¿Construyendo la sociedad del conocimiento?

Durante los últimos ocho años he tenido el gran honor de coordinar un área, a mi entender muy relevante, de las políticas públicas canarias: el fomento de la investigación científica, de la innovación empresarial y de la sociedad de la información. Ello estuvo antecedido por el desempeño durante tres años de la dirección de investigación y tecnología del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), y, desde 1992, como profesor e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Antes de ello, mientras aún estudiaba mi carrera de ingeniero de telecomunicación, fui becario del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y disfruté los dos años últimos de carrera de un contrato en prácticas en Telefónica. Siendo un joven profesor en una joven universidad hube de complementar mi formación compatibilizándola con la docencia, primero realizando mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, después realizando una estancia post-doctoral, becado por el entonces Ministerio de Educación y Cultura, en la Universidad de Harvard. Ello posibilitó que dirigiera un grupo de investigación en la ULPGC, y que se me otorgara la condición de profesor visitante en la Universidad de Harvard. La continua colaboración de nuestro grupo de investigación en la ULPGC con otros muy potentes de dicha Universidad americana dieron sus frutos. Aprendimos, publicamos, realizamos proyectos, varios de nuestros estudiantes fueron invitados a Harvard y otras universidades americanas y europeas, en las que perfeccionaron sus trabajos de tesis doctoral. Algunos de mis colaboradores en otras universidades españolas se incorporaron a esta fructífera relación, y entre todos contribuimos a desarrollar en España la investigación en el ámbito de la ingeniería aplicada a técnicas diagnósticas y terapéuticas basadas en imágenes médicas.

Creo poder afirmar con toda tranquilidad que soy un profesional. He dedicado mi vida laboral a la investigación y a la innovación. Y he tenido la oportunidad de hacerlo desde responsabilidades y ámbitos muy variados. Como todos los profesionales, como todas las personas, con aciertos y con errores. Pero en todo caso con absoluta dedicación a mi trabajo. Además, con orgullo, debo decir que soy un trabajador público. Mi desarrollo humano y profesional se lo debo, antes que nada, al apoyo de mi familia, a mi propio esfuerzo y a la universidad pública, primero como estudiante y después como profesor e investigador. Cuanto antecede fue la razón del inesperado ofrecimiento que se me hizo para llevar a cabo la dirección científica y técnica del ITC en 2004. Nada había tenido que ver con la política. Con dudas, pues mi vida no la podía entender sin la investigación y docencia realizadas en primera persona,  asumí un nuevo reto. Esperaba aprender y contribuir en la medida de mis posibilidades, para volver en cuanto terminara la Legislatura a mi desempeño anterior. Era plenamente consciente que lo habitual en las entidades públicas era ser sustituido cuando lo fuera el equipo que me había propuesto. Sin embargo, dicho equipo cesó en una crisis de gobierno a mitad de Legislatura, y el entrante me confirmó después de consultar mi currículum profesional (un resumen del cual está accesible en https://juanruizalzola.com/about/). Ello fue igualmente la razón por la que el presidente Paulino Rivero me propusiera hacerme cargo en julio de 2007 de la dirección de la nueva Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

La experiencia directiva tanto en ITC como en ACIISI puedo decir que ha sido intensa. Algo inesperado por completo, que hizo que cambiara mi trayectoria profesional. Parece lógico que los profesionales, en cuanto tenemos una experiencia, estemos disponibles para contribuirla en ámbitos muy especializados del sector público. Tanto más si es ese sector público el que ha hecho posible nuestro desarrollo profesional. Fue esa y no otra la motivación que me condujo, por dos veces, a aceptar el encargo del Presidente de ser director de la ACIISI. Es cierto que no pude impulsar la I+D+i en Canarias como a mí me hubiera gustado, procurándole el reconocimiento que debe tener para alcanzar un desarrollo social y económico sostenible y saludable. También lo es que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. Y que ese reto va más allá de la labor política que puede hacer una persona. A fin de cuentas, la importancia real que se le da en Canarias a la I+D+i quedó puesta de manifiesto en la reciente campaña electoral y posterior negociación de conformación del gobierno. Las menciones a la misma brillaron por su ausencia, y algo tuve que ver en la elaboración de los contenidos de lo poco que se ha dicho o escrito. La crisis financiera y una estructura administrativa que, desafortunadamente y por motivos que no vienen al caso, no pudimos desarrollar limitaron enormemente la realidad de las políticas públicas en I+D+i en Canarias. Creo no obstante que se pusieron ciertos cimientos. El principal, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) para Canarias 2020, que tuve el honor de impulsar y coordinar, junto con un excelente equipo de profesionales de la ACIISI y del ITC. De hecho, la RIS3 es una referencia bastante habitual en la actualidad. Sólo falta intentar cumplirla de verdad. El marco de colaboración con la Secretaría de Estado de I+D+i, por ejemplo en PLOCAN, en el IAC o en GRANTECAN ha permitido, después de muy serias dificultades, consolidar PLOCAN, dotar de instrumentación a GRANTECAN hasta 2020 y consensuar con el Estado una estrategia de atracción de grandes inversiones en infraestructuras científicas que, con el excelente trabajo del IAC, se ha mostrado ganadora en la reciente selección del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, del Array de Telescopios Cherenkov (CTA). Igualmente importante es el Telescopio Solar Europeo (EST), consensuada también la estrategia con el Estado. CTA supone una inversión total de unos 90M€, y el EST de unos 150M€. El 90% vendrá de fuera de Canarias, y el 10% que pondrá Canarias será financiado por el FEDER. La política de parques tecnológicos en Canarias, y de instrumentos financieros de apoyo a las empresas y emprendedores, se financia con un convenio negociado entre la Agencia y la Secretaría de Estado de I+D+i dotado con 150M€. El diálogo, ni mucho menos, acaba de empezar ahora. Y será necesario mucho diálogo y convicción para prorrogar por segunda vez la ejecución del convenio de parques tecnológicos por los retrasos en muchas de las actuaciones insulares. La identificación de las causas y vías de resolución de los serios problemas que sufre el comercio electrónico desde y hacia Canarias, o el establecimiento en la legislación española de un marco específico para las telecomunicaciones en Canarias, creo que son hitos también reseñables.

Este espacio de confluencia del mundo profesional con el político es enormemente contradictorio y complejo. Construir en el mismo está sujeto a a múltiples vicisitudes, algunas racionales, otras menos. Sin embargo, es un espacio que temporalmente deben ocupar buenos profesionales. Y digo temporalmente, porque los profesionales, por mucho conocimiento y experiencia que alcancemos, nos agotamos en nuestras ideas, en nuestra ilusión y, en definitivas cuentas, en nuestra motivación.

Por tanto, los cambios deben ser bienvenidos y adecuadamente planificados. Los profesionales otorgamos lealtad profesional a nuestro desempeño, la más firme de todas las lealtades, y vamos a colaborar para que los pasos de testigo sean ordenados y seguros, para ayudar a quien continúe la tarea a que supere cuanto antes su curva de aprendizaje, a que pueda coger el control del vehículo sin necesidad de pararlo. Además, estoy firmemente convencido que la totalidad de los buenos profesionales del sector público, sin duda la gran mayoría, se sienten partes de algo que va más allá de ellos mismos. Como servidores de la colectividad y del interés público su vinculación con su trabajo trasciende el puro interés, también legítimo, del trabajo retribuido. Saben que con su buen hacer contribuyen a mejorar nuestra sociedad, cada cual desde su ámbito de responsabilidad. Me he esforzado durante años por formar parte de ese amplio colectivo de buenos trabajadores públicos, independientemente de la posición que en cada momento haya ocupado. Seguro que me entienden cuando digo que la lealtad profesional se ve reforzada por una vocación de contribuir por encima del interés personal. Y ello lleva implícitamente asociado un perfecto entendimiento de que las personas tenemos que cambiar para que nuevas ideas y energías fluyan al servicio del interés general. No sólo nadie es insustituible, sino que es bueno que todos seamos sustituidos. Eso sí, nadie es tan sumamente polifacético como para poder ocupar cualquier posición. Ni el mejor de los profesionales puede ocupar de un día para otro un cargo de responsabilidad ejecutiva si no tiene un razonable conocimiento y experiencia en la materia. Los perfiles deben ser los adecuados para cada desempeño.

He insistido antes en mi condición profesional. Ello no quiere decir que no tenga una ideología política, o que no me preocupe la política. Me interesa. Y mucho. Los anglosajones distinguen tres términos que, tristemente, aquí se subsumen en el único de política:

  • Polity: es la politeia de los clásicos. Se refiere al sistema político en su conjunto. A cómo se distribuye el poder horizontal y verticalmente. En nuestro ámbito más cercano, se refiere a cómo se integra Canarias, como Comunidad Autónoma, en el conjunto del Estado. Cómo se delimitan las competencias, tanto legislativas como ejecutivas. Cómo están representados los territorios. Cómo se distinguen las especificidades. Y muy importante, cómo es el reparto territorial del poder entre las distintas islas. De nuevo, qué competencias ejecutivas y, en su caso, legislativas corresponden a las islas. Cómo se eligen los representantes parlamentarios. En qué condiciones se configuran los gobiernos… Es en este ámbito en el que hay que determinar, por ejemplo, si la composición de los órganos ejecutivos de los gobiernos y las administraciones debe responder a cuotas territoriales. Cuestión ésta, por cierto, demasiado presente en nuestra tierra como para pretender ignorarla.
  • Policy: son las políticas públicas. Es, en mi opinión, la verdadera política. Por ejemplo, una agenda de transformación económica como es la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3), 2014-2020, cuya elaboración, como ya dije, tuve el honor de impulsar y coordinar, asistido por un magnífico equipo profesional de la ACIISI e ITC, es “policy“. También lo es el diseño de los programas para impulsarla y hacerla efectiva. Es la “policy” la política real y honorable. La que contrasta ideas y visiones estratégicas para una sociedad. La que contrapone ideologías, en suma, en el gran reto colectivo de ejercer la Democracia.
  • Politics: trata del ejercicio del poder a través de los partidos políticos. En teoría debiera ser la promoción y ejercicio consciente de las “Polities” y “Policies” anteriores por parte de los mismos, gestionando el corto plazo. En la práctica, un ejercicio inconsciente de la misma, puede llevar a confundirlo todo, dando lugar a la cutre imagen que, demasiadas veces, se proyecta a la sociedad de lo que debiera ser un noble y desinteresado afán. Las cuotas territoriales e intereses personales, impuestos a veces por algunas organizaciones políticas en los órganos ejecutivos de las administraciones públicas, forman parte de este ejercicio, inconscientemente letal para la Democracia y para el debido ejercicio de la función pública, que a todos los ciudadanos nos afecta e incumbe. Nada tiene que ver con las ideologías, ni con la preocupación por renovar a las personas para mejorar la gestión. Tristemente, cuanto menos desarrollada social y económicamente está una sociedad mayor es el abuso del incorrecto ejercicio de la “politics“, en perjuicio de la “polity” y de la “policy“, comprometiendo con ello las expectativas de desarrollo de una sociedad y la confianza del Pueblo en la Democracia. Pienso, por ello, que sería muy deseable contar, cuando menos, con unos protocolos de idoneidad para seleccionar los candidatos que van a ocupar, por nombramiento de los Gobiernos, los altos cargos ejecutivos de las Administraciones Públicas, siendo supervisado su ejercicio por el Comisionado de Transparencia.

Después de ocho años como director de la ACIISI, hoy he cesado en tal responsabilidad (decreto de cese). El gran honor que significa haber tenido la oportunidad de aportar mi visión durante años, el aprendizaje y experiencia recibidos y, sobre todo, la calidad humana de las personas a las que he tenido la fortuna de conocer y con las que he trabajado, dando lo mejor de nosotros mismos durante todos estos años, suponen el mejor premio que se puede recibir y compensan cualquier sinsabor.

Impulsar la sociedad del conocimiento y el progreso en Canarias corresponde, en gran medida, a nuestro Gobierno Autónomo. Para ello debe tener el apoyo de todas las instituciones y profesionales que estén en disposición de contribuir, desde sus distintos ámbitos sectoriales, a ello. La contribución también consiste en el debate público, en la contraposición de ideas, en la asunción colectiva de estrategias y, por supuesto, en la discusión política, entendiendo como tal la crítica constructiva a las “policies” y “polities“, hecha y promovida tanto por las personas como por las diversas organizaciones políticas y sociales. Modestamente, este blog es mi contribución personal a ello (pulsando el enlace puede verse el índice de posts publicados). El Gobierno debe ser consciente que es su responsabilidad impulsar el cambio y la prosperidad en Canarias y que, para ello, tiene que intentar contar con los mejores en cada momento en los distintos altos cargos ejecutivos de la Administración autonómica. Espero que así sea y que las decisiones de estos días hayan estado debidamente reflexionadas, sabiendo dónde estamos y dónde se quiere ir. Aunque, tal vez porque intuyo cómo y por qué se han tomado algunas de estas decisiones, no puedo evitar estar preocupado.

En particular, Canarias no puede permitirse pasos atrás en la construcción de la sociedad del conocimiento, en cuyo impulso parece lógico que estén implicadas personas que objetivamente dispongan de él. De ahí el interrogante que da título a este post: ¿Construyendo la sociedad del conocimiento? Ojalá que la respuesta sea enérgicamente afirmativa y que los hechos y no sólo las palabras así lo demuestren. En ello le deseo toda la suerte y éxitos a los nuevos responsables, pues lo serán de la sociedad canaria. Por mi parte, en la medida de mis posibilidades y capacidad, seguiré contribuyendo a este enorme esfuerzo colectivo en mi desempeño profesional cotidiano.

¡El Array de Telescopios Cherenkov (CTA) vendrá a La Palma!

Hoy hemos conocido una de los mayores éxitos que la ciencia y la tecnología española han tenido en los últimos años. El emplazamiento en el Hemisferio Norte del conjunto de telescopios Cherenkov (CTA en sus siglas en inglés), un sistema de observación de sucesos altamente energéticos generados en los confines del Cosmos, estará en el Observatorio del Roque de Los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias, en la isla de La Palma.

No ha sido fácil. En los proyectos internacionales de gran ciencia siempre se compite con excelentes candidaturas. Indudablemente, todos los países y regiones aspiran a albergar tales instalaciones. Se trata de proyectos que se mantienen activos décadas, que atraen multitud de visitantes cualificados y cuantiosas inversiones, que promocionan la mejor imagen internacional de un territorio y de una sociedad. Estos proyectos estimulan nuestra imaginación, enorgullecen a la colectividad, motivan a nuestros jóvenes, favorecen la colaboración internacional entre pueblos, y nos permiten satisfacer el más elevado anhelo que, como especie, los seres humanos tenemos: conocer. Pero no sólo eso. También son poderosas palancas de desarrollo social y económico. Requieren obra civil, provisión de servicios, la mejor innovación para resolver los más complejos retos tecnológicos. Oportunidades, en definitivas cuentas, para la generación de empresas, muchas de ellas intensivas en conocimiento y, con ello, para la creación de empleos de calidad. No es, por tanto, de extrañar que haya una muy dura competición internacional para atraer estas inversiones.

Por ello, en primer lugar, hay que reconocer el mérito de los científicos que han preparado la propuesta y han hecho posible el éxito de la candidatura. En primer lugar a la institución anfitriona, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), encabezado por el Prof. Rafael Rebolo, y que cuenta con la colaboración de un excelente equipo científico, técnico y administrativo. Sin ellos, hoy no estaríamos celebrando esta gran alegría. Gracias por hacerla posible. También hay que extender el agradecimiento al conjunto de la comunidad española especializada en astronomía de rayos gamma, así como al resto de la comunidad científica nacional e internacional con la que el IAC cotidianamente colabora. Son el mejor ejemplo de cooperación para afrontar retos compartidos, esencial para la ciencia y la tecnología modernas y, también, en otros ámbitos de actividad humana. Asimismo pienso que las Administraciones, particularmente los Gobiernos de España y de Canarias, han sabido articular el necesario marco de confianza y colaboración para facilitar el trabajo de los científicos y para hacer atractiva la propuesta. Ello, además, ha posibilitado prever cofinanciación europea del FEDER, regionalizada en Canarias  y asignada a ambas Administraciones, al proyecto, en línea con lo previsto en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3). Sin duda, también la reciente visita de S.M. El Rey a los Observatorios de Canarias, por motivo de su 30 aniversario, supuso un importante espaldarazo a la candidatura en el mejor de los momentos.

CTA detectará la dirección de llegada de radiación gamma de alta energía, originada a distancias y en tiempos cósmicos, a partir de un efecto físico al que le da nombre su descubridor, Pavel Cherenkov. La radiación gamma incidente genera una cascada de partículas en la atmósfera enormemente veloces, y cuya interacción a su vez con el medio atmosférico produce una señal detectable. Se necesitan varios telescopios de rayos gamma en una configuración concreta (array) para poder estimar con precisión la dirección de llegada de la radiación y, con ello, saber dónde se originó. A fin de cuentas, necesitamos dos oídos para saber de dónde llega el sonido… En este caso, habrá 20 telescopios en La Palma y 80 en Paranal (Chile), cuya distribución responde a la prioridad de cobertura del cielo observable que ha establecido el consorcio internacional. La inversión para ello en La Palma se estima en unos 90 millones de euros.

CTA forma parte de la “hoja de ruta” de ESFRI, siglas en inglés de Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación. Se trata de las prioridades europeas para grandes infraestructuras científicas, que cuentan además con socios del resto del mundo. En el caso de CTA participan directamente 13 países con sus agencias financiadoras: Alemania, Austria, Brasil, Francia, Holanda, Italia, Japón, Namibia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Suiza. A ello hay que añadir unos mil científicos y técnicos de 170 institutos de investigación, pertenecientes a 31 países. España había intentado anteriormente otras tres candidaturas ESFRI: el Reactor Termonuclear Experimental de Fusión (ITER), que se fue a Francia, la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS), que se fue a Suecia, y el Telescopio Gigante Europeo (E-ELT), que se fue a Chile.

Por fin hemos tenido éxito en la candidatura de un gran proyecto internacional ESFRI. No sólo lo merecíamos. También lo necesitábamos. Era necesario llamar la atención sobre el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y una noticia como ésta es el mejor reclamo para lograrlo. También necesitábamos tener confianza en nuestras posibilidades y, con ello, la convicción de que en Canarias y en España somos capaces de hacer las cosas bien. Y, sobre todo, necesitábamos ilusión: Ilusión de mirar para delante sintiéndonos parte, todos, de algo mucho mayor que nosotros. De dejar de ver el mundo en blanco y negro, y volver a verlo en color.

Celebrado el éxito, tenemos que poner los pies en el suelo y la mirada en el futuro próximo para que no se frustre nuestra alegría. Hay que negociar con el Consorcio CTA múltiples detalles. Hay que aprovechar la oportunidad para estimular la industria tecnológica. Hay que saber que tenemos que darles oportunidades a las personas con talento, especialmente a los jóvenes. En general el sistema de ciencia e innovación español, y en particular el canario, han quedado muy debilitados por la crisis. Aprovechemos esta gran noticia, la ilusión que nos produce y el talento que hay en nuestra sociedad para construir un futuro mucho mejor. Es posible. Tiene que serlo.

Tras el debate: Potenciemos la marca #CanariasIDi

El pasado viernes 17 de abril, aproximadamente entre las 10 y las 11:30 de la mañana, celebramos una experiencia pionera e innovadora de apoyo a la I+D+i en Canarias: los dos rectores de ambas universidades públicas canarias, esto es, el Prof. Eduardo Doménech, por la Universidad de La Laguna (ULL),  y el Prof. José Regidor, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Prof. Rafael Rebolo, el director de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), Dr. Octavio Llinás, y el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI), que esta líneas escribe, mantuvimos un debate abierto en Twitter sobre la I+D+i en Canarias, identificado con la etiqueta (hashtag) #CanariasIDi. El debate puede consultarse en https://tagboard.com/CanariasIDi/search y dio lugar a unos 700 Tweets. Además, su resultado fue recogido en varios de los principales medios de comunicación de Canarias.

El debate fue muy ilustrativo, además de enormemente correcto. Las personas que participaron mayormente tenían una verdadera preocupación y opiniones sobre la I+D+i y su papel en nuestra sociedad. De hecho, pienso que hay posiciones ampliamente compartidas, tanto por los colectivos involucrados en la I+D+i como por las personas que tenemos la responsabilidad de su gestión: financiación insuficiente, escasas opciones para los jóvenes en este ámbito, poca implicación del sector privado, necesidad de rejuvenecer y estabilizar plantillas en el sector público,…

Aparentemente casi todo el mundo tiene una opinión positiva de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin embargo, no somos capaces de impulsarla como nos gustaría. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿cuáles son las dificultades? Aquí van algunas de mis ideas al respecto:

  • No hay una verdadera percepción de la necesidad de prestarle atención a la ciencia, la tecnología y la innovación. Cierto que vivimos en un mundo tecnológico y sustentado en la ciencia. También que el conjunto de la sociedad muestra una cierta curiosidad hacia tales ámbitos. Pero no creo que esté asentada la idea de que tenemos que hacer esfuerzos para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación aquí también, aún a costa de tener que renunciar a otras cosas. Dicho de otra manera, no creo que haya una predisposición, ni social ni política, a asumir los costes de oportunidad que un verdadero desarrollo de la sociedad del conocimiento comporta. Si viene y es gratis, todo el mundo lo celebrará. Pero si es a cambio de dejarse algo por el camino, esto es, si realmente es necesario priorizar, mucho me temo que ya no existe tan buena predisposición.
  • En otras economías, la I+D+i juega un papel importante en la competitividad y productividad empresarial. Hay empresas que hacen verdaderos avances científicos y espectaculares desarrollos tecnológicos. Han sido emprendedores y empresas privadas las que han impulsado los avances tecnológicos que han configurado nuestra sociedad a lo largo del S. XIX y del S. XX.  Ni el ámbito académico, ni el de la ciencia pública han sido los protagonistas, aunque hayan sido clave en la generación del ecosistema que ha hecho posible las innovaciones.
  • Sin embargo, en nuestro caso, la práctica ausencia de actividad empresarial sustentada en la I+D ha tenido por efecto que la investigación científica y el desarrollo tecnológico sean materias prácticamente de monopolio público. La brecha entre el ámbito científico-académico y la industria existe en todos sitios, pues cada cual tiene roles distintos que atender en la sociedad. Pero la brecha se vuelve insalvable cuando la actividad productiva no requiere apenas de la ciencia y la tecnología. Es más, no hay una demanda de los sectores productivos para que los poderes públicos promuevan la I+D, probablemente porque no se advierte como necesaria para tal actividad productiva.
  • Por tanto, es el sector público el que de forma prácticamente única soporta el peso de la I+D en Canarias, Aún así, el peso de la I+D en las políticas públicas es inferior al de otras CCAA españolas, a su vez, inferior al de otras regiones europeas. Es lógico, si no hay un sector privado que aproveche tal esfuerzo público, generando crecimiento sostenible y empleo de calidad, ¿puede ser una prioridad para los poderes públicos en un momento de enormes restricciones financieras? Ciertamente, la crisis económica ha desplazado a la I+D de la agenda social y política en Canarias, y en el conjunto de España.

Es fácil entender el círculo vicioso en el que estamos atrapados: no tenemos un sector productivo innovador, que aproveche y demande la ciencia y la tecnología. Por tanto, los poderes públicos, principalmente preocupados en la gestión del corto plazo, no tienen el estímulo socioeconómico para promover políticas de soporte, no ya de la I+D, sino tampoco de la innovación. Y lógicamente, la ausencia efectiva de tales políticas públicas no permite promover la innovación en la actividad productiva privada, que facilite la presencia de nuevas empresas intensivas en conocimiento que procuren  un alto valor añadido al PIB y saquen partido del talento, la creatividad y del esfuerzo público en la educación. Y no se trata sólo de empresas de alta tecnología. Se trata de la brecha en productividad derivada, por ejemplo, de una insuficiente penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el conjunto de las PYMEs de Canarias, o de otras tecnologías innovadoras.

En mi opinión, la importancia de la experiencia #CanariasIDi no está tanto en las concretas aportaciones, indudablemente interesantes, que se hicieron, como en el hecho de que es una llamada de atención para dejar patente que la ciencia y la tecnología, con su hija la innovación, requieren del amparo social y la determinación política. No de la política partidista del corto plazo, sino de la política en la más noble y elevada de sus acepciones: la que configura participativamente el futuro de una sociedad madura y democrática. Con dificultades y con retos. Con compromiso y con la determinación de alcanzar el futuro que deseamos.

No debemos dejar que la pequeña llama encendida el viernes con #CanariasIDi se apague. Entre tod@s, hagamos realidad el sueño de la I+D+i en Canarias, como pilar de una sociedad próspera, inclusiva y solidaria, capaz de dejar su huella en el devenir de la Humanidad.

Las particularidades del comercio electrónico en Canarias

El rápido desarrollo del comercio electrónico ha venido acompañado en Canarias de una sensación de frustración, por parte de muchos consumidores y pequeñas empresas, que han visto cómo tenían que hacer frente con demasiada frecuencia a costes e incomodidades que acompañaban a la gestión aduanera en el intercambio de bienes corporales. Es seguro que muchas personas se han sentido, cuando menos, agraviadas por ello, y es también muy posible que las gestiones relacionadas con el despacho aduanero de las mercancías, junto con una falta de información en relación al procedimiento, a los derechos y a los deberes de cada cual, tal vez también aprovechada más allá de lo deseable por algunos operadores, ha provocado una retracción de esta importantísima modalidad comercial. La controversia lleva tiempo presente en la Red y, a modo de ejemplo, aquí hay varios enlaces que así lo demuestran:

Mi objetivo en esta entrada es intentar delimitar el alcance de la situación de Canarias en relación al comercio electrónico, y debatir sobre medidas puestas en marcha o futuras que puedan ayudar a mejorarla. Para no inundar este post con datos, me permito referirles al Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI), por ejemplo, al Informe sobre el Comercio Electrónico en Canarias (ed. 2014), o al Informe eCanarias (ed. 2014). Además, en el OCTSI pueden encontrar enlaces a informes de otros organismos, y accesos a las fuentes de los datos, entre otro material. Asimismo he publicado, junto con éste, otro post que hace un abordaje más general al problema: Los retos del comercio electrónico.

¿Tenemos un problema los canarios con el comercio electrónico?

Sí, indudablemente. La compra por vía electrónica en Canarias es apreciablemente inferior a la que se realiza en el resto de España y de Europa. Tal y como refiere el OCTSI en su informe (datos del INE y EUROSTAT), durante el año 2013 sólo el 27.1% de los canarios hicieron compras por comercio electrónico, mientras que la media española fue del 37.5% y la europea (EU28) 50.2%.  Intentaré dar mi visión del alcance del problema y de sus causas.

  • La compra de servicios prestados electrónicamente, por ejemplo estancias vacacionales, transporte en avión, o entradas en espectáculos (descomunal diferencia de un 42% de compradores que han hecho esta adquisición en España, frente a un 14% en Canarias), así como de bienes incorporales, por ejemplo libros electrónicos, música o películas, es muy inferior a la del resto de España (una diferencia de 5-6 puntos porcentuales entre ambas, que llega a 28 en las entradas). No es fácil determinar la razón, que probablemente será multifactorial. Por ejemplo, el nivel de renta inferior a la media española, o la poca penetración de las PYMEs canarias en la sociedad de la información, que limita la oferta local de servicios por vía electrónica. Adviértase que en este tipo de compra, el gravamen suele ser el del lugar del prestador, lo que puede suponer una presión fiscal al consumo difícilmente asumible en Canarias, pues el servicio o bien incorporal electrónico se verá gravado por el IVA si se adquiere desde un comercio europeo (no hay aduana para este tipo de transacciones). Este criterio de repercusión del impuesto indirecto es el general en el comercio internacional de servicios y, salvo excepciones, es también el que se aplica en el territorio de aplicación del IVA. Aunque también es cierto que, en el territorio IVA, a ciertos servicios electrónicos (por ejemplo bienes incorporales adquiridos por consumidores, tales como libros, software, música o películas), a partir de enero de 2015, se les aplicará el gravamen correspondiente al lugar del comprador (excepción al criterio general). Sin embargo, el efecto para el consumidor europeo será, en general, un incremento de la presión fiscal, pues las plataformas de venta on-line ya no se podrán beneficiar de prestar el servicio desde zonas de baja tributación de IVA, por ejemplo desde Luxemburgo, pues el tipo aplicable será el del país de compra. En principio, estos cambios no afectarán a la adquisición de servicios electrónicos desde canarias.
  • La compra de bienes corporales en Canarias es también inferior a la media española, aunque la diferencia no es tan acusada como en los servicios y bienes incorporales. Por ejemplo, la categorías principales de compras en España y Canarias son ropa, material deportivo, libros, revistas y equipamiento electrónico, aunque ahora la diferencia baja a 3-4 puntos porcentuales. La mayor diferencia corresponde a los bienes para el hogar, que han sido adquiridos por el 26% de los cibercompradores españoles, frente a sólo un 11% de los canarios. Es probable que la gestión aduanera afecte a la adquisición de bienes por vía electrónica, especialmente en la categoría de bienes para el hogar, en éste último caso por la posible incidencia añadida del AIEM.
  • En cuanto a la venta por Internet de las empresas, Canarias vuelve a estar por detrás de la media española, en general, tanto en la prestación de servicios electrónicos como en la entrega de bienes corporales. Sin embargo, la venta de las empresas de más de diez trabajadores es mejor que la media española y europea. Del análisis de los datos vemos que las empresas que compran por Internet son considerablemente menos en Canarias que en el resto de España, coincidiendo aproximadamente en número con las vendedoras, por lo que parece concluirse que las empresas que venden y las que compran son esencialmente las mismas, cuando en España son apreciablemente más las compradoras que las vendedoras.

¿Es la aduana en Canarias la culpable de la diferencia?

Creo que sólo en parte, y principalmente, no por ella, sino por algunos comportamientos, por la dificultad en algunas gestiones y por la falta de información. Es muy posible que estas circunstancias disuadan a muchos particulares en compras pequeñas de bienes corporales e, igualmente, a micropymes exportadoras. Sin embargo no es éste el caso para empresas exportadoras de cierto tamaño y, probablemente, tampoco para los consumidores que hagan compras algo mayores, bien sea porque hacen la compra de un bien más costoso, o porque agregan varios en el mismo envío. Por otro lado, la aduana poco o nada tiene que ver en la menor adquisición de servicios y bienes incorporales. Veamos qué problemas comporta la aduana para pequeños compradores y vendedores:

  • Soy un consumidor y hago una compra inferior a 22€. Si estoy en la Península pago 22€, más el 21% de IVA (4.6€), el transporte con su IVA (por ejemplo, 3.4€), resultando 30€. Pongamos que resultan 25€. Si estoy en Canarias, hasta ahora, pago 22€, más el transporte (por ejemplo, 5€), estoy exento de IGIC de importación (hasta mercancías de 22€), más la gestión de cumplimentación del Documento Único Administrativo (DUA) en la Aduana (variable, pongamos que entre 6€ y 25€). Por tanto, en Canarias, sin DUA, pagaría 27€, pero con DUA podrían resultarme desde unos asumibles 33€ hasta unos inaceptables 52€ y, lo que es peor, por lo general sin saberlo de antemano.
  • Ahora mi compra es de 50€. En la Península pagaría 50+21%de 50+3.4 = 63.9€. Y en Canarias, 50+7%50+5=58.5€, si no pagamos por la gestión del DUA. Pero si la pagamos, nos moveremos en un rango desconocido entre 64.5€ y 83.5€.
  • Podemos sacar una sencilla formulita para ver a partir de qué precio, para cada posible coste de la gestión del DUA y diferencia en el precio del transporte es más barato en Canarias que en la Península: Precio=7.14x(DUA+Dif_TRANSP). Por ejemplo en un caso optimista, si pago sólo 10€ más por gestión del DUA y transporte, a partir de 71.4€ de precio del bien me resultará más barato en Canarias. Pero si vamos al caso muy pesimista, de una diferencia de 30€, hasta 214.2€ me resultará más caro en Canarias que en la Península. Cuanto más barata sea la mercancía más perjudicado voy a estar por un coste de gestión del DUA desproporcionado (como vimos en los dos casos anteriores), y cuanto más cara sea, mejor me va a resultar comprar en Canarias, sin que el DUA me perturbe demasiado. Por ejemplo, si el precio de la mercancía son 1000€, me ahorraré en Canarias 140€-(DUA+dif_Transporte), esto es 130€ en el caso optimista y 110€ en el caso más pesimista.
  • Hasta ahora he asumido que los tipos de aplicación del IGIC y del IVA eran los generales (7% y 21%). Sin embargo, podríamos encontrarnos con tipos reducidos, superreducidos o, incluso, exenciones, más ventajosas en cualquier caso con el IGIC. También he supuesto que la compra no está sujeta al Arbitrio por Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM). Es lo más frecuente, pero indudablemente hay compras sujetas al mismo que explican, por ejemplo, la baja compra de bienes para el hogar por Intenet en Canarias. ¿Qué bienes están gravados por el AIEM y con qué tipos? Lo mejor es comprobarlo uno mismo en el Anexo II de la Ley del AIEM. Podemos ver que el tipo general es del 5%, que puede ser también del 10% o del 15% para algunos productos e, incluso, el 25% para los cigarrillos (mejor no fumar, en cualquier caso). Si lo añadimos al 7% de IGIC, nos encontramos con una imposición indirecta total del 12%, del 17%, o del 22% (para los fumadores del 32%), semejante por tanto a la del IVA, para ciertos productos que se producen también en Canarias. Pongamos algunos ejemplos de productos que uno podría pensar comprar por Internet, con el AIEM aplicable: vino (5%), ron y cerveza (15%), jamones (10%), embutidos (5%),  jabones, ropa de cama o de cocina y bañadores de fibras sintéticas (5%), ciertos materiales de construcción y pinturas -incluyendo artísticas- (5%), periódicos y publicaciones periódicas -pero no libros- (5%). Como puede verse, el AIEM no grava los productos que más habitualmente se adquieren mediante comercio electrónico y, además, en cualquier caso, tienen la misma repercusión que si los compramos presencialmente en un establecimiento comercial.
  •  La situación, en mi opinión, más preocupante, es la del pequeño vendedor on-line canario. Realmente, hoy por hoy, la oferta que podemos vender por Internet es en muy buena medida de pequeños artículos, por ejemplo, gastronómicos (vinos, quesos), o artesanales, o de otro tipo. Y, ciertamente, a quien compre un vino canario por el que pagó en sus vacaciones 20€ y al llegarle a casa le toque pagar 50€, difícilmente repetirá la experiencia. En productos caros ya hemos visto que el efecto del DUA se diluye, aunque aquí el IVA juega en contra del comprador exterior (y, por tanto, del exportador canario). Sin embargo, en el comercio las expectativas son muy importantes, especialmente en pequeñas compras a las que uno no les dedica tampoco demasiado tiempo de reflexión, y que pueden resultar en desagradables experiencias.

¿Tenemos que tener aduana?

Hoy por hoy esa pregunta es la misma que si tenemos que tener un régimen fiscal propio y diferencial. Tal vez en el futuro pueda concebirse tal régimen sin requerir trámites aduaneros, pero me temo que en la actualidad la normativa europea impone que los territorios que, como Canarias, están dentro del territorio aduanero pero fuera del espacio de armonización fiscal (donde no se aplica IVA), hayan de aplicar su imposición propia en una aduana, aunque no vaya a satisfacerse propiamente un derecho aduanero. Podría dar varios motivos por los que entiendo que tal exigencia debiera flexibilizarse, entre otras nuestra pertenencia al Mercado Único, o la propia previsión en la Directiva IVA de que los impuestos que se apliquen de forma diferencial sobre el consumo en los distintos territorios necesariamente se liquiden sin requerir trámite aduanero. Al menos sería deseable facilitar la autoliquidación de transacciones de pequeño volumen sin requerir trámite aduanero, apoyándose en las posibilidades que brinda actualmente la tecnología. Pero eso falta tiempo para que pueda lograrse.  Una vez que las transacciones entre Estados Miembros y la liquidación a distintas Administraciones Tributarias, tanto del IVA como de los impuestos especiales, esté suficientemente dinamizada, es posible que pueda introducirse con ciertas expectativas de éxito el debate, para que al menos en ciertas transacciones la experiencia del comercio electrónico intracomunitario sea aprovechable en la tributación de territorios especiales que, como Canarias, requieren un régimen fiscal propio.

Por ello, hoy por hoy, no creo que sea posible evitar el DUA, porque su cumplimentación es un trámite imperativo en la normativa europea de aduanas. Ya me gustaría pensar lo contrario…

Mi opinión es que debemos salvaguardar nuestro propio régimen económico y fiscal como un Fuero Canario. Creo que perderíamos mucho si renunciáramos a él, a pesar de que en ciertas transacciones pueda resultar incómodo. Pero no podemos olvidar los aspectos positivos. Por ejemplo, si estuviéramos en territorio de aplicación del IVA, el tipo mínimo general, por mandato de la Directiva Europea, sería del 15%, en vez de nuestro 7%. Además, la recaudación se repartiría entre el Estado y la Comunidad Autónoma al 50%, en vez de mantener el 100% en Canarias como pasa con el IGIC. Y, además, no sólo los tipos mínimos sino todos los demás estarían sujetos a reglas de armonización dictadas por la Comisión que probablemente supusieran una elevación de los fiscalidad indirecta en Canarias. además de que, en principio, sería el Estado quien determinara los tipos de aplicación dentro de los límites permitidos por la Comisión.

¿Qué medidas se han tomado para atemperar los efectos del DUA?

Hagamos un resumen, muy simplificado, de cómo funciona la compraventa entre el resto de España (salvo Ceuta y Melilla), donde el IVA es de aplicación, y Canarias. Consideramos las recientes medidas acordadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Gobierno de Canarias para formalizar el DUA: autodespacho en línea (en vigor desde el 22 de julio de 2014), y la supresión del DUA de exportación para envíos inferiores a 3.000€, así como la presentación del DUA de importación por el vendedor (ambas en vigor desde el 13 de enero de 2015).

  • Supongamos que soy un vendedor que está en la Península y recibo una petición de compra en mi página web desde Canarias. Al facturar no puedo aplicar el IVA, pues las exportaciones están exentas. Dado que no le repercuto al comprador el IVA que he soportado, habré de deducirlo en la oportuna declaración. Mi agente de transporte y aduanas tendrán que cumplimentar un DUA de exportación por mi cuenta pero, aquí viene el primer cambio, estaré exento de tal obligación si el envío es inferior a 3.000€. Al llegar a la aduana en Canarias, habrá de cumplimentarse un DUA de importación, junto con la liquidación de IGIC de importación y en su caso de AIEM, por cuenta del comprador y, aquí viene el segundo cambio, pues puedo encargarme yo como vendedor de hacerlo por cuenta del comprador. Esto es, no es necesario dejar en manos de intermediarios la cumplimentación que repercuten en conceptos de gastos de gestión del despacho lo que consideran oportuno. Por tanto, está en mi mano como vendedor presentarle una oferta al comprador dándole a conocer el coste final que tendrá su compra, sin perjuicio de que sería deseable que, si no quiero ocuparme de tal gestión del despacho de la importación, informe al comprador del coste de gestión que le cargarán mis transportistas. Pero, además, el comprador, y este es el tercer cambio, tiene el derecho de hacer por sí mismo la gestión mediante la oportuna autoliquidación, de modo que, en tal caso, no tendrá que realizar ningún pago por la gestión del DUA. Para ello simplemente necesitará la identificación del envío.
  • ¿Y si soy un vendedor que está en Canarias y vende en la Península? Pues se hace el circuito inverso: exporto sin facturar IGIC y deduciré el IGIC soportado y no repercutido, no tendré que cumplimentar DUA de exportación si el envío es inferior a 3.000€, y podré cumplimentar el DUA de importación y la liquidación de IVA, por cuenta del comprador. Si no quiero hacerlo, simplemente debiera darle una información al comprador de los costes que podrá esperar si le deja la gestión a la empresa de transportes. Además, le informaré de que puede realizar un autodespacho él mismo, que le permitirá ahorrarse el coste de gestión del DUA de importación.
  • Ahora soy un comprador, canario o peninsular. Las opciones que tengo se pueden extraer de lo anterior. Si el vendedor me ofrece, hacerse cargo de la gestión del DUA, debe indicarme si me supondrá un coste adicional. Si no lo hace, debería informarme de qué costes puedo esperar por la gestión del DUA de importación por parte del transportista.

¿Están resultando efectivas estas medidas?

Desde luego, no tanto como sería deseable. Creo que el problema no está en las medidas, que me parecen oportunas, sino en la gestión de las mismas y en la aparición de nuevos costes y barreras difíciles de entender.

Por ejemplo, no queda claro de qué manera el comprador ejerce desde un principio su derecho a realizar el autodespacho. En mi opinión, desde el momento de realizar la compra debiera tener la oportunidad de decirlo, y evitar que el transportista asuma automáticamente una representación indirecta (que ejerce en nombre propio, pero por cuenta del comprador). De otro modo puede encontrarse con un cargo por “cesión documental”, algo que parece haber sido habitual cuando los compradores reclaman su derecho de hacerse ellos cargo. Además, el comprador debe esperar a que la mercancía llegue al Almacén de Depósito Temporal (ADT), en la aduana, momento en el cual el transportista tiene que cumplimentar la Declaración Sumaria de Depósito Temporal (DSDT), y proporcionar al comprador el correspondiente número de referencia. Este número es el que hay que utilizar para formalizar la declaración del DUA, tras la cual la aduana remitirá al declarante (comprador) el circuito, verde si no hay problema, naranja o rojo si hay que proceder a una inspección física. Si el circuito es verde, el comprador debe realizar el pago de IGIC y, en su caso, AIEM que corresponda, momento en que recibirá el levante (justificación del pago y autorización de disposición de las mercancías), que tiene que remitir al transportista para que recoja la mercancía y la lleve al domicilio de entrega.

Este procedimiento puede ser tan sencillo o tan complicado como los operadores intermedios deseen. Todo se hace telemáticamente, y los transportes de mercancías están totalmente automatizados. Pero si quiere dificultar el derecho del comprador a realizar el autodespacho, es muy fácil hacerlo.

El interés de vendedores y compradores (y del conjunto de la economía) es, sin duda, que se faciliten las transacciones comerciales. También es su derecho, al menos que éstas no se obstaculicen innecesariamente. Todo el mundo debiera tenerlo claro.

Por otro lado, hemos asistido a un incremento de costes de transporte, a la aplicación de gastos variables en la gestión del DUA en función del precio de la mercancía (¿por qué?), hay algún coste cuyo sentido no es sencillo entender, como el factaje (aparentemente gastos de administración y custodia que te aplican si gestionas tú el DUA por vía telemática), y continúa en muchos casos una imposibilidad real de conocer de antemano los costes totales de gestión aduanera, así como su justificación, que pueden repercutirse en los envíos. En fin, es como si en el supermercado se niegan a decirte el precio del agua hasta que no tienes más remedio que pagarla…

¿Por qué hay comercios electrónicos que no venden en Canarias?

Realmente no lo sé. A fin de cuentas, los costes los soporta el consumidor. Es cierto que el consumidor puede devolver la mercancía, cuando se encuentre con un sobrecoste que no esperaba. Pero también es cierto que el derecho de desistimiento asiste a todos los compradores por vía electrónica, no sólo a los canarios, y que además les toca a éstos costear los gastos de devolución, aunque no los de envío. De alguna manera, ante el ejercicio del derecho de desistimiento pierden comprador y vendedor. Y se trata de un derecho; el comercio no puede limitar el servicio a un colectivo o a una persona porque piense que lo va a ejercer.

Probablemente la razón sea simplemente que muchos comercios piensen que no les compensa dedicarle un tiempo a entender cómo realizar un venta a Canarias, simple y llanamente porque el mercado es relativamente pequeño. Pero no podemos olvidar que Canarias está dentro del Mercado Único, y que simplemente aplica un régimen fiscal propio, plenamente reconocido en el Derecho español y Europeo.

¿Y qué podemos esperar del futuro?

Desde luego, l@s canari@s no podemos conformarnos con una situación que dificulta nuestra integración y la de nuestras empresas en la sociedad de la información y en la economía global. Y ello debemos hacerlo en el marco de nuestra reconocida especificidad pues, tal Fuero Canario, existe por realidad geográfica, por necesidad y por Historia. Y así lo admiten la Unión Europea y España. En cada momento habrá que adaptarlo a las circunstancias, sin duda, reformar los elementos que queden atrás, pero no convertirlo en el chivo expiatorio de circunstancias que le son ajenas. Y, ya lo dije antes, creo que la tecnología permite que se facilite enormemente la gestión tributaria asociada al intercambio de bienes y servicios entre territorios con distintas fiscalidades, pero dentro del Mercado Único Europeo en todo caso, evitando de forma proporcionada los riesgos de fraudes. Aunque también creo que llevará su tiempo la adaptación normativa que aproveche plena y eficazmente tales potencialidades, pues emana del Derecho Europeo, transpuesto y principalmente desarrollado por la legislación estatal.

No debemos olvidar que existe una prolija normativa de protección tanto del tráfico comercial como de los derechos de los consumidores. Y que tiene que cumplirse (y exigirse) también en el comercio electrónico. Aunque publicaré una entrada específica sobre este asunto, aquí van unas pinceladas:

  • Texto refundido de la ley general de consumidores y usuarios: cláusulas abusivas (Arts. 82 y ss.), El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales (Art. 97.1e), derecho de desistimiento (Arts. 102 y ss.)
  • Ley de ordenación del comercio minorista: libre circulación de mercancías dentro de España (Art. 4), obligación de vender (Art. 9), posibilidad de fijar precios por el Gobierno del Estado si existen obstáculos graves al funcionamiento del mercado (Art. 13.2d).
  • Ley de competencia desleal: El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada (Art. 16.1), prácticas desleales y engañosas con los consumidores (Arts. 19 y ss.)
  • Ley sobre condiciones generales de contratación
  • Ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico: contratación electrónica (Arts. 23 y ss.).

También he de mencionar que Coalición Canaria presentó, en las Cortes Generales, una enmienda en la reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que no fue aceptada, y que, al menos en parte, aclaraba la obligatoriedad de atender debidamente a los consumidores canarios por vía electrónica. Puede verse su contenido en una página lateral de este mismo blog.

Por último quisiera mencionar que han surgido algunas plataformas on-line que intentan prestar servicios on-line mitigando las dificultades mencionadas, por ejemplo, ClickCanarias.com e iCanduty.com. Los blogs de ambas empresas están referenciados en los enlaces que proporcioné al principio de esta entrada.

Los retos del comercio electrónico

Llevaba ya algún tiempo con el propósito de escribir sobre el comercio electrónico. Es un asunto de enormemente complejo, con muchísimas implicaciones que, ni mucho menos, son evidentes. Pero que está llamado a provocar -ya lo está haciendo- la mayor globalización económica de la Historia, además, en un muy breve intervalo temporal. De forma complementaria, al tiempo que esta entrada, he publicado “Las particularidades del comercio electrónico en Canarias“. Los datos están ahí, son bien conocidos y fácilmente accesibles. Daré algunas pinceladas:

  • El 15% del volumen de facturación de las empresas europeas en 2014 fue mediante comercio electrónico, cifra en la que se sitúa España, por delante de Alemania (13%) o Italia (7%), pero por detrás de Irlanda (52%), República Checa (29%), Hungría (20%) o Reino Unido (20%).  Parece lógico que economías industriales, productoras de bienes de equipo, tengan una menor participación del comercio electrónico en el volumen de negocio total de las empresas, al tiempo que llama la atención la capacidad de incorporarse al comercio electrónico de las economías checa y húngara, por no hablar de Irlanda, que en sólo dos años pasó de un reseñable 21% al impresionante 52% actual. Sería interesante disponer del porcentaje de Luxemburgo en 2014, aunque en Eurostat sólo he podido obtener el dato de 2012 (21%), a la vista de la controversia por el trato fiscal que allí reciben algunas plataformas de venta on-line.
  • En España, conforme al Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2013 (B2C es Bussiness to Consumer, esto es transacciones comerciales con consumidores), del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), el comercio electrónico B2C creció un 18% anual desde 2012, alcanzándose un volumen de 14.260 millones de euros. Se compraron sobre todo, y por este orden, billetes de avión, paquetes turísticos, ropa y artículos deportivos, entradas a espectáculos, seguido a distancia de equipos electrónicos, apps, smartphones y tabletas, y películas, música y vídeojuegos. Es interesante referir también el Informe sobre el Comercio Electrónico en España a través de Entidades de Medios de Pago (primer cuatrimestre de 2014), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), muestra un 26.8% de crecimiento interanual, un mantenimiento de los servicios turísticos y de transporte aéreo a la cabeza de la contratación electrónica, y la siguiente distribución geográfica por volumen de negocio: un 40.4% corresponde al mercado interior español, un 42.7% a compras hechas desde España en el exterior (de las cuales, un 89.4% en la UE), y un 16.9% a ventas hechas desde España al exterior (de la cuales, un 74.5% se hicieron a la UE). Todo ello da lugar a un déficit comercial de 925 millones de euros en el primer trimestre de 2014.
  • En cuanto a Canarias, el Informe del Comercio Electrónico (edición actualizada a diciembre de 2014), del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI), muestra un incremento del 36%, entre 2012 y 2013, del volumen de comercio electrónico, recuperándose de la fuerte caída del año anterior. Sin embargo, la población que usa ese canal de compra es sólo el 27.1%, inferior a la media española (37.5%) y a la europea (50.2%). Aunque un juicio apresurado puede llevar a pensar que la diferencia se debe a la introducción de mercancías en Canarias, lo cierto es que en la comercialización electrónica de servicios intangibles hay una mayor diferencia que de bienes corporales. Por ejemplo, si el 54.1%, el 46.1% y el 42.0%  de los cibercompradores españoles han comprado, respectivamente, alojamientos de vacaciones, servicios para viajes y entradas para espectáculos, en Canarias sólo lo han hecho el 39.2%, el 39.4% y el 14.2%. Sin embargo, si nos referimos a ropa y artículos deportivos, por un lado, y a equipamiento electrónico, por el otro, las diferencias entre la media española y Canarias se acortan: 42.9% vs. 39.4% y 21.8% vs. 18.6%. Es indudable que, además de las dificultades en la entrega de mercancías, hay otros factores, posiblemente de carácter socioeconómico, que están ocasionando una brecha en el comercio electrónico entre los canarios y el resto de los españoles.

El comercio electrónico supone una auténtica revolución conceptual en la milenaria práctica del comercio. Y ello es así, principalmente, por dos cuestiones:

  •  En las compras realizadas por consumidores, el comercio electrónico acorta enormemente la cadena comercial. Hasta no hace tanto tiempo, si uno quería comprar algo que no se vendiera en un comercio cercano, probablemente se “lo mandaría a pedir”. ¿Tienen tal libro? No, pero si lo desea se lo mando a pedir… ¿Cuántas veces lo habremos hecho en nuestras vidas? Ahora simplemente, lo hacemos desde el ordenador. Con libros, o con cualquier otra mercancía. Dependiendo del origen del producto, tardará un poco más o un poco menos. Tal vez nos encontremos con algún cargo inesperado de aduana. Pero lo cierto, es que lo tendremos antes y más  barato de lo que hubiéramos podido soñar hace pocos años.
  • A través de la red no sólo se compran y venden vienes tangibles. También puede comprarse o venderse servicios, bienes incorporales e, incluso, trabajo. Podemos recibir clases por la red, podemos consultar a un abogado, podemos contratar u ofrecer servicios de consultoría. También una versión electrónica del libro anterior. Incluso es posible contratar trabajo: por ejemplo, abundan los sitios web que ofertan programadores informáticos a distancia.

Es fácil ver que el comercio electrónico, al tiempo que hace crecer las transacciones comerciales, las oportunidades de los productores y la satisfacción de los consumidores, plantea complejos problemas. Por ejemplo:

  • En el comercio electrónico internacional de servicios electrónicos, ¿han de exigirse derechos de aduana? ¿y qué pasa con los bienes incorporales?
  • ¿Cuál es el marco tributario al que están sujetos un programador on-line que hace su trabajo, digamos que desde la India, y su contratante, por ejemplo, un profesional autónomo europeo?
  • Si estamos dentro del Mercado Único Europeo, ¿cómo se gravan los bienes y servicios que son contratados electrónicamente? ¿conforme al régimen tributario del Estado desde el que se proporciona el bien o servicio, o del que lo recibe? No sólo los tipos de gravamen del IVA pueden ser diferentes, sino que, además, existen impuestos especiales que gravan consumos específicos. Cierto que hay una armonización fiscal en la UE, pero cierto es también que no existe una unificación fiscal pues los gravámenes y las administraciones tributarias varían de territorio en territorio, incluso a veces dentro de un mismo Estado Miembro. Y difícilmente esto cambiará, pues los Estados Miembros, y muchas veces sus regiones, desearán mantener el instrumento de la política fiscal bajo su control.
  • Y, siguiendo dentro del Mercado Único, ¿qué pasa con los territorios europeos que estando dentro de la Unión Aduanera se mantienen fuera del territorio de armonización fiscal? ¿Cómo han de hacer para poder seguir aplicando un régimen fiscal propio, admitido por cuestión de necesidad, sin que se vea resentida su integración en el Mercado Único Europeo? En España es el caso de Canarias. No así el de Ceuta y Melilla pues, al estar ambas ciudades autónomas fuera de la Unión Aduanera, van a tener una situación similar a la de la entrega o adquisición a o desde terceros países.

Cuestiones como las apuntadas han preocupado desde hace años a los organismos internacionales. Se trata, en definitivas cuentas, de que el comercio electrónico contribuya efectivamente al crecimiento de la economía mundial, superando múltiples barreras ocultas y sin generar desequilibrios perniciosos. Ello ha dado lugar a la Ley Modelo del Comercio Electrónico (1996) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y al Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico, impulsado en 1998 por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De muy particular importancia son los aspectos fiscales del comercio electrónico. Los tributos que efectivamente hayan de afrontar los adquirientes de bienes y servicios cuando compran en su país o en el exterior, pueden desequilibrar los precios al extremo de suponer una competencia desleal, tanto en relación al comercio convencional como en relación a los productores que se ven obligados a repercutir mayores gravámenes por razón del territorio donde están establecidos. Si desde un territorio se ofertan bienes y servicios en unas condiciones en las que las que los impuestos repercutidos en el precio final son extremadamente bajos, habrá un desplazamiento de los vendedores a tal territorio, al tiempo que los vendedores del país desde el que se haga la compra no podrán competir con ellos (ya mencionamos más arriba de la controversia con Luxemburgo y ciertas plataformas de venta on-line). El otro extremo, el de la doble imposición, es igualmente pernicioso, pues haría inviable la venta por quienes tuvieran que repercutir ambas en el precio final. Entre estas dos situaciones extremas, podemos encontrar toda una compleja casuística intermedia. La OCDE ha publicado una serie de documentos sobre los aspectos fiscales del comercio electrónico, habiendo fijado en un informe de 1998 lo que debieran ser los principios fiscales de tal actividad:

  1. Neutralidad: la fiscalidad aplicable al comercio electrónico debiera de ser equivalente a la del comercio convencional, de modo que las decisiones de empresas y consumidores estén guiadas por razones económicas, y no fiscales. Por tanto, los contribuyentes deben estar gravados de manera similar cuando sus transacciones comerciales también lo son. De otro modo, se generarán fallos de mercado que afectarán a vendedores, adquirientes y territorios de muy desigual manera.
  2. Eficiencia: los costes necesarios para el cumplimiento de la obligación tributaria, así como los costes ocasionados a la Administración deben ser los mínimos posibles. Esto es de suma importancia por cuanto, incluso dentro del Mercado Único Europeo, existen diferencias sustanciales en la fiscalidad aplicable entre territorios.
  3. Certidumbre y simplicidad: las normas fiscales deben ser suficientemente claras para que los adquirientes sepan en qué costes incurrirán de antemano. Las desagradables sorpresas impositivas o de costes asociados en las aduanas deben de ser eliminadas.
  4. Efectividad y justicia: el sistema tributario debe ser justo, minimizando el riesgo de la evasión fiscal mediante medidas proporcionadas a los riesgos potenciales.
  5. Flexibilidad: los sistemas fiscales deben ser dinámicos y flexibles para acomodarse a la rápida evolución tanto tecnológica como comercial.

Debemos añadir a todo ello el acuerdo de la OMC en relación a que la prestación de servicios electrónicos no esté sujeta a derechos de aduana.

Si tales son los principios para el comercio electrónico internacional de bienes y servicios, razón de más para que los mismos se apliquen dentro de la Unión Europea y, particularmente, dentro de la Unión Aduanera y del Mercado Único.

Pero, ¿qué quiere decir todo esto en la práctica? Veámoslo con algunos ejemplos, y su aplicación en la Unión Europea tras la nueva redacción consolidada, de enero de este año, de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del Impuesto del Valor Añadido (DIVA), y su trasposición en España mediante la Ley 37/1992 del Impuesto del Valor Añadido (LIVA), igualmente actualizada y consolidada. Se consideran las siguientes situaciones (hechos imponibles):

– Entrega de bienes corporales. Por lo general, el comprador es un consumidor y el vendedor (una empresa o profesional) está en otro Estado miembro de la UE, o comprador y vendedor son ambos empresas o profesionales y están en el mismo Estado miembro.

  • Si comprador y vendedor están en el mismo Estado Miembro, siempre dentro del área de armonización fiscal del IVA, por ejemplo en Alicante y Madrid, no hay ningún problema (Arts. 31 DIVA y 68 LIVA). Pero si comprador o vendedor están en Canarias y la contraparte en otro punto de España o de la Unión Europea, habrá una exportación seguida de una importación, aún cuando ambos están dentro de la Unión Europea, del Mercado Único y de la Unión Aduanera, ya que Canarias está fuera del área de armonización fiscal y no tiene IVA sino un impuesto diferente, el impuesto general indirecto canario (IGIC). Lógicamente, si comprador y vendedor están ambos en Canarias, tampoco hay mayor problema.
  • Supongamos que el comprador está en Granada y es un consumidor (no una empresa) que compra bienes a un comercio electrónico que está en Berlín, ambos por tanto dentro del área de armonización fiscal del IVA. Aquí no hay ni exportación ni importación, pues, conforme al principio de neutralidad, el gravamen que debiera aplicarse a los impuestos armonizados es el que pagaría el consumidor en Granada (21%) si comprara en una tienda física en su misma ciudad y no en Alemania (en general, el 19%). El problema es cómo cumple con su obligación tributaria en España el sujeto pasivo (el vendedor) que está en Berlín. El Art. 33.1 Directiva IVA dispone que el lugar de entrega de bienes se entiende hecha dónde esté el consumidor. Por tanto la empresa Berlinesa, debe estar dada de alta en el IVA en España para realizar la correspondiente liquidación, de forma cómoda y transparente para el usuario que simplemente verá repercutido en su factura el tipo de IVA que para tal compra corresponda en España. Adviértase que, si no fuera así, habría un flujo de renta de España (principalmente consumidor) a Alemania (principalmente productor) por una imposición tributaria indirecta que no estaría cumpliendo con su función.
  • Pero claro, estar dado de alta ante varias Administraciones Tributarias puede comportar ciertas exigencias y una complejidad en la gestión, inasumibles para pequeños vendedores, que quedarían excluidos del comercio electrónico intracomunitario. Por ello, conforme al principio de eficiencia, el Art. 34 DIVA prevé que cuando el conjunto de las entregas a lo largo de un año hechas por el vendedor en otro Estado Miembro no superen los 100.000€ (que bajo ciertas circunstancias pueden bajarse hasta 35.000€, como es el caso de España -Art. 68.3 LIVA-), el vendedor tendrá libertad de optar por liquidar el IVA en el país desde el que realice la venta. Por tanto, si se trata de un pequeño vendedor, nuestro comprador podrá encontrarse con un tipo impositivo diferente al que esperaría normalmente en su país de residencia.

– Adquisiciones intracomunitarias de bienes. En este caso comprador y vendedor son empresas y están en distintos Estados Miembros, siempre dentro del área de armonización fiscal. En general, la liquidación del IVA se hace atendiendo al lugar en el que se recibe la mercancía (Arts. 41 DIVA y 71 LIVA).

– Entrega de servicios y bienes incorporales. La regla general es que la prestación se entrega en el lugar donde esté el proveedor del servicio, gravándose la prestación conforme al tipo de IVA de dicho lugar. Esto es así, por ejemplo, si se contrata a un consultor, o a un abogado, aunque se haga por medios electrónicos. También es éste el caso si se contratan “servicios de disfrute”, incluso  (educativos, ocio, restauración,…) aunque se haga electrónicamente.

Sin embargo, hay excepciones importantes, especialmente los servicios prestados on-line a un consumidor o usuario, que se entienden prestados íntegramente por medios electrónicos y a distancia. No caben en esta categoría servicios off-line que comporten la entrega de un bien corporal (calificados como entregas de bienes), o la realización de un trabajo o una atención personal in-situ, entre otros. El lugar de entrega de los servicios on-line es el de residencia del comprador. Entre ellos (Art. 58 DIVA):

  • Servicios prestados por vía electrónica: se incluyen en esta categoría varias clases de prestaciones muy diferentes entre sí. Por ejemplo, los servicios de intermediación de la sociedad de la información (hosting, housing,..), pero también otros que realmente son bienes incorporales, pero no propiamente servicios: música, películas, libros, contenidos educativos… Hasta el año 2015, esta oferta se gravaba en el lugar del prestador, lo que dio lugar a que, atraídas por la baja tributación de ciertos territorios, las plataformas on-line se establecieran en ellos, aunque mayormente vendieran y consecuentemente provocaran una recaudación del IVA proveniente principalmente del exterior de los mismos. Piénsese, por ejemplo, en la controversia creada por Luxemburgo y Amazon. Habrá que ver, en la práctica, de qué manera se evita el fraude fiscal mediante la colaboración de las Agencias tributarias de los distintos Estados miembros.
  • Servicios de telecomunicación.
  • Servicios de radiodifusión y televisión.

Importaciones de bienes

  • Supongamos ahora que compramos a un vendedor europeo desde Canarias, territorio integrado en la Unión Aduanera, pero no en el territorio de armonización fiscal europeo y donde no se aplica la Directiva IVA. En esta situación están (Art. 5 DIVA) las regiones ultraperiféricas (RUP) españolas y francesas (en España sólo Canarias es RUP), las Islas Aland (Finlandia), las Islas del Canal (vinculado al Reino Unido, pero con un régimen muy particular) y el Monte Athos (Grecia, caso todavía más particular). En estos casos nunca se aplica el impuesto en el lugar del vendedor y, a los efectos, la situación es equivalente a una importación, aunque sin requerir derechos aduaneros (Art. 278 DIVA). Por ejemplo, en una compra hecha desde Canarias, el vendedor español o europeo remitirá la mercancía, pasará por la aduana a efectos de liquidar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de importación y, en su caso, el Arbitrio a la Importación y a la Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) y, para ello, se hará una declaración mediante el habitual Documento Único Administrativo Aduanero (DUA), que podrá añadir un coste de gestión adicional a la compra. El tipo general del IGIC es del 7%, frente al 21% del IVA, y el AIEM sólo se aplica a ciertos productos. Por ello, el comprador electrónico canario afrontará un IGIC del 7%, en algunos casos (relativamente pocos en los bienes usualmente adquiridos por comercio electrónico) el tipo correspondiente del AIEM (hay que conocer la norma para saber el tipo que aplica en cada caso), autorizado por la UE hasta 2020, y el coste de gestión por la cumplimentación del DUA. ¿Y si se vende desde Canarias? Pues se sigue el camino inverso (Art. 274 DIVA): el comprador español o europeo pagará IVA de importación (21%) y los costes de gestión del DUA. Al tiempo que éste, he publicado un post con la problemática particular de Canarias en el comercio electrónico.
  • Supongamos que ahora se compran bienes en un comercio electrónico de un tercer país, por ejemplo EEUU. Ni en Alicante ni en Canarias se repercuten impuestos indirectos de EEUU, sino que se paga el arancel aduanero común y los costes asociados a la gestión del DUA, y, en el primer caso, se paga IVA de importación (21%, en general), y, en el segundo, el IGIC (7%, en general) y, cuando corresponda, según el producto, el AIEM. ¿Y si vende con destino a EEUU? Pues se sigue la lógica inversa. No se aplicarán impuestos indirectos a la venta (pues están pensados para gravar el consumo local), y el comprador se hará cargo de los costes arancelarios, aduaneros y tributarios que le correspondan en EEUU. ¿Y qué pasa con territorios de la UE que no están integrados en la Unión Aduanera, en España Ceuta y Melilla? (junto con la isla de Heligoland y el territorio de Büsingen, en Alemania, Livigno, Campione d’Italia y las aguas italianas del lago Lugano, en Italia). Pues que las transacciones son semejantes a las que se hagan al importar o exportar desde un país tercero

Lo anterior son tan sólo algunas consideraciones que permiten mostrar la complejidad del comercio electrónico. Han quedado muchas cosas por mencionar, como la afección a los derechos de propiedad intelectual, la protección de los derechos del consumidor, entre otras. Si lo desean, pueden consultar la entrada “Las particularidades del comercio electrónico en Canarias“, en el que profundizo en algunas de estas cuestiones, aunque desde la óptica de quien compra o vende desde Canarias.

Ciencia para vivencias: innovación en los servicios

Esta semana tuve la oportunidad de participar en la conferencia del nuevo Centro Europeo de Innovación en Servicios (ESIC es su acrónimo inglés), promovido por la Comisión Europea. En esta primera etapa de ESIC, la Comisión seleccionó seis regiones europeas para desarrollar modelos de referencia que fueran de utilidad para fomentar la innovación en el sector de los servicios. Las regiones elegidas fueron Canarias, Luxemburgo, Irlanda del Norte, Emilia-Romagna, Limburgo y Alta Austria, y en la conferencia, que se celebró en Helsinki los días 9 y 10 de septiembre, se presentaron los resultados del trabajo realizado por ESIC con ellas durante los últimos dos años.

Pero, ¿en qué consiste la innovación en los servicios? ¿Se trata simplemente de una nueva idea, abstracta y alejada del mundo práctico promovida por la burocracia comunitaria?

Pudiera tal vez parecer exagerada la importancia que actualmente se le presta, de forma específica y diferenciada, a la innovación en los servicios. Seguramente pudiera también parecer contradictorio que sea justamente la Dirección General de Industria de la Comisión Europea quien promueve el Centro ESIC de innovación en servicios. Sin embargo, en este blog ya hemos tenido oportunidad de debatir varias veces no sólo sobre innovación en general, por ejemplo en ¡Qué pesados con la innovación!, sino particularmente sobre la innovación asociada a los nuevos servicios de la sociedad de la información, por ejemplo en ¿Qué son las TICs? o Territorios Inteligentes.

Durante demasiado tiempo fue predominante la exclusiva asociación de la innovación a la actividad industrial. No es de extrañar. La I+D empresarial era desarrollada tradicionalmente por empresas industriales, y las políticas públicas de fomento de la innovación atendían sus necesidades. Esta circunstancia hizo que los planes nacionales y marco europeos de I+D tuvieran un enorme sesgo industrial que, en la práctica, los hacía casi inútiles para las regiones con economías que tenían menor desarrollo del sector secundario, pero eran pujantes en los servicios y, muy especialmente, en el turismo. No es casualidad que los peores indicadores en I+D+i de España le correspondan a las dos CCAA con mayor desarrollo turístico: Canarias y Baleares. Es más, los indicadores de I+D de Baleares son aún peores que los de Canarias, circunstancia llamativa por cuanto Baleares tiene una renta per capita elevada, apreciablemente superior a la canaria, y muy potentes grupos empresariales.

Ya sabemos lo que es innovar. Lo hemos discutido en posts anteriores. Simple y llanamente consiste en poner neuronas a disposición de la mejora tecnológica, sí, pero también de la organizativa y comercial para que las empresas consigan productos y servicios más atractivos que los de los competidores, y costes de producción inferiores, sin para ello tener que reducir los salarios.

La necesidad de innovar en los servicios, particularmente en el turismo, era reconocida en Canarias (también en Baleares) desde hace ya bastantes años, aunque ello frecuentemente no era el caso en los foros donde se debatían y diseñaban las políticas de innovación. Simplemente las regiones turísticas estábamos fuera del mapa europeo y español de la innovación, aunque, al menos, desde el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000, la innovación era considerada clave para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, generadora de empleo de calidad y crecimiento sostenible. ¿Por qué se pensaba que no era apta la innovación para la actividad turística? ¿Tal vez porque el turismo no era tan importante para las regiones industrializadas, que se beneficiaban casi en exclusiva de los cada vez más cuantiosos fondos destinados a la I+D+i? ¿O simplemente no se quería ni siquiera pensar en el asunto, seguramente por una pura inercia?

Cierto, debo ser comprensivo. Es posible que antes de mi paso desde la Universidad al Instituto Tecnológico de Canarias, en abril de 2004, yo tampoco reflexionara demasiado en cómo la I+D+i podía ser de utilidad para el turismo, columna vertebral de la economía canaria. No tenía duda en la necesidad de innovar en algunos servicios, por ejemplo en el sanitario. De hecho, durante los diez años anteriores me especialicé en tecnología médica, cuatro de los cuales tuve la oportunidad de tener una intensa colaboración en el marco de un programa conjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, el departamento de radiología del Hospital Brigham & Women’s de Boston y el Instituto Tecnológico de Massachussetts. Ya en ese momento pude apreciar la importancia de la innovación organizativa: integrar un equipo de científicos, ingenieros y médicos en el seno de un hospital clínico para desarrollar nueva tecnología que mejorara el servicio sanitario y, con ello, le proporcionará a varias empresas tecnológicas colaboradoras pruebas de concepto para desarrollar y comercializar nuevos equipos tecnológicos no era tarea sencilla. Ni siquiera en EEUU siendo todos los participantes entidades privadas de elevada reputación científica  aunque, eso sí, con sustanciosas ayudas públicas de la National Science Foundation (NSF) y del National Institute of Health (NIH).

Claro, podrán pensar muchos. Es indudable, por evidente, la importancia de la tecnología en la atención sanitaria, pero cuando menos no es obvia en la actividad turística. ¿O sí? Francamente, creo que en el tiempo en el que vivimos no debiera haber dudas racionales al respecto. Continuemos.

Los servicios, en muy buena medida, consisten en ofertar vivencias, experiencias. Unas buenas y deseadas. Otras indeseadas, aunque mitigadoras de nuestros males. Nadie se somete a una operación quirúrgica por gusto y, cuando no le queda más remedio que hacerlo, desea que la vivencia sea lo menos traumática posible. Por el contrario casi cualquier persona disfruta pudiendo irse unos días de vacaciones, y confía en que su elección de destino, alojamiento, actividades, gastronomía y demás sea realmente gratificante y de su gusto. Justamente, para conseguir estos y muchos otros fines semejantes es necesario innovar en los servicios prestados, por supuesto, apoyándose en la tecnología que, no lo olvidemos, es instrumental y no un fin en sí misma.

Sin embargo, estas ideas no eran predominantes hace tan sólo diez años. Recuerdo haber leído por esa época un informe encargado por la Comisión Europea en el que atribuía una buena parte de la brecha de productividad, favorable para EEUU en relación a Europa, justamente al mejor desempeño allí de la innovación en los servicios. En cualquier caso, seguía predominando en Europa y España la concepción de la I+D+i vinculada, casi de forma exclusiva a la industria. Es más, costó mucho que tal concepción evolucionara, tanto en Europa como en España. Recuerdo muy bien cuando se estaba elaborando el VI Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011, pues fui designado experto autonómico, en representación de Canarias, para participar en su elaboración. Y recuerdo también perfectamente la instrucción que me dio el tristemente fallecido presidente Adán Martín: tienes que hacer lo posible para que el turismo sea incluido en el nuevo Plan Nacional de I+D+i. Nos pusimos para ello de acuerdo con Baleares y logramos que varias CCAA respaldaran nuestra propuesta. Y conseguimos que el plan mencionara expresamente el sector turístico, no sin cierta resistencia por parte de varios expertos independientes, mayormente provenientes del ámbito académico científico-tecnológico. En particular se incluían “Actuaciones específicas destinadas a la I+D+I en sectores de servicios como el turismo. El nuevo Plan Nacional fomentará la innovación en regiones con un peso importante del sector servicios, como en Canarias y Baleares“. Desafortunadamente estas posibilidades fueron apenas utilizadas por empresas turísticas, pero su mera existencia supuso un significativo primer paso. Francamente, al menos desde 2004, nunca alcancé a entender la resistencia para dedicar recursos a la innovación en el sector turístico en España, siendo un sector enormemente importante de su economía, y simplemente crucial para Canarias y Baleares.

Creo que es interesante reflexionar por qué, ahora, parece que casi todo el mundo está de acuerdo en la importancia de la innovación en los servicios, y por qué se diseñan programas públicos, incluso a nivel europeo, para su fomento. Sin duda una pista importante la proporciona el hecho de que sea, justamente, la Dirección General de Industria de la Comisión quien promueva el Centro Europeo de Innovación en Servicios (ESIC).

Simplemente, ya no se pueden separar la manufactura de los servicios como se hacía antaño. En nuestro mundo tecnológico las personas demandan constantemente nuevas experiencias y vivencias. La inteligencia de mercado se orienta a qué nuevos servicios pueden ser atractivos para satisfacer más y mejores vivencias por parte del público. Y la tecnología se desarrolla para tal fin. El cambio, verdaderamente revolucionario, lo han provocado las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Curiosamente, mientras las TICs fueron sólo una innovación tecnológica, eran frecuentemente insuficientes para satisfacer tanto las necesidades empresariales como los deseos lúdicos de la población. Se requirieron innovaciones organizativas para que las TICs fueran realmente útiles en el puesto de trabajo. Y se requirió la creatividad de personas imaginativas, orientada hacia eso que ahora llamamos innovación abierta (open innovation), para imaginar nuevos, mejores y, frecuentemente, irresistibles servicios para el público en general. Después sería cuestión de los ingenieros desarrollar y afinar la tecnología para hacerlos posibles a gran escala. Tal vez esa haya sido la contribución genial de Steve Jobs, imaginar nuevas experiencias que la tecnología pudiera satisfacer. Y pedirle a sus ingenieros que la desarrollaran, una vez la había concebido. Y esa marcha es ahora imparable: día tras día, nos encontramos con nuevos servicios ofrecidos desde la “nube” que revolucionan nuestra forma de relacionarnos y, con ello, nuestras vivencias.

Volvamos al turismo y, para ello, voy a aprovechar la muy gratificante vivencia que he tenido junto con mi familia durante dos semanas este verano. Mi mujer y yo queríamos hacer un viaje con nuestros hijos, ya casi adolescentes. Sí, ya se sabe, crecen rápido y después ya es muy tarde para poderlo hacer… Buscábamos una combinación de patrimonio histórico, naturaleza y buena oferta gastronómica. Hace años los dos nos habíamos dado una escapada a Extremadura y, en principio, nos parecía una buena opción. Primero hicimos un rastreo rápido en Internet. La ruta de la Plata, con Mérida, Cáceres, Plasencia, seguro que eran excelentes opciones. ¿Y la naturaleza? Los valles del Jerte y del Ambroz, la Vera, Monfragüe,… Algunos sitios los conocíamos, de otros teníamos alguna referencia, o ninguna. Unas rápidas búsquedas en Google nos ayudaron a centrar ideas: haríamos la Ruta de la Plata completa, desde Mérida, en Badajoz, hasta Astorga, en León. Pero nos desviaríamos en varios puntos, para no dejar de conocer algunos parajes naturales y, también, visitar algunas localidades históricas. Seguidamente teníamos que ver dónde nos podíamos alojar, y si tales opciones entraban en nuestro presupuesto. Para ello resultaron muy útiles los comentarios que había en redes sociales especializadas. Igualmente hicimos con nuestras opciones de transporte. Ello nos permitió, por ejemplo, seleccionar un apartamento turístico en Mérida, un hostal en Cáceres y una casa rural en Baños de Montemayor. Conseguimos buenos precios, y los comentarios de clientes anteriores fueron determinantes para no errar en la selección: buen precio, buen servicio y limpieza era lo que queríamos. Y lo conseguimos. Una conocida red social de viajes nos ayudó a identificar donde comer. En algunos casos fueron restaurantes, en otros tascas, siempre guiados por los comentarios de clientes anteriores. Debo decir que tampoco fallaron. Y otras veces cenábamos en alguno de los alojamientos, pues dos de ellos tenían cocina, circunstancia que también valoramos en la selección. Igualmente hicimos con nuestras excursiones por parajes naturales, o con la asistencia a algunos espectáculos, por ejemplo, obtuvimos buenos precios a través de otra conocida red social para asistir con nuestros hijos la representación de la obra de Shakespeare, Coriolano, en el Teatro Romano de Mérida. De modo semejante elegimos nuestras opciones de transporte.

En fin, no creo que alguien pueda dudar de que ha habido importantes innovaciones en el sector turístico. Innovaciones que, a nosotros, nos permitieron tomar decisiones informadas, que fueron clave para que nuestra vivencia fuera enormemente gratificante y con un precio asequible para nuestras posibilidades. Y esto mismo hacen millones y millones de personas en todo el mundo, cada vez más.

La imbricación de la innovación en el sector turístico tiene incidencia en prácticamente todos los sectores de la economía. Facilita la contratación informada, como acabamos de ver, permite distinguir marcas, por ejemplo, relativas a destinos o alojamientos sostenibles medioambientalmente. La actividad turística da lugar a una sociedad paralela, que requiere y demanda servicios, experiencias, vivencias. La tecnología es fundamental para hacerlas posibles, como también lo es la preservación del medio natural, del patrimonio histórico, la potenciación de la gastronomía. La innovación turística es una gran oportunidad. Lo es particularmente para superar modelos turísticos que, probablemente, no persistan mucho en el tiempo. No al menos si queremos tener un crecimiento económico sostenible que proporcione bienestar a nuestra ciudadanía. Consumir territorio para crecer en turismo de masas tiene límites intrínsecos y extrínsecos. Entre los primeros, que el territorio no es infinito, o que dañar el medioambiente debilita el atractivo del destino. Entre los segundos que los visitantes que queremos atraer, esos que pueden permitirse dejar una cantidad sustancial de sus rentas en vacaciones, son cada vez más sofisticados. Necesita nuevas vivencias, experiencias e información para tomar y disfrutar sus decisiones.

El éxito actual de nuestros destinos turísticos debe ser aprovechado para impulsar innovaciones. ¿Quien mejor que quien tiene y conoce muchísimos visitantes puede concebir nuevos servicios, nuevas experiencias, nuevas vivencias? ¿Quién mejor que nosotros para desarrollarlas y aprovecharlas?

Sin embargo, hemos tenido que esperar a que las economías más industrializadas perciban la importancia de la innovación en los servicios para ver que se le presta atención. Aprovechar las oportunidades requiere claridad de ideas y determinación. Si no, serán otros los que las aprovechen. No es en absoluto descabellado pensar que la innovación turística la rentabilicen regiones industriales, más que las propias regiones turísticas. A fin de cuentas llevan ya mucho tiempo innovando.

¡Dichoso petróleo!

El adjetivo dichoso tiene cuatro acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: (1) feliz, (2) que incluye o trae consigo dicha, (3) dicho irónicamente, desventurado o malhadado, y (4) dicho coloquialmente, enfadoso o molesto. No parece, por tanto, que el título de este post sea menos contradictorio que las posiciones enfrentadas que, en relación a su bondad o maldad, el petróleo atiza en todo el mundo.   En los últimos tiempos la controversia se ha instalado en Canarias, Baleares y Valencia, ante la perspectiva de que en el mar territorial cercano a los respectivos litorales puedan llevarse a cabo actividades de extracción de hidrocarburos.

Este blog está concebido como un espacio para la reflexión y la razón. Por ello procuro exponer argumentos racionales, evitando los emocionales, y proporcionar vínculos o enlaces donde cada cual pueda contrastar la información y sacar su propias conclusiones. Ciertamente, salvo tal vez en Matemáticas, ni siquiera la razón es neutral. Incluso los científicos más relevantes de la Historia están condicionados por sus convicciones personales, éticas y filosóficas. Ya se sabe que, a pesar de haber contribuido a su nacimiento, Einstein se resistió a aceptar la Mecánica Cuántica, no obstante la creciente evidencia experimental: “Dios no juega a los dados” , dijo, parece ser que no por una convicción religiosa, sino simplemente filosófica en relación al determinismo y al azar. Por tanto, difícilmente podré sustraerme a mi visión personal en un intento de exposición, tan objetiva como sea capaz, sobre un asunto tan controvertido como el petróleo. Procuraré, en todo caso, distinguir claramente lo que son datos objetivos de lo que subjetivamente resulte de mi visión personal.

El petróleo: ¿santo o villano?

Desde luego, no puedo pensar que el petróleo sea fuente de santidad a la vista de cómo ha controvertido la realidad mundial desde la II Guerra Mundial. Sin embargo, no es menos cierto que los hidrocarburos fósiles son un recurso esencial para la sociedad actual. Justamente, su imperiosa necesidad es la que los ha convertido en un elemento clave en el tablero geoestratégico mundial. Los hidrocarburos son necesarios en la industria química, dan lugar a alquitrán, asfalto, lubricantes, entre otros muchos productos y, ya se sabe, son el recurso energético que mueve desde hace más de cien años el crecimiento económico mundial, sea para producir electricidad, mover automóviles, barcos y aviones, o producir frío que permita la conservación de alimentos perecederos.

Por tanto, el petróleo, y restantes hidrocarburos fósiles, ha sido y continúa siendo importante y, por ello, conflictivo. A su faceta negativa, hay que añadir que se trata de recursos no renovables, producidos y almacenados de forma natural en el subsuelo de nuestro planeta en procesos geológicos a lo largo de millones de años. Su extracción acelerada, por las últimas cuatro generaciones de seres humanos, y su consecuente combustión para producir energía libera cantidades ingentes de CO2 y otros productos a la atmósfera, hacen imposible la autorregulación natural del exceso de emisiones, con el consabido aumento del efecto invernadero, importante agente del cambio climático. Siendo el impacto medioambiental más señalado la referida contribución al cambio climático, no puede dejarse de mencionar el riesgo de vertidos accidentales, mayor o menor según las posibilidades de la técnica, pero seguro que existente.  No es difícil de entender: si liberamos en muy poco tiempo a la bioesfera una cantidad ingente de carbono, secuestrado y almacenado de forma natural durante muchos millones de años, vamos a incidir en los ciclos biogeoquímicos que hacen de la Tierra el planeta que conocemos, con consecuencias que son muy difíciles de prever. Pero, además, los hidrocarburos fósiles no son, ni mucho menos, de existencia eterna: como cualquier recurso natural están sujetos a su agotamiento, si se sobreexplotan.

Pienso que nuestra generación continuará sustentando su actividad económica sobre los combustibles fósiles, como recurso energético, a pesar de todos los problemas señalados. Más allá de los complejos intereses que el oro negro pueda causar, mucho me temo que no existen tecnologías energéticas que, a día de hoy ni en el futuro cercano, puedan sustituir a las actuales. Pero también pienso que, por cuanto he expuesto, se trata de una circunstancia desafortunada.  El alto consumo energético en los países desarrollados y el enorme crecimiento en los que están en vías de hacerlo, supone un riesgo real sobre la bioesfera, si no buscamos tecnologías energéticas sustitutivas de los combustibles fósiles. El crecimiento económico a largo plazo sólo podrá ser sostenible si somos capaces de obtener la energía de fuentes renovables, que no se agoten y, sobre todo, que no alteren el delicado equilibrio medioambiental del planeta.

Nuestra generación tiene la responsabilidad de entregar un planeta habitable a quienes vendrán después de nosotros. Dicho esto, hay que ser conscientes de que se trata de una cuestión global. Hemos de mantener un compromiso personal y social con la sostenibilidad medioambiental. Pero no podemos resolver sólo nosotros las contradicciones del actual modelo energético mundial.

Recursos naturales y prosperidad económica

Con frecuencia se dice que ningún país renuncia a conocer y explotar sus recursos naturales. También que sería una gran suerte poder contar con ellos, pues impulsarían el crecimiento económico y, con ello, la generación de empleo que tanto necesitamos. Esta línea de pensamiento parece entender que se genera una suerte de externalidad positiva automática, por el mero hecho de realizar la explotación de tales recursos, que compensa las externalidades negativas que pudieran originarse. Dicho de otra manera, si resulta que hay yacimientos explotables de hidrocarburos fósiles, parece que, conforme a dicha línea de pensamiento, van a surgir múltiples oportunidades de prosperidad y empleo.

Me temo que las cosas no son tan sencillas. Si así fuera, los países que sustentan su economía en la explotación de recursos naturales, abundantes en sus territorios, habrían consolidado un crecimiento económico que los hubiera hecho muy ricos y con un elevado bienestar. La terca realidad muestra que no suele ser así. De hecho, como muchos economistas especializados en crecimiento y desarrollo económico han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, existe una especie de “maldición de los recursos naturales” consistente en que los países en los que abundan, al explotarlos, crecen económicamente menos que los que, por no tenerlos, no tienen opción de hacer explotación alguna de tales recursos. Si lo desean, pueden consultar el trabajo “Natural Resource Abundance and Economic Growth” del economista Jeoffrey Sachs (nov. 1997), reputado profesor de la Universidad de Columbia y, en su día, Director del Proyecto del Milenio de Naciones Unidas,  o más recientemente “The Natural Resource Curse: A Survey“, publicado en el National Bureau of Economic Research, en  marzo de 2010, por el profesor de la Universidad de Harvard, Jeffrey Frankel. De hecho no es necesario recurrir a literatura especializada. Libros de texto, como Macroeconomía, de Krugman y Wells, o Crecimiento Económico, de Weil, por citar dos que tengo en casa a mano según escribo, se detienen en explicar cómo, ni el clima ni los recursos naturales, no sólo no son determinantes para impulsar el crecimiento económico a largo plazo, sino que con frecuencia lo ralentizan.

Habrá quien se muestre escéptico. Si tengo recursos naturales, pensará, mucho mejor que si no los tengo. Y visto superficialmente, así parece. Es más, si la gestión de tales recursos es acertada, probablemente fortalezcan el crecimiento económico. El problema es que, con mucha frecuencia, los recursos naturales suponen una vía fácil de ingresos, realizables en el corto plazo, que sacrifican otras posibilidades económicas alternativas. La entrada de dinero externo, motivada por tal sector extractivo, desplaza recursos endógenos hacia el mismo, y conlleva un incremento de los servicios y la inflación acompañados de una desindustrialización en otros sectores. Eso por no hablar de la lacra de corrupción que acompaña a muchas economías extractivas.

Pero los efectos negativos, en el corto plazo, son muy difíciles de advertir. A fin de cuentas, el boom asociado a tal explotación de los recursos naturales crea un espejismo, una borrachera social de crecimiento aparente,  gasto y optimismo.  Después, la resaca es terrible. Los economistas suelen hablar del “síndrome o enfermedad holandesa” para referirse a este fenómeno, repetido demasiadas veces en distintas formas a lo largo de la Historia, y que los holandeses sufrieron en carnes propias tras el descubrimiento de pozos de gas natural en el Mar del Norte en 1959, y cuya explotación llevó aparejada un retroceso de su sector industrial. Ya en el S. XVI la plata americana destrozó la economía española. Vaya contrasentido. En el S. XX hemos visto cómo otra forma de explotación inconsciente de los recursos naturales, a través del turismo y la construcción, ha supuesto el debilitamiento del sector industrial.

Pero, ¿es posible hacer un uso de la explotación de los recursos naturales que consolide crecimiento y bienestar a largo plazo? Entiendo que sí pero, desde luego, no es tan sencillo como pensar que, automáticamente, ese va a ser el resultado. Al contrario, si se hace sin más, el resultado es el repetido síndrome holandés, la borrachera que te hace feliz hasta que llega la resaca. Pienso que se requiere mucha disciplina para no sucumbir ante la tentación de una burbuja de optimismo. Francamente, n0 me da la impresión, por lo que he podido leer en relación a la controversia por el petróleo, que estas cuestiones estén siendo suficientemente consideradas.

Pero, ¿debemos admitir las prospecciones y extracciones?

Las verdades absolutas corresponden a las religiones y se sustentan en creencias. Podría, tal vez, admitir la certeza absoluta de algunas verdades matemáticas. En el resto del Conocimiento Humano, incluyendo todos los campos de la Ciencia, todo es provisional y revisable, de acuerdo con las sucesivas evidencias experimentales.

No es, por tanto, este blog el espacio para hablar de verdades absolutas. Por tanto, no pienso que pueda darse ni un sí o un no, en términos absolutos, a cualquier posibilidad de explotación de recursos naturales. En cada caso, habrá que saber qué se pone en cada platillo de la balanza, y tener claro cómo se desplaza el fiel de la misma. Y ello pensando no sólo en el corto sino, especialmente, en el largo plazo, tanto por responsabilidad medioambiental como económica, según he intentado sintetizar más arriba.

Creo que es importante glosar brevemente cuál es el marco normativo por el que, en España, se autorizan las prospecciones y explotaciones de hidrocarburos. Pues bien, actualmente está en vigor la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Esta Ley vino a sustituir a la anterior Ley 21/1974, de 27 de junio, promulgada en un momento muy especial, por la crisis energética de los años setenta. La Ley tiene un reglamento que la desarrolla, regulado por el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre investigación y explotación de hidrocarburos, de 27 de junio de 1974. Sí, han leído bien: el reglamento de la vigente Ley es, realmente, el de la anterior, nada menos que de 1976. Lógicamente, tal reglamento, anterior incluso a la Constitución, se mantiene vigente en las normas que no contradigan a la Ley actual. Pues bien, el marco reglamentario para realizar las extracciones tiene casi treinta y nueve años. Bueno, podrán pensar, seguro que ha sido modificado y actualizado. Sí, en concreto, de los ochenta y dos artículos, cuatro disposiciones adicionales y tres anexos, se han modificado dos veces, en 1991 y 1993, el Art. 28.1.2 relativo a las inversiones anuales mínimas que han de hacer los titulares de permisos de investigación, y, también, se añadió el Anexo III en 1993 (referido en el modificado Art. 28.1.2). Por último, se convirtieron en 2001 las cuantías a euros.

Una lectura íntegra del Reglamento de 1976 permite entender rápidamente lo extemporáneo que es. Es coherente con la realidad política, económica e industrial del momento, y con la necesidad de asegurar el control del Estado en los recursos energéticos que pudieran obtenerse. Pongamos algunos ejemplos directamente extraidos del vigente Reglamento,

“Artículo 7

3. De autorizarse por el Ministerio de Industria, la importación de tecnología, el número total de empleados no españoles en cada empresa autorizada, no podrá superar el 20 por 100.

4.1. En las empresas cuya actividad está regulada por la Ley y el presente Reglamento, el número de técnicos titulados de nacionalidad extranjera, fijos o temporales, deberá ser siempre inferior al de los nacionales con análogas funciones.

4.2. A estos efectos, se considerarán técnicos nacionales los que hayan obtenido su titulación en España y los extranjeros que la tengan reconocida por convalidación.

5. En igualdad de condiciones y características para la contratación de servicios, tendrán preferencia, los contratistas españoles y para el empleo de maquinaria y equipos los fabricados en España”.

“Artículo 9

1. En las sociedades anónimas españolas con participación extranjera, el número de Consejeros no españoles, no podrá exceder del proporcional a la parte de capital extranjero.

2. Si estas sociedades estuvieran administradas por uno o varios administradores o gerentes, y alguno de ellos fuera extranjero, sus facultades deberán ser mancomunadas y no solidarias, sin que el número de los no españoles, pueda exceder tampoco del proporcional a la parte de capital extranjero. El Presidente del Consejo de Administración y el Consejero delegado, deberán ser en su caso, españoles. Si hubiera un solo administrador o gerente deberá, asimismo, poseer la nacionalidad española”.

“Art 38

1. Los concesionarios de explotación podrán refinar y manipular industrialmente los hidrocarburos que obtengan en exceso sobre los destinados obligatoriamente al consumo nacional, y dedicar este exceso a la exportación, según prevé el artículo 60.

2. En el caso de que los concesionarios monten instalaciones para realizar las operaciones de refino o manipulación amparadas por el apartado anterior, estarán obligados a poner a disposición del mercado interior los productos obtenidos en la cantidad y durante el período que se determine, cuando por razones de interés nacional así lo disponga el Gobierno.

3. La venta de los productos sometidos a la Ley y el presente Reglamento y afectados por la legislación especial por la que se rige el Monopolio de Petróleos, y dentro de su área, deberá efectuarse a éste, excepto los que se destinen a la exportación con la debida autorización del Gobierno. El almacenamiento y transporte de los citados productos, será en todo caso, fiscalizado por el Monopolio de Petróleos dentro del territorio peninsular e islas Baleares, ateniéndose a su legislación especial y sin que esta fiscalización pueda tener carácter oneroso para los concesionarios”.

“Art. 49

1. El tipo de gravamen del Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas será el 40 por 100.

2.1. Del importe de la cuota liquidada se deducirá la suma de las cantidades que la empresa haya abonado al Estado en concepto de canon por la concesión de explotación correspondiente al ejercicio”.

“Art. 60

1. Los titulares de concesiones de explotación podrán una vez cumplidos los preceptos establecidos por la Ley y las condiciones de las concesiones respectivas, exportar los excedentes de los hidrocarburos crudos o refinados obtenidos en sus explotaciones o venderlos a empresas españolas para su exportación en bruto o después de transformados”.

Con estas citas es fácil entender el sistema vigente en los años setenta. El Estado tenía un gran control sobre cualquier actividad extractiva, exigía que la comercialización comenzara por España, y tenía un tipo impositivo del 40% en el impuesto de sociedades. Dicho de otra manera, el Estado marcaba las condiciones, la empresa realizaba la extracción, la venta comenzaba por España y los beneficios se los repartían en un 60% los accionistas y en un 40% el Estado.

Insisto, ese es el sistema que aún pueden ver en el vigente Reglamento sin más que pulsar sobre los enlaces. Lógicamente, el Reglamento no está vigente en su integridad, pues no puede contradecir la Ley. Sin embargo, ninguno de los preceptos contradictorios ha sido derogado, ni ha sido el Reglamento actualizado conforme a lo que demanda la realidad legal, económica y técnica actual. Cuando menos es sorprendente.

Intentaré sintetizar el marco actual, cuestión que en absoluto es sencilla por la dispersión normativa. Conforme al Art.  132.2 de la Constitución los hidrocarburos que se encuentran en el mar territorial son bienes de dominio público estatal. Consecuentemente la vigente Ley entiende que el título competencial para autorizar las prospecciones y la extracción corresponde al Estado. Por otro lado, la pertenencia de España a la Unión Europea supone que hay que observar el Derecho europeo, al que tampoco puede contradecir el Reglamento. Además, hay un nuevo cuerpo legislativo de protección medioambiental. Quisiera simplemente destacar dos cuestiones:

– Ya no es posible un marco proteccionista como el de los años setenta. Por ello el Art. 2.2 de la vigente Ley de hidrocarburos reconoce la libre iniciativa empresarial, y el Art. 24.3 dispone que “Los titulares de una concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos podrán vender libremente los hidrocarburos obtenidos“.

– Si bien se mantiene el tipo impositivo del 40% en el impuesto de sociedades(Art. 28.7 Ley del Impuesto de Sociedades), tienen un régimen fiscal especial con un “derecho a una reducción en su base imponible, en concepto de factor de agotamiento, que podrá ser, a elección de la entidad, cualquiera de las dos siguientes: a) El 25 por ciento del importe de la contraprestación por la venta de hidrocarburos y de la prestación de servicios de almacenamiento, con el límite del 50 por ciento de la base imponible previa a esta reducción. b) El 40 por ciento de la cuantía de la base imponible previa a esta reducción” (Art. 102 Ley del Impuesto de Sociedades). Las cantidades deducidas en concepto de factor de agotamiento de la base imponible han de ser reinvertidas en España.

Estos son los datos, al menos una parte espero que ilustrativa de los mismos. Cada cual puede reflexionar sobre ellos, complementarlos, documentarse y, en definitiva, tener una opinión informada sobre un asunto de gran trascendencia para todos.

Semejanzas y diferencias entre Canarias, Baleares y Valencia (y de éstas con muchos otros sitios)

En los últimos años hemos asistido a un esfuerzo de comunicación, de partidarios y detractores del petróleo, que intenta mostrar las semejanzas o diferencias de las prospecciones y explotaciones planificadas en distintas CCAA españolas y en distintas zonas con actividad extractiva en otras partes del mundo. La verdad, con frecuencia quedo atónito con lo que leo y escucho. Advierto al lector que, en esta última sección, mostraré mi opinión y, por lo tanto, tiene una componente subjetiva, de cómo veo yo las cosas, que he intentado evitar en las secciones anteriores.

Las semejanzas son fáciles de entender: en todos los casos se plantean prospecciones submarinas para investigar si hay hidrocarburos. A la población del litoral próximo esa posibilidad le preocupa, pues teme que tal actividad le ensucie sus costas. Ese temor es tanto mayor donde existe una elevada sensibilidad medioambiental, acompañada por un cierto resquemor social por la depredación acelerada de un territorio y de un patrimonio medioambiental que antes no se valoraba tanto como ahora. La preocupación se hace máxima en donde, por ser el turismo el pilar de la economía regional, se teme que un posible vertido simplemente de al traste con la economía y modo de vida local.

Esta situación no es sorprendente. Casi cualquier actividad comporta riesgos, y las imágenes relativamente recientes de vertidos están grabadas en las mentes de casi todo el mundo. Se dice que el riesgo es muy bajo, pero humanamente demandamos seguridad en relación a nuestros peores temores:  igual que ningún padre o madre está tranquilo si a su hijo le van a realizar una sencilla intervención quirúrgica, por ejemplo de apendicitis, hay que entender que la población del litoral próximo esté intranquila con la perspectiva, improbable pero posible, de un vertido en sus playas.

Esta situación no sólo no es sorprendente, sino que es muy frecuente. Los americanos, tan amigos de los acrónimos, tienen uno para el común sentir popular de la población local, contrario a que le instalen cerca ciertas infraestructuras: NIMBY o Not In My BackYard (no en mi patio trasero). Simple y llanamente, ante estas situaciones frecuentemente no es fácil asumir los riesgos e incomodidades, que son locales, por unos servicios que, siendo probablemente necesarios, benefician a una colectividad que trasciende tal ámbito local.

 Vayamos a las diferencias. No es lo mismo el Océano Atlántico que el Mar Mediterráneo. Claro que no, ni éstos que el Mar del Norte, ni tampoco Canarias, Baleares o el Golfo de México. Todas son realidades diferentes. Lo que me llama la atención es la celeridad con la que dos realidades pueden ser, al tiempo, semejantes o diferentes según sea la posición que se defiende. En los últimos días he sido ilustrado, a través de los medios de comunicación, sobre la supuesta diferencia de las prospecciones en Baleares en Canarias, que para algunos supone que es admisible realizarlas en Canarias, pero no en Baleares. Al mismo tiempo, algunas de estas personas dicen que no hay peligro en realizar las prospecciones en Canarias, porque se hacen en Brasil o en Noruega. Inaudito.

Ahora resulta que las prospecciones en Valencia o en Baleares son un disparate por la cercanía a la costa. Pero que las previstas en Canarias no están en esa situación, porque están más lejos. Simplemente sugiero que, quien así piense, le de un vistazo a la ubicación del Pozo Macondo, en el Golfo de México, en el que la plataforma petrolífera Deep Horizon tuvo en abril de 2010 su desafortunado accidente. Estaba a 66 km de la costa, y afectó a una extensión marina de unos 180.000 km2, con una afección litoral terrible. El argumento de que si nosotros no lo hacemos, lo hará Marruecos tampoco está mal. Parece que la reserva de hidrocarburos que hay en el subsuelo es como una tarta al final de un cumpleaños infantil, que quien no corra se queda sin tarta…

Las cosas son mucho más sencillas. Si las prospecciones en Canarias, Baleares o Valencia satisfacen los requisitos medioambientales y de seguridad (espero que sea de aplicación alguna norma más reciente que el vigente Reglamento de 1976) pueden hacerse. Los riesgos han sido evaluados por los expertos redactores de las normas, conforme al Derecho europeo aplicable, y por tanto, si se satisfacen tales criterios la autoridad competente puede autorizar las prospecciones y las explotaciones.

Hacerlo o no hacerlo es, simple y llanamente, una decisión política. Si hacerlo es una cuestión de Estado, lo es para todos los casos en que se cumplan los requisitos medioambientales y técnicos que sean de aplicación. Si, como entiendo, el sentido de Estado aconseja tener las cosas mucho más claras, y no crear más problemas que se añadan a los muchos que ya tenemos, no estaría de más que el Gobierno de España escuchara no sólo a sus correligionarios gobernantes en Baleares y Valencia, sino también al Gobierno e instituciones de Canarias.

Y si el Gobierno persiste en las prospecciones, cuando menos pienso que el Ministerio de Industria debiera aclarar varias cosas. No vale decir que llevar a cabo explotaciones extractivas de hidrocarburos va, porque sí, a ofrecer grandes oportunidades económicas en Canarias. No es cierto. Ya he hablado de ello antes. Por ejemplo, tendría que explicar mucho mejor la ponderación de riesgos y  beneficios, para saber dónde ha situado el fiel de la balanza.  Tendríamos que saber esos beneficios cómo repercuten, en primer lugar, en los ciudadanos que están más cerca, que están más expuestos frente a una contingencia. Y cómo se neutralizarían las contingencias si llegaran a suceder. Y cómo se repartiría el ingreso por vía fiscal de la actividad extractiva entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Y cómo esos ingresos se aplicarían en programas que favorezcan el crecimiento económico a largo plazo, que eviten los efectos perniciosos frecuentemente asociados a economías extractivas, y de los que también hablé.

Realmente, en un país que, como España, está tan necesitado de cohesión territorial no son buenas las decisiones impopulares que ignoran la realidad descentralizada del Estado. No se trata sólo de ejercer una competencia atribuida a un poder público o a otro. Se trata de tener sensibilidad con el sentir ciudadano y, sobre todo, de no producir agravios comparativos entre CCAA. Se trata, como ya he dicho, de no crearnos a nosotros mismos más problemas que los que ya tenemos.