Jun, o la capacidad transformadora de la sociedad de la información

Jun es un pequeño pueblo de la Vega granadina, que recientemente ha saltado a los medios de comunicación por su fenomenal desempeño en la sociedad de la información. Tanto es así que su caso ha sido estudiado por investigadores del muy reputado Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT). Puede consultarse, por ejemplo, el artículo The Incredible Jun: A Town that Runs on Social Media, publicado por William Powers y Deb Roy, miembros del prestigioso MIT Media Lab. También pueden verse las múltiples referencias publicadas por los distintos medios, entre otros muchos, Twitter quiere parecerse a Jun, en El País,  Jun, el pueblo más tuitero de España, un caso de estudio, en El Mundo, o Jun, el pueblo que se convirtió en modelo para MIT por su uso revolucionario de Twitter, en la BBC en español.

Probablemente la mayor parte del público desconociera la existencia de este pueblo en el momento de leer tales reseñas. Sin embargo, en mi caso, además de la muy positiva referencia actual, tenía otra, cien años atrás. Muy distinta. Siendo niño y joven adolescente solía ir los veranos a Granada, pues de allí procede mi familia paterna. Mi padre perdió al suyo por una inoportuna infección que sufrió mi abuelo, consecuencia de un balazo recibido en la Guerra Civil, que le dejó alojado durante varios años en su cuerpo un proyectil imposible de extraer. Sería un hermano de mi abuelo, Tito Pepe, quien haría las veces del padre que al mío le faltaba y, con el tiempo, de abuelo paterno de mi hermano y mío. Pues bien, Tito Pepe estaba casado con Tita Anita, oriunda de Jun, y que había tenido una experiencia infantil terrible en su pueblo. Recuerdo perfectamente cómo refería la historia casi cada vez que la veía. Ella fue una niña pobre y analfabeta, circunstancia que entendí era norma en el pequeño pueblo a principios del S. XX, con una escasa población, entonces, de unos 450 vecinos dedicados a trabajar el campo. Correspondería a un cura el dudoso mérito de iniciar sexualmente a Tita Anita, dejándola embarazada, siendo todavía una niña. “Yo no entendía de . Éramos mu brutos”, se disculpaba cada vez que lo contaba, a lo que su marido añadía alguna referencia sobre lo sinvergüenza que era el cura en cuestión. Años después Tita Anita y Tito Pepe se conocieron en Granada, mientras ella, madre soltera, vendía flores en la ciudad. Vivieron toda su vida juntos, haciendo frente a los prejuicios de su época, sin tener más hijos, ayudando a mi abuela viuda con mi padre. Hace ya años que ambos fallecieron pero, a buen seguro, hubieran sentido una incrédula emoción de haber conocido el cambio dado por Jun. De hecho, a mí me ha emocionado este contraste, entre dos situaciones separadas un siglo. Sí cien años es mucho tiempo, pero han pasado para todos en igual medida. Quien como Jun, partiendo por lo que entiendo desde una situación de desventaja, se ha puesto a la cabeza mundial de la sociedad de la información, tiene sobrados motivos para la satisfacción y el orgullo. Y a los demás, nos ha dado un magnífico ejemplo que debiéramos conocer y tener muy en cuenta.

Pero, ¿en qué consiste la experiencia cibernética de Jun? Básicamente se trata de utilizar Twitter como canal de comunicación entre los vecinos y los responsables y trabajadores municipales, encabezados por su Alcalde. Si hay una farola rota, una fuga de agua o hay cualquier incidencia en el pueblo, cualquier vecino que la advierta remitirá un tuit. De forma inmediata se recibirá una contestación abierta por el mismo canal, dándose el Alcalde o alguien de su equipo por enterados de la circunstancia e informando que proceden a resolverla. El trabajador municipal encargado de solventar la situación informará también por Twitter de su resolución. Es un indudable ejercicio de acercamiento de la gestión municipal a los vecinos, que conocen en cada momento de qué manera se resuelven las cuestiones que les interesan. Y aunque pueda pensarse incómodo el ojo fiscalizador del ciudadano, constantemente observando la gestión de políticos y trabajadores municipales, parece que éstos ven mucho mejor reconocido su trabajo por sus conciudadanos con la importante renta psicológica que ello conlleva.

Esta experiencia social basada en las tecnologías de la información es un auténtico Living Lab, que los expertos en la materia ya están analizando para extraer conclusiones sobre su portabilidad a otros entornos. Ciertamente, parece factible replicar la experiencia en otras pequeñas poblaciones, ya que Jun tiene unos 3500 habitantes en la actualidad. Sin embargo ello necesita, en primer lugar, la convicción de los gobernantes de que las tecnologías de la información son idóneas para hacer realidad una democracia participativa. Es necesario entender que el mundo ha cambiado y que, tal vez, estemos en una época en la que los responsables públicos, más que patear la calle (que también), deben estar directamente presentes en las redes sociales. La transparencia en la gestión pública y la cercanía con la ciudadanía necesariamente avanzará en tal dirección. Jun y su Alcalde, José Antonio Rodríguez Salas, con su liderazgo lo han demostrado y han dado un gran ejemplo a emular por los demás. Y no se trata sólo de la interacción vía Twitter. Una muy recomendable visita al portal del Ayuntamiento de Jun, o al portal Ciudadan@ de teledemocracia activa, da buena muestra del mérito cibernético del municipio. Sin duda es de particular interés para quienes estamos convencidos del papel que la tecnología ha de jugar, tanto en la mejora de la calidad de la democracia como de la prestación de servicios públicos, aportando transparencia y cercanía. Innovación en estado puro para gestionar mejor las necesidades de la gente.

Habrá que ver cómo escalar la experiencia a núcleos urbanos de mayor dimensión. Habrá que aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para acercar los gobiernos a los ciudadanos, y mejorar con ello la calidad de nuestra democracia. Considerando que el Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tiene 207.000 seguidores en Twitter, habiéndose unido en enero de 2009, y el de Jun 352.000, incorporado a dicha red social desde febrero del mismo año, parece claro quién tiene, al menos por el momento, el liderazgo. ¡Quién se lo diría a Tita Anita! Su pequeño pueblo, un ejemplo para el mundo. Enhorabuena.

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¿Pero qué nos pasa en España con la I+D?

Son muchas las veces que me he repetido la pregunta que da título a esta nueva entrada del blog, y mucho más el tiempo que he dedicado a reflexionar su respuesta. De hecho, en varias de las publicaciones anteriores, he intentado aportar mi visión al respecto desde distintos puntos de vista. No voy a repetirme en tales contenidos que el lector, si lo desea, puede consultar en cualquier momento.

Hoy no quiero abundar en argumentos analíticos, necesarios para entender el mundo, pero insuficientes para cambiar las cosas. Por el contrario, me gustaría aportar elementos verdaderamente pragmáticos. Quisiera con ello contribuir, dentro de mis modestas posibilidades, a conformar una praxis que nos permita superar la situación gris en la que nos encontramos. Y quisiera invitar al lector preocupado por la situación de la ciencia, de la creatividad y de la innovación en España a hacer lo propio, activamente, desde su ámbito personal y social. Se habla mucho de economía del conocimiento, de crecimiento sostenible, de empleo de calidad, en suma, de prosperidad. Pero eso no cae del cielo, ni mucho menos. Y, desde luego, prorrogar ciertos modos y hábitos no va a mejorar la situación. Todo lo más, una nueva burbuja económica provocará una ilusión transitoria. Es imposible consolidar crecimiento económico a largo plazo con actividades económicas de baja productividad y menor valor añadido. No debiera haber sido difícil de entender, por ejemplo, que activos inmobiliarios que se revalorizaban según envejecían no eran sino un espejismo de prosperidad. Pero no se prestó atención a quienes una y otra vez recomendaron aprovechar las bonanzas de la burbuja para consolidar un crecimiento sano y sostenible a largo plazo. Así nos ha ido. Según escribo me viene a la mente la famosa fábula La Cigarra y la Hormiga, popularizada gracias a uno de nuestros ilustrados, Félix María Samaniego, que estuvo influido por la Ilustración francesa y, particularmente, por La Fontaine. La historia es, no obstante, muy vieja pues la fábula original se atribuye a Esopo, que vivió en la Antigua Grecia a principios del S. VI a.C . Ya nos enseña el viejo proverbio que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces  (con capacidad de repetir el incidente muchas más) en la misma piedra… ¿I+D? contestó la cigarra a quien le recomendaba que usara la cabeza. Si tengo a mano lo que necesito, y la guitarra para divertirme. Más aburrida, la hormiga, sin por ello renunciar a permitirse alguna juerga, hizo I+D en el verano, para tener lleno el granero en invierno.

Pero ya dije que hoy no voy a dedicarme al análisis, sino a la praxis. Decía Karl Marx en sus Tesis sobre Feuerbach que los filósofos hasta la fecha no habían hecho más que interpretar el mundo, pero que de lo que se trata es de transformarlo. Con qué fin y con qué medios se llevan a cabo las transformaciones es, a fin de cuentas, lo que distingue las ideologías filosóficas y políticas dignas de ser consideradas como tales.

El gran error que estamos cometiendo es pensar que el razonamiento intelectual tiene algún peso en conformar voluntades políticas en pro de la ciencia, la creatividad y la innovación (ni de ninguna otra materia). De poco sirve razonar una y otra vez que los países que consiguen mantener crecimiento y prosperidad a largo plazo son los que más atención le prestan a tales asuntos. Tampoco que hay un amplio acuerdo entre los pensadores de la economía en cuanto a que, el liderazgo en la ciencia y la tecnología, supone un factor determinante para aumentar la productividad. Ni que las economías basadas en la explotación de los recursos naturales, entre las que, en muy buena medida, se encuentran las que se basan en la construcción y el turismo de sol y playa, tienen grandes limitaciones prácticas para crecer a largo plazo de forma sostenible. Por ese camino hemos transitado los últimos treinta años, y seguimos manteniendo un diferencial en I+D+i enorme con los países más avanzados de nuestro entorno. Diferencial que se manifiesta en una economía descompensada, con unas tasas de desempleo inaceptables y unas serias limitaciones competitivas, que mayormente nos llevan a perder a muchas de las personas mejor cualificadas, al tiempo que buena parte de nuestra capacidad para competir se reduce a reducir los salarios. Muy triste, pero la I+D+i está hoy fuera de la agenda política y social en España, como puede advertirse de su escasa presencia en los mensajes políticos, incluso en este año electoral, o que las palabras ciencia, tecnología o innovación ni siquiera aparezcan en el último barómetro del CIS.

No es ese el camino. El análisis es necesario, pero no suficiente, para disponer de capacidad transformadora. Hay que implicar realmente a la sociedad. Y esa implicación no se consigue con sesudos razonamientos. Por el contrario, para obtenerla, hay que difundir socialmente convicción en ciertos valores utilizando para ello las técnicas propias de la comunicación de masas. Dicho de otra manera, hay que conformar una opinión pública partidaria de la ciencia, la creatividad y la innovación porque está convencida de que ello es la puerta para la prosperidad, para que sus hijos e hijas tengan mejores opciones laborales al terminar sus estudios, para no poner en riesgo sus pensiones… Y será esa opinión pública quien exija de los poderes públicos y de los partidos políticos el fomento de una actividad científica, creadora, innovadora y emprendedora en la sociedad de la que estar orgullosos, en la que poder confiar para el futuro. Ese ha sido el camino que ha permitido, por ejemplo, encumbrar socialmente el valor de la educación o de la protección del medioambiente.

Si uno le presta cierta reflexión, advertirá enseguida que el valor de la educación resultaba muy lejano hace sólo dos o tres generaciones. Al menos para el común de los mortales, cuya vida consistía en trabajar en condiciones cercanas a la subsistencia, sin tiempo, ganas, ni formación para profundas reflexiones. Pero hubo un activismo social y político, cuyas raíces se hunden en la Ilustración, promotor de una concepción liberadora de la educación que, progresivamente, fue abrazando la mayor parte de la población a pesar de no saber quién fue Sócrates. Sin embargo esta mayoría social llegó a entender y demandar los efectos de esa desconocida educación, gracias a la conformación de una opinión pública llevada a cabo por los medios de comunicación de masas. El razonamiento fue simple: para que los hijos del trabajador tengan las mismas opciones que los hijos del patrón tienen que estudiar. Y los padres y madres trabajadoras se dejaron la piel para que sus hijos e hijas pudieran estudiar, al tiempo que en la construcción del moderno Estado social y democrático de derecho la educación pública se convirtió en una prioridad irrenunciable. Y no fue en vano: de forma progresiva el efecto liberador de la educación fue jugando su papel en la sociedad, al menos procurando una mayor igualdad de oportunidades entre todos sus miembros. En cuanto al medioambiente, fue necesario desarrollar una gran conciencia social, una opinión pública convencida, de nuevo sin grandes sofisticaciones argumentales, partidaria de preservar nuestro entorno natural. Esta forma de pensar es muy reciente. No hace tanto tiempo las chimeneas humeantes eran iconos de desarrollo y modernidad, y se le prestaba muy poca atención a la contaminación y a la afección del medio natural. De hecho sigue siendo así en demasiados sitios, pero no aquí. Cómo desarrollar tal mentalidad, anteponiéndola a la inmediatez del rendimiento económico que el desarrollo desordenado provoca, es una verdadera revolución en la forma de pensar del conjunto de la sociedad. Y, francamente, no creo que sea el conocimiento científico del cambio climático quien lo ha hecho posible. El conocimiento científico de nuestra sociedad (también de las demás) es muy débil. Recientemente los medios de comunicación daban a conocer la encuesta de percepción social de la ciencia en España, elaborada por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, que nos sorprendía con el resultado, ciertamente matizable, de que la cuarta parte de la población española piensa que el sol gira alrededor de la Tierra, y no al revés.

Nuestra sociedad protege al medioambiente y a la educación porque los ha asociado con valores positivos para el presente y el futuro, no como resultado de una reflexión crítica e individual de todos sus miembros, sino por una convicción colectiva mucho más intuitiva que intelectual. Esa asociación se ha hecho posible conformando una opinión pública a través de los medios de comunicación de masas que, de forma legítima y necesaria, permitió al activismo político y social difundir las conclusiones a las que llegaron brillantes pensadores y científicos, en un formato simple y accesible para todo el mundo: la educación liberará a tus hijos; el mundo será horrible si dañamos el medioambiente.

Si queremos que nuestra sociedad demande ciencia, creatividad e innovación hay que convencerla que la vida será mucho mejor para todos si está presente y si los poderes públicos la promueven. Entonces se convertirá en una exigencia para éstos, pero no antes. Hay que conformar una opinión pública, a partir de certezas que conocen los científicos e intelectuales, pero que deben ser trasladas al conjunto de la sociedad con un formato muy sencillo: sin ciencia, creatividad e innovación el futuro de todos será sombrío y pobre; con ellas habrá prosperidad. Igual que un mundo con la Naturaleza expoliada dan pocas ganas de vivirlo, o que la sociedad no tolerará las cadenas de la ignorancia y la incultura, hay que proyectar una nueva convicción: si queremos bienestar, necesitamos que en nuestra sociedad haya mucha más ciencia, creatividad e innovación. Muchos, tal vez la mayoría, no serán científicos, creadores, o innovadores, aunque todos deben tener la oportunidad de optar a serlo. Y si es así, sin duda, todos tendrán un futuro de mucha mayor prosperidad, como sucede en los países más desarrollados económicamente.

¿Quién tiene que impulsar esta concepción en la sociedad? Por supuesto que todos los que la comprendan y crean en ella, como ya pasó con nuestros ejemplos de la educación y el medioambiente. Es necesario para ello un activismo desinteresado, sustentado en el conocimiento que reside, sobre todo, en centros educativos, universidades, organismos de investigación, así como por empresas y otras organizaciones privadas intensivas en conocimiento, esto es, en los mejores talentos y capacidades de los que disponemos. Y que no confunda, la legítima reivindicación del interés propio con la promoción de valores en la sociedad. Ambas actuaciones deben tener cauces separados, que interfieran tan poco como sea posible. La reivindicación propia, por legítima que sea, no se convertirá en un valor social. Seguirá siendo una reivindicación más, legítima como todas las que lo sean, pero nada más. Es igualmente importante no cometer errores con los mensajes. La I+D+i no nos va a sacar de la crisis, como al principio de la misma se repitió una y otra vez. Que una sociedad promueva la I+D+i es similar a que un individuo realice una vida sana. Si lo hace tendrá menor riesgo de enfermar y, si lo hace, estará más fuerte para recuperarse antes. Pero una vez enfermo, no puede pensar en hacer la vida que debió cuando estaba sano. Tendrá, en primer lugar, que curarse, eso sí, procurando quedar en las mejores condiciones para retomar una vida saludable. La I+D+i muestra sus efectos en el largo plazo. Por eso florece en las sociedades más desarrolladas, en aquéllas que son capaces de fijar prioridades políticas, sociales y económicas que trasciendan al corto plazo. Conseguir el respaldo social requiere mensajes simples, pero certeros.

En mi opinión, la realidad sociológica y de la I+D+i en España aconsejan que este activismo deba promoverlo principalmente la Universidad y los centros públicos de investigación, ejerciendo un liderazgo participativo y fomentando la colaboración e implicación del sector privado. El peso, prestigio social y capacidad de influencia de la Universidad y de los centros de investigación es enorme, al menos en comparación con otras organizaciones públicas y privadas que, en todo caso, deben estar también invitadas a participar.  Se trata del lugar del conocimiento, del pensamiento, la universitas, el Alma Mater del saber. Ello debiera ser garantía de éxito, siempre y cuando no olviden que el liderazgo han de ejercerlo, no para sí, sino para la sociedad.

Iluminemos esta época gris con una nueva Ilustración

Es muy triste ver cómo la crisis financiera, de facto, ha relegado valores que se desarrollaron en un esfuerzo de siglos a una posición secundaria en diversos territorios europeos. Parece como si la promoción pública de la cultura, de la creatividad, de la ciencia, del pensamiento, en definitiva, de algunos de los más elevados atributos que nos distinguen como especie, fueran antitéticos con el necesario esfuerzo público en la financiación de políticas sociales, e irrelevantes en relación al también necesario crecimiento económico.

Craso error, me temo de nefastas consecuencias en el largo plazo. Admito que si te caes, lo primero es levantarte. Pero la caída no debe hacerte olvidar dónde quieres ir. Si sólo te miras los pies, y no levantas de vez en cuando la cabeza, tal vez evites un nuevo tropezón, pero no podrás gestionar tu existencia, pues simplemente caminarás sin rumbo. Además, por dura que haya sido la crisis, situaciones mucho más adversas se han vivido a lo largo de los siglos XIX y XX, y ello no llevó a un retraso ni en la creación artística, ni en el pensamiento, ni en la ciencia, ni en el desarrollo tecnológico.

Hagamos un breve repaso histórico: El Museo del Prado se fundó en 1819 durante el, por lo demás, nefasto reinado de Fernando VII. Su hija, Isabel II, reabrió las universidades que aquél había cerrado. La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, precursora del CSIC, se creó en 1907, y la Ley fundacional de éste en 1939.  En 1959 se promueve el Observatorio del Teide, instalándose el primer telescopio profesional en 1964 y fundándose en 1975 el Instituto de Astrofísica de Canarias.Y eso que, mayormente, la Historia de España durante los siglos XIX y XX, al menos hasta 1976, no es para estar especialmente orgulloso. Ni mucho menos. De hecho, durante demasiado tiempo, hemos quedado atrapados en una contradicción. Bien la glosa el conflicto que mantuvieron a principios del S. XX Unamuno y Ortega y Gasset o, dicho de otra manera, la pugna entre la españolización de Europa y la europeización de España. Afortunadamente para Europa, ésta no se españolizó. Y, desafortunadamente para España, en vez de europeizarse quedó firmemente asida al ¡que inventen ellos! de don Miguel. Con todo Unamuno era un intelectual comprometido, al que sin duda le preocupaba el desarrollo de la creatividad y de la cultura en España. Buena prueba de ello fue su famoso y valiente enfrentamiento público con el general Millán Astray, nada menos que en Salamanca en 1936: el militar cerró el asunto con sonoros ¡viva la muerte! ¡muera la intelectualidad! dando nítida muestra de lo que seguiría. No hubo posibilidad de contrastar modelos de desarrollo para España, ilustrados y en libertad, durante casi cuarenta años.

Con cierta frecuencia, a la vista de la mentalidad que advierto imperante, me pregunto, en un vano juego intelectual: ¿Fundaríamos ahora el Museo del Prado, o seguirían las obras escondidas donde estuvieran para evitar el saqueo en la Guerra de la Independencia con Francia? Si nos hubiéramos encontrado cerradas las universidades, ¿las volveríamos a abrir o las dejaríamos como estaban? ¿Se fundarían entidades como el CSIC, el IAC y muchas otras? Mucho me temo que hoy sería imposible fundar el Prado, el CSIC o el IAC, o volver a abrir las universidades. Simplemente, la gestión del corto plazo relegaría tales iniciativas en supuesto beneficio de otras más prosaicas e inmediatas: ¡Vade retro! ¡Se incrementa el gasto público! Cierto, se trata de un juego mental simplista. Pero también es verdad que vivimos con una escasez de esfuerzos que hacen muy difícil, no ya nuestra convergencia con los países punteros, sino simplemente mantener y potenciar lo que, en el ámbito cultural, científico, creativo o tecnológico ya tenemos. Y no me refiero sólo al dinero. Caben múltiples mejores organizativas que, en época de penurias, algo mejorarían la situación.

Y continúo con mi entretenimiento mental: ¿quién puede promover la cultura, la ciencia, la creatividad en nuestro actual escenario público? Y, pudiendo, ¿quién le atribuye, más allá del discurso, una importancia realmente merecedora de dedicarle esfuerzos significativos? Dudo que Fernando VII tuviera la sensibilidad para entender el valor del Museo del Prado. Pero alguien, que sí la tenía, pudo ejercer una influencia efectiva para hacerlo realidad. Tampoco creo que ni Sor Patrocinio ni Isabel II estuvieran muy preocupadas por las universidades. Pero  hubo quiénes, en los los gobiernos  de los espadones decimonónicos, advirtieron la necesidad de modernizar el país; y algo pudieron hacer, incluso en unos años enormemente tumultuosos.

De hecho, poco a poco, desde el Renacimiento, se fue configurando una mentalidad en Europa que le daba importancia al conocimiento en sí mismo, a la cultura, a la creatividad, al espíritu crítico. No fue tarea de un día, ni de un siglo. Ni incorporó al conjunto de la población, mayoritariamente analfabeta e inexorablemente sujeta a una economía de subsistencia. Tampoco los distintos países vieron florecer esta mentalidad de igual manera. Pero en el S. XVIII podemos ya hablar de un verdadero movimiento ilustrado, sí, protagonizado por las élites intelectuales, pero que tuvo una enorme importancia para el conjunto de la población. Nacida en Inglaterra al final del S. XVII, la Ilustración saltó a Francia y el resto de Europa, así como a las colonias americanas en el S. XVIII. También llegó a España. El movimiento ilustrado no sólo estuvo en la génesis de la Revolución Industrial, o del desarrollo del capitalismo. Promovió con intensidad la libertad de pensamiento y el espíritu crítico. Tenía un verdadero programa liberador para el conjunto de la población, a la que los grilletes de la ignorancia tenía sumida en la miseria. Por primera vez, hubo una verdadera preocupación por el pueblo y sus condiciones de vida, por el progreso a largo plazo de la sociedad. Se sustentaba en la educación, en la difusión del saber, en el esfuerzo intelectual, en el desarrollo de la creatividad, la ciencia y la tecnología: en prioridades cuyos frutos se recogen a medio y largo plazo. La Ilustración puso en jaque las monarquías absolutas, en primer lugar la inglesa. La burguesía ilustrada promovió el desarrollo del capitalismo liberal, aprovechando el desarrollo científico y técnico. Exigió compartir el poder con los reyes y la promulgación de constituciones.  Algunos de los reyes fueron ellos mismos ilustrados: Catalina II de Rusia, Carlos III de España, Federico II de Prusia…

Sin dejar de ser más o menos autócratas, muchos de los sucesivos gobernantes fueron ilustrados o, al menos, se dejaron iluminar por la Ilustración. Me llama poderosamente la atención pensar que, a final del S. XVIII, Napoleón fuera acompañado de científicos y sabios durante su campaña militar a Egipto. Ello dio lugar a un gran desarrollo de la matemática aplicada, de la ingeniería y del conocimiento del Mundo Antiguo. Los veinte tomos de la Descripción de Egipto son buena prueba de ello. Los franceses encontraron en Rosetta una estela con inscripciones en jeroglífico, demótico y griego que, después, permitiría a Champollion descifrar la antigua escritura egipcia. No sólo se fijaron en la Piedra de Rosetta, que pesa unos 750 Kg., sino que la cogieron para llevársela. Pero si no es sino un viejo y pesado bloque de piedra, con primitivos garabatos que nadie entiende: ¿por qué no tirársela a la cabeza a los ingleses, con quienes estaban en guerra?. Sin embargo a los ingleses también les interesó la Piedra y, como ganaron, se quedaron con ella. Ahora está en el Museo Británico. ¿No era Champollion francés? ¿cómo tuvo acceso a la Piedra para descifrar el lenguaje jeroglífico? Sencillo, los franceses se preocuparon de hacer copias para llevarse a Francia. ¡Y estaban en guerra! Alguna urgencia tendrían que gestionar ingleses y franceses en el corto plazo, además de intentar salvar la dichosa Piedra de Rosetta…

Ese espíritu ilustrado es el que ha hecho avanzar nuestro mundo occidental. Es la raíz y la savia de la democracia, de la tolerancia, de la libertad, de la educación y del avance científico y tecnológico del que ahora, a pesar de todos nuestros problemas, disfrutamos. La causa que hace posible el efecto del crecimiento económico, la inclusión y la protección social, y las comodidades de la vida moderna. Tal espíritu ilustrado ha estado presente, con mayor o menor intensidad, durante los últimos trescientos años. Los países en los que se ha mantenido vigoroso, Inglaterra, EEUU, Francia, Alemania,… han sido capaces de consolidar su bienestar. Los que lo hemos tenido mucho más tenue,  sólo nos hemos beneficiado de él en la medida que esa Ilustración pudo abrirse paso en la toma de decisiones de nuestros gobernantes.

La enorme paradoja es que, hoy en día, tenemos en España y en Canarias el nivel más alto de educación de toda nuestra Historia. La población mejor formada. Las mejores condiciones para aprovechar el talento y la creatividad, para producir cultura, ciencia y tecnología, para impulsar un crecimiento económico basado en nuestra capacidad de pensar. El sueño del programa ilustrado.

Sin embargo, hoy en día, la gestión del corto plazo en España y en Canarias, a diferencia de lo que pasa en otros territorios, parece ser razón suficiente para sacrificar el impulso público a la Ilustración de nuestro tiempo: a la cultura, a la ciencia, a la tecnología. Lo que no tiene un rendimiento inmediato, deja de ser una prioridad real.

Es un error. Una sociedad que vea como irrelevante la Piedra de Rosetta, porque no permita que en la urgencia del momento se recoja, cuide y estudie, probablemente perderá el futuro. Al menos, irá a remolque de otras sociedades que promuevan tal disposición. Sacrificará potencial de crecimiento y de bienestar, pues la Historia muestra que necesariamente vienen de la mano del pensamiento crítico y creativo sustentado por los valores intelectuales de la Ilustración: ¡Sapere Aude! ¡Atrévete a Pensar! proclamó en 1778 Kant en su famoso ensayo, ¿Qué es la Ilustración?, tomando prestada la sentencia del poeta romano Horacio. (S. I a. C.).

En realidad, es un doble error: no sólo seguimos afianzados al histórico ¡que inventen ellos!, sino que ni siquiera parece ya suficientemente relevante promover el desarrollo cultural. La relevancia de las supuestas prioridades se muestra con hechos, que faltan, mucho mejor que con palabras, que sobran.

Los elementos determinantes del crecimiento económico, sostenible y a largo plazo, son de carácter social y cultural. Se trata de los valores que predominan en las sociedades que alcanzan mayor prosperidad en el largo plazo. Quien sacrifica en la gestión del corto plazo tales valores, sea por las urgencias imperativas que haya que gestionar en cada momento, sea porque en época de bonanza es muy difícil prestarle atención a promover esos valores, y de eso algo sabemos en España y Canarias, sacrifica el futuro y, con ello, el bienestar y cohesión social que intenta salvar en el corto plazo.

Por ello, necesitamos una nueva Ilustración. Por supuesto, adaptada a nuestro tiempo y sociedad; a sus necesidades y retos. Que sea capaz de gestionar las urgencias sin renunciar a las estrategias. Que aproveche el intelecto y el talento. Que realmente cimiente el bienestar y la prosperidad sobre pilares sólidos: los que proporciona el conocimiento. Que grite bien fuerte: ¡Sapere Aude! ¡Atrévete a Pensar!

Tras el debate: Potenciemos la marca #CanariasIDi

El pasado viernes 17 de abril, aproximadamente entre las 10 y las 11:30 de la mañana, celebramos una experiencia pionera e innovadora de apoyo a la I+D+i en Canarias: los dos rectores de ambas universidades públicas canarias, esto es, el Prof. Eduardo Doménech, por la Universidad de La Laguna (ULL),  y el Prof. José Regidor, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Prof. Rafael Rebolo, el director de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), Dr. Octavio Llinás, y el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI), que esta líneas escribe, mantuvimos un debate abierto en Twitter sobre la I+D+i en Canarias, identificado con la etiqueta (hashtag) #CanariasIDi. El debate puede consultarse en https://tagboard.com/CanariasIDi/search y dio lugar a unos 700 Tweets. Además, su resultado fue recogido en varios de los principales medios de comunicación de Canarias.

El debate fue muy ilustrativo, además de enormemente correcto. Las personas que participaron mayormente tenían una verdadera preocupación y opiniones sobre la I+D+i y su papel en nuestra sociedad. De hecho, pienso que hay posiciones ampliamente compartidas, tanto por los colectivos involucrados en la I+D+i como por las personas que tenemos la responsabilidad de su gestión: financiación insuficiente, escasas opciones para los jóvenes en este ámbito, poca implicación del sector privado, necesidad de rejuvenecer y estabilizar plantillas en el sector público,…

Aparentemente casi todo el mundo tiene una opinión positiva de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin embargo, no somos capaces de impulsarla como nos gustaría. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿cuáles son las dificultades? Aquí van algunas de mis ideas al respecto:

  • No hay una verdadera percepción de la necesidad de prestarle atención a la ciencia, la tecnología y la innovación. Cierto que vivimos en un mundo tecnológico y sustentado en la ciencia. También que el conjunto de la sociedad muestra una cierta curiosidad hacia tales ámbitos. Pero no creo que esté asentada la idea de que tenemos que hacer esfuerzos para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación aquí también, aún a costa de tener que renunciar a otras cosas. Dicho de otra manera, no creo que haya una predisposición, ni social ni política, a asumir los costes de oportunidad que un verdadero desarrollo de la sociedad del conocimiento comporta. Si viene y es gratis, todo el mundo lo celebrará. Pero si es a cambio de dejarse algo por el camino, esto es, si realmente es necesario priorizar, mucho me temo que ya no existe tan buena predisposición.
  • En otras economías, la I+D+i juega un papel importante en la competitividad y productividad empresarial. Hay empresas que hacen verdaderos avances científicos y espectaculares desarrollos tecnológicos. Han sido emprendedores y empresas privadas las que han impulsado los avances tecnológicos que han configurado nuestra sociedad a lo largo del S. XIX y del S. XX.  Ni el ámbito académico, ni el de la ciencia pública han sido los protagonistas, aunque hayan sido clave en la generación del ecosistema que ha hecho posible las innovaciones.
  • Sin embargo, en nuestro caso, la práctica ausencia de actividad empresarial sustentada en la I+D ha tenido por efecto que la investigación científica y el desarrollo tecnológico sean materias prácticamente de monopolio público. La brecha entre el ámbito científico-académico y la industria existe en todos sitios, pues cada cual tiene roles distintos que atender en la sociedad. Pero la brecha se vuelve insalvable cuando la actividad productiva no requiere apenas de la ciencia y la tecnología. Es más, no hay una demanda de los sectores productivos para que los poderes públicos promuevan la I+D, probablemente porque no se advierte como necesaria para tal actividad productiva.
  • Por tanto, es el sector público el que de forma prácticamente única soporta el peso de la I+D en Canarias, Aún así, el peso de la I+D en las políticas públicas es inferior al de otras CCAA españolas, a su vez, inferior al de otras regiones europeas. Es lógico, si no hay un sector privado que aproveche tal esfuerzo público, generando crecimiento sostenible y empleo de calidad, ¿puede ser una prioridad para los poderes públicos en un momento de enormes restricciones financieras? Ciertamente, la crisis económica ha desplazado a la I+D de la agenda social y política en Canarias, y en el conjunto de España.

Es fácil entender el círculo vicioso en el que estamos atrapados: no tenemos un sector productivo innovador, que aproveche y demande la ciencia y la tecnología. Por tanto, los poderes públicos, principalmente preocupados en la gestión del corto plazo, no tienen el estímulo socioeconómico para promover políticas de soporte, no ya de la I+D, sino tampoco de la innovación. Y lógicamente, la ausencia efectiva de tales políticas públicas no permite promover la innovación en la actividad productiva privada, que facilite la presencia de nuevas empresas intensivas en conocimiento que procuren  un alto valor añadido al PIB y saquen partido del talento, la creatividad y del esfuerzo público en la educación. Y no se trata sólo de empresas de alta tecnología. Se trata de la brecha en productividad derivada, por ejemplo, de una insuficiente penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el conjunto de las PYMEs de Canarias, o de otras tecnologías innovadoras.

En mi opinión, la importancia de la experiencia #CanariasIDi no está tanto en las concretas aportaciones, indudablemente interesantes, que se hicieron, como en el hecho de que es una llamada de atención para dejar patente que la ciencia y la tecnología, con su hija la innovación, requieren del amparo social y la determinación política. No de la política partidista del corto plazo, sino de la política en la más noble y elevada de sus acepciones: la que configura participativamente el futuro de una sociedad madura y democrática. Con dificultades y con retos. Con compromiso y con la determinación de alcanzar el futuro que deseamos.

No debemos dejar que la pequeña llama encendida el viernes con #CanariasIDi se apague. Entre tod@s, hagamos realidad el sueño de la I+D+i en Canarias, como pilar de una sociedad próspera, inclusiva y solidaria, capaz de dejar su huella en el devenir de la Humanidad.

Ni tecnófobos, ni tecnófilos: sólo usuarios prudentes de la tecnología

Los adultos de hoy en día tenemos que superar la difícil prueba de, no sólo de adaptarnos nosotros mismos a un entorno tecnológico en frenética evolución, sino, también, de asesorar a nuestros menores en cómo deben desenvolverse en este complejo nuevo mundo.

Intento reflexionar sobre si esto ya ha pasado antes en la Historia de la Humanidad, pero no encuentro parangón posible. Sí, el mundo antiguo fue testigo de enormes revoluciones socioculturales, debidas a la invención de la rueda, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, la vida sedentaria, la metalurgia, la navegación y tantos avances tecnológicos. Pero siempre fueron procesos relativamente graduales. Pocos cambios culturales podía aspirar a ver una persona a lo largo de su tiempo de vida, salvo, eso sí, ser sometido o arrasado por un pueblo algo más desarrollado tecnológicamente, cosa que tampoco pasaba todos los días.

Tampoco es asemejable el redescubrimiento de Aristóteles y los sabios clásicos en la Europa medieval a través del Islam andalusí  ni, siquiera, la invención de la imprenta de tipos móviles por Guttenberg. A pesar de la enorme influencia que tales hechos tuvieron en el desarrollo de la Escolástica, del Renacimiento, de la Reforma religiosa, de la difusión del saber, la ciencia y la crítica, y, por fin, de la Ilustración, fueron avances cuyos efectos llevó un tiempo considerable difundir socialmente. Que la mayor parte de la población continuara siendo, a final del S. XVIII, analfabeta y campesina es buena muestra de ello.

Podrán decirme que la Revolución Industrial produjo efectos sociales mucho más acelerados. Es cierto. La automatización de los telares ingleses produjo el primer terremoto social causado por la tecnología. Los artesanos textiles fueron desplazados por las máquinas y la reacción de los seguidores del mítico Ned Ludd no se hizo esperar. Había nacido la tecnofobia bajo la forma del Ludismo. Los luditas quemaron algunos telares, a unos cuantos de ellos la protesta les costó la vida, hubo también revueltas que se extendieron en Europa, pero la automatización industrial había llegado para quedarse.

Ciertamente la sociedad se hizo mucho más dinámica, y en ciento cincuenta años el mundo cambió más que en los dos mil años precedentes: los medios de comunicación, la electricidad, la prensa, los derechos humanos… Con todo, las cosas llevaban su tiempo. Fueron necesarias varias décadas para difundir la luz eléctrica, la telefonía, la radio o la televisión. Cuando yo era un niño, hace menos de cuarenta años, sólo había en Canarias un canal de televisión, y aún se hacía uso habitual de la telegrafía. En muchos pueblos, la telefonía estaba disponible sólo a través de operadores manuales. Sí, había que llamar a la central para que te marcaran el número, y cerraran la comunicación conectando manualmente unas clavijas…

Incluso la introducción de las tecnologías de la información, paulatina a partir de los años setenta del siglo pasado, no produjo efectos de intensidad social hasta los años noventa, con la invención y rápida difusión de la Web. Bien conocida es la paradoja de la productividad de Robert Solow, Pemio Nobel de Economía, que en en 1987 decía que podían verse las computadoras en todos sitios menos en las estadísticas de productividad. Cuando yo terminé mi carrera de ingeniero de telecomunicación, en 1992, no había remitido nunca un email. Ni siquiera había estudiado Internet, salvo muy por encima su antecesora, ARPANET, pues el diseño que las grandes operadoras habían hecho y estandarizado para la conexión de datos, el Open System Interconnection (OSI) de la International Standards Organisation (ISO) era la materia que se estudiaba en toda Europa, haciéndose general uso del libro Computer Networks, de Andrew Tanenbaum, en mi época en su segunda edición (1989). En algún momento escribiré sobre el impresionante desplazamiento de OSI por Internet, porque son muchas las lecciones que se pueden extraer del mismo. Pero no es hoy el día para ello.

Dejemos la Historia, siempre fascinante, y veamos ahora la más rabiosa actualidad. Creo que el año 2010 conoció un hito singular con la introducción del iPAD por Apple. Tal hito había venido antecedido por la entrada de la compañía, con el iPhone en 2007, en el mercado de los nuevos smartphones, donde competían en el segmento profesional otras compañías como, por ejemplo, Blackberry o Nokia. Todas ellas aprovechaban la mejora tecnológica de las redes inalámbricas y la disponibilidad de un ancho de banda, cada vez mayor, pera dispositivos móviles, cada vez más potentes. Probablemente la visión revolucionaria de Steve Jobs fue concebir unos dispositivos, el iPhone y el iPad, que trascendían el ámbito profesional sin renunciar al mismo. Una extensión de nosotros mismos, que nos acompaña en todo momento, y que nos sirve para todo. Podemos jugar, informarnos, leer, trabajar, conectarnos, en todo momento y en todo lugar. Su competencia reaccionó inmediatamente, dando lugar a dispositivos construidos alrededor de un sistema operativo alternativo, Android, sin olvidar tampoco Windows Phone.

Estos dispositivos móviles tenían la capacidad de aprovechar toda el potencial que ofrecen los servicios web interactivos, que habían surgido tras la invención de la Web y que se habían difundido principalmente a partir del año 2000: Amazon (1994), eBay (1995), Google (1998), Wikipedia (2001), MySpace (2003), Linkedin (2003), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006),… No podemos olvidar que, hasta la popularización fulgurante de los dispositivos móviles, el acceso a los servicios web se hacía principalmente a través de ordenadores convencionales de sobremesa. Es principalmente a partir del año 2010 que el acceso a los mismos se hace masivo a través de dispositivos móviles, por un público cada vez más heterogéneo, dando lugar a la actual y más formidable revolución tecnológica de cuantas conocemos. Con ella había nacido la tecnofilia, consecuencia del éxtasis que en muchas personas produjo la inmensa gama de nuevas posibilidades para la interacción social, y que les parecía que, de por sí, sólo había de tener efectos positivos.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. En mi opinión la concepción tecnófila es tan equivocada como la tecnófoba. El desarrollo tecnológico es globalmente siempre positivo, pues ofrece mayores posibilidades a la Humanidad, lo que es distinto de entender que no conlleva costes. Es más los inconvenientes pueden causar serios problemas sociales si no se gestionan adecuadamente. Dar un vistazo al pasado y al presente lo pone de manifiesto: la automatización desplazó laboralmente a las personas no formadas en la mismas, el desarrollo industrial procurado por la tecnología convirtió al campesinado en proletariado, creando tensiones que sólo el nacimiento del estado social en el seno de los estados democráticos de derecho liberales pudo amortiguar, nacimiento debido al terror que producía la hipotética extensión del movimiento bolchevique al resto de Europa tras la Revolución Rusa. ¿Y qué decir de la afección al medio ambiente producido por nuestra tecnológica sociedad?

No vayan a ver en mí a un tecnófobo, nada más lejos de la realidad. He dedicado mi vida profesional a la tecnología, y también mucha de la personal, pues la tecnología (y la ciencia que la hace posible) es también un aspecto importante de mi tiempo de ocio. Pero ello no es óbice para que piense que es necesario gestionar adecuadamente la introducción de la revolución tecnológica que estamos viviendo en nuestra sociedad. Revolución, como he intentado argumentar, más acelerada e inmediata en sus efectos que ninguna que haya vivido antes la Humanidad. Pongamos algunos ejemplos:

  • La tecnología tiene la capacidad de hacernos mucho más eficientes y eficaces en nuestro trabajo. Si no lo hacemos, se resentirá la productividad de nuestras empresas que no podrán competir con otras cuyos trabajadores tengan capacidad para manejar la tecnología. ¿Cómo conseguimos que nuestras empresas hagan un uso productivo de la tecnología, sin excluir a quienes por edad o formación no están familiarizados con las mismas?
  • La tecnología tiene el potencial de proporcionar interacciones sociales enormemente enriquecedoras, además de facilitarnos un uso eficiente de nuestro tiempo libre y un mejor aprovechamiento de las actividades de ocio. Puedo consultar en una red social opiniones de restaurantes, que se esmerarán para que las opiniones de sus clientes sean positivas. Puedo mantener el contacto con amigos y conocidos presentes y distantes. Puedo saber por dónde andan mis hijos cuando salen a dar una vuelta. Puedo programar y contratar actividades en mis viajes de vacaciones. Puedo aprender de cualquier cosa, no sólo todo está en la red, sino que estoy en listas de Twitter o de otras redes sociales que me mantienen al día de asuntos que me interesan. Puedo simplemente dedicar un tiempo a oír la música que me gusta, por ejemplo en Spotify. Puedo compartir fotos con mis amigos en Instagram o Pinterest. En definitivas cuentas, puedo tener un ocio mucho más satisfactorio. Pero, ¿cómo consigo que no se convierta en una adicción? ¿cómo poner el límite para que la vida virtual no me deje sin vida física? ¿para que en vez de aprovechar mi tiempo de ocio no sólo lo pierda, sino que también termine por afectar negativamente al que es de trabajo o estudio? Estamos simplemente empezando a aprender sobre las psicopatologías que el uso desmedido de las tecnologías de la información pueden provocar.
  • Las posibilidades que las tecnologías de la información ofrecen a la formación y educación, tanto de nuestros niños y jóvenes, como de nuestros adultos para actualizarse y reciclarse son simplemente infinitas. Pero no todo uso de la tecnología en el ámbito educativo tendrá esa positiva consecuencia. Podemos conseguir también justo lo contrario. Es mucho más fácil cortar y copiar contenidos de la red en vez de hacer el esfuerzo crítico e intelectual que aprender siempre, con o si tecnología, requiere.
  • La privacidad y la protección del derecho fundamental a la intimidad y la propia imagen se comprometen de manera verdaderamente sorprendente por muchas personas, que exponen su perfil personal al público en general. Esto es, el empleador sabrá antes de hacer la entrevista de trabajo quiénes son tus amigos, cuáles son tus aficiones… Tu nueva pareja, buscará en la red antes de hablar contigo de tu vida pasada. Y todo ello en el momento en que la protección a la propia intimidad tiene el mayor grado de protección jurídica posible.

La situación más preocupante es la de los adolescentes. Estamos asistiendo a verdaderos comportamientos adictivos, al acceso a contenidos perjudiciales para su desarrollo humano, a comportamientos de acoso que, siempre indeseables, ya no se circunscriben al patio escolar sino que persiguen a quiénes lo sufren vayan donde vayan, a una desprotección de su vida íntima y personal, por no hablar de la interacción malévola que algunos adultos procuran por este medio para acceder a adolescentes con un propósito sexual. En cuanto a la disposición de la propia intimidad, qué decir. Viendo cómo la ceden muchos adultos, con todo su derecho para ello aunque dudo que en muchos casos con plena conciencia de las consecuencias, qué vamos a esperar que no hagan los menores. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de protegerlos.

Leo con frecuencia que, en relación a los adolescentes, el problema está en la educación y en la falta de supervisión de los padres, no en la tecnología cuyo uso no debe limitarse. Es cierto, lo admito, pero no es toda la verdad, sólo parte de ella. Quien haya tenido hijos adolescentes, o quien simplemente recuerde su propia adolescencia, debiera saber que no es una edad fácil, que la auctoritas de los mayores está puesta en duda en el natural afán de descubrir el propio espacio vital. No podemos ser ni ángeles de la guarda ni investigadores policiales en la actividad cotidiana de nuestros hijos e hijas. ¿Cómo puedes saber lo que están haciendo en el baño? ¿Cómo controlar que no se conecten después de irse a la cama? ¿cómo conseguir que no pulvericen su tiempo de estudio con el uso de unos dispositivos que sirven para todo, sí, para estudiar, pero también para jugar y para interactuar socialmente sin mesura ni fin? ¿cómo asegurar que no entran en contacto con quien no deben, que no suben o bajan contenidos inapropiados?

El paradigma ha cambiado. Hace sólo cuatro años la recomendación era clara: el ordenador debe estar en espacios compartidos de la vivienda, de modo que pudiera darse de vez en cuando un vistazo al pasar junto a ellos o estando en la cercanía. Ahora todo el mundo virtual, lo bueno y lo malo, está accesible en el dormitorio, en el salón, en el baño, en el tranvía, en un centro comercial o paseando por la calle.

Nuestra revolución tecnológica hará avanzar a la Humanidad, seguro. Pero debiéramos disminuir los costes tanto como sea posible. Necesitamos nuevas reglas sociales (y también algunas legales) en el uso de la tecnología, como las hay para casi todo lo demás. Admitámoslo, no sabemos gestionar la situación, simple y llanamente, porque es sobrevenida. No es simplemente falta de educación, falta también experiencia. En tal contexto, la prudencia debiera ser buena consejera.

Las particularidades del comercio electrónico en Canarias

El rápido desarrollo del comercio electrónico ha venido acompañado en Canarias de una sensación de frustración, por parte de muchos consumidores y pequeñas empresas, que han visto cómo tenían que hacer frente con demasiada frecuencia a costes e incomodidades que acompañaban a la gestión aduanera en el intercambio de bienes corporales. Es seguro que muchas personas se han sentido, cuando menos, agraviadas por ello, y es también muy posible que las gestiones relacionadas con el despacho aduanero de las mercancías, junto con una falta de información en relación al procedimiento, a los derechos y a los deberes de cada cual, tal vez también aprovechada más allá de lo deseable por algunos operadores, ha provocado una retracción de esta importantísima modalidad comercial. La controversia lleva tiempo presente en la Red y, a modo de ejemplo, aquí hay varios enlaces que así lo demuestran:

Mi objetivo en esta entrada es intentar delimitar el alcance de la situación de Canarias en relación al comercio electrónico, y debatir sobre medidas puestas en marcha o futuras que puedan ayudar a mejorarla. Para no inundar este post con datos, me permito referirles al Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI), por ejemplo, al Informe sobre el Comercio Electrónico en Canarias (ed. 2014), o al Informe eCanarias (ed. 2014). Además, en el OCTSI pueden encontrar enlaces a informes de otros organismos, y accesos a las fuentes de los datos, entre otro material. Asimismo he publicado, junto con éste, otro post que hace un abordaje más general al problema: Los retos del comercio electrónico.

¿Tenemos un problema los canarios con el comercio electrónico?

Sí, indudablemente. La compra por vía electrónica en Canarias es apreciablemente inferior a la que se realiza en el resto de España y de Europa. Tal y como refiere el OCTSI en su informe (datos del INE y EUROSTAT), durante el año 2013 sólo el 27.1% de los canarios hicieron compras por comercio electrónico, mientras que la media española fue del 37.5% y la europea (EU28) 50.2%.  Intentaré dar mi visión del alcance del problema y de sus causas.

  • La compra de servicios prestados electrónicamente, por ejemplo estancias vacacionales, transporte en avión, o entradas en espectáculos (descomunal diferencia de un 42% de compradores que han hecho esta adquisición en España, frente a un 14% en Canarias), así como de bienes incorporales, por ejemplo libros electrónicos, música o películas, es muy inferior a la del resto de España (una diferencia de 5-6 puntos porcentuales entre ambas, que llega a 28 en las entradas). No es fácil determinar la razón, que probablemente será multifactorial. Por ejemplo, el nivel de renta inferior a la media española, o la poca penetración de las PYMEs canarias en la sociedad de la información, que limita la oferta local de servicios por vía electrónica. Adviértase que en este tipo de compra, el gravamen suele ser el del lugar del prestador, lo que puede suponer una presión fiscal al consumo difícilmente asumible en Canarias, pues el servicio o bien incorporal electrónico se verá gravado por el IVA si se adquiere desde un comercio europeo (no hay aduana para este tipo de transacciones). Este criterio de repercusión del impuesto indirecto es el general en el comercio internacional de servicios y, salvo excepciones, es también el que se aplica en el territorio de aplicación del IVA. Aunque también es cierto que, en el territorio IVA, a ciertos servicios electrónicos (por ejemplo bienes incorporales adquiridos por consumidores, tales como libros, software, música o películas), a partir de enero de 2015, se les aplicará el gravamen correspondiente al lugar del comprador (excepción al criterio general). Sin embargo, el efecto para el consumidor europeo será, en general, un incremento de la presión fiscal, pues las plataformas de venta on-line ya no se podrán beneficiar de prestar el servicio desde zonas de baja tributación de IVA, por ejemplo desde Luxemburgo, pues el tipo aplicable será el del país de compra. En principio, estos cambios no afectarán a la adquisición de servicios electrónicos desde canarias.
  • La compra de bienes corporales en Canarias es también inferior a la media española, aunque la diferencia no es tan acusada como en los servicios y bienes incorporales. Por ejemplo, la categorías principales de compras en España y Canarias son ropa, material deportivo, libros, revistas y equipamiento electrónico, aunque ahora la diferencia baja a 3-4 puntos porcentuales. La mayor diferencia corresponde a los bienes para el hogar, que han sido adquiridos por el 26% de los cibercompradores españoles, frente a sólo un 11% de los canarios. Es probable que la gestión aduanera afecte a la adquisición de bienes por vía electrónica, especialmente en la categoría de bienes para el hogar, en éste último caso por la posible incidencia añadida del AIEM.
  • En cuanto a la venta por Internet de las empresas, Canarias vuelve a estar por detrás de la media española, en general, tanto en la prestación de servicios electrónicos como en la entrega de bienes corporales. Sin embargo, la venta de las empresas de más de diez trabajadores es mejor que la media española y europea. Del análisis de los datos vemos que las empresas que compran por Internet son considerablemente menos en Canarias que en el resto de España, coincidiendo aproximadamente en número con las vendedoras, por lo que parece concluirse que las empresas que venden y las que compran son esencialmente las mismas, cuando en España son apreciablemente más las compradoras que las vendedoras.

¿Es la aduana en Canarias la culpable de la diferencia?

Creo que sólo en parte, y principalmente, no por ella, sino por algunos comportamientos, por la dificultad en algunas gestiones y por la falta de información. Es muy posible que estas circunstancias disuadan a muchos particulares en compras pequeñas de bienes corporales e, igualmente, a micropymes exportadoras. Sin embargo no es éste el caso para empresas exportadoras de cierto tamaño y, probablemente, tampoco para los consumidores que hagan compras algo mayores, bien sea porque hacen la compra de un bien más costoso, o porque agregan varios en el mismo envío. Por otro lado, la aduana poco o nada tiene que ver en la menor adquisición de servicios y bienes incorporales. Veamos qué problemas comporta la aduana para pequeños compradores y vendedores:

  • Soy un consumidor y hago una compra inferior a 22€. Si estoy en la Península pago 22€, más el 21% de IVA (4.6€), el transporte con su IVA (por ejemplo, 3.4€), resultando 30€. Pongamos que resultan 25€. Si estoy en Canarias, hasta ahora, pago 22€, más el transporte (por ejemplo, 5€), estoy exento de IGIC de importación (hasta mercancías de 22€), más la gestión de cumplimentación del Documento Único Administrativo (DUA) en la Aduana (variable, pongamos que entre 6€ y 25€). Por tanto, en Canarias, sin DUA, pagaría 27€, pero con DUA podrían resultarme desde unos asumibles 33€ hasta unos inaceptables 52€ y, lo que es peor, por lo general sin saberlo de antemano.
  • Ahora mi compra es de 50€. En la Península pagaría 50+21%de 50+3.4 = 63.9€. Y en Canarias, 50+7%50+5=58.5€, si no pagamos por la gestión del DUA. Pero si la pagamos, nos moveremos en un rango desconocido entre 64.5€ y 83.5€.
  • Podemos sacar una sencilla formulita para ver a partir de qué precio, para cada posible coste de la gestión del DUA y diferencia en el precio del transporte es más barato en Canarias que en la Península: Precio=7.14x(DUA+Dif_TRANSP). Por ejemplo en un caso optimista, si pago sólo 10€ más por gestión del DUA y transporte, a partir de 71.4€ de precio del bien me resultará más barato en Canarias. Pero si vamos al caso muy pesimista, de una diferencia de 30€, hasta 214.2€ me resultará más caro en Canarias que en la Península. Cuanto más barata sea la mercancía más perjudicado voy a estar por un coste de gestión del DUA desproporcionado (como vimos en los dos casos anteriores), y cuanto más cara sea, mejor me va a resultar comprar en Canarias, sin que el DUA me perturbe demasiado. Por ejemplo, si el precio de la mercancía son 1000€, me ahorraré en Canarias 140€-(DUA+dif_Transporte), esto es 130€ en el caso optimista y 110€ en el caso más pesimista.
  • Hasta ahora he asumido que los tipos de aplicación del IGIC y del IVA eran los generales (7% y 21%). Sin embargo, podríamos encontrarnos con tipos reducidos, superreducidos o, incluso, exenciones, más ventajosas en cualquier caso con el IGIC. También he supuesto que la compra no está sujeta al Arbitrio por Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM). Es lo más frecuente, pero indudablemente hay compras sujetas al mismo que explican, por ejemplo, la baja compra de bienes para el hogar por Intenet en Canarias. ¿Qué bienes están gravados por el AIEM y con qué tipos? Lo mejor es comprobarlo uno mismo en el Anexo II de la Ley del AIEM. Podemos ver que el tipo general es del 5%, que puede ser también del 10% o del 15% para algunos productos e, incluso, el 25% para los cigarrillos (mejor no fumar, en cualquier caso). Si lo añadimos al 7% de IGIC, nos encontramos con una imposición indirecta total del 12%, del 17%, o del 22% (para los fumadores del 32%), semejante por tanto a la del IVA, para ciertos productos que se producen también en Canarias. Pongamos algunos ejemplos de productos que uno podría pensar comprar por Internet, con el AIEM aplicable: vino (5%), ron y cerveza (15%), jamones (10%), embutidos (5%),  jabones, ropa de cama o de cocina y bañadores de fibras sintéticas (5%), ciertos materiales de construcción y pinturas -incluyendo artísticas- (5%), periódicos y publicaciones periódicas -pero no libros- (5%). Como puede verse, el AIEM no grava los productos que más habitualmente se adquieren mediante comercio electrónico y, además, en cualquier caso, tienen la misma repercusión que si los compramos presencialmente en un establecimiento comercial.
  •  La situación, en mi opinión, más preocupante, es la del pequeño vendedor on-line canario. Realmente, hoy por hoy, la oferta que podemos vender por Internet es en muy buena medida de pequeños artículos, por ejemplo, gastronómicos (vinos, quesos), o artesanales, o de otro tipo. Y, ciertamente, a quien compre un vino canario por el que pagó en sus vacaciones 20€ y al llegarle a casa le toque pagar 50€, difícilmente repetirá la experiencia. En productos caros ya hemos visto que el efecto del DUA se diluye, aunque aquí el IVA juega en contra del comprador exterior (y, por tanto, del exportador canario). Sin embargo, en el comercio las expectativas son muy importantes, especialmente en pequeñas compras a las que uno no les dedica tampoco demasiado tiempo de reflexión, y que pueden resultar en desagradables experiencias.

¿Tenemos que tener aduana?

Hoy por hoy esa pregunta es la misma que si tenemos que tener un régimen fiscal propio y diferencial. Tal vez en el futuro pueda concebirse tal régimen sin requerir trámites aduaneros, pero me temo que en la actualidad la normativa europea impone que los territorios que, como Canarias, están dentro del territorio aduanero pero fuera del espacio de armonización fiscal (donde no se aplica IVA), hayan de aplicar su imposición propia en una aduana, aunque no vaya a satisfacerse propiamente un derecho aduanero. Podría dar varios motivos por los que entiendo que tal exigencia debiera flexibilizarse, entre otras nuestra pertenencia al Mercado Único, o la propia previsión en la Directiva IVA de que los impuestos que se apliquen de forma diferencial sobre el consumo en los distintos territorios necesariamente se liquiden sin requerir trámite aduanero. Al menos sería deseable facilitar la autoliquidación de transacciones de pequeño volumen sin requerir trámite aduanero, apoyándose en las posibilidades que brinda actualmente la tecnología. Pero eso falta tiempo para que pueda lograrse.  Una vez que las transacciones entre Estados Miembros y la liquidación a distintas Administraciones Tributarias, tanto del IVA como de los impuestos especiales, esté suficientemente dinamizada, es posible que pueda introducirse con ciertas expectativas de éxito el debate, para que al menos en ciertas transacciones la experiencia del comercio electrónico intracomunitario sea aprovechable en la tributación de territorios especiales que, como Canarias, requieren un régimen fiscal propio.

Por ello, hoy por hoy, no creo que sea posible evitar el DUA, porque su cumplimentación es un trámite imperativo en la normativa europea de aduanas. Ya me gustaría pensar lo contrario…

Mi opinión es que debemos salvaguardar nuestro propio régimen económico y fiscal como un Fuero Canario. Creo que perderíamos mucho si renunciáramos a él, a pesar de que en ciertas transacciones pueda resultar incómodo. Pero no podemos olvidar los aspectos positivos. Por ejemplo, si estuviéramos en territorio de aplicación del IVA, el tipo mínimo general, por mandato de la Directiva Europea, sería del 15%, en vez de nuestro 7%. Además, la recaudación se repartiría entre el Estado y la Comunidad Autónoma al 50%, en vez de mantener el 100% en Canarias como pasa con el IGIC. Y, además, no sólo los tipos mínimos sino todos los demás estarían sujetos a reglas de armonización dictadas por la Comisión que probablemente supusieran una elevación de los fiscalidad indirecta en Canarias. además de que, en principio, sería el Estado quien determinara los tipos de aplicación dentro de los límites permitidos por la Comisión.

¿Qué medidas se han tomado para atemperar los efectos del DUA?

Hagamos un resumen, muy simplificado, de cómo funciona la compraventa entre el resto de España (salvo Ceuta y Melilla), donde el IVA es de aplicación, y Canarias. Consideramos las recientes medidas acordadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Gobierno de Canarias para formalizar el DUA: autodespacho en línea (en vigor desde el 22 de julio de 2014), y la supresión del DUA de exportación para envíos inferiores a 3.000€, así como la presentación del DUA de importación por el vendedor (ambas en vigor desde el 13 de enero de 2015).

  • Supongamos que soy un vendedor que está en la Península y recibo una petición de compra en mi página web desde Canarias. Al facturar no puedo aplicar el IVA, pues las exportaciones están exentas. Dado que no le repercuto al comprador el IVA que he soportado, habré de deducirlo en la oportuna declaración. Mi agente de transporte y aduanas tendrán que cumplimentar un DUA de exportación por mi cuenta pero, aquí viene el primer cambio, estaré exento de tal obligación si el envío es inferior a 3.000€. Al llegar a la aduana en Canarias, habrá de cumplimentarse un DUA de importación, junto con la liquidación de IGIC de importación y en su caso de AIEM, por cuenta del comprador y, aquí viene el segundo cambio, pues puedo encargarme yo como vendedor de hacerlo por cuenta del comprador. Esto es, no es necesario dejar en manos de intermediarios la cumplimentación que repercuten en conceptos de gastos de gestión del despacho lo que consideran oportuno. Por tanto, está en mi mano como vendedor presentarle una oferta al comprador dándole a conocer el coste final que tendrá su compra, sin perjuicio de que sería deseable que, si no quiero ocuparme de tal gestión del despacho de la importación, informe al comprador del coste de gestión que le cargarán mis transportistas. Pero, además, el comprador, y este es el tercer cambio, tiene el derecho de hacer por sí mismo la gestión mediante la oportuna autoliquidación, de modo que, en tal caso, no tendrá que realizar ningún pago por la gestión del DUA. Para ello simplemente necesitará la identificación del envío.
  • ¿Y si soy un vendedor que está en Canarias y vende en la Península? Pues se hace el circuito inverso: exporto sin facturar IGIC y deduciré el IGIC soportado y no repercutido, no tendré que cumplimentar DUA de exportación si el envío es inferior a 3.000€, y podré cumplimentar el DUA de importación y la liquidación de IVA, por cuenta del comprador. Si no quiero hacerlo, simplemente debiera darle una información al comprador de los costes que podrá esperar si le deja la gestión a la empresa de transportes. Además, le informaré de que puede realizar un autodespacho él mismo, que le permitirá ahorrarse el coste de gestión del DUA de importación.
  • Ahora soy un comprador, canario o peninsular. Las opciones que tengo se pueden extraer de lo anterior. Si el vendedor me ofrece, hacerse cargo de la gestión del DUA, debe indicarme si me supondrá un coste adicional. Si no lo hace, debería informarme de qué costes puedo esperar por la gestión del DUA de importación por parte del transportista.

¿Están resultando efectivas estas medidas?

Desde luego, no tanto como sería deseable. Creo que el problema no está en las medidas, que me parecen oportunas, sino en la gestión de las mismas y en la aparición de nuevos costes y barreras difíciles de entender.

Por ejemplo, no queda claro de qué manera el comprador ejerce desde un principio su derecho a realizar el autodespacho. En mi opinión, desde el momento de realizar la compra debiera tener la oportunidad de decirlo, y evitar que el transportista asuma automáticamente una representación indirecta (que ejerce en nombre propio, pero por cuenta del comprador). De otro modo puede encontrarse con un cargo por “cesión documental”, algo que parece haber sido habitual cuando los compradores reclaman su derecho de hacerse ellos cargo. Además, el comprador debe esperar a que la mercancía llegue al Almacén de Depósito Temporal (ADT), en la aduana, momento en el cual el transportista tiene que cumplimentar la Declaración Sumaria de Depósito Temporal (DSDT), y proporcionar al comprador el correspondiente número de referencia. Este número es el que hay que utilizar para formalizar la declaración del DUA, tras la cual la aduana remitirá al declarante (comprador) el circuito, verde si no hay problema, naranja o rojo si hay que proceder a una inspección física. Si el circuito es verde, el comprador debe realizar el pago de IGIC y, en su caso, AIEM que corresponda, momento en que recibirá el levante (justificación del pago y autorización de disposición de las mercancías), que tiene que remitir al transportista para que recoja la mercancía y la lleve al domicilio de entrega.

Este procedimiento puede ser tan sencillo o tan complicado como los operadores intermedios deseen. Todo se hace telemáticamente, y los transportes de mercancías están totalmente automatizados. Pero si quiere dificultar el derecho del comprador a realizar el autodespacho, es muy fácil hacerlo.

El interés de vendedores y compradores (y del conjunto de la economía) es, sin duda, que se faciliten las transacciones comerciales. También es su derecho, al menos que éstas no se obstaculicen innecesariamente. Todo el mundo debiera tenerlo claro.

Por otro lado, hemos asistido a un incremento de costes de transporte, a la aplicación de gastos variables en la gestión del DUA en función del precio de la mercancía (¿por qué?), hay algún coste cuyo sentido no es sencillo entender, como el factaje (aparentemente gastos de administración y custodia que te aplican si gestionas tú el DUA por vía telemática), y continúa en muchos casos una imposibilidad real de conocer de antemano los costes totales de gestión aduanera, así como su justificación, que pueden repercutirse en los envíos. En fin, es como si en el supermercado se niegan a decirte el precio del agua hasta que no tienes más remedio que pagarla…

¿Por qué hay comercios electrónicos que no venden en Canarias?

Realmente no lo sé. A fin de cuentas, los costes los soporta el consumidor. Es cierto que el consumidor puede devolver la mercancía, cuando se encuentre con un sobrecoste que no esperaba. Pero también es cierto que el derecho de desistimiento asiste a todos los compradores por vía electrónica, no sólo a los canarios, y que además les toca a éstos costear los gastos de devolución, aunque no los de envío. De alguna manera, ante el ejercicio del derecho de desistimiento pierden comprador y vendedor. Y se trata de un derecho; el comercio no puede limitar el servicio a un colectivo o a una persona porque piense que lo va a ejercer.

Probablemente la razón sea simplemente que muchos comercios piensen que no les compensa dedicarle un tiempo a entender cómo realizar un venta a Canarias, simple y llanamente porque el mercado es relativamente pequeño. Pero no podemos olvidar que Canarias está dentro del Mercado Único, y que simplemente aplica un régimen fiscal propio, plenamente reconocido en el Derecho español y Europeo.

¿Y qué podemos esperar del futuro?

Desde luego, l@s canari@s no podemos conformarnos con una situación que dificulta nuestra integración y la de nuestras empresas en la sociedad de la información y en la economía global. Y ello debemos hacerlo en el marco de nuestra reconocida especificidad pues, tal Fuero Canario, existe por realidad geográfica, por necesidad y por Historia. Y así lo admiten la Unión Europea y España. En cada momento habrá que adaptarlo a las circunstancias, sin duda, reformar los elementos que queden atrás, pero no convertirlo en el chivo expiatorio de circunstancias que le son ajenas. Y, ya lo dije antes, creo que la tecnología permite que se facilite enormemente la gestión tributaria asociada al intercambio de bienes y servicios entre territorios con distintas fiscalidades, pero dentro del Mercado Único Europeo en todo caso, evitando de forma proporcionada los riesgos de fraudes. Aunque también creo que llevará su tiempo la adaptación normativa que aproveche plena y eficazmente tales potencialidades, pues emana del Derecho Europeo, transpuesto y principalmente desarrollado por la legislación estatal.

No debemos olvidar que existe una prolija normativa de protección tanto del tráfico comercial como de los derechos de los consumidores. Y que tiene que cumplirse (y exigirse) también en el comercio electrónico. Aunque publicaré una entrada específica sobre este asunto, aquí van unas pinceladas:

  • Texto refundido de la ley general de consumidores y usuarios: cláusulas abusivas (Arts. 82 y ss.), El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales (Art. 97.1e), derecho de desistimiento (Arts. 102 y ss.)
  • Ley de ordenación del comercio minorista: libre circulación de mercancías dentro de España (Art. 4), obligación de vender (Art. 9), posibilidad de fijar precios por el Gobierno del Estado si existen obstáculos graves al funcionamiento del mercado (Art. 13.2d).
  • Ley de competencia desleal: El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada (Art. 16.1), prácticas desleales y engañosas con los consumidores (Arts. 19 y ss.)
  • Ley sobre condiciones generales de contratación
  • Ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico: contratación electrónica (Arts. 23 y ss.).

También he de mencionar que Coalición Canaria presentó, en las Cortes Generales, una enmienda en la reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que no fue aceptada, y que, al menos en parte, aclaraba la obligatoriedad de atender debidamente a los consumidores canarios por vía electrónica. Puede verse su contenido en una página lateral de este mismo blog.

Por último quisiera mencionar que han surgido algunas plataformas on-line que intentan prestar servicios on-line mitigando las dificultades mencionadas, por ejemplo, ClickCanarias.com e iCanduty.com. Los blogs de ambas empresas están referenciados en los enlaces que proporcioné al principio de esta entrada.

Los retos del comercio electrónico

Llevaba ya algún tiempo con el propósito de escribir sobre el comercio electrónico. Es un asunto de enormemente complejo, con muchísimas implicaciones que, ni mucho menos, son evidentes. Pero que está llamado a provocar -ya lo está haciendo- la mayor globalización económica de la Historia, además, en un muy breve intervalo temporal. De forma complementaria, al tiempo que esta entrada, he publicado “Las particularidades del comercio electrónico en Canarias“. Los datos están ahí, son bien conocidos y fácilmente accesibles. Daré algunas pinceladas:

  • El 15% del volumen de facturación de las empresas europeas en 2014 fue mediante comercio electrónico, cifra en la que se sitúa España, por delante de Alemania (13%) o Italia (7%), pero por detrás de Irlanda (52%), República Checa (29%), Hungría (20%) o Reino Unido (20%).  Parece lógico que economías industriales, productoras de bienes de equipo, tengan una menor participación del comercio electrónico en el volumen de negocio total de las empresas, al tiempo que llama la atención la capacidad de incorporarse al comercio electrónico de las economías checa y húngara, por no hablar de Irlanda, que en sólo dos años pasó de un reseñable 21% al impresionante 52% actual. Sería interesante disponer del porcentaje de Luxemburgo en 2014, aunque en Eurostat sólo he podido obtener el dato de 2012 (21%), a la vista de la controversia por el trato fiscal que allí reciben algunas plataformas de venta on-line.
  • En España, conforme al Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2013 (B2C es Bussiness to Consumer, esto es transacciones comerciales con consumidores), del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), el comercio electrónico B2C creció un 18% anual desde 2012, alcanzándose un volumen de 14.260 millones de euros. Se compraron sobre todo, y por este orden, billetes de avión, paquetes turísticos, ropa y artículos deportivos, entradas a espectáculos, seguido a distancia de equipos electrónicos, apps, smartphones y tabletas, y películas, música y vídeojuegos. Es interesante referir también el Informe sobre el Comercio Electrónico en España a través de Entidades de Medios de Pago (primer cuatrimestre de 2014), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), muestra un 26.8% de crecimiento interanual, un mantenimiento de los servicios turísticos y de transporte aéreo a la cabeza de la contratación electrónica, y la siguiente distribución geográfica por volumen de negocio: un 40.4% corresponde al mercado interior español, un 42.7% a compras hechas desde España en el exterior (de las cuales, un 89.4% en la UE), y un 16.9% a ventas hechas desde España al exterior (de la cuales, un 74.5% se hicieron a la UE). Todo ello da lugar a un déficit comercial de 925 millones de euros en el primer trimestre de 2014.
  • En cuanto a Canarias, el Informe del Comercio Electrónico (edición actualizada a diciembre de 2014), del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI), muestra un incremento del 36%, entre 2012 y 2013, del volumen de comercio electrónico, recuperándose de la fuerte caída del año anterior. Sin embargo, la población que usa ese canal de compra es sólo el 27.1%, inferior a la media española (37.5%) y a la europea (50.2%). Aunque un juicio apresurado puede llevar a pensar que la diferencia se debe a la introducción de mercancías en Canarias, lo cierto es que en la comercialización electrónica de servicios intangibles hay una mayor diferencia que de bienes corporales. Por ejemplo, si el 54.1%, el 46.1% y el 42.0%  de los cibercompradores españoles han comprado, respectivamente, alojamientos de vacaciones, servicios para viajes y entradas para espectáculos, en Canarias sólo lo han hecho el 39.2%, el 39.4% y el 14.2%. Sin embargo, si nos referimos a ropa y artículos deportivos, por un lado, y a equipamiento electrónico, por el otro, las diferencias entre la media española y Canarias se acortan: 42.9% vs. 39.4% y 21.8% vs. 18.6%. Es indudable que, además de las dificultades en la entrega de mercancías, hay otros factores, posiblemente de carácter socioeconómico, que están ocasionando una brecha en el comercio electrónico entre los canarios y el resto de los españoles.

El comercio electrónico supone una auténtica revolución conceptual en la milenaria práctica del comercio. Y ello es así, principalmente, por dos cuestiones:

  •  En las compras realizadas por consumidores, el comercio electrónico acorta enormemente la cadena comercial. Hasta no hace tanto tiempo, si uno quería comprar algo que no se vendiera en un comercio cercano, probablemente se “lo mandaría a pedir”. ¿Tienen tal libro? No, pero si lo desea se lo mando a pedir… ¿Cuántas veces lo habremos hecho en nuestras vidas? Ahora simplemente, lo hacemos desde el ordenador. Con libros, o con cualquier otra mercancía. Dependiendo del origen del producto, tardará un poco más o un poco menos. Tal vez nos encontremos con algún cargo inesperado de aduana. Pero lo cierto, es que lo tendremos antes y más  barato de lo que hubiéramos podido soñar hace pocos años.
  • A través de la red no sólo se compran y venden vienes tangibles. También puede comprarse o venderse servicios, bienes incorporales e, incluso, trabajo. Podemos recibir clases por la red, podemos consultar a un abogado, podemos contratar u ofrecer servicios de consultoría. También una versión electrónica del libro anterior. Incluso es posible contratar trabajo: por ejemplo, abundan los sitios web que ofertan programadores informáticos a distancia.

Es fácil ver que el comercio electrónico, al tiempo que hace crecer las transacciones comerciales, las oportunidades de los productores y la satisfacción de los consumidores, plantea complejos problemas. Por ejemplo:

  • En el comercio electrónico internacional de servicios electrónicos, ¿han de exigirse derechos de aduana? ¿y qué pasa con los bienes incorporales?
  • ¿Cuál es el marco tributario al que están sujetos un programador on-line que hace su trabajo, digamos que desde la India, y su contratante, por ejemplo, un profesional autónomo europeo?
  • Si estamos dentro del Mercado Único Europeo, ¿cómo se gravan los bienes y servicios que son contratados electrónicamente? ¿conforme al régimen tributario del Estado desde el que se proporciona el bien o servicio, o del que lo recibe? No sólo los tipos de gravamen del IVA pueden ser diferentes, sino que, además, existen impuestos especiales que gravan consumos específicos. Cierto que hay una armonización fiscal en la UE, pero cierto es también que no existe una unificación fiscal pues los gravámenes y las administraciones tributarias varían de territorio en territorio, incluso a veces dentro de un mismo Estado Miembro. Y difícilmente esto cambiará, pues los Estados Miembros, y muchas veces sus regiones, desearán mantener el instrumento de la política fiscal bajo su control.
  • Y, siguiendo dentro del Mercado Único, ¿qué pasa con los territorios europeos que estando dentro de la Unión Aduanera se mantienen fuera del territorio de armonización fiscal? ¿Cómo han de hacer para poder seguir aplicando un régimen fiscal propio, admitido por cuestión de necesidad, sin que se vea resentida su integración en el Mercado Único Europeo? En España es el caso de Canarias. No así el de Ceuta y Melilla pues, al estar ambas ciudades autónomas fuera de la Unión Aduanera, van a tener una situación similar a la de la entrega o adquisición a o desde terceros países.

Cuestiones como las apuntadas han preocupado desde hace años a los organismos internacionales. Se trata, en definitivas cuentas, de que el comercio electrónico contribuya efectivamente al crecimiento de la economía mundial, superando múltiples barreras ocultas y sin generar desequilibrios perniciosos. Ello ha dado lugar a la Ley Modelo del Comercio Electrónico (1996) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y al Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico, impulsado en 1998 por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De muy particular importancia son los aspectos fiscales del comercio electrónico. Los tributos que efectivamente hayan de afrontar los adquirientes de bienes y servicios cuando compran en su país o en el exterior, pueden desequilibrar los precios al extremo de suponer una competencia desleal, tanto en relación al comercio convencional como en relación a los productores que se ven obligados a repercutir mayores gravámenes por razón del territorio donde están establecidos. Si desde un territorio se ofertan bienes y servicios en unas condiciones en las que las que los impuestos repercutidos en el precio final son extremadamente bajos, habrá un desplazamiento de los vendedores a tal territorio, al tiempo que los vendedores del país desde el que se haga la compra no podrán competir con ellos (ya mencionamos más arriba de la controversia con Luxemburgo y ciertas plataformas de venta on-line). El otro extremo, el de la doble imposición, es igualmente pernicioso, pues haría inviable la venta por quienes tuvieran que repercutir ambas en el precio final. Entre estas dos situaciones extremas, podemos encontrar toda una compleja casuística intermedia. La OCDE ha publicado una serie de documentos sobre los aspectos fiscales del comercio electrónico, habiendo fijado en un informe de 1998 lo que debieran ser los principios fiscales de tal actividad:

  1. Neutralidad: la fiscalidad aplicable al comercio electrónico debiera de ser equivalente a la del comercio convencional, de modo que las decisiones de empresas y consumidores estén guiadas por razones económicas, y no fiscales. Por tanto, los contribuyentes deben estar gravados de manera similar cuando sus transacciones comerciales también lo son. De otro modo, se generarán fallos de mercado que afectarán a vendedores, adquirientes y territorios de muy desigual manera.
  2. Eficiencia: los costes necesarios para el cumplimiento de la obligación tributaria, así como los costes ocasionados a la Administración deben ser los mínimos posibles. Esto es de suma importancia por cuanto, incluso dentro del Mercado Único Europeo, existen diferencias sustanciales en la fiscalidad aplicable entre territorios.
  3. Certidumbre y simplicidad: las normas fiscales deben ser suficientemente claras para que los adquirientes sepan en qué costes incurrirán de antemano. Las desagradables sorpresas impositivas o de costes asociados en las aduanas deben de ser eliminadas.
  4. Efectividad y justicia: el sistema tributario debe ser justo, minimizando el riesgo de la evasión fiscal mediante medidas proporcionadas a los riesgos potenciales.
  5. Flexibilidad: los sistemas fiscales deben ser dinámicos y flexibles para acomodarse a la rápida evolución tanto tecnológica como comercial.

Debemos añadir a todo ello el acuerdo de la OMC en relación a que la prestación de servicios electrónicos no esté sujeta a derechos de aduana.

Si tales son los principios para el comercio electrónico internacional de bienes y servicios, razón de más para que los mismos se apliquen dentro de la Unión Europea y, particularmente, dentro de la Unión Aduanera y del Mercado Único.

Pero, ¿qué quiere decir todo esto en la práctica? Veámoslo con algunos ejemplos, y su aplicación en la Unión Europea tras la nueva redacción consolidada, de enero de este año, de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del Impuesto del Valor Añadido (DIVA), y su trasposición en España mediante la Ley 37/1992 del Impuesto del Valor Añadido (LIVA), igualmente actualizada y consolidada. Se consideran las siguientes situaciones (hechos imponibles):

– Entrega de bienes corporales. Por lo general, el comprador es un consumidor y el vendedor (una empresa o profesional) está en otro Estado miembro de la UE, o comprador y vendedor son ambos empresas o profesionales y están en el mismo Estado miembro.

  • Si comprador y vendedor están en el mismo Estado Miembro, siempre dentro del área de armonización fiscal del IVA, por ejemplo en Alicante y Madrid, no hay ningún problema (Arts. 31 DIVA y 68 LIVA). Pero si comprador o vendedor están en Canarias y la contraparte en otro punto de España o de la Unión Europea, habrá una exportación seguida de una importación, aún cuando ambos están dentro de la Unión Europea, del Mercado Único y de la Unión Aduanera, ya que Canarias está fuera del área de armonización fiscal y no tiene IVA sino un impuesto diferente, el impuesto general indirecto canario (IGIC). Lógicamente, si comprador y vendedor están ambos en Canarias, tampoco hay mayor problema.
  • Supongamos que el comprador está en Granada y es un consumidor (no una empresa) que compra bienes a un comercio electrónico que está en Berlín, ambos por tanto dentro del área de armonización fiscal del IVA. Aquí no hay ni exportación ni importación, pues, conforme al principio de neutralidad, el gravamen que debiera aplicarse a los impuestos armonizados es el que pagaría el consumidor en Granada (21%) si comprara en una tienda física en su misma ciudad y no en Alemania (en general, el 19%). El problema es cómo cumple con su obligación tributaria en España el sujeto pasivo (el vendedor) que está en Berlín. El Art. 33.1 Directiva IVA dispone que el lugar de entrega de bienes se entiende hecha dónde esté el consumidor. Por tanto la empresa Berlinesa, debe estar dada de alta en el IVA en España para realizar la correspondiente liquidación, de forma cómoda y transparente para el usuario que simplemente verá repercutido en su factura el tipo de IVA que para tal compra corresponda en España. Adviértase que, si no fuera así, habría un flujo de renta de España (principalmente consumidor) a Alemania (principalmente productor) por una imposición tributaria indirecta que no estaría cumpliendo con su función.
  • Pero claro, estar dado de alta ante varias Administraciones Tributarias puede comportar ciertas exigencias y una complejidad en la gestión, inasumibles para pequeños vendedores, que quedarían excluidos del comercio electrónico intracomunitario. Por ello, conforme al principio de eficiencia, el Art. 34 DIVA prevé que cuando el conjunto de las entregas a lo largo de un año hechas por el vendedor en otro Estado Miembro no superen los 100.000€ (que bajo ciertas circunstancias pueden bajarse hasta 35.000€, como es el caso de España -Art. 68.3 LIVA-), el vendedor tendrá libertad de optar por liquidar el IVA en el país desde el que realice la venta. Por tanto, si se trata de un pequeño vendedor, nuestro comprador podrá encontrarse con un tipo impositivo diferente al que esperaría normalmente en su país de residencia.

– Adquisiciones intracomunitarias de bienes. En este caso comprador y vendedor son empresas y están en distintos Estados Miembros, siempre dentro del área de armonización fiscal. En general, la liquidación del IVA se hace atendiendo al lugar en el que se recibe la mercancía (Arts. 41 DIVA y 71 LIVA).

– Entrega de servicios y bienes incorporales. La regla general es que la prestación se entrega en el lugar donde esté el proveedor del servicio, gravándose la prestación conforme al tipo de IVA de dicho lugar. Esto es así, por ejemplo, si se contrata a un consultor, o a un abogado, aunque se haga por medios electrónicos. También es éste el caso si se contratan “servicios de disfrute”, incluso  (educativos, ocio, restauración,…) aunque se haga electrónicamente.

Sin embargo, hay excepciones importantes, especialmente los servicios prestados on-line a un consumidor o usuario, que se entienden prestados íntegramente por medios electrónicos y a distancia. No caben en esta categoría servicios off-line que comporten la entrega de un bien corporal (calificados como entregas de bienes), o la realización de un trabajo o una atención personal in-situ, entre otros. El lugar de entrega de los servicios on-line es el de residencia del comprador. Entre ellos (Art. 58 DIVA):

  • Servicios prestados por vía electrónica: se incluyen en esta categoría varias clases de prestaciones muy diferentes entre sí. Por ejemplo, los servicios de intermediación de la sociedad de la información (hosting, housing,..), pero también otros que realmente son bienes incorporales, pero no propiamente servicios: música, películas, libros, contenidos educativos… Hasta el año 2015, esta oferta se gravaba en el lugar del prestador, lo que dio lugar a que, atraídas por la baja tributación de ciertos territorios, las plataformas on-line se establecieran en ellos, aunque mayormente vendieran y consecuentemente provocaran una recaudación del IVA proveniente principalmente del exterior de los mismos. Piénsese, por ejemplo, en la controversia creada por Luxemburgo y Amazon. Habrá que ver, en la práctica, de qué manera se evita el fraude fiscal mediante la colaboración de las Agencias tributarias de los distintos Estados miembros.
  • Servicios de telecomunicación.
  • Servicios de radiodifusión y televisión.

Importaciones de bienes

  • Supongamos ahora que compramos a un vendedor europeo desde Canarias, territorio integrado en la Unión Aduanera, pero no en el territorio de armonización fiscal europeo y donde no se aplica la Directiva IVA. En esta situación están (Art. 5 DIVA) las regiones ultraperiféricas (RUP) españolas y francesas (en España sólo Canarias es RUP), las Islas Aland (Finlandia), las Islas del Canal (vinculado al Reino Unido, pero con un régimen muy particular) y el Monte Athos (Grecia, caso todavía más particular). En estos casos nunca se aplica el impuesto en el lugar del vendedor y, a los efectos, la situación es equivalente a una importación, aunque sin requerir derechos aduaneros (Art. 278 DIVA). Por ejemplo, en una compra hecha desde Canarias, el vendedor español o europeo remitirá la mercancía, pasará por la aduana a efectos de liquidar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de importación y, en su caso, el Arbitrio a la Importación y a la Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) y, para ello, se hará una declaración mediante el habitual Documento Único Administrativo Aduanero (DUA), que podrá añadir un coste de gestión adicional a la compra. El tipo general del IGIC es del 7%, frente al 21% del IVA, y el AIEM sólo se aplica a ciertos productos. Por ello, el comprador electrónico canario afrontará un IGIC del 7%, en algunos casos (relativamente pocos en los bienes usualmente adquiridos por comercio electrónico) el tipo correspondiente del AIEM (hay que conocer la norma para saber el tipo que aplica en cada caso), autorizado por la UE hasta 2020, y el coste de gestión por la cumplimentación del DUA. ¿Y si se vende desde Canarias? Pues se sigue el camino inverso (Art. 274 DIVA): el comprador español o europeo pagará IVA de importación (21%) y los costes de gestión del DUA. Al tiempo que éste, he publicado un post con la problemática particular de Canarias en el comercio electrónico.
  • Supongamos que ahora se compran bienes en un comercio electrónico de un tercer país, por ejemplo EEUU. Ni en Alicante ni en Canarias se repercuten impuestos indirectos de EEUU, sino que se paga el arancel aduanero común y los costes asociados a la gestión del DUA, y, en el primer caso, se paga IVA de importación (21%, en general), y, en el segundo, el IGIC (7%, en general) y, cuando corresponda, según el producto, el AIEM. ¿Y si vende con destino a EEUU? Pues se sigue la lógica inversa. No se aplicarán impuestos indirectos a la venta (pues están pensados para gravar el consumo local), y el comprador se hará cargo de los costes arancelarios, aduaneros y tributarios que le correspondan en EEUU. ¿Y qué pasa con territorios de la UE que no están integrados en la Unión Aduanera, en España Ceuta y Melilla? (junto con la isla de Heligoland y el territorio de Büsingen, en Alemania, Livigno, Campione d’Italia y las aguas italianas del lago Lugano, en Italia). Pues que las transacciones son semejantes a las que se hagan al importar o exportar desde un país tercero

Lo anterior son tan sólo algunas consideraciones que permiten mostrar la complejidad del comercio electrónico. Han quedado muchas cosas por mencionar, como la afección a los derechos de propiedad intelectual, la protección de los derechos del consumidor, entre otras. Si lo desean, pueden consultar la entrada “Las particularidades del comercio electrónico en Canarias“, en el que profundizo en algunas de estas cuestiones, aunque desde la óptica de quien compra o vende desde Canarias.