemente aplica un régimen fiscal propio, plenamente reconocido en el Derecho español y Europeo.

¿Y qué podemos esperar del futuro?

Desde luego, l@s canari@s no podemos conformarnos con una situación que dificulta nuestra integración y la de nuestras empresas en la sociedad de la información y en la economía global. Y ello debemos hacerlo en el marco de nuestra reconocida especificidad pues, tal Fuero Canario, existe por realidad geográfica, por necesidad y por Historia. Y así lo admiten la Unión Europea y España. En cada momento habrá que adaptarlo a las circunstancias, sin duda, reformar los elementos que queden atrás, pero no convertirlo en el chivo expiatorio de circunstancias que le son ajenas. Y, ya lo dije antes, creo que la tecnología permite que se facilite enormemente la gestión tributaria asociada al intercambio de bienes y servicios entre territorios con distintas fiscalidades, pero dentro del Mercado Único Europeo en todo caso, evitando de forma proporcionada los riesgos de fraudes. Aunque también creo que llevará su tiempo la adaptación normativa que aproveche plena y eficazmente tales potencialidades, pues emana del Derecho Europeo, transpuesto y principalmente desarrollado por la legislación estatal.

No debemos olvidar que existe una prolija normativa de protección tanto del tráfico comercial como de los derechos de los consumidores. Y que tiene que cumplirse (y exigirse) también en el comercio electrónico. Aunque publicaré una entrada específica sobre este asunto, aquí van unas pinceladas:

  • Texto refundido de la ley general de consumidores y usuarios: cláusulas abusivas (Arts. 82 y ss.), El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales (Art. 97.1e), derecho de desistimiento (Arts. 102 y ss.)
  • Ley de ordenación del comercio minorista: libre circulación de mercancías dentro de España (Art. 4), obligación de vender (Art. 9), posibilidad de fijar precios por el Gobierno del Estado si existen obstáculos graves al funcionamiento del mercado (Art. 13.2d).
  • Ley de competencia desleal: El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada (Art. 16.1), prácticas desleales y engañosas con los consumidores (Arts. 19 y ss.)
  • Ley sobre condiciones generales de contratación
  • Ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico: contratación electrónica (Arts. 23 y ss.).

También he de mencionar que Coalición Canaria presentó, en las Cortes Generales, una enmienda en la reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que no fue aceptada, y que, al menos en parte, aclaraba la obligatoriedad de atender debidamente a los consumidores canarios por vía electrónica. Puede verse su contenido en una página lateral de este mismo blog.

Por último quisiera mencionar que han surgido algunas plataformas on-line que intentan prestar servicios on-line mitigando las dificultades mencionadas, por ejemplo, ClickCanarias.com e iCanduty.com. Los blogs de ambas empresas están referenciados en los enlaces que proporcioné al principio de esta entrada.

Los retos del comercio electrónico

Llevaba ya algún tiempo con el propósito de escribir sobre el comercio electrónico. Es un asunto de enormemente complejo, con muchísimas implicaciones que, ni mucho menos, son evidentes. Pero que está llamado a provocar -ya lo está haciendo- la mayor globalización económica de la Historia, además, en un muy breve intervalo temporal. De forma complementaria, al tiempo que esta entrada, he publicado “Las particularidades del comercio electrónico en Canarias“. Los datos están ahí, son bien conocidos y fácilmente accesibles. Daré algunas pinceladas:

  • El 15% del volumen de facturación de las empresas europeas en 2014 fue mediante comercio electrónico, cifra en la que se sitúa España, por delante de Alemania (13%) o Italia (7%), pero por detrás de Irlanda (52%), República Checa (29%), Hungría (20%) o Reino Unido (20%).  Parece lógico que economías industriales, productoras de bienes de equipo, tengan una menor participación del comercio electrónico en el volumen de negocio total de las empresas, al tiempo que llama la atención la capacidad de incorporarse al comercio electrónico de las economías checa y húngara, por no hablar de Irlanda, que en sólo dos años pasó de un reseñable 21% al impresionante 52% actual. Sería interesante disponer del porcentaje de Luxemburgo en 2014, aunque en Eurostat sólo he podido obtener el dato de 2012 (21%), a la vista de la controversia por el trato fiscal que allí reciben algunas plataformas de venta on-line.
  • En España, conforme al Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2013 (B2C es Bussiness to Consumer, esto es transacciones comerciales con consumidores), del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), el comercio electrónico B2C creció un 18% anual desde 2012, alcanzándose un volumen de 14.260 millones de euros. Se compraron sobre todo, y por este orden, billetes de avión, paquetes turísticos, ropa y artículos deportivos, entradas a espectáculos, seguido a distancia de equipos electrónicos, apps, smartphones y tabletas, y películas, música y vídeojuegos. Es interesante referir también el Informe sobre el Comercio Electrónico en España a través de Entidades de Medios de Pago (primer cuatrimestre de 2014), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), muestra un 26.8% de crecimiento interanual, un mantenimiento de los servicios turísticos y de transporte aéreo a la cabeza de la contratación electrónica, y la siguiente distribución geográfica por volumen de negocio: un 40.4% corresponde al mercado interior español, un 42.7% a compras hechas desde España en el exterior (de las cuales, un 89.4% en la UE), y un 16.9% a ventas hechas desde España al exterior (de la cuales, un 74.5% se hicieron a la UE). Todo ello da lugar a un déficit comercial de 925 millones de euros en el primer trimestre de 2014.
  • En cuanto a Canarias, el Informe del Comercio Electrónico (edición actualizada a diciembre de 2014), del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI), muestra un incremento del 36%, entre 2012 y 2013, del volumen de comercio electrónico, recuperándose de la fuerte caída del año anterior. Sin embargo, la población que usa ese canal de compra es sólo el 27.1%, inferior a la media española (37.5%) y a la europea (50.2%). Aunque un juicio apresurado puede llevar a pensar que la diferencia se debe a la introducción de mercancías en Canarias, lo cierto es que en la comercialización electrónica de servicios intangibles hay una mayor diferencia que de bienes corporales. Por ejemplo, si el 54.1%, el 46.1% y el 42.0%  de los cibercompradores españoles han comprado, respectivamente, alojamientos de vacaciones, servicios para viajes y entradas para espectáculos, en Canarias sólo lo han hecho el 39.2%, el 39.4% y el 14.2%. Sin embargo, si nos referimos a ropa y artículos deportivos, por un lado, y a equipamiento electrónico, por el otro, las diferencias entre la media española y Canarias se acortan: 42.9% vs. 39.4% y 21.8% vs. 18.6%. Es indudable que, además de las dificultades en la entrega de mercancías, hay otros factores, posiblemente de carácter socioeconómico, que están ocasionando una brecha en el comercio electrónico entre los canarios y el resto de los españoles.

El comercio electrónico supone una auténtica revolución conceptual en la milenaria práctica del comercio. Y ello es así, principalmente, por dos cuestiones:

  •  En las compras realizadas por consumidores, el comercio electrónico acorta enormemente la cadena comercial. Hasta no hace tanto tiempo, si uno quería comprar algo que no se vendiera en un comercio cercano, probablemente se “lo mandaría a pedir”. ¿Tienen tal libro? No, pero si lo desea se lo mando a pedir… ¿Cuántas veces lo habremos hecho en nuestras vidas? Ahora simplemente, lo hacemos desde el ordenador. Con libros, o con cualquier otra mercancía. Dependiendo del origen del producto, tardará un poco más o un poco menos. Tal vez nos encontremos con algún cargo inesperado de aduana. Pero lo cierto, es que lo tendremos antes y más  barato de lo que hubiéramos podido soñar hace pocos años.
  • A través de la red no sólo se compran y venden vienes tangibles. También puede comprarse o venderse servicios, bienes incorporales e, incluso, trabajo. Podemos recibir clases por la red, podemos consultar a un abogado, podemos contratar u ofrecer servicios de consultoría. También una versión electrónica del libro anterior. Incluso es posible contratar trabajo: por ejemplo, abundan los sitios web que ofertan programadores informáticos a distancia.

Es fácil ver que el comercio electrónico, al tiempo que hace crecer las transacciones comerciales, las oportunidades de los productores y la satisfacción de los consumidores, plantea complejos problemas. Por ejemplo:

  • En el comercio electrónico internacional de servicios electrónicos, ¿han de exigirse derechos de aduana? ¿y qué pasa con los bienes incorporales?
  • ¿Cuál es el marco tributario al que están sujetos un programador on-line que hace su trabajo, digamos que desde la India, y su contratante, por ejemplo, un profesional autónomo europeo?
  • Si estamos dentro del Mercado Único Europeo, ¿cómo se gravan los bienes y servicios que son contratados electrónicamente? ¿conforme al régimen tributario del Estado desde el que se proporciona el bien o servicio, o del que lo recibe? No sólo los tipos de gravamen del IVA pueden ser diferentes, sino que, además, existen impuestos especiales que gravan consumos específicos. Cierto que hay una armonización fiscal en la UE, pero cierto es también que no existe una unificación fiscal pues los gravámenes y las administraciones tributarias varían de territorio en territorio, incluso a veces dentro de un mismo Estado Miembro. Y difícilmente esto cambiará, pues los Estados Miembros, y muchas veces sus regiones, desearán mantener el instrumento de la política fiscal bajo su control.
  • Y, siguiendo dentro del Mercado Único, ¿qué pasa con los territorios europeos que estando dentro de la Unión Aduanera se mantienen fuera del territorio de armonización fiscal? ¿Cómo han de hacer para poder seguir aplicando un régimen fiscal propio, admitido por cuestión de necesidad, sin que se vea resentida su integración en el Mercado Único Europeo? En España es el caso de Canarias. No así el de Ceuta y Melilla pues, al estar ambas ciudades autónomas fuera de la Unión Aduanera, van a tener una situación similar a la de la entrega o adquisición a o desde terceros países.

Cuestiones como las apuntadas han preocupado desde hace años a los organismos internacionales. Se trata, en definitivas cuentas, de que el comercio electrónico contribuya efectivamente al crecimiento de la economía mundial, superando múltiples barreras ocultas y sin generar desequilibrios perniciosos. Ello ha dado lugar a la Ley Modelo del Comercio Electrónico (1996) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y al Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico, impulsado en 1998 por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De muy particular importancia son los aspectos fiscales del comercio electrónico. Los tributos que efectivamente hayan de afrontar los adquirientes de bienes y servicios cuando compran en su país o en el exterior, pueden desequilibrar los precios al extremo de suponer una competencia desleal, tanto en relación al comercio convencional como en relación a los productores que se ven obligados a repercutir mayores gravámenes por razón del territorio donde están establecidos. Si desde un territorio se ofertan bienes y servicios en unas condiciones en las que las que los impuestos repercutidos en el precio final son extremadamente bajos, habrá un desplazamiento de los vendedores a tal territorio, al tiempo que los vendedores del país desde el que se haga la compra no podrán competir con ellos (ya mencionamos más arriba de la controversia con Luxemburgo y ciertas plataformas de venta on-line). El otro extremo, el de la doble imposición, es igualmente pernicioso, pues haría inviable la venta por quienes tuvieran que repercutir ambas en el precio final. Entre estas dos situaciones extremas, podemos encontrar toda una compleja casuística intermedia. La OCDE ha publicado una serie de documentos sobre los aspectos fiscales del comercio electrónico, habiendo fijado en un informe de 1998 lo que debieran ser los principios fiscales de tal actividad:

  1. Neutralidad: la fiscalidad aplicable al comercio electrónico debiera de ser equivalente a la del comercio convencional, de modo que las decisiones de empresas y consumidores estén guiadas por razones económicas, y no fiscales. Por tanto, los contribuyentes deben estar gravados de manera similar cuando sus transacciones comerciales también lo son. De otro modo, se generarán fallos de mercado que afectarán a vendedores, adquirientes y territorios de muy desigual manera.
  2. Eficiencia: los costes necesarios para el cumplimiento de la obligación tributaria, así como los costes ocasionados a la Administración deben ser los mínimos posibles. Esto es de suma importancia por cuanto, incluso dentro del Mercado Único Europeo, existen diferencias sustanciales en la fiscalidad aplicable entre territorios.
  3. Certidumbre y simplicidad: las normas fiscales deben ser suficientemente claras para que los adquirientes sepan en qué costes incurrirán de antemano. Las desagradables sorpresas impositivas o de costes asociados en las aduanas deben de ser eliminadas.
  4. Efectividad y justicia: el sistema tributario debe ser justo, minimizando el riesgo de la evasión fiscal mediante medidas proporcionadas a los riesgos potenciales.
  5. Flexibilidad: los sistemas fiscales deben ser dinámicos y flexibles para acomodarse a la rápida evolución tanto tecnológica como comercial.

Debemos añadir a todo ello el acuerdo de la OMC en relación a que la prestación de servicios electrónicos no esté sujeta a derechos de aduana.

Si tales son los principios para el comercio electrónico internacional de bienes y servicios, razón de más para que los mismos se apliquen dentro de la Unión Europea y, particularmente, dentro de la Unión Aduanera y del Mercado Único.

Pero, ¿qué quiere decir todo esto en la práctica? Veámoslo con algunos ejemplos, y su aplicación en la Unión Europea tras la nueva redacción consolidada, de enero de este año, de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del Impuesto del Valor Añadido (DIVA), y su trasposición en España mediante la Ley 37/1992 del Impuesto del Valor Añadido (LIVA), igualmente actualizada y consolidada. Se consideran las siguientes situaciones (hechos imponibles):

– Entrega de bienes corporales. Por lo general, el comprador es un consumidor y el vendedor (una empresa o profesional) está en otro Estado miembro de la UE, o comprador y vendedor son ambos empresas o profesionales y están en el mismo Estado miembro.

  • Si comprador y vendedor están en el mismo Estado Miembro, siempre dentro del área de armonización fiscal del IVA, por ejemplo en Alicante y Madrid, no hay ningún problema (Arts. 31 DIVA y 68 LIVA). Pero si comprador o vendedor están en Canarias y la contraparte en otro punto de España o de la Unión Europea, habrá una exportación seguida de una importación, aún cuando ambos están dentro de la Unión Europea, del Mercado Único y de la Unión Aduanera, ya que Canarias está fuera del área de armonización fiscal y no tiene IVA sino un impuesto diferente, el impuesto general indirecto canario (IGIC). Lógicamente, si comprador y vendedor están ambos en Canarias, tampoco hay mayor problema.
  • Supongamos que el comprador está en Granada y es un consumidor (no una empresa) que compra bienes a un comercio electrónico que está en Berlín, ambos por tanto dentro del área de armonización fiscal del IVA. Aquí no hay ni exportación ni importación, pues, conforme al principio de neutralidad, el gravamen que debiera aplicarse a los impuestos armonizados es el que pagaría el consumidor en Granada (21%) si comprara en una tienda física en su misma ciudad y no en Alemania (en general, el 19%). El problema es cómo cumple con su obligación tributaria en España el sujeto pasivo (el vendedor) que está en Berlín. El Art. 33.1 Directiva IVA dispone que el lugar de entrega de bienes se entiende hecha dónde esté el consumidor. Por tanto la empresa Berlinesa, debe estar dada de alta en el IVA en España para realizar la correspondiente liquidación, de forma cómoda y transparente para el usuario que simplemente verá repercutido en su factura el tipo de IVA que para tal compra corresponda en España. Adviértase que, si no fuera así, habría un flujo de renta de España (principalmente consumidor) a Alemania (principalmente productor) por una imposición tributaria indirecta que no estaría cumpliendo con su función.
  • Pero claro, estar dado de alta ante varias Administraciones Tributarias puede comportar ciertas exigencias y una complejidad en la gestión, inasumibles para pequeños vendedores, que quedarían excluidos del comercio electrónico intracomunitario. Por ello, conforme al principio de eficiencia, el Art. 34 DIVA prevé que cuando el conjunto de las entregas a lo largo de un año hechas por el vendedor en otro Estado Miembro no superen los 100.000€ (que bajo ciertas circunstancias pueden bajarse hasta 35.000€, como es el caso de España -Art. 68.3 LIVA-), el vendedor tendrá libertad de optar por liquidar el IVA en el país desde el que realice la venta. Por tanto, si se trata de un pequeño vendedor, nuestro comprador podrá encontrarse con un tipo impositivo diferente al que esperaría normalmente en su país de residencia.

– Adquisiciones intracomunitarias de bienes. En este caso comprador y vendedor son empresas y están en distintos Estados Miembros, siempre dentro del área de armonización fiscal. En general, la liquidación del IVA se hace atendiendo al lugar en el que se recibe la mercancía (Arts. 41 DIVA y 71 LIVA).

– Entrega de servicios y bienes incorporales. La regla general es que la prestación se entrega en el lugar donde esté el proveedor del servicio, gravándose la prestación conforme al tipo de IVA de dicho lugar. Esto es así, por ejemplo, si se contrata a un consultor, o a un abogado, aunque se haga por medios electrónicos. También es éste el caso si se contratan “servicios de disfrute”, incluso  (educativos, ocio, restauración,…) aunque se haga electrónicamente.

Sin embargo, hay excepciones importantes, especialmente los servicios prestados on-line a un consumidor o usuario, que se entienden prestados íntegramente por medios electrónicos y a distancia. No caben en esta categoría servicios off-line que comporten la entrega de un bien corporal (calificados como entregas de bienes), o la realización de un trabajo o una atención personal in-situ, entre otros. El lugar de entrega de los servicios on-line es el de residencia del comprador. Entre ellos (Art. 58 DIVA):

  • Servicios prestados por vía electrónica: se incluyen en esta categoría varias clases de prestaciones muy diferentes entre sí. Por ejemplo, los servicios de intermediación de la sociedad de la información (hosting, housing,..), pero también otros que realmente son bienes incorporales, pero no propiamente servicios: música, películas, libros, contenidos educativos… Hasta el año 2015, esta oferta se gravaba en el lugar del prestador, lo que dio lugar a que, atraídas por la baja tributación de ciertos territorios, las plataformas on-line se establecieran en ellos, aunque mayormente vendieran y consecuentemente provocaran una recaudación del IVA proveniente principalmente del exterior de los mismos. Piénsese, por ejemplo, en la controversia creada por Luxemburgo y Amazon. Habrá que ver, en la práctica, de qué manera se evita el fraude fiscal mediante la colaboración de las Agencias tributarias de los distintos Estados miembros.
  • Servicios de telecomunicación.
  • Servicios de radiodifusión y televisión.

Importaciones de bienes

  • Supongamos ahora que compramos a un vendedor europeo desde Canarias, territorio integrado en la Unión Aduanera, pero no en el territorio de armonización fiscal europeo y donde no se aplica la Directiva IVA. En esta situación están (Art. 5 DIVA) las regiones ultraperiféricas (RUP) españolas y francesas (en España sólo Canarias es RUP), las Islas Aland (Finlandia), las Islas del Canal (vinculado al Reino Unido, pero con un régimen muy particular) y el Monte Athos (Grecia, caso todavía más particular). En estos casos nunca se aplica el impuesto en el lugar del vendedor y, a los efectos, la situación es equivalente a una importación, aunque sin requerir derechos aduaneros (Art. 278 DIVA). Por ejemplo, en una compra hecha desde Canarias, el vendedor español o europeo remitirá la mercancía, pasará por la aduana a efectos de liquidar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de importación y, en su caso, el Arbitrio a la Importación y a la Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) y, para ello, se hará una declaración mediante el habitual Documento Único Administrativo Aduanero (DUA), que podrá añadir un coste de gestión adicional a la compra. El tipo general del IGIC es del 7%, frente al 21% del IVA, y el AIEM sólo se aplica a ciertos productos. Por ello, el comprador electrónico canario afrontará un IGIC del 7%, en algunos casos (relativamente pocos en los bienes usualmente adquiridos por comercio electrónico) el tipo correspondiente del AIEM (hay que conocer la norma para saber el tipo que aplica en cada caso), autorizado por la UE hasta 2020, y el coste de gestión por la cumplimentación del DUA. ¿Y si se vende desde Canarias? Pues se sigue el camino inverso (Art. 274 DIVA): el comprador español o europeo pagará IVA de importación (21%) y los costes de gestión del DUA. Al tiempo que éste, he publicado un post con la problemática particular de Canarias en el comercio electrónico.
  • Supongamos que ahora se compran bienes en un comercio electrónico de un tercer país, por ejemplo EEUU. Ni en Alicante ni en Canarias se repercuten impuestos indirectos de EEUU, sino que se paga el arancel aduanero común y los costes asociados a la gestión del DUA, y, en el primer caso, se paga IVA de importación (21%, en general), y, en el segundo, el IGIC (7%, en general) y, cuando corresponda, según el producto, el AIEM. ¿Y si vende con destino a EEUU? Pues se sigue la lógica inversa. No se aplicarán impuestos indirectos a la venta (pues están pensados para gravar el consumo local), y el comprador se hará cargo de los costes arancelarios, aduaneros y tributarios que le correspondan en EEUU. ¿Y qué pasa con territorios de la UE que no están integrados en la Unión Aduanera, en España Ceuta y Melilla? (junto con la isla de Heligoland y el territorio de Büsingen, en Alemania, Livigno, Campione d’Italia y las aguas italianas del lago Lugano, en Italia). Pues que las transacciones son semejantes a las que se hagan al importar o exportar desde un país tercero

Lo anterior son tan sólo algunas consideraciones que permiten mostrar la complejidad del comercio electrónico. Han quedado muchas cosas por mencionar, como la afección a los derechos de propiedad intelectual, la protección de los derechos del consumidor, entre otras. Si lo desean, pueden consultar la entrada “Las particularidades del comercio electrónico en Canarias“, en el que profundizo en algunas de estas cuestiones, aunque desde la óptica de quien compra o vende desde Canarias.

Ciencia para vivencias: innovación en los servicios

Esta semana tuve la oportunidad de participar en la conferencia del nuevo Centro Europeo de Innovación en Servicios (ESIC es su acrónimo inglés), promovido por la Comisión Europea. En esta primera etapa de ESIC, la Comisión seleccionó seis regiones europeas para desarrollar modelos de referencia que fueran de utilidad para fomentar la innovación en el sector de los servicios. Las regiones elegidas fueron Canarias, Luxemburgo, Irlanda del Norte, Emilia-Romagna, Limburgo y Alta Austria, y en la conferencia, que se celebró en Helsinki los días 9 y 10 de septiembre, se presentaron los resultados del trabajo realizado por ESIC con ellas durante los últimos dos años.

Pero, ¿en qué consiste la innovación en los servicios? ¿Se trata simplemente de una nueva idea, abstracta y alejada del mundo práctico promovida por la burocracia comunitaria?

Pudiera tal vez parecer exagerada la importancia que actualmente se le presta, de forma específica y diferenciada, a la innovación en los servicios. Seguramente pudiera también parecer contradictorio que sea justamente la Dirección General de Industria de la Comisión Europea quien promueve el Centro ESIC de innovación en servicios. Sin embargo, en este blog ya hemos tenido oportunidad de debatir varias veces no sólo sobre innovación en general, por ejemplo en ¡Qué pesados con la innovación!, sino particularmente sobre la innovación asociada a los nuevos servicios de la sociedad de la información, por ejemplo en ¿Qué son las TICs? o Territorios Inteligentes.

Durante demasiado tiempo fue predominante la exclusiva asociación de la innovación a la actividad industrial. No es de extrañar. La I+D empresarial era desarrollada tradicionalmente por empresas industriales, y las políticas públicas de fomento de la innovación atendían sus necesidades. Esta circunstancia hizo que los planes nacionales y marco europeos de I+D tuvieran un enorme sesgo industrial que, en la práctica, los hacía casi inútiles para las regiones con economías que tenían menor desarrollo del sector secundario, pero eran pujantes en los servicios y, muy especialmente, en el turismo. No es casualidad que los peores indicadores en I+D+i de España le correspondan a las dos CCAA con mayor desarrollo turístico: Canarias y Baleares. Es más, los indicadores de I+D de Baleares son aún peores que los de Canarias, circunstancia llamativa por cuanto Baleares tiene una renta per capita elevada, apreciablemente superior a la canaria, y muy potentes grupos empresariales.

Ya sabemos lo que es innovar. Lo hemos discutido en posts anteriores. Simple y llanamente consiste en poner neuronas a disposición de la mejora tecnológica, sí, pero también de la organizativa y comercial para que las empresas consigan productos y servicios más atractivos que los de los competidores, y costes de producción inferiores, sin para ello tener que reducir los salarios.

La necesidad de innovar en los servicios, particularmente en el turismo, era reconocida en Canarias (también en Baleares) desde hace ya bastantes años, aunque ello frecuentemente no era el caso en los foros donde se debatían y diseñaban las políticas de innovación. Simplemente las regiones turísticas estábamos fuera del mapa europeo y español de la innovación, aunque, al menos, desde el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000, la innovación era considerada clave para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, generadora de empleo de calidad y crecimiento sostenible. ¿Por qué se pensaba que no era apta la innovación para la actividad turística? ¿Tal vez porque el turismo no era tan importante para las regiones industrializadas, que se beneficiaban casi en exclusiva de los cada vez más cuantiosos fondos destinados a la I+D+i? ¿O simplemente no se quería ni siquiera pensar en el asunto, seguramente por una pura inercia?

Cierto, debo ser comprensivo. Es posible que antes de mi paso desde la Universidad al Instituto Tecnológico de Canarias, en abril de 2004, yo tampoco reflexionara demasiado en cómo la I+D+i podía ser de utilidad para el turismo, columna vertebral de la economía canaria. No tenía duda en la necesidad de innovar en algunos servicios, por ejemplo en el sanitario. De hecho, durante los diez años anteriores me especialicé en tecnología médica, cuatro de los cuales tuve la oportunidad de tener una intensa colaboración en el marco de un programa conjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, el departamento de radiología del Hospital Brigham & Women’s de Boston y el Instituto Tecnológico de Massachussetts. Ya en ese momento pude apreciar la importancia de la innovación organizativa: integrar un equipo de científicos, ingenieros y médicos en el seno de un hospital clínico para desarrollar nueva tecnología que mejorara el servicio sanitario y, con ello, le proporcionará a varias empresas tecnológicas colaboradoras pruebas de concepto para desarrollar y comercializar nuevos equipos tecnológicos no era tarea sencilla. Ni siquiera en EEUU siendo todos los participantes entidades privadas de elevada reputación científica  aunque, eso sí, con sustanciosas ayudas públicas de la National Science Foundation (NSF) y del National Institute of Health (NIH).

Claro, podrán pensar muchos. Es indudable, por evidente, la importancia de la tecnología en la atención sanitaria, pero cuando menos no es obvia en la actividad turística. ¿O sí? Francamente, creo que en el tiempo en el que vivimos no debiera haber dudas racionales al respecto. Continuemos.

Los servicios, en muy buena medida, consisten en ofertar vivencias, experiencias. Unas buenas y deseadas. Otras indeseadas, aunque mitigadoras de nuestros males. Nadie se somete a una operación quirúrgica por gusto y, cuando no le queda más remedio que hacerlo, desea que la vivencia sea lo menos traumática posible. Por el contrario casi cualquier persona disfruta pudiendo irse unos días de vacaciones, y confía en que su elección de destino, alojamiento, actividades, gastronomía y demás sea realmente gratificante y de su gusto. Justamente, para conseguir estos y muchos otros fines semejantes es necesario innovar en los servicios prestados, por supuesto, apoyándose en la tecnología que, no lo olvidemos, es instrumental y no un fin en sí misma.

Sin embargo, estas ideas no eran predominantes hace tan sólo diez años. Recuerdo haber leído por esa época un informe encargado por la Comisión Europea en el que atribuía una buena parte de la brecha de productividad, favorable para EEUU en relación a Europa, justamente al mejor desempeño allí de la innovación en los servicios. En cualquier caso, seguía predominando en Europa y España la concepción de la I+D+i vinculada, casi de forma exclusiva a la industria. Es más, costó mucho que tal concepción evolucionara, tanto en Europa como en España. Recuerdo muy bien cuando se estaba elaborando el VI Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011, pues fui designado experto autonómico, en representación de Canarias, para participar en su elaboración. Y recuerdo también perfectamente la instrucción que me dio el tristemente fallecido presidente Adán Martín: tienes que hacer lo posible para que el turismo sea incluido en el nuevo Plan Nacional de I+D+i. Nos pusimos para ello de acuerdo con Baleares y logramos que varias CCAA respaldaran nuestra propuesta. Y conseguimos que el plan mencionara expresamente el sector turístico, no sin cierta resistencia por parte de varios expertos independientes, mayormente provenientes del ámbito académico científico-tecnológico. En particular se incluían “Actuaciones específicas destinadas a la I+D+I en sectores de servicios como el turismo. El nuevo Plan Nacional fomentará la innovación en regiones con un peso importante del sector servicios, como en Canarias y Baleares“. Desafortunadamente estas posibilidades fueron apenas utilizadas por empresas turísticas, pero su mera existencia supuso un significativo primer paso. Francamente, al menos desde 2004, nunca alcancé a entender la resistencia para dedicar recursos a la innovación en el sector turístico en España, siendo un sector enormemente importante de su economía, y simplemente crucial para Canarias y Baleares.

Creo que es interesante reflexionar por qué, ahora, parece que casi todo el mundo está de acuerdo en la importancia de la innovación en los servicios, y por qué se diseñan programas públicos, incluso a nivel europeo, para su fomento. Sin duda una pista importante la proporciona el hecho de que sea, justamente, la Dirección General de Industria de la Comisión quien promueva el Centro Europeo de Innovación en Servicios (ESIC).

Simplemente, ya no se pueden separar la manufactura de los servicios como se hacía antaño. En nuestro mundo tecnológico las personas demandan constantemente nuevas experiencias y vivencias. La inteligencia de mercado se orienta a qué nuevos servicios pueden ser atractivos para satisfacer más y mejores vivencias por parte del público. Y la tecnología se desarrolla para tal fin. El cambio, verdaderamente revolucionario, lo han provocado las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Curiosamente, mientras las TICs fueron sólo una innovación tecnológica, eran frecuentemente insuficientes para satisfacer tanto las necesidades empresariales como los deseos lúdicos de la población. Se requirieron innovaciones organizativas para que las TICs fueran realmente útiles en el puesto de trabajo. Y se requirió la creatividad de personas imaginativas, orientada hacia eso que ahora llamamos innovación abierta (open innovation), para imaginar nuevos, mejores y, frecuentemente, irresistibles servicios para el público en general. Después sería cuestión de los ingenieros desarrollar y afinar la tecnología para hacerlos posibles a gran escala. Tal vez esa haya sido la contribución genial de Steve Jobs, imaginar nuevas experiencias que la tecnología pudiera satisfacer. Y pedirle a sus ingenieros que la desarrollaran, una vez la había concebido. Y esa marcha es ahora imparable: día tras día, nos encontramos con nuevos servicios ofrecidos desde la “nube” que revolucionan nuestra forma de relacionarnos y, con ello, nuestras vivencias.

Volvamos al turismo y, para ello, voy a aprovechar la muy gratificante vivencia que he tenido junto con mi familia durante dos semanas este verano. Mi mujer y yo queríamos hacer un viaje con nuestros hijos, ya casi adolescentes. Sí, ya se sabe, crecen rápido y después ya es muy tarde para poderlo hacer… Buscábamos una combinación de patrimonio histórico, naturaleza y buena oferta gastronómica. Hace años los dos nos habíamos dado una escapada a Extremadura y, en principio, nos parecía una buena opción. Primero hicimos un rastreo rápido en Internet. La ruta de la Plata, con Mérida, Cáceres, Plasencia, seguro que eran excelentes opciones. ¿Y la naturaleza? Los valles del Jerte y del Ambroz, la Vera, Monfragüe,… Algunos sitios los conocíamos, de otros teníamos alguna referencia, o ninguna. Unas rápidas búsquedas en Google nos ayudaron a centrar ideas: haríamos la Ruta de la Plata completa, desde Mérida, en Badajoz, hasta Astorga, en León. Pero nos desviaríamos en varios puntos, para no dejar de conocer algunos parajes naturales y, también, visitar algunas localidades históricas. Seguidamente teníamos que ver dónde nos podíamos alojar, y si tales opciones entraban en nuestro presupuesto. Para ello resultaron muy útiles los comentarios que había en redes sociales especializadas. Igualmente hicimos con nuestras opciones de transporte. Ello nos permitió, por ejemplo, seleccionar un apartamento turístico en Mérida, un hostal en Cáceres y una casa rural en Baños de Montemayor. Conseguimos buenos precios, y los comentarios de clientes anteriores fueron determinantes para no errar en la selección: buen precio, buen servicio y limpieza era lo que queríamos. Y lo conseguimos. Una conocida red social de viajes nos ayudó a identificar donde comer. En algunos casos fueron restaurantes, en otros tascas, siempre guiados por los comentarios de clientes anteriores. Debo decir que tampoco fallaron. Y otras veces cenábamos en alguno de los alojamientos, pues dos de ellos tenían cocina, circunstancia que también valoramos en la selección. Igualmente hicimos con nuestras excursiones por parajes naturales, o con la asistencia a algunos espectáculos, por ejemplo, obtuvimos buenos precios a través de otra conocida red social para asistir con nuestros hijos la representación de la obra de Shakespeare, Coriolano, en el Teatro Romano de Mérida. De modo semejante elegimos nuestras opciones de transporte.

En fin, no creo que alguien pueda dudar de que ha habido importantes innovaciones en el sector turístico. Innovaciones que, a nosotros, nos permitieron tomar decisiones informadas, que fueron clave para que nuestra vivencia fuera enormemente gratificante y con un precio asequible para nuestras posibilidades. Y esto mismo hacen millones y millones de personas en todo el mundo, cada vez más.

La imbricación de la innovación en el sector turístico tiene incidencia en prácticamente todos los sectores de la economía. Facilita la contratación informada, como acabamos de ver, permite distinguir marcas, por ejemplo, relativas a destinos o alojamientos sostenibles medioambientalmente. La actividad turística da lugar a una sociedad paralela, que requiere y demanda servicios, experiencias, vivencias. La tecnología es fundamental para hacerlas posibles, como también lo es la preservación del medio natural, del patrimonio histórico, la potenciación de la gastronomía. La innovación turística es una gran oportunidad. Lo es particularmente para superar modelos turísticos que, probablemente, no persistan mucho en el tiempo. No al menos si queremos tener un crecimiento económico sostenible que proporcione bienestar a nuestra ciudadanía. Consumir territorio para crecer en turismo de masas tiene límites intrínsecos y extrínsecos. Entre los primeros, que el territorio no es infinito, o que dañar el medioambiente debilita el atractivo del destino. Entre los segundos que los visitantes que queremos atraer, esos que pueden permitirse dejar una cantidad sustancial de sus rentas en vacaciones, son cada vez más sofisticados. Necesita nuevas vivencias, experiencias e información para tomar y disfrutar sus decisiones.

El éxito actual de nuestros destinos turísticos debe ser aprovechado para impulsar innovaciones. ¿Quien mejor que quien tiene y conoce muchísimos visitantes puede concebir nuevos servicios, nuevas experiencias, nuevas vivencias? ¿Quién mejor que nosotros para desarrollarlas y aprovecharlas?

Sin embargo, hemos tenido que esperar a que las economías más industrializadas perciban la importancia de la innovación en los servicios para ver que se le presta atención. Aprovechar las oportunidades requiere claridad de ideas y determinación. Si no, serán otros los que las aprovechen. No es en absoluto descabellado pensar que la innovación turística la rentabilicen regiones industriales, más que las propias regiones turísticas. A fin de cuentas llevan ya mucho tiempo innovando.

La pesadilla de la TDT

No soy especialmente aficionado a ver la televisión, cuyo consumo reduzco a alguna película con la familia, algún documental y, cada vez menos, resúmenes informativos. También algún evento deportivo especial, pocos, la verdad, y principalmente por la satisfacción de verlo con mis hijos tomándome una cerveza. Todavía con la mente en el Mundial de Sudáfrica, y de los saltos infantiles en el salón de mi casa, admito que lamenté que el de Brasil diera tan poco de sí.

Sin embargo pertenezco a una generación que, como pasó aún más con la anterior, ha convivido con la televisión como elemento indispensable no sólo del ajuar doméstico, sino de la interacción social. Cuando era un niño la tele se veía en blanco y negro y en Canarias sólo se veía un canal. La emisión se cerraba con el Himno Nacional y la imagen del Jefe del Estado. Todos veíamos Un, Dos, Tres los viernes por la noche y, si los padres transigían, después venía Kojak. Todos lloramos la inesperada muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, que introdujo la naturaleza en  los hogares españoles. En el colegio, de nuevo todos, comentábamos los mismos programas y películas y, según fueron surgiendo, los primeros videoclips musicales.

Creo, por ello, que entiendo cual es la relevancia social de la televisión para mi generación y para la de mis padres. Por otro lado, no creo que, ni de lejos, signifique lo mismo para la generación de mis hijos, que ha crecido con una variedad en la oferta audiovisual y, en general, de entretenimiento, que poco tiene que ver con la anteriormente disponible: innumerables canales de televisión, Internet, videoconsolas…

La televisión se configuró, tras su introducción en España, como un servicio público esencial de titularidad estatal prestado por Televisión Española (TVE). Su cobertura no era ni mucho menos universal, si bien las autoridades locales llegaron a acuerdos con TVE para que la señal estuviera disponible en cada vez más áreas rurales mediante la aportación de recursos municipales. La televisión no fue ajena al proceso de liberalización que, especialmente a partir de los años ochenta,  ha experimentado todo el mundo occidental. En España este proceso comenzó con la segregación de Retevisión, S.A. de TVE, empresa pública entonces cuyo cometido era la gestión de las infraestructuras tecnológicas de telecomunicaciones necesarias, no sólo para el servicio de los dos canales de TVE, sino de las nuevas televisiones públicas autonómicas y de los nuevos concesionarios privados que, mediante concesión administrativa, también prestarían el servicio público a partir de 1989: Antena 3, Tele 5 y Canal+, a las que en 2005 se les unió La Sexta.

No es de extrañar, por tanto, que para dos generaciones de españoles se haya afianzado la idea de ser titulares de un derecho subjetivo a recibir la señal de televisión en sus casas. Es más, las familias pagan luz, agua, recogida de basuras, vados de acceso a los garajes, pero no por tener la señal de televisión disponible para su consumo. La publicidad financia una parte del servicio, pero no toda, particularmente el que se presta en zonas de baja densidad de población. El descuadre entre ingresos por publicidad y gastos, producido para hacer llegar la señal a casi la totalidad de la población, lo costeaban, directa o indirectamente, las administraciones públicas, especialmente los Ayuntamientos, pues, como se ha dicho, se trataba de un servicio público esencial y los alcaldes procuraban que sus vecinos tuvieran acceso al mismo. Además, durante un considerable periodo de tiempo la televisión era considerada uno de los más nobles elementos del mobiliario doméstico. A fin de cuentas, la compra de un receptor suponía un innegable esfuerzo económico, que abría un nuevo mundo en el salón familiar. En consecuencia, por las mismas razones que una familia suele mantener durante toda su vida los elementos más importantes de su mobiliario, no esperaba cambiar su receptor de televisión.

La televisión quedó, por ello, ajena a muchas de las innovaciones tecnológicas de la segunda mitad del S. XX. Cambiaban los contenidos, pero no la tecnología. Incluso cuando se introdujo el color, se hizo de tal manera que pudieran seguir utilizándose los receptores anteriores en blanco y negro. Recuerdo muy bien el tránsito del blanco y negro al color, por ejemplo, cómo todo el edificio en el que vivía mi familia se reunió en el piso del único vecino que tenía un nuevo receptor en color para ver la proclamación del Rey Juan Carlos. Y también nuestro receptor en blanco y negro, que si se ponía tonto recibía un manotazo en uno de sus laterales y, normalmente, volvía a funcionar. Inolvidables son las frecuentes visitas del técnico que, con una enorme caja de herramientas, abría la parte posterior del receptor y se ponía a cambiar válvulas termoiónicas de vacío, mientras yo miraba fascinado. Sigo sin saber si los manotazos hacían más frecuente la visita del técnico o si, por el contrario, evitaban algunas…

Pero el impulso liberalizador continuó, y el avance tecnológico tocó a la puerta de nuestro sistema televisivo. Primeramente fue la privatización de Retevisión, que fue adquirida por el grupo Abertis. Progresivamente se fueron abriendo otras posibilidades alternativas a la radiodifusión terrenal: cable, satélite, Internet… Sin embargo, la concepción estática de la tecnología televisiva a la que me he referido, hacía muy difícil desplegar efectivamente las posibilidades tecnológicamente disponibles. Indudablemente, el marco normativo, particularmente la condición de servicio público y las restricciones regulatorias sobre los servicios audiovisuales, tampoco promovía la innovación.

Y llegaron los cambios que, desafortunadamente, se han convertido de forma indebida en pesadilla. Después de no poco debate, se acordaron los estándares de televisión digital, diferentes entre sí, que se utilizarían en Europa, EEUU y Japón y, por extensión, en el resto del mundo. Ciertamente la digitalización de la televisión, como de los restantes servicios, debe suponer una ventaja para los usuarios: permite una transmisión mucho más eficiente de la señal, la calidad de la imagen debe ser mejor y permite una mayor interacción del espectador con los programas. Realmente da lugar a una convergencia tecnológica entre servicios que antes se consideraban totalmente independientes. Los modernos receptores de televisión permiten, con frecuencia, navegar por Internet y, las televisiones están presentes en distintas plataformas tales como Internet, el satélite, el cable e, incluso, el móvil, además de la convencional radiodifusión terrenal, esto es, la que se lleva a cabo mediante repetidores y reemisores en el territorio, y para la que existen antenas receptoras en casi todos los edificios.

Al tiempo, la transposición del Derecho de la Unión Europea al Derecho interno español en materia de servicios audiovisuales ha supuesto que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, la televisión haya dejado de ser un servicio público esencial de titularidad esencial pues, a tenor del Art. 22.1:

Los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, televisivos y conexos e interactivos son servicios de interés general que se prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos.

Quedan como servicios públicos los servicios audiovisuales, titularidad del Estado y de las CCAA, que ya no se califican como esenciales, mientras que son servicios de interés general, pero no servicios públicos, los debidos a prestadores privados y otros prestadores de titularidad pública. No es pequeño el cambio.

Pensemos un momento qué quiere decir esto. La televisión y radio pública española y las televisiones y radios públicas autonómicas son servicios públicos, para que las respectivas administraciones puedan continuar con sus televisiones, con un marco diferenciado, se entiende que con objeto de garantizar ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la información, y otros preceptos constitucionales. La condición de servicio de interés general del resto supone la posibilidad de matizar la libre prestación mediante su regulación, pero sin socavar otros derechos de las televisiones, por ejemplo, la libertad de empresa.

Hay otros servicios de interés general. Es el caso, entre otros, del suministro eléctrico o de las telecomunicaciones. En ambos hay, además, una obligación de universalización, si bien muy limitada en el caso de las telecomunicaciones, llevada a cabo mediante la imposición de obligaciones de servicio público que los operadores privados deben observar. Otros ejemplos de servicios de interés general son el transporte aéreo y el naviero. En todos estos casos son empresas, por lo general de titularidad privada (si son públicas deben actuar como si fueran privadas), los que prestan los servicios, compitiendo libremente, si bien en un marco regulado que debe procurar, al tiempo, la efectiva prestación de los servicios y la defensa de la competencia.

Pongamos un ejemplo. Las telecomunicaciones son servicios de interés general. El Estado  impone sobre ellos ciertas obligaciones de servicio público, por ejemplo el acceso universal a la telefonía fija y a una capacidad mínima de Internet, y establece un marco, conforme al Derecho de la competencia europeo, en el que libremente compiten los operadores. Ello ha posibilitado, por ejemplo, la explosión de los dispositivos móviles. Realmente a nadie se le ocurriría pensar que no va a tener que cambiar de teléfono móvil nunca o casi nunca, o que, una vez adquirido, tiene derecho a poder comunicarse gratuitamente con él. De hecho, se introducen nuevos servicios con mucha frecuencia, que demandan nuevos y más potentes dispositivos móviles, y no sólo hay que adquirir recurrentemente nuevos teléfonos o tabletas, sino que, lógicamente, se paga por utilizar las redes de comunicaciones móviles. Sin embargo, como ya hemos visto, esta forma de funcionar es ajena, en el caso de la televisión, a la cultura social de dos generaciones de españoles.

La televisión digital terrestre (TDT), de la que todos hemos oído hablar desde 2009, es el resultado de la innovación tecnológica de la anterior televisión analógica terrestre, esto es, la que había en todos los hogares. Ya he mencionado más arriba algunas de las ventajas que ello supone, y no insistiré más en ello. Sin embargo, asimilar esa evolución suponía resolver una compleja ecuación:

– La mejora en la eficiencia de la transmisión permite, utilizando las mismas bandas de frecuencias, acomodar muchos más canales. ¿Con qué criterio se asignan?

– Los concesionarios del anterior servicio público esencial de televisión, ¿qué derechos mantienen y en qué situación quedan?

– La televisión digital da mejor calidad de imagen pero es, por así decirlo, más mimosa que la anterior analógica. Si las condiciones de recepción no son buenas se produce una muy brusca degradación de la calidad, hasta hacerla insoportable. Sin embargo, la anterior televisión analógica era un todo-terreno, ineficiente en el uso del espectro, con una calidad de imagen baja, pero que funcionaba razonablemente cuando las condiciones eran adversas. Particularmente, la TDT se degrada especialmente en zonas costeras porque el mar se comporta como un espejo, y los sistemas de recepción digitales tienden a volverse locos en presencia de la denominada multipropagación, esto es, de señal que llega por varios caminos distintos, algunos directos, pero otros producto de reflexiones, marinas y de otra naturaleza. ¿Es entonces suficiente con la red de centros reemisores y de radiodifusión de la anterior televisión analógica, o será necesario un nuevo diseño de dicha red? Si son necesarios nuevos centros, ¿será posible un rápido despliegue que asegure la continuidad del servicio y satisfacer, al tiempo, las nuevas exigencias de protección medioambiental y los procedimientos administrativos que las garantizan?

– La red de radiodifusión de la televisión analógica contaba con innumerables centros aportados por los municipios al anterior operador público Retevisión (y antes a TVE), en el marco de convenios de colaboración. Ahora, por la liberalización de las telecomunicaciones, los operadores de transporte y difusión son privados. ¿Cuál es la realidad jurídica de esos centros?

– El espectro radioeléctrico es un bien escaso, y los emergentes servicios en movilidad requieren utilizar parte de ese espectro. ¿Cómo se reparte el espectro entre la televisión y los nuevos servicios en movilidad?

– La televisión digital terrestre es sólo una de las tecnologías que pueden hacer llegar la televisión digital a los hogares. Otras son el cable, Internet o el satélite. ¿Qué papel debe jugar cada una de estas tecnologías, para satisfacer al tiempo una prestación del servicio lo más amplia posible, las menores molestias para la ciudadanía y  respetar el marco de competencia entre las empresas operadoras, tanto dentro de una tecnología como entre todas ellas?

– Y lo más importante: ¿qué cobertura y contenidos puede esperar tener la ciudadanía? ¿qué exigencia se marca a los prestadores de servicio en relación a la cobertura? ¿Qué papel deben jugar las administraciones públicas cuando la cobertura sea insuficiente porque, ni siquiera, alcance a todos los que, con menor o mayor calidad, previamente veían la televisión analógica?

Pues bien, prácticamente todas y cada una de las cuestiones anteriores ha dado lugar a actuaciones que, cuando menos, no han evitado la aparición de problemas mayores:

– El Consejo de Ministros se extralimitó al gestionar la nueva situación de los titulares de las anteriores concesiones administrativas del servicio público de televisión, pues asignó nuevos múltiplex digitales a tales empresas sin mediar el preceptivo concurso público. El resultado es conocido: el Tribunal Supremo anuló el acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010 y con fecha límite nueve de mayo de 2014 hubieron de dejar de emitirse nueve canales, de un total de veinticuatro. Hay otros ocho canales en una situación, de momento, incierta.

La previsión hecha en el Plan Técnico Nacional de la TDT no consideró adecuadamente la liberación del dividendo digital, esto es, de las bandas de frecuencia que están destinadas a servicios móviles. Dado que estas bandas han de quedar liberadas con fecha límite 1 de enero de 2015, los ciudadanos, comunidades de vecinos y televisiones habrá de afrontar el cambio de frecuencias, con las molestias y costes que ello ocasione. Pronto veremos en qué queda lo dispuesto por el Art. 51 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, a cuyo tenor “Los costes derivados de la reorganización del espectro radioeléctrico que es necesario realizar para liberar la banda de frecuencias 790 a 862Mhz., serán sufragados por la Administración con los ingresos obtenidos en las licitaciones públicas que se convoquen para asignar espectro radioeléctrico“.

La cobertura exigida a las televisiones en virtud de sus licencias se computa sobre el total de la población de la correspondiente demarcación. Para las televisiones con licencia estatal, la cobertura, por ejemplo, del 98% en toda España significa casi 100% en zonas de alta densidad de población y una cobertura muy, pero que muy, inferior en zonas montañosas y con población dispersa. Además, es muy difícil tener un conocimiento cierto de cuáles son los límites territoriales de la cobertura exigible a las televisiones, cuestión fundamental para saber a ciencia cierta dónde hay que actuar en el marco de programas públicos de extensión de la cobertura. Todo ello provoca un notable desequilibrio entre comunidades autónomas, y dentro cada una entre sus distintos territorios, en cuanto a la población que queda fuera de la cobertura exigible a las televisiones. La situación especialmente complicada de Canarias, con fragmentación territorial, orografía abrupta, dispersión poblacional y afecciones marinas sobre la señal, motivó que en el Art. 1 de la Ley 7/2009 de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones se dispusiera lo siguiente: “En el proceso de extensión de cobertura se tendrán en consideración las especiales circunstancias que concurren en Canarias como región ultraperiférica, de modo que las coberturas alcanzadas por el servicio público de la televisión digital terrestre sean equivalentes a las de las restantes Comunidades Autónomas españolas, asegurando asimismo un nivel equivalente de cobertura para cada una de las islas“. Veremos pronto también en qué queda, con la inminente aprobación del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT.

El Estado entiende que la extensión de la cobertura de las televisiones con licencias estatales (incluso de TVE) es cuestión de las comunidades autónomas. Es difícil de entender, y más difícil aún de ser eficientes en el abordaje del problema. El caso es que el modelo diseñado en su momento por el Ministerio de Industria para extender la cobertura de la televisión digital, ha sido denunciado ante la Comisión Europea que se pronunció declarándolo ilegal porque entiende que contraviene el principio de neutralidad tecnológica y, con ello, distorsiona la competencia entre operadores de telecomunicaciones. En esencia la Comisión entiende que, para extender la cobertura de la televisión digital terrestre con financiación pública, no se puede privilegiar a tal tecnología frente a otras, por ejemplo el satélite. Su decisión es ejecutiva, con un plazo de ejecución que finaliza en agosto (parece ser que podría ampliarse a septiembre u octubre), y con varios procedimientos judiciales abiertos, tanto en los Tribunales españoles como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Canarias se verán afectadas unas doscientas mil personas, y millones en toda España.

Y éstas son sólo algunas de las principales dificultades. La lista es más amplia, pero no voy ampliar aún más la extensión de este largo post. Entiendo que lo anterior muestra por qué califico a la TDT de pesadilla.

Pienso que el fondo del problema es intentar trasladar un modelo caduco a un mundo nuevo. Perfectamente podían haberse declarado ciertas obligaciones de servicio público, como se hace con otros servicios de interés general, tendentes a la universalización de la cobertura de parte de la oferta televisiva, de modo que el cambio tecnológico no supusiera una pérdida de contenidos para nadie en relación a la anterior televisión analógica, viviera donde viviera. Más allá de tales obligaciones de servicio público y de la vigilancia de la prestación exigible en la extensión y calidad del servicio de los titulares de licencias televisivas, no parece sensato, en un marco liberalizado que protege la libre competencia, la extensión con medios públicos de la cobertura televisiva. Ello sin perjuicio de, dentro de las políticas sociales, arbitrar ayudas destinadas a colectivos especialmente frágiles que pudieran quedarse sin cobertura de TDT y que no puedan afrontar los costes de instalación de sistemas de recepción alternativos.

Mucho me temo que la liberación, antes del 1 de enero de 2015, de las bandas del dividendo digital, que ahora ocupa la TDT, para ser usadas por servicios móviles y la inmediata ejecución de la Decisión de la Comisión europea referida antes, que declara ilegal el modelo de extensión de cobertura de la TDT en España, va a dar mucho que hablar durante los próximos meses por la afección que supondrá sobre millones de espectadores televisivos en toda España. Tendremos oportunidad de volver sobre todo ello algo más adelante.