Jun, o la capacidad transformadora de la sociedad de la información

Jun es un pequeño pueblo de la Vega granadina, que recientemente ha saltado a los medios de comunicación por su fenomenal desempeño en la sociedad de la información. Tanto es así que su caso ha sido estudiado por investigadores del muy reputado Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT). Puede consultarse, por ejemplo, el artículo The Incredible Jun: A Town that Runs on Social Media, publicado por William Powers y Deb Roy, miembros del prestigioso MIT Media Lab. También pueden verse las múltiples referencias publicadas por los distintos medios, entre otros muchos, Twitter quiere parecerse a Jun, en El País,  Jun, el pueblo más tuitero de España, un caso de estudio, en El Mundo, o Jun, el pueblo que se convirtió en modelo para MIT por su uso revolucionario de Twitter, en la BBC en español.

Probablemente la mayor parte del público desconociera la existencia de este pueblo en el momento de leer tales reseñas. Sin embargo, en mi caso, además de la muy positiva referencia actual, tenía otra, cien años atrás. Muy distinta. Siendo niño y joven adolescente solía ir los veranos a Granada, pues de allí procede mi familia paterna. Mi padre perdió al suyo por una inoportuna infección que sufrió mi abuelo, consecuencia de un balazo recibido en la Guerra Civil, que le dejó alojado durante varios años en su cuerpo un proyectil imposible de extraer. Sería un hermano de mi abuelo, Tito Pepe, quien haría las veces del padre que al mío le faltaba y, con el tiempo, de abuelo paterno de mi hermano y mío. Pues bien, Tito Pepe estaba casado con Tita Anita, oriunda de Jun, y que había tenido una experiencia infantil terrible en su pueblo. Recuerdo perfectamente cómo refería la historia casi cada vez que la veía. Ella fue una niña pobre y analfabeta, circunstancia que entendí era norma en el pequeño pueblo a principios del S. XX, con una escasa población, entonces, de unos 450 vecinos dedicados a trabajar el campo. Correspondería a un cura el dudoso mérito de iniciar sexualmente a Tita Anita, dejándola embarazada, siendo todavía una niña. “Yo no entendía de . Éramos mu brutos”, se disculpaba cada vez que lo contaba, a lo que su marido añadía alguna referencia sobre lo sinvergüenza que era el cura en cuestión. Años después Tita Anita y Tito Pepe se conocieron en Granada, mientras ella, madre soltera, vendía flores en la ciudad. Vivieron toda su vida juntos, haciendo frente a los prejuicios de su época, sin tener más hijos, ayudando a mi abuela viuda con mi padre. Hace ya años que ambos fallecieron pero, a buen seguro, hubieran sentido una incrédula emoción de haber conocido el cambio dado por Jun. De hecho, a mí me ha emocionado este contraste, entre dos situaciones separadas un siglo. Sí cien años es mucho tiempo, pero han pasado para todos en igual medida. Quien como Jun, partiendo por lo que entiendo desde una situación de desventaja, se ha puesto a la cabeza mundial de la sociedad de la información, tiene sobrados motivos para la satisfacción y el orgullo. Y a los demás, nos ha dado un magnífico ejemplo que debiéramos conocer y tener muy en cuenta.

Pero, ¿en qué consiste la experiencia cibernética de Jun? Básicamente se trata de utilizar Twitter como canal de comunicación entre los vecinos y los responsables y trabajadores municipales, encabezados por su Alcalde. Si hay una farola rota, una fuga de agua o hay cualquier incidencia en el pueblo, cualquier vecino que la advierta remitirá un tuit. De forma inmediata se recibirá una contestación abierta por el mismo canal, dándose el Alcalde o alguien de su equipo por enterados de la circunstancia e informando que proceden a resolverla. El trabajador municipal encargado de solventar la situación informará también por Twitter de su resolución. Es un indudable ejercicio de acercamiento de la gestión municipal a los vecinos, que conocen en cada momento de qué manera se resuelven las cuestiones que les interesan. Y aunque pueda pensarse incómodo el ojo fiscalizador del ciudadano, constantemente observando la gestión de políticos y trabajadores municipales, parece que éstos ven mucho mejor reconocido su trabajo por sus conciudadanos con la importante renta psicológica que ello conlleva.

Esta experiencia social basada en las tecnologías de la información es un auténtico Living Lab, que los expertos en la materia ya están analizando para extraer conclusiones sobre su portabilidad a otros entornos. Ciertamente, parece factible replicar la experiencia en otras pequeñas poblaciones, ya que Jun tiene unos 3500 habitantes en la actualidad. Sin embargo ello necesita, en primer lugar, la convicción de los gobernantes de que las tecnologías de la información son idóneas para hacer realidad una democracia participativa. Es necesario entender que el mundo ha cambiado y que, tal vez, estemos en una época en la que los responsables públicos, más que patear la calle (que también), deben estar directamente presentes en las redes sociales. La transparencia en la gestión pública y la cercanía con la ciudadanía necesariamente avanzará en tal dirección. Jun y su Alcalde, José Antonio Rodríguez Salas, con su liderazgo lo han demostrado y han dado un gran ejemplo a emular por los demás. Y no se trata sólo de la interacción vía Twitter. Una muy recomendable visita al portal del Ayuntamiento de Jun, o al portal Ciudadan@ de teledemocracia activa, da buena muestra del mérito cibernético del municipio. Sin duda es de particular interés para quienes estamos convencidos del papel que la tecnología ha de jugar, tanto en la mejora de la calidad de la democracia como de la prestación de servicios públicos, aportando transparencia y cercanía. Innovación en estado puro para gestionar mejor las necesidades de la gente.

Habrá que ver cómo escalar la experiencia a núcleos urbanos de mayor dimensión. Habrá que aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para acercar los gobiernos a los ciudadanos, y mejorar con ello la calidad de nuestra democracia. Considerando que el Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tiene 207.000 seguidores en Twitter, habiéndose unido en enero de 2009, y el de Jun 352.000, incorporado a dicha red social desde febrero del mismo año, parece claro quién tiene, al menos por el momento, el liderazgo. ¡Quién se lo diría a Tita Anita! Su pequeño pueblo, un ejemplo para el mundo. Enhorabuena.

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Las particularidades del comercio electrónico en Canarias

El rápido desarrollo del comercio electrónico ha venido acompañado en Canarias de una sensación de frustración, por parte de muchos consumidores y pequeñas empresas, que han visto cómo tenían que hacer frente con demasiada frecuencia a costes e incomodidades que acompañaban a la gestión aduanera en el intercambio de bienes corporales. Es seguro que muchas personas se han sentido, cuando menos, agraviadas por ello, y es también muy posible que las gestiones relacionadas con el despacho aduanero de las mercancías, junto con una falta de información en relación al procedimiento, a los derechos y a los deberes de cada cual, tal vez también aprovechada más allá de lo deseable por algunos operadores, ha provocado una retracción de esta importantísima modalidad comercial. La controversia lleva tiempo presente en la Red y, a modo de ejemplo, aquí hay varios enlaces que así lo demuestran:

Mi objetivo en esta entrada es intentar delimitar el alcance de la situación de Canarias en relación al comercio electrónico, y debatir sobre medidas puestas en marcha o futuras que puedan ayudar a mejorarla. Para no inundar este post con datos, me permito referirles al Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI), por ejemplo, al Informe sobre el Comercio Electrónico en Canarias (ed. 2014), o al Informe eCanarias (ed. 2014). Además, en el OCTSI pueden encontrar enlaces a informes de otros organismos, y accesos a las fuentes de los datos, entre otro material. Asimismo he publicado, junto con éste, otro post que hace un abordaje más general al problema: Los retos del comercio electrónico.

¿Tenemos un problema los canarios con el comercio electrónico?

Sí, indudablemente. La compra por vía electrónica en Canarias es apreciablemente inferior a la que se realiza en el resto de España y de Europa. Tal y como refiere el OCTSI en su informe (datos del INE y EUROSTAT), durante el año 2013 sólo el 27.1% de los canarios hicieron compras por comercio electrónico, mientras que la media española fue del 37.5% y la europea (EU28) 50.2%.  Intentaré dar mi visión del alcance del problema y de sus causas.

  • La compra de servicios prestados electrónicamente, por ejemplo estancias vacacionales, transporte en avión, o entradas en espectáculos (descomunal diferencia de un 42% de compradores que han hecho esta adquisición en España, frente a un 14% en Canarias), así como de bienes incorporales, por ejemplo libros electrónicos, música o películas, es muy inferior a la del resto de España (una diferencia de 5-6 puntos porcentuales entre ambas, que llega a 28 en las entradas). No es fácil determinar la razón, que probablemente será multifactorial. Por ejemplo, el nivel de renta inferior a la media española, o la poca penetración de las PYMEs canarias en la sociedad de la información, que limita la oferta local de servicios por vía electrónica. Adviértase que en este tipo de compra, el gravamen suele ser el del lugar del prestador, lo que puede suponer una presión fiscal al consumo difícilmente asumible en Canarias, pues el servicio o bien incorporal electrónico se verá gravado por el IVA si se adquiere desde un comercio europeo (no hay aduana para este tipo de transacciones). Este criterio de repercusión del impuesto indirecto es el general en el comercio internacional de servicios y, salvo excepciones, es también el que se aplica en el territorio de aplicación del IVA. Aunque también es cierto que, en el territorio IVA, a ciertos servicios electrónicos (por ejemplo bienes incorporales adquiridos por consumidores, tales como libros, software, música o películas), a partir de enero de 2015, se les aplicará el gravamen correspondiente al lugar del comprador (excepción al criterio general). Sin embargo, el efecto para el consumidor europeo será, en general, un incremento de la presión fiscal, pues las plataformas de venta on-line ya no se podrán beneficiar de prestar el servicio desde zonas de baja tributación de IVA, por ejemplo desde Luxemburgo, pues el tipo aplicable será el del país de compra. En principio, estos cambios no afectarán a la adquisición de servicios electrónicos desde canarias.
  • La compra de bienes corporales en Canarias es también inferior a la media española, aunque la diferencia no es tan acusada como en los servicios y bienes incorporales. Por ejemplo, la categorías principales de compras en España y Canarias son ropa, material deportivo, libros, revistas y equipamiento electrónico, aunque ahora la diferencia baja a 3-4 puntos porcentuales. La mayor diferencia corresponde a los bienes para el hogar, que han sido adquiridos por el 26% de los cibercompradores españoles, frente a sólo un 11% de los canarios. Es probable que la gestión aduanera afecte a la adquisición de bienes por vía electrónica, especialmente en la categoría de bienes para el hogar, en éste último caso por la posible incidencia añadida del AIEM.
  • En cuanto a la venta por Internet de las empresas, Canarias vuelve a estar por detrás de la media española, en general, tanto en la prestación de servicios electrónicos como en la entrega de bienes corporales. Sin embargo, la venta de las empresas de más de diez trabajadores es mejor que la media española y europea. Del análisis de los datos vemos que las empresas que compran por Internet son considerablemente menos en Canarias que en el resto de España, coincidiendo aproximadamente en número con las vendedoras, por lo que parece concluirse que las empresas que venden y las que compran son esencialmente las mismas, cuando en España son apreciablemente más las compradoras que las vendedoras.

¿Es la aduana en Canarias la culpable de la diferencia?

Creo que sólo en parte, y principalmente, no por ella, sino por algunos comportamientos, por la dificultad en algunas gestiones y por la falta de información. Es muy posible que estas circunstancias disuadan a muchos particulares en compras pequeñas de bienes corporales e, igualmente, a micropymes exportadoras. Sin embargo no es éste el caso para empresas exportadoras de cierto tamaño y, probablemente, tampoco para los consumidores que hagan compras algo mayores, bien sea porque hacen la compra de un bien más costoso, o porque agregan varios en el mismo envío. Por otro lado, la aduana poco o nada tiene que ver en la menor adquisición de servicios y bienes incorporales. Veamos qué problemas comporta la aduana para pequeños compradores y vendedores:

  • Soy un consumidor y hago una compra inferior a 22€. Si estoy en la Península pago 22€, más el 21% de IVA (4.6€), el transporte con su IVA (por ejemplo, 3.4€), resultando 30€. Pongamos que resultan 25€. Si estoy en Canarias, hasta ahora, pago 22€, más el transporte (por ejemplo, 5€), estoy exento de IGIC de importación (hasta mercancías de 22€), más la gestión de cumplimentación del Documento Único Administrativo (DUA) en la Aduana (variable, pongamos que entre 6€ y 25€). Por tanto, en Canarias, sin DUA, pagaría 27€, pero con DUA podrían resultarme desde unos asumibles 33€ hasta unos inaceptables 52€ y, lo que es peor, por lo general sin saberlo de antemano.
  • Ahora mi compra es de 50€. En la Península pagaría 50+21%de 50+3.4 = 63.9€. Y en Canarias, 50+7%50+5=58.5€, si no pagamos por la gestión del DUA. Pero si la pagamos, nos moveremos en un rango desconocido entre 64.5€ y 83.5€.
  • Podemos sacar una sencilla formulita para ver a partir de qué precio, para cada posible coste de la gestión del DUA y diferencia en el precio del transporte es más barato en Canarias que en la Península: Precio=7.14x(DUA+Dif_TRANSP). Por ejemplo en un caso optimista, si pago sólo 10€ más por gestión del DUA y transporte, a partir de 71.4€ de precio del bien me resultará más barato en Canarias. Pero si vamos al caso muy pesimista, de una diferencia de 30€, hasta 214.2€ me resultará más caro en Canarias que en la Península. Cuanto más barata sea la mercancía más perjudicado voy a estar por un coste de gestión del DUA desproporcionado (como vimos en los dos casos anteriores), y cuanto más cara sea, mejor me va a resultar comprar en Canarias, sin que el DUA me perturbe demasiado. Por ejemplo, si el precio de la mercancía son 1000€, me ahorraré en Canarias 140€-(DUA+dif_Transporte), esto es 130€ en el caso optimista y 110€ en el caso más pesimista.
  • Hasta ahora he asumido que los tipos de aplicación del IGIC y del IVA eran los generales (7% y 21%). Sin embargo, podríamos encontrarnos con tipos reducidos, superreducidos o, incluso, exenciones, más ventajosas en cualquier caso con el IGIC. También he supuesto que la compra no está sujeta al Arbitrio por Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM). Es lo más frecuente, pero indudablemente hay compras sujetas al mismo que explican, por ejemplo, la baja compra de bienes para el hogar por Intenet en Canarias. ¿Qué bienes están gravados por el AIEM y con qué tipos? Lo mejor es comprobarlo uno mismo en el Anexo II de la Ley del AIEM. Podemos ver que el tipo general es del 5%, que puede ser también del 10% o del 15% para algunos productos e, incluso, el 25% para los cigarrillos (mejor no fumar, en cualquier caso). Si lo añadimos al 7% de IGIC, nos encontramos con una imposición indirecta total del 12%, del 17%, o del 22% (para los fumadores del 32%), semejante por tanto a la del IVA, para ciertos productos que se producen también en Canarias. Pongamos algunos ejemplos de productos que uno podría pensar comprar por Internet, con el AIEM aplicable: vino (5%), ron y cerveza (15%), jamones (10%), embutidos (5%),  jabones, ropa de cama o de cocina y bañadores de fibras sintéticas (5%), ciertos materiales de construcción y pinturas -incluyendo artísticas- (5%), periódicos y publicaciones periódicas -pero no libros- (5%). Como puede verse, el AIEM no grava los productos que más habitualmente se adquieren mediante comercio electrónico y, además, en cualquier caso, tienen la misma repercusión que si los compramos presencialmente en un establecimiento comercial.
  •  La situación, en mi opinión, más preocupante, es la del pequeño vendedor on-line canario. Realmente, hoy por hoy, la oferta que podemos vender por Internet es en muy buena medida de pequeños artículos, por ejemplo, gastronómicos (vinos, quesos), o artesanales, o de otro tipo. Y, ciertamente, a quien compre un vino canario por el que pagó en sus vacaciones 20€ y al llegarle a casa le toque pagar 50€, difícilmente repetirá la experiencia. En productos caros ya hemos visto que el efecto del DUA se diluye, aunque aquí el IVA juega en contra del comprador exterior (y, por tanto, del exportador canario). Sin embargo, en el comercio las expectativas son muy importantes, especialmente en pequeñas compras a las que uno no les dedica tampoco demasiado tiempo de reflexión, y que pueden resultar en desagradables experiencias.

¿Tenemos que tener aduana?

Hoy por hoy esa pregunta es la misma que si tenemos que tener un régimen fiscal propio y diferencial. Tal vez en el futuro pueda concebirse tal régimen sin requerir trámites aduaneros, pero me temo que en la actualidad la normativa europea impone que los territorios que, como Canarias, están dentro del territorio aduanero pero fuera del espacio de armonización fiscal (donde no se aplica IVA), hayan de aplicar su imposición propia en una aduana, aunque no vaya a satisfacerse propiamente un derecho aduanero. Podría dar varios motivos por los que entiendo que tal exigencia debiera flexibilizarse, entre otras nuestra pertenencia al Mercado Único, o la propia previsión en la Directiva IVA de que los impuestos que se apliquen de forma diferencial sobre el consumo en los distintos territorios necesariamente se liquiden sin requerir trámite aduanero. Al menos sería deseable facilitar la autoliquidación de transacciones de pequeño volumen sin requerir trámite aduanero, apoyándose en las posibilidades que brinda actualmente la tecnología. Pero eso falta tiempo para que pueda lograrse.  Una vez que las transacciones entre Estados Miembros y la liquidación a distintas Administraciones Tributarias, tanto del IVA como de los impuestos especiales, esté suficientemente dinamizada, es posible que pueda introducirse con ciertas expectativas de éxito el debate, para que al menos en ciertas transacciones la experiencia del comercio electrónico intracomunitario sea aprovechable en la tributación de territorios especiales que, como Canarias, requieren un régimen fiscal propio.

Por ello, hoy por hoy, no creo que sea posible evitar el DUA, porque su cumplimentación es un trámite imperativo en la normativa europea de aduanas. Ya me gustaría pensar lo contrario…

Mi opinión es que debemos salvaguardar nuestro propio régimen económico y fiscal como un Fuero Canario. Creo que perderíamos mucho si renunciáramos a él, a pesar de que en ciertas transacciones pueda resultar incómodo. Pero no podemos olvidar los aspectos positivos. Por ejemplo, si estuviéramos en territorio de aplicación del IVA, el tipo mínimo general, por mandato de la Directiva Europea, sería del 15%, en vez de nuestro 7%. Además, la recaudación se repartiría entre el Estado y la Comunidad Autónoma al 50%, en vez de mantener el 100% en Canarias como pasa con el IGIC. Y, además, no sólo los tipos mínimos sino todos los demás estarían sujetos a reglas de armonización dictadas por la Comisión que probablemente supusieran una elevación de los fiscalidad indirecta en Canarias. además de que, en principio, sería el Estado quien determinara los tipos de aplicación dentro de los límites permitidos por la Comisión.

¿Qué medidas se han tomado para atemperar los efectos del DUA?

Hagamos un resumen, muy simplificado, de cómo funciona la compraventa entre el resto de España (salvo Ceuta y Melilla), donde el IVA es de aplicación, y Canarias. Consideramos las recientes medidas acordadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Gobierno de Canarias para formalizar el DUA: autodespacho en línea (en vigor desde el 22 de julio de 2014), y la supresión del DUA de exportación para envíos inferiores a 3.000€, así como la presentación del DUA de importación por el vendedor (ambas en vigor desde el 13 de enero de 2015).

  • Supongamos que soy un vendedor que está en la Península y recibo una petición de compra en mi página web desde Canarias. Al facturar no puedo aplicar el IVA, pues las exportaciones están exentas. Dado que no le repercuto al comprador el IVA que he soportado, habré de deducirlo en la oportuna declaración. Mi agente de transporte y aduanas tendrán que cumplimentar un DUA de exportación por mi cuenta pero, aquí viene el primer cambio, estaré exento de tal obligación si el envío es inferior a 3.000€. Al llegar a la aduana en Canarias, habrá de cumplimentarse un DUA de importación, junto con la liquidación de IGIC de importación y en su caso de AIEM, por cuenta del comprador y, aquí viene el segundo cambio, pues puedo encargarme yo como vendedor de hacerlo por cuenta del comprador. Esto es, no es necesario dejar en manos de intermediarios la cumplimentación que repercuten en conceptos de gastos de gestión del despacho lo que consideran oportuno. Por tanto, está en mi mano como vendedor presentarle una oferta al comprador dándole a conocer el coste final que tendrá su compra, sin perjuicio de que sería deseable que, si no quiero ocuparme de tal gestión del despacho de la importación, informe al comprador del coste de gestión que le cargarán mis transportistas. Pero, además, el comprador, y este es el tercer cambio, tiene el derecho de hacer por sí mismo la gestión mediante la oportuna autoliquidación, de modo que, en tal caso, no tendrá que realizar ningún pago por la gestión del DUA. Para ello simplemente necesitará la identificación del envío.
  • ¿Y si soy un vendedor que está en Canarias y vende en la Península? Pues se hace el circuito inverso: exporto sin facturar IGIC y deduciré el IGIC soportado y no repercutido, no tendré que cumplimentar DUA de exportación si el envío es inferior a 3.000€, y podré cumplimentar el DUA de importación y la liquidación de IVA, por cuenta del comprador. Si no quiero hacerlo, simplemente debiera darle una información al comprador de los costes que podrá esperar si le deja la gestión a la empresa de transportes. Además, le informaré de que puede realizar un autodespacho él mismo, que le permitirá ahorrarse el coste de gestión del DUA de importación.
  • Ahora soy un comprador, canario o peninsular. Las opciones que tengo se pueden extraer de lo anterior. Si el vendedor me ofrece, hacerse cargo de la gestión del DUA, debe indicarme si me supondrá un coste adicional. Si no lo hace, debería informarme de qué costes puedo esperar por la gestión del DUA de importación por parte del transportista.

¿Están resultando efectivas estas medidas?

Desde luego, no tanto como sería deseable. Creo que el problema no está en las medidas, que me parecen oportunas, sino en la gestión de las mismas y en la aparición de nuevos costes y barreras difíciles de entender.

Por ejemplo, no queda claro de qué manera el comprador ejerce desde un principio su derecho a realizar el autodespacho. En mi opinión, desde el momento de realizar la compra debiera tener la oportunidad de decirlo, y evitar que el transportista asuma automáticamente una representación indirecta (que ejerce en nombre propio, pero por cuenta del comprador). De otro modo puede encontrarse con un cargo por “cesión documental”, algo que parece haber sido habitual cuando los compradores reclaman su derecho de hacerse ellos cargo. Además, el comprador debe esperar a que la mercancía llegue al Almacén de Depósito Temporal (ADT), en la aduana, momento en el cual el transportista tiene que cumplimentar la Declaración Sumaria de Depósito Temporal (DSDT), y proporcionar al comprador el correspondiente número de referencia. Este número es el que hay que utilizar para formalizar la declaración del DUA, tras la cual la aduana remitirá al declarante (comprador) el circuito, verde si no hay problema, naranja o rojo si hay que proceder a una inspección física. Si el circuito es verde, el comprador debe realizar el pago de IGIC y, en su caso, AIEM que corresponda, momento en que recibirá el levante (justificación del pago y autorización de disposición de las mercancías), que tiene que remitir al transportista para que recoja la mercancía y la lleve al domicilio de entrega.

Este procedimiento puede ser tan sencillo o tan complicado como los operadores intermedios deseen. Todo se hace telemáticamente, y los transportes de mercancías están totalmente automatizados. Pero si quiere dificultar el derecho del comprador a realizar el autodespacho, es muy fácil hacerlo.

El interés de vendedores y compradores (y del conjunto de la economía) es, sin duda, que se faciliten las transacciones comerciales. También es su derecho, al menos que éstas no se obstaculicen innecesariamente. Todo el mundo debiera tenerlo claro.

Por otro lado, hemos asistido a un incremento de costes de transporte, a la aplicación de gastos variables en la gestión del DUA en función del precio de la mercancía (¿por qué?), hay algún coste cuyo sentido no es sencillo entender, como el factaje (aparentemente gastos de administración y custodia que te aplican si gestionas tú el DUA por vía telemática), y continúa en muchos casos una imposibilidad real de conocer de antemano los costes totales de gestión aduanera, así como su justificación, que pueden repercutirse en los envíos. En fin, es como si en el supermercado se niegan a decirte el precio del agua hasta que no tienes más remedio que pagarla…

¿Por qué hay comercios electrónicos que no venden en Canarias?

Realmente no lo sé. A fin de cuentas, los costes los soporta el consumidor. Es cierto que el consumidor puede devolver la mercancía, cuando se encuentre con un sobrecoste que no esperaba. Pero también es cierto que el derecho de desistimiento asiste a todos los compradores por vía electrónica, no sólo a los canarios, y que además les toca a éstos costear los gastos de devolución, aunque no los de envío. De alguna manera, ante el ejercicio del derecho de desistimiento pierden comprador y vendedor. Y se trata de un derecho; el comercio no puede limitar el servicio a un colectivo o a una persona porque piense que lo va a ejercer.

Probablemente la razón sea simplemente que muchos comercios piensen que no les compensa dedicarle un tiempo a entender cómo realizar un venta a Canarias, simple y llanamente porque el mercado es relativamente pequeño. Pero no podemos olvidar que Canarias está dentro del Mercado Único, y que simplemente aplica un régimen fiscal propio, plenamente reconocido en el Derecho español y Europeo.

¿Y qué podemos esperar del futuro?

Desde luego, l@s canari@s no podemos conformarnos con una situación que dificulta nuestra integración y la de nuestras empresas en la sociedad de la información y en la economía global. Y ello debemos hacerlo en el marco de nuestra reconocida especificidad pues, tal Fuero Canario, existe por realidad geográfica, por necesidad y por Historia. Y así lo admiten la Unión Europea y España. En cada momento habrá que adaptarlo a las circunstancias, sin duda, reformar los elementos que queden atrás, pero no convertirlo en el chivo expiatorio de circunstancias que le son ajenas. Y, ya lo dije antes, creo que la tecnología permite que se facilite enormemente la gestión tributaria asociada al intercambio de bienes y servicios entre territorios con distintas fiscalidades, pero dentro del Mercado Único Europeo en todo caso, evitando de forma proporcionada los riesgos de fraudes. Aunque también creo que llevará su tiempo la adaptación normativa que aproveche plena y eficazmente tales potencialidades, pues emana del Derecho Europeo, transpuesto y principalmente desarrollado por la legislación estatal.

No debemos olvidar que existe una prolija normativa de protección tanto del tráfico comercial como de los derechos de los consumidores. Y que tiene que cumplirse (y exigirse) también en el comercio electrónico. Aunque publicaré una entrada específica sobre este asunto, aquí van unas pinceladas:

  • Texto refundido de la ley general de consumidores y usuarios: cláusulas abusivas (Arts. 82 y ss.), El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales (Art. 97.1e), derecho de desistimiento (Arts. 102 y ss.)
  • Ley de ordenación del comercio minorista: libre circulación de mercancías dentro de España (Art. 4), obligación de vender (Art. 9), posibilidad de fijar precios por el Gobierno del Estado si existen obstáculos graves al funcionamiento del mercado (Art. 13.2d).
  • Ley de competencia desleal: El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada (Art. 16.1), prácticas desleales y engañosas con los consumidores (Arts. 19 y ss.)
  • Ley sobre condiciones generales de contratación
  • Ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico: contratación electrónica (Arts. 23 y ss.).

También he de mencionar que Coalición Canaria presentó, en las Cortes Generales, una enmienda en la reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que no fue aceptada, y que, al menos en parte, aclaraba la obligatoriedad de atender debidamente a los consumidores canarios por vía electrónica. Puede verse su contenido en una página lateral de este mismo blog.

Por último quisiera mencionar que han surgido algunas plataformas on-line que intentan prestar servicios on-line mitigando las dificultades mencionadas, por ejemplo, ClickCanarias.com e iCanduty.com. Los blogs de ambas empresas están referenciados en los enlaces que proporcioné al principio de esta entrada.

El derecho al olvido en Internet

Recientemente hemos conocido, a través de los medios de comunicación, la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 13 de mayo de 2014, relativa a una decisión prejudicial, planteada por la Audiencia Nacional en el marco de un litigio de la Agencia Española de Protección de Datos y un particular contra Google.

Probablemente muchas personas se preguntarán qué hay de especial en esta sentencia, y qué la hace de interés para el conjunto de la ciudadanía europea. Intentaré aclararlo en las líneas que siguen.

Antes que nada les propongo un experimento: pongan su nombre en cualquier buscador y vean lo que sale. Si un día su nombre salió publicado en un diario oficial por el motivo que sea, o si lo ha hecho en un periódico, o publicado en una red social, es probable que aparezca referenciado y accesible en dicha búsqueda. Si alguien hizo una tontería adolescente y se difundió por la Red, años después seguirá siendo visible en ella. Y lo será no sólo para el protagonista, sino para quien quiera buscar tal información. Por ejemplo, para un posible empleador, o para algún vecino criticón, para los compañeros del trabajo, para la pareja, para los hijos, para los amigos y para los que no lo son. De hecho, hoy es muy fácil adquirir información personal de cualquiera, de su presente y, también, de su pasado.

Pienso que es, cuando menos, perturbadora la existencia de tal registro, la imposibilidad de olvidar errores o circunstancias que, simplemente, no queremos recordar ni queremos que otros nos ayuden a hacerlo. A fin de cuentas, ¿a quién le importa si, un día, uno se despistó o  no pudo pagar una obligación administrativa y ello supuso, años atrás, un apremio ejecutivo? O si se arruinó, o perdió el empleo, y no pudo pagar las cuotas de la hipoteca, lo que supuso un embargo y subasta pública de su vivienda? O si hizo la tontería de subir unas imágenes a la Red un día de juerga. Cualquiera que lo desee puede tener un dossier completo en la pantalla del ordenador, tableta o móvil sin más que hacer una sencilla búsqueda.

Internet ha posibilitado una aldea global. Tal globalidad lleva implícita la dificultad de que todos nos sentamos cómodos con las mismas reglas de convivencia. Por ejemplo, ¿hasta dónde alcanza el derecho a la intimidad? Probablemente no lo entendamos de forma igual los países de tradición católica y de tradición protestante. Por supuesto, todos entendemos que tal derecho ha de existir, pero, ¿a qué se debe que en unos países se cierren las cortinas y abunden las persianas y en otros no? Es posible que la ética protestante, socialmente preponderante en algunos países, tenga algo que ver con el uso por el que la gente no muestra gran preocupación en dejar visible parte de su vida doméstica a través de las ventanas. Quien no tenga nada que esconder, pensarán, no tiene por qué ocultar tales facetas de su vida familiar. Sin embargo, en otros sitios no lo vemos así. Simplemente no estamos cómodos sentados en el sillón, haciendo nuestra cotidiana vida familiar, y con las ventanas abiertas de par en par. Al menos nos gusta tener un visillo, que permita la entrada de luz y nos proteja de indiscretas miradas.

Pues bien, distintas concepciones de entender el derecho fundamental a la intimidad conllevan distintas maneras de entender cómo debe regularse el mismo en la Red. Unos piensan que si alguien dio lugar a la publicación, en su día, de datos referidos a su persona, nada reprochable hay en facilitar el acceso a los mismos. A fin de cuentas, por ejemplo, se podría recurrir, eso sí, con más trabajo, al boletín oficial del que se trate y obtener, directamente, la información que en el mismo se haya publicado del sujeto. En esta línea de pensamiento se entiende que, si algo está incorrectamente publicado, es responsabilidad del editor corregir el error y, en su caso, eliminar los contenidos de las personas afectadas. Dado que los buscadores no generan la información, sino que simplemente facilitan el acceso a la información ya disponible, no serían infractores del derecho a la intimidad.

En el caso que originó la reciente sentencia del TJUE, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) demandó a Google por incumplir una resolución administrativa por la que se le ordenaba eliminar referencias en sus búsquedas a un particular, que ejercía su derecho de oposición a que sus datos personales fueran procesados por dicha empresa. Google entendía que no tenía por qué hacerlo, básicamente por dos motivos: primero porque consideraba que no estaba violando norma jurídica alguna y, segundo, porque, a su juicio, no le correspondía dirimir la cuestión a las autoridades españolas, ya que sus datos se procesan en sistemas informáticos que, en principio, no están en España.

La Audiencia Nacional se encontró con dos interpretaciones contradictorias de la normativa europea de aplicación, una por parte de Google, y otra por parte de la AEPD y el particular afectado. La Audiencia optó entonces por preguntar al TJUE, en lo que se conoce como un procedimiento prejudicial, qué interpretación de la normativa europea era la correcta. Veámoslo.

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, define:

  • «tratamiento de datos personales» («tratamiento»): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;
  • «responsable del tratamiento»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario.

Además, la Directiva exige que los Estados miembros garanticen a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento, en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la misma, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos. También exige a los Estados que reconozca a los interesados el derecho a oponerse, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a esos datos.

Pues bien, la sentencia del TJUE interpreta la Directiva en el siguiente sentido:

  •  La actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales»;
  • Se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado.
  • Puesto que el interesado puede solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general, mediante su inclusión en tal lista de resultados, este derecho prevalece, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés del público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.
  • El gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, y está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.
  • Se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, y por tanto sujeto al Derecho interno, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.

Por tanto Google, o cualquier otro gestor de motores de búsqueda, está sujeto en su actividad al Derecho español, o de cualquier otro Estado de la Unión Europea, cuando establece una filial mediante la cual promueve y vende espacios publicitarios destinados a habitantes en tal Estado miembro. Esto es, los gestores de búsqueda están sujetos al Derecho europeo si ofertan publicidad en los Estados miembros de la UE y, particularmente, a los Derechos internos de dichos Estados. En el caso español, eso significa que los gestores de motores de búsqueda están sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y, concretamente, que los interesados pueden ejercer sus derechos de oposición y de cancelación en relación a las búsquedas en las que se utilicen sus nombres.

Como era de esperar, la sentencia del TJUE ha provocado reacciones críticas. En un intento de síntesis de distintas posturas contrarias, diré que los críticos consideran que la sentencia puede amenazar el desarrollo tecnológico, imponiendo además una exigencia excesiva al intermediario, que simplemente replica lo que ya ha sido publicado por otros. También, que pueden amenazarse otros derechos fundamentales y libertades públicas, como el derecho de información y el de libertad de empresa y, en suma, un tácito derecho de libertad en la Red. Incluso, que se crea inseguridad jurídica.

Creo que, en general, no tienen razón, al menos no por los males que se le atribuyen al hecho material de la sentencia. Veamos por qué pienso así:

Las personas somos titulares de derechos fundamentales y de libertades públicas, progresivamente conquistados en los Estados democráticos a lo largo de más de doscientos años. Tales derechos y libertades no son absolutos: encuentran su límite en el ejercicio de los mismos por los demás. La ponderación de unos y otros es compleja y enormemente dependiente de la moral social predominante en cada momento. En Europa, ha habido una evolución que ha aproximado interpretaciones y ponderaciones en cuanto al alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al que en mayor o menor medida se han adherido todos los países europeos, ha desarrollado a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una jurisprudencia que ha sido trasladada al Derecho de la Unión Europea y de los Estados miembros, sentando doctrina interpretativa para el TJUE y los respectivos Tribunales Constitucionales.

Pongamos un ejemplo, creo que ilustrativo. El derecho a la vida es considerado en todas las democracias un derecho fundamental. Sin embargo, para todos los Estados de la Unión Europea es un derecho absoluto, como también lo es para la mayor parte de los Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos que no están en la UE, al haberse abolido en todos ellos la pena de muerte. Sin embargo, la pena de muerte existía en varios países europeos hasta hace algunas décadas y, en los EEUU, país precursor de las Cartas de Derechos, la pena de muerte se aplica en varios Estados.

¿Y esto qué relación tiene con el derecho al olvido? Una muy sencilla. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de empresa, y todos los demás, están, por así decirlo, en equilibrio. Y el punto de equilibrio no es el mismo en la Unión Europea que, por ejemplo, en EEUU. Ese punto de equilibrio no es estático, puede variar con la evolución social, pero en cada momento hay que respetarlo. Es la garantía que tenemos como ciudadanos en una sociedad libre.

He dedicado mi vida profesional a la tecnología, particularmente a las tecnologías de la información, desde distintos abordajes: como estudiante, como profesor universitario, como investigador y como gestor público. Con el paso del tiempo, hay dos cosas que tengo claras: que me apasiona la tecnología en sus diversas facetas y que ésta ha de estar al servicio de las personas y no al revés. Por ello estoy convencido de que el desarrollo de la tecnología no tiene que suponer el peaje de debilitar nuestros derechos fundamentales. Además estoy igualmente convencido de que su garantía, a fin de cuentas es de lo que trata la sentencia del TJUE, no supone ningún freno ni al desarrollo tecnológico, ni a la competitividad ni a la seguridad jurídica. Concretemos para este caso:

  • Google es  unos de los más fabulosos éxitos empresariales de la Historia y ha aportado, y continúa haciéndolo, servicios tecnológicos revolucionarios, que están simple y llanamente cambiando el mundo a mejor. Ello nada tiene que ver con el diferente alcance que tienen algunos derechos fundamentales en Europa y en EEUU. Simplemente, como soy europeo, en general, me siento más identificado con la interpretación europea que norteamericana del alcance de los derechos fundamentales, como imagino que sucederá mayoritariamente en Europa. Como Google es una empresa de matriz norteamericana, probablemente se identifique más con la que tienen allí y procuren operar conforme a la misma. En todo caso, tanto en Europa como en EEUU, corresponde a determinados Tribunales establecer las interpretaciones que correspondan del alcance de los derechos fundamentales y, con ello, garantizar su tutela. Esa es la esencia del Estado de Derecho, ni más ni menos. Lo que sería verdaderamente preocupante es que los derechos fundamentales, en cuanto a como se entienden en Europa (o en EEUU) cedieran por el interés de una empresa o del mismo Estado. Pueden evolucionar, conforme lo haga la sociedad, pero los derechos fundamentales son nuestra garantía frente a excesos de los poderes, tanto públicos como privados.
  • En cuanto a la supuesta barrera que la sentencia puede suponer para el desarrollo tecnológico, ¿qué les voy a contar? Francamente, no parece especialmente complicado, en la era de la Web semántica, limitar ciertas búsquedas, a petición del interesado, para hacer efectivo el derecho de oposición y de cancelación en relación al tratamiento de nuestros datos personales. ¿Y qué hay de la inseguridad jurídica? Francamente, creo que habría, y mucha, si cada cual, en virtud de su poder, pudiera determinar el alcance de los derechos fundamentales.
  • ¿Quiere ello decir que desaparece el pasado? ¿Y que no podemos conocerlo? En absoluto. El pasado sigue, las hemerotecas digitales también. Simplemente no será posible automatizar la elaboración, por quien no esté autorizado, de dossiers sobre datos de personas que no deseen permitirlo. La razón, como ya he dicho, es que indexar datos personales que, junto con su tratamiento automático, permiten reconstruir perfiles sobre las personas, supone un tratamiento de datos personales  que, en el ordenamiento europeo, se interpreta vulnerador del derecho fundamental a la intimidad.

Sin embargo, no voy a ocultar que la implementación práctica de la sentencia puede tener sus dificultades. Como he dicho, no por la tecnología. Ni siquiera por la seguridad jurídica. No veo muy preocupadas a las empresas que todos los días le llaman a uno por teléfono, a partir de cierta hora de la tarde, para hacerle llegar todo tipo de ofertas. Desde luego, yo no les di el teléfono a las que llaman a mi casa preguntando por mi nombre. Lo cierto es que no se me ha pasado por la cabeza, al menos seriamente, ejercer mi derecho de oposición y cancelación en relación a los datos personales míos que puedan tener y, con ello, evitar sus llamadas. Simplemente, aunque a veces resulta algo pesado, no lo es tanto como para tomarme la molestia de ejercer tal derecho. Pero podría hacerlo, es cosa mía decidir si lo hago o no. En fin, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal no se ha llevado por delante la venta telefónica.

La cuestión es el procedimiento concreto por el que se ejerce, en cada caso, el derecho de oposición. Espero que no se caiga en una tentación híper-reglamentaria y, peor aún, que se haga de forma distinta a lo largo y ancho de la Unión Europea. Eso sí tendría consecuencias negativas para el desarrollo tecnológico. De todos modos, no parece que el viento sople en esa dirección. En tanto las empresas gestores de motores de búsqueda articulen mecanismos para que los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos personales, y efectivamente limiten tales búsquedas, no debiera de haber mayores problemas. Como en cualquier otra área de actividad social habrá controversias, por supuesto, pero para resolverlas están los Tribunales.

Concluyo: la protección de los derechos fundamentales y el desarrollo tecnológico son compatibles. No tiene por qué haber contradicción entre ambos. Y no lo olvidemos, las Cartas de Derechos Fundamentales surgieron como protección de la ciudadanía frente al poder del Estado absoluto, y se desarrollaron plenamente con el Estado Social y Democrático de Derecho. La tecnología, en ausencia de tales derechos sí, sería temible.

 

 

¿Especialización en Tecnologías de la Información?

Ya hemos tenido oportunidad de comentar anteriormente la importancia que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) tienen para la nueva economía, entre otros en los posts ¿Qué son las TICs? y Territorios inteligentes. Baste decir ahora que las TICs son consideradas por todos los expertos como una palanca fundamental para la competitividad económica, por lo que no es de extrañar que se les preste una general y considerable atención, en mi opinión no siempre adecuadamente enfocada.

Entre las muchas iniciativas para entender mejor las TICs, en relación a su aprovechamiento económico, hay una que me resulta particularmente interesante, tanto por la cantidad de información que ha reunido como por la comodidad en cuanto a su acceso e interpretación. Me refiero al proyecto EIPE, dedicado a los polos europeos de excelencia en TICs (European ICT Poles of Excellence), y desarrollado por el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS) del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea.

Pues bien, el proyecto EIPE ha dado lugar a un exhaustivo análisis de la actividad TIC que se desarrolla en 1303 unidades territoriales de nivel NUTS3 de toda la Unión Europea. Aclaremos antes qué son esas unidades territoriales NUTS3: simplemente se refieren a un nivel territorial inferior a la región que, en España, corresponde a cada una de las islas y de las provincias peninsulares, Ceuta y Melilla. El nivel NUTS2 es el regional, que en España corresponde a las diecisiete CCAA y las dos ciudades autónomas, mientras que el NUTS1 agrega regiones, dando lugar en el caso de España a siete unidades territoriales. El sistema  NUTS se emplea a efectos estadísticos, y como hemos visto el NUTS3 es el más desagregado territorialmente.

El proyecto EIPE ha analizado tres actividades principales para la industria TIC en cada territorio NUTS3 europeo: actividad de I+D, de innovación y empresarial. Para cada una de ellas se ha estudiado el grado de concentración o aglomeración, de internacionalización y de centralidad o participación en redes e intercambios a través de un conjunto de 42 variables (18 de I+D, 8 de innovación y 16 de actividad empresarial). Con todo ello se han confeccionado, para cada territorio tres subindicadores (I+D+, innovación y actividad empresarial) y un indicador compuesto que los agrega.

Además, el proyecto EIPE ha desarrollado una herramienta on-line, muy sencilla de usar, consistente en un atlas europeo del desempeño digital a nivel territorial NUTS3. También, recientemente se ha publicado un informe con los resultados principales. Recomiendo a quien esté interesado en profundizar en el asunto que consulte el atlas on-line, donde fácilmente podrá ver los indicadores de todos los territorios.

No es mi intención analizar en detalle los resultados del proyecto EIPE. Simplemente me gustaría recabar algunos datos y aprovechar para ponerlos en contexto. El indicador compuesto proporcionado por el proyecto para cada territorio da una puntuación, correspondiente al desempeño TIC, entre cero y cien puntos. Pues bien, los resultados más significativos son los siguientes:

– El estudio considera polos de excelencia a las regiones que tengan más de 40 puntos. En total son 31 regiones. Otras 152 regiones tienen una consideración intermedia, con puntuaciones entre 20 y 40 puntos. Los restantes territorios (el 86%) están por debajo de 20 puntos, de los cuales unos 300 están a cero.

– El liderazgo europeo lo tienen Munich con 100 puntos, Londres con 97 y París con 95.

– En España, tan sólo Madrid se encuentra entre las 31 regiones que superan el umbral fijado en el estudio para alcanzar el nivel de polo de excelencia. Tiene 46 puntos.

– Casi bordeando el umbral de los 41 puntos, pero sin alcanzarlo, se encuentra Barcelona, con 39 puntos. Es el único territorio español con puntuación intermedia (entre 20 y 40 puntos).

– El resto de territorios españoles se encuentran por detrás. Valencia casi llega al nivel intermedio con 19 puntos. Por detrás están los territorios vascos y Zaragoza,  quedando el resto más rezagado.

– En el caso de Canarias, Gran Canaria y Tenerife tienen 6 puntos. Fuerteventura tiene 3 puntos, y las restantes islas quedan a cero, en el grupo de 300 territorios europeos con idéntica puntuación.

Estos datos confirman algo que es bien sabido: la industria TIC está enormemente concentrada en Europa. Sin embargo, estoy convencido que en el ejercicio de elaboración de las Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3), asunto del que hablamos en un post anterior, muchas regiones europeas han apostado por las TICs como ámbito de especialización. De hecho, en Canarias tuvimos también ese debate.

Creo que los datos confirman que pensar en una especialización regional en el área TIC, entendida como tecnologías de propósito general generadoras de actividad económica, está fuera del alcance de la inmensa mayoría de territorios europeos. En España, Madrid y Barcelona indudablemente tienen una opción; tal vez algún territorio más. Pero los datos muestran que, en el corto y medio plazo, la mayor parte de los territorios europeos no tienen opción de competir de forma general en este campo.

¿Quiere ello decir que la mayor parte de los territorios deben darle la espalda a las TICs? Por supuesto que no. De hecho, son dos las cosas que deben hacer:

  • En primer lugar, utilizar las TICs para mejorar la competitividad en otros sectores. Es importante darse cuenta de que una cosa es tener un sector industrial TIC y otra, muy distinta, hacer uso de las TICs en el conjunto de la economía. Todos los territorios tienen que usar las TICs, aunque no desarrollen una industria en ese sector. Es fácil de entender: los teléfonos móviles, tabletas y sistemas informáticos se elaboran en sitios muy concretos del mundo, pero todos los utilizamos.
  • En segundo lugar, determinar en qué ámbitos de la especialización económica regional tiene sentido centrar los esfuerzos por desarrollar un sector industrial TIC. Como hemos dicho, son muy pocos los territorios con capacidad de apostar por una especialización en TICs, o en cualquier otra tecnología de propósito general, de forma global. Sin embargo, estoy convencido que es posible buscar ámbitos específicos, derivados de la especialización económica regional, en los que puede tener sentido especializar un sector TIC, o cualquier otra tecnología de propósito general.

Justamente eso es lo que se ha hecho en Canarias con la RIS3: apostar por utilizar las TICs en todos los ámbitos de la sociedad y la economía, e intentar promover una actividad endógena TIC en los ámbitos de especialización económica de Canarias, admitiendo que es imposible, en el corto y medio plazo, optar por el afianzamiento de un sector TIC de propósito general. Dicho de otra forma: apostar por un sector TIC para el turismo, para las actividades logísticas o para la cooperación para el desarrollo, que son ámbitos indudables de especialización económica para Canarias.

 

 

Territorios inteligentes

El pasado jueves, 3 de abril, tuve oportunidad de asistir a la II Jornada de Territorios Insulares Inteligentes, celebrada en la isla de La Palma, y en la que me asignaron la tarea de moderar una de las mesas de debate. Participaron como ponentes expertos  en la nueva área de las, así denominadas, Smart cities, pertenecientes tanto a entidades públicas como privadas de distintos puntos de España.

La jornada no sólo fue interesante, que lo fue, sino que también me ayudó a completar algunas reflexiones que, someramente, quisiera compartir hoy con ustedes. Probablemente haya quien se pregunte, ¿smart cities?, ¿smart islands?, ¿territorios inteligentes?, y concluya: ya estamos de vuelta con una palabrería inaccesible para el común de los mortales…  Y no le faltará razón, aunque espero en estas líneas persuadir a los escépticos de que se trata de algo realmente interesante.

En los tiempos que corren creo que ya, todos, nos habremos acostumbrado, con más o menos ganas, a la proliferación de modos de comunicación de inspiración anglosajona. La potencia semántica del inglés, junto con la brevedad de sus vocablos, indudablemente se presta a ello. Smart, en inglés británico, principalmente quiere decir elegante, pero en inglés americano, significa inteligente. Y de un tiempo a esta parte Smart-lo que sea, en todos los idiomas del mundo se refiere a que tal “lo que sea” se apoya fundamentalmente en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para funcionar.

Por tanto, un territorio inteligente, o una smart island ó city significa, en primer lugar, hacer un uso intensivo y productivo de las TICs en la ciudad, la isla o el territorio del que se trate. Antes de la popularización del término smart (o inteligente), se decía conforme a la moda del momento knowledge-based, o basado en el conocimiento. Si en el año 2000 la Unión Europea estableció el objetivo de desarrollar una economía basada en el conocimiento, ahora el objetivo es que el crecimiento económico sea inteligente. No estoy seguro de que el contenido semántico de estos términos sea el mismo en inglés que en español, pero dejémoslo aquí pues no quiero desviarme del propósito de este post (perdón, reseña).

Veamos, entonces, cuáles son las características diferenciales de estos territorios inteligentes. A fin de cuentas, podría pensarse, ya casi todo el mundo hace un uso, mayor o menor, de las TICs. ¿Se trata simplemente de utilizarlas más?

La respuesta es, como pueden imaginar, que no, que un territorio inteligente es mucho más que eso. Voy a intentar describir el concepto, al menos como yo lo entiendo, atendiendo a tres puntos de vista interrelacionados: el de la ciudadanía, el de la Administración pública y el de las empresas. Creo que ello puede facilitar una aprehensión intuitiva de tan elusivo término.

Desde la óptica ciudadana, particularmente en su relación con las administraciones públicas, el territorio inteligente significará el paso progresivo de los modelos tradicionales de gobierno a otros mucho más participativos, que han venido en llamarse de gobernanza o gobierno abierto. Por supuesto, el acceso a los servicios públicos por medios telemáticos será universal, con una mejor integración entre los distintos procedimientos y administraciones, de forma que se le haga mucho más fácil la vida al ciudadano. Pero eso ya está aquí, simplemente falta un poco de rodaje. Lo que está por venir es la democracia participativa hecha posible por la tecnología. Cierto, ya muchos órganos de las administraciones y, probablemente, la mayor parte de los líderes políticos están en la Web 2.0, esto es, en redes sociales en las que los ciudadanos pueden interactuar. Pero lo que todavía no existe es un verdadero mecanismo de monitorización y control ciudadano de la gestión pública con la posibilidad de influir efectivamente en la misma. Esto vendrá con el open data, o datos abiertos. Ahora las administraciones publican muchísimos datos, pero bucear en los mismos sólo lo hacen expertos. Los datos abiertos no sólo quiere decir que se publiquen, sino que se haga de forma que los sistemas informáticos puedan integrar diversas fuentes, interpretándolas y haciéndolas fácilmente accesible a los usuarios. Para el control ciudadano de la gestión pública esto es fundamental. Cualquier persona podrá indagar de forma muy sencilla sobre los datos de su municipio, isla, región, estado, o globales, provenientes de diversas fuentes, y podrá compararlos y contrastarlos. Lo importante es que el ciudadano en cuestión sólo tendrá que saber qué quiere indagar, por ejemplo desempleo y gasto público  en su municipio, comparado con otros municipios y la media estatal. El sistema informático, con capacidad para interpretar datos, los buscará donde estén, y se los proporcionará, contrastando fuentes y proporcionando una presentación inteligible. Esto le dará un verdadero valor a la interacción con los poderes públicos a través de la red, porque ahora los datos, de antemano, los tiene por igual todo el mundo. La gestión ineficiente será muy pronto aparente, de modo que la participación ciudadana será reclamada por los poderes públicos, para implicarla en la gestión y su resultado. En definitivas cuentas, como dije antes, se trata de hacer posible la democracia participativa. Y, probablemente, ello será mucho más fácil de llevar a cabo de abajo a arriba, comenzando por los barrios y municipios pues es donde el día a día de la gestión pública tiene un impacto más inmediato en la ciudadanía.

Desde la óptica empresarial y del emprendimiento van a surgir innumerables oportunidades de negocio. Muchas para las grandes empresas y, lo que es más importante, muchísimas para las más pequeñas. Se van a desarrollar redes de sensores, muchas de las cuales serán para las administraciones, pero muchas otras serán para los particulares. Por ejemplo, en cada vivienda habrá sensores que monitoricen el gasto de agua, de electricidad u otros parámetros que puedan ser de interés como, por decir algo, la calidad del aire. Y los sensores captarán datos y se comunicarán entre ellos. Harán accesibles los datos, convirtiéndolos en información, tanto a los usuarios humanos como a sistemas automáticos. ¿Han tenido alguna fuga de agua inadvertida? Nosotros tuvimos una en casa, prácticamente imperceptible pero, como suele pasar, justamente unos días que estuvimos fuera. En fin, prefiero no recordar el sobresalto que tuvimos cuando nos llegó la factura pero, al menos, ahora estoy seguro de que, para todo el mundo, será útil tener sensores domésticos que detecten el gasto excesivo del agua y le avisen, cortando el suministro a tiempo. Todos los datos estarán en Internet. Unos serán de acceso público, otros estrictamente privados. Sus fuentes serán mayormente sensores de todo tipo y en todos sitios (otro nuevo término: Internet of Things o Internet de las cosas) y, además, las publicaciones de datos que hagan las organizaciones y los particulares. Las infinitas aplicaciones que pueden imaginarse para hacer útiles esos datos en la vida cotidiana, para que sean comprensibles para todas las personas, no sólo para los especialistas, las harán empresas, principalmente pequeñas empresas.

Y desde la óptica de las administraciones públicas hay una oportunidad gigantesca de mejorar la eficiencia en la gestión, simplemente porque será posible conocer, en todo momento y de forma automática, los datos necesarios para tomar las decisiones oportunas. Las redes de sensores desplegadas en el territorio y la gestión del personal público generarán datos que, de nuevo, los sistemas informáticos podrán interpretar automáticamente. Se tendrán datos continuos relativos a, por ejemplo, la gestión de residuos, o la situación del tráfico, o del recorrido de los servicios de limpieza urbana, de los procedimientos administrativos tramitados en los distintos servicios, todos integrados y preparados para la toma de decisiones.

La tecnología que hará esto posible está disponible, en buena medida sostenida sobre la Web 3.0 o semántica, esto es, capaz de hacer que los sistemas informáticos puedan interpretar los datos disponibles en Internet, algo hasta ahora reservado a las personas. La implantación llevará su tiempo, y habrá que pulir cuestiones no propiamente técnicas sino, digamos, de política e intereses tecnológicos. Tendrán que ver en muy buena medida con el asentamiento de estándares que garanticen la interoperabilidad y el acceso a los datos. Pero, no lo duden, lo veremos más pronto que tarde. En los últimos treinta años hemos visto la implantación de sistemas globales hechos posibles por el asentamiento de estándares. Internet y la Web son dos ejemplos, a los que podemos añadir, entre otros, el teléfono móvil o la televisión digital.

Ya, para terminar, sólo quisiera mostrar una cautela. La tecnología tenemos que entenderla como un instrumento creado por nuestra inteligencia y que debe estar a nuestro servicio, ayudándonos a mejorar la calidad de vida y la cohesión social. No debemos verla como un fin en sí mismo, y no sólo hemos de crearla con inteligencia: debemos usarla del mismo modo, como personas conscientes, miembros de una sociedad avanzada y garantista de nuestros derechos y libertades. Y, ¿por qué digo esto? Simplemente por una cosa: la tremenda capacidad tecnológica que estamos desplegando sería el elixir de la felicidad de Big Brother, el Hermano Mayor omnipresente y tiránico de 1984, la famosa novela de George Orwell. Nuestro ordenamiento jurídico debe evolucionar más rápidamente, para asegurar que nos beneficiaremos de todas las posibilidades que nos brida la tecnología sin, por ello, sufrir una erosión en nuestras libertades y derechos fundamentales. De ello tendremos oportunidad de hablar más adelante.