Nuestra Universidad

La Universidad es una institución milenaria. Como tal ha tenido una importancia determinante en la progresiva conformación de los aspectos más notables, de más elevada humanidad, que alberga la sociedad en la que vivimos: las libertades y el avance del conocimiento. No en vano la Universidad medieval promovió las siete Artes Liberales, disciplinas cultivadas por las personas libres, en oposición a las artes serviles, propias de quienes no lo eran. Bien es sabido que tales estaban conformadas por las tres vías dedicadas a la elocuencia, o Trivium, y por las cuatro dedicadas a las matemáticas, o Quadrivium. Gramática, dialéctica y retórica, junto con aritmética, geometría, astronomía y música componían el currículum educativo que Alcuino de York elaboró a finales del S VIII para la Escuela Palatina de Aquisgrán, recuperando el saber clásico de la Antigüedad y ofreciéndolo a las incipientes universidades que, lideradas por la Universidad de Bolonia, contribuyeron a transformar la realidad europea desde finales del S XI. Los Estudios Generales de la primera universidad se caracterizaron por estar abiertos a estudiantes de cualquier procedencia geográfica, utilizándose el Latín como lengua común, y por contar con profesores especializados en las cuatro Facultades que componían su currículum: las siete Artes Liberales, la Teología, la Medicina y el Derecho. La recuperación del Derecho Romano por los Glosadores de Bolonia, así como su influencia en el desarrollo del Derecho Común Europeo y en el establecimiento de Administraciones especializadas precursoras de las modernas estructuras políticas que ordenan nuestra convivencia es, junto con otras muchas, una hazaña de la institución universitaria.

La moderna universidad no sólo hereda un espíritu intelectual cultivado durante un milenio, sino que, en continua evolución, ha mostrado ser el más formidable instrumento de mejora de la sociedad y de su bienestar. Son sus características el amor al conocimiento, a su generación y a su intercambio, la capacidad inventiva e innovadora, el compromiso con el entorno social circundante, la movilidad para que fluyan las ideas entre personas y territorios y, por supuesto, un concepto de comunidad entre profesores y estudiantes, cuya importancia queda mostrada al dar nombre a la institución: universitas magistrorum et scholarium, esto es, corporación de maestros y estudiantes que, en la actualidad, no puede entenderse sin la esencial contribución del personal de administración y servicios.

La Universidad de nuestro tiempo, sin duda, es heredera de los valores milenarios que caracterizan a la institución y han asegurado su permanencia y expansión. Al tiempo, debe contribuir a afrontar los grandes retos de la sociedad moderna, advirtiéndolos, estudiándolos, implicándose en su resolución y, para ello, innovando su propia concepción de la realidad y su organización interna. Los grandes retos a los que se enfrenta el mundo moderno son inabordables mediante esquemas reduccionistas, puramente sectoriales. Necesitamos enfoques sistémicos, que consideren el conjunto de cada gran reto como tal, no como una simple descomposición en partes, sin perjuicio de la oportuna ordenación material que en cada caso sea necesaria para abordarlos. Ello demanda la aportación crítica, constructiva y multidisciplinar del conjunto de la comunidad universitaria. Los problemas de nuestra sociedad no suelen ser simples. Necesitan un enfoque holístico en el que cada cual aporte y desarrolle sus mejores capacidades para contribuir a su solución mediante la formación, el avance del conocimiento y la innovación.

Nuestra Universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha de estar implicada en la resolución de los grandes problemas de nuestro mundo y, de forma particular, en los que afronta Canarias. Ha de ser una Universidad que, desde su autonomía, apueste por el avance del conocimiento y la formación de profesionales con capacidad transformadora y de liderazgo, intelectualmente críticos y autónomos. Una Universidad abierta al intercambio y al flujo de ideas entre personas y territorios, solidaria con las regiones que luchan por su desarrollo. Una Universidad decididamente comprometida a proporcionar la mejor formación para acabar con la lacra del desempleo, impulsando para ello nuevos proyectos que, desarrollados en Canarias tanto por agentes públicos como privados, generen oportunidades profesionales para nuestros jóvenes egresados y prosperidad para el conjunto de la sociedad. En definitivas cuentas, una Universidad entendida como comunidad de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, solidaria y abierta a la sociedad, comprometida con el avance del conocimiento, el desarrollo sostenible, y el empleo de calidad en el marco de la nueva economía global.

Por todo ello, la ULPGC debe aspirar a ser el agente catalizador de los grandes objetivos estratégicos, fijados en los distintos niveles de gobernanza, mundial, europea, española y canaria, haciendo una aportación genuina y diferenciada a través de sus programas de formación, investigación e innovación, y desarrollando los modelos de gestión que aseguren su éxito y protagonismo. Y, por supuesto, realizando una aportación crítica e independiente, en el marco de cuantas estrategias, programas y planes se promuevan, para mejorarlos, proponer su cambio o impulsar otros nuevos. Los objetivos y agenda mundial de desarrollo sostenible, establecidos con el horizonte temporal de 2030 por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible o Cumbre de la Tierra de Río de 2012 (Río+20) y la Cumbre de Nueva York de 2015, así como la Estrategia Europa 2020, para procurar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, de la Unión Europea son dos referencias de la máxima relevancia.

Ciertamente me gustaría ver avanzar  por tal senda a nuestra muy querida Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, leal y eficazmente liderada por el equipo rectoral que resulte del proceso electoral actualmente en curso, con un proyecto integrador de todas sus sensibilidades.

Pueblo, Política, Partidos, Presidente…

La entrada de hoy trata conceptos que, curiosamente, comienzan con la letra P. Por no alargar el título no he añadido perplejidad, término que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define como “irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo“. Estamos al borde de un precipicio, problema al que nos ha traído un pésimo partidismo en búsqueda de poder que, aparentemente, desconoce los mismos fundamentos del parlamentarismo. Algo tendrá que ver Parlamento con parlamentar, esto es, conforme define el DRAE, “dicho de una o de varias personas: Hablar o conversar con otra o con otras” o, mejor todavía, “entablar conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz,una rendición, un contrato o para zanjar cualquier diferencia“. Planteamiento, pensamiento, perspectiva, prospectiva ceden ante la pataleta, perreta solemos decir en Canarias, en el pobre y pueril espectáculo de peonzas partidistas que giran sobre sí mismas, sin mirar a su alrededor. A modo de epítome diré, como ciudadano y miembro indiferenciado del Pueblo, simplemente putada, pues eso es lo que siento cuando veo al partidismo jugar tácticamente con la representación que los ciudadanos hemos conferido con nuestros votos a los Diputados al Congreso,  en algo tan serio como es la designación de un Presidente del Gobierno.

Cuando la Democracia retornó a España, tras demasiados años de dictadura (siempre son muchos), era necesario fortalecer a los partidos políticos. Su relevancia constitucional quedó proclamada en el Título Preliminar de la Constitución Española (CE), concretamente en el Art. 6 CE, que reza con el siguiente tenor: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos“.

En una sociedad con escasa tradición democrática era lógico darle, en 1978, un protagonismo especial a los partidos, con objeto de articular el pluralismo político. Ello explica, por ejemplo, las listas cerradas en  la elección de Diputados al Congreso. El Art. 68.1 CE sólo dice que “el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley”. Es la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quien determina cómo es nuestro sistema electoral y, por ejemplo, que las candidaturas al Congreso de los Diputados reciban votos al conjunto de la candidatura, y no a candidatos concretos. Ello, como digo, se justifica por el interés en nuestra Transición democrática en fortalecer y articular el pluralismo político a través de los partidos. Otras opciones hubieran sido posibles, como pasa en el Senado, y como sucede en otros regímenes parlamentarios. Cierto es, en todo caso, que cada opción tiene sus inconvenientes, acompañando a sus ventajas.

Además, nuestro sistema es puramente parlamentario, lo que abunda en el fortalecimiento del papel institucional de los partidos. Ello quiere decir que sólo tienen legitimidad democrática directa los representantes que son elegidos por sufragio electoral, con la obvia debilidad que lo son en el seno de una candidatura conjunta, no nominalmente, salvo en el Senado. Y son dichos representantes los que asumen una serie de funciones en nombre de sus electores. Se trata de una forma de configurar una Democracia representativa, única manera de ejercer de forma viable la Democracia (no podríamos gestionar un sistema directo, en el ágora, como las polis griegas). Pero puede materializarse de otros modos, como muestran los distintos sistemas de Democracia representativa de nuestro entorno.

Es nuestra forma concreta de Democracia representativa la que creo adolece de unas deficiencias, que causan mi enojo y, estoy seguro, el de muchísimas personas, ante el bloqueo institucional que se produce en ocasiones como la presente. Veamos por qué.

Nuestro sistema parlamentario es, básicamente, un sistema aritmético cuyos sujetos no somos los ciudadanos sino los partidos. Esto no es en sí malo, si se mantienen unos mínimos equilibrios. Dicho de otra manera: cuando un ciudadano con su voto se pronuncia por una candidatura, eligiendo a todos los representantes de la misma, está realmente eligiendo un partido, no unos representantes en los que personalmente confíe. Delega, no en un representante que le resulte cercano y conocido, porque corresponde a su circunscripción y en el seno de la misma ese candidato ha buscado su voto, sino en un partido, y en todo el tacticismo partidista que ello conlleva. Cierto. Las circunscripciones pequeñas, al estilo inglés, empeoran la falta de proporcionalidad del conjunto del sistema pues todos los votos del segundo y sucesivos candidatos, no elegidos, se pierden. Podría darse la paradoja de que un partido cuyos representantes, en circunscripciones individuales, quedaran segundos en todas ellas por un solo voto de diferencia, no tuviera representación, a pesar de que, en el cómputo general, la diferencia de votos fuera escasa con otro que obtuviera todos los representantes.

Pero, por otro lado, si tengo que delegar en alguien para que me represente en decisiones cruciales, prefiero que sea un candidato cercano, y no una lista cerrada de candidatos a los que ni siquiera conozco. A fin de cuentas, un partido, como organización que busca el poder, va a seguir su propia lógica para conseguirlo (esto es, la de sus dirigentes), probablemente muy distante de la de los electores que pusieron su confianza en unos representantes y, posiblemente, también diferente de la de esos representantes, salvo por el hecho que le deben al partido (y a sus dirigentes) su presencia en una candidatura cerrada.

A la vista de las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos, cada vez envidio más los países cuyos sistemas constitucionales permiten la elección directa del Presidente del Gobierno. No quiero delegar esa facultad en los partidos, mucho menos en la situación que ahora vivimos. Creo que los ciudadanos debemos poder votar directamente a quien ha de ejercer el Poder Ejecutivo. Ello, además, evitaría la frecuente y penosa subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, estableciendo una clara diferenciación entre ambas potestades. Dicho de otra manera, los ciudadanos debemos de poder votar a nuestros representantes en el Poder Legislativo, y delegar en ellos la capacidad de hacer Leyes, de controlar al Gobierno y de nombrar a ciertas autoridades del entramado constitucional, particularmente en la cúpula del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. No creo que sea una buena idea que sean los miembros del Poder Legislativo quienes determinen quién ostentará el Poder Ejecutivo, por la simple razón de que ambos tenderán a confundirse y a subordinarse, uno en relación al otro, según sean las circunstancias. Pienso que es mucho mejor otorgar legitimidad democrática directa al Presidente del Gobierno, como cabeza del Poder Ejecutivo, que a su vez selecciona a sus Ministros.

Veamos qué significaría esto en un atolladero como el que actualmente vivimos: habríamos elegido, deseablemente en listas abiertas, a nuestros representantes en las Cortes Generales, sede del Poder Legislativo del Estado. Además, en una papeleta diferente, hubiéramos elegido cada uno al candidato a la Presidencia del Gobierno que prefiramos. No al partido, sino a la persona que, claro está, en cada caso será propuesta y respaldada por un partido. Ante la falta de mayoría absoluta de un candidato, en una segunda vuelta habríamos de decidir entre los dos más votados en la primera. Es decir: ahora los ciudadanos, no los partidos, seríamos consultados sobre si preferimos que gobierne Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, suponiendo que en una primera vuelta hubieran sido ellos los candidatos más votados. El elegido por nosotros, esto es, por los ciudadanos y no por el tacticismo partidista, tendría asignada la importantísima potestad de conformar la cúpula del Poder Ejecutivo, esto es del Gobierno y las autoridades que de él dependen. Y tendría que ejercer tal potestad conviviendo con el Poder Legislativo, bicameral en nuestro caso para ponderar la necesaria representación individual y territorial, siendo realmente ambos poderes independientes, gozando los dos de igual legitimidad democrática directa, y todo ello bajo el debido control Constitucional y Jurisdiccional. No es ciencia ficción, EEUU tiene un sistema parecido al descrito.

Podría decirse que ello no es compatible con nuestra forma de gobierno (o política, como dice el Art. 1.3 CE) del Estado, esto es, con la Monarquía Parlamentaria, pues, a fin de cuentas, EEUU es una república presidencialista. Es cierto que EEUU toma el modelo de la monarquía constitucional inglesa del S. XVIII, en la que el Rey ostenta el poder ejecutivo, con la salvedad que sustituye al Rey por un presidente electo. En los dos siglos siguientes a la Independencia de los EEUU, las Monarquías parlamentarias europeas han ido desplazando al Rey del poder ejecutivo, quedando su función constitucional desprovista de prácticamente toda capacidad ejecutiva autónoma. De hecho la función constitucional de los Reyes en las Monarquías parlamentarias europeas, también en España,  es principalmente representativa y simbólica, muy importante, sin duda, pero de imposible contenido ejecutivo en una Democracia. Por tanto, no veo problema alguno en que la Jefatura del Estado la ostente el Rey, por disposición de la Constitución, y que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo reciban ambos legitimidad democrática directa mediante sufragio universal.

Abunda en mi argumentación anterior lo que estamos viendo en estos tristes momentos en relación a la propuesta del candidato a la Presidencia del Gobierno, única potestad política de carácter ejecutivo que, conforme a la Constitución, reside en el Rey. El Art. 99.1 CE dice que

después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno“.

Esto simplemente quiere decir que el Rey tiene que hablar con los representantes  de los grupos políticos para ver qué candidato podría gozar de una mayoría aritmética parlamentaria, que permita su investidura. No hay un turno por quién sea la lista más votada. No lo dice la Constitución, porque el sistema es puramente parlamentario y lo que vale es la aritmética del Congreso de los Diputados. Como los sujetos del parlamentarismo español son los grupos parlamentarios, esto es, para entendernos, los partidos, de lo que se trata es de saber quién puede contar con el apoyo de un mayor número de Diputados a partir de las posiciones de sus respectivos partidos. No hay un orden lógico, distinto de la posibilidad material de sumar votos en la investidura. Ni más, ni menos.

El Rey, en su competencia constitucional, tiene plena libertad para hacer la propuesta que juzgue oportuna, es de entender que porque confía en que su propuesta resultará viable para una investidura. En las circunstancias actuales es un papelón de dimensión mayúscula, pero salvo que los ciudadanos, como yo desearía, pudiéramos pronunciarnos directamente sobre quién ha de ser el Presidente del Gobierno, sólo puede gestionar esta situación el Rey, no sólo por el ya mencionado Art. 99 CE, sino también por la función arbitral y moderadora que le atribuye el Art. 56.1 CE.

Quien crea que puede obtener una mayoría para su investidura debe comunicárselo al Rey, sin esperar a que otros lo hagan. Si el Rey, de las entrevistas con los distintos representantes, concluye que esa investidura es posible debiera proponer al candidato que, con mayores apoyos, pudiera conseguirla. Y si nadie cree poder contar con los apoyos suficientes, el Rey deberá proponer a quien él piense que tiene más opciones de obtenerlos, insisto, sin orden lógico preconcebido, pues la Constitución no habla de ello, sino de mayoría de votos en una investidura. Y si el candidato propuesto resulta rechazado, el Art. 99.5 CE dispone que “[s]i transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso“.

Cada cual sabrá cuál es su táctica y debiera saber a qué se expone, pero es inconcebible que se esté esperando la carbonización política de otros candidatos para proponer la propia candidatura, tanto más con la situación que vive España en estos momentos. La propuesta de candidato constitucionalmente corresponde al Rey, que debe hacerla en tiempos razonables, sin esperar por el juego táctico de unos y otros, de modo que comience a contar el plazo constitucionalmente previsto de dos meses para la investidura y, si no la hay, ir de nuevo a Elecciones Generales. ¿No sería mejor la elección directa del presidente del Gobierno por la ciudadanía?

 

¿Por qué las celebraciones de finales de diciembre?

Tras algún tiempo ausente del blog, retomo mi actividad escritora en Labor Omnia Vincit. Durante los últimos cinco meses he dedicado buena parte del tiempo del que disponía  a renovar mi carrera profesional, a reflexionar y a pensar. Muchas de estas cuestiones espero tener oportunidad de compartirlas en el futuro. El asunto que he seleccionado para el post de hoy es consecuente con las fechas en las que estamos y a sus orígenes. Espero que les guste y resulte de interés.

Sí. Está claro. Todos los años, a finales de diciembre, las sociedades de tradición cristiana celebran la Navidad, periodo litúrgico que se inicia con la conmemoración de la Natividad, o nacimiento de Jesús, y abarca hasta la Epifanía o presentación ante los Reyes Magos. Y, de algún modo relacionado con todo ello, la finalización del año civil y el inicio del siguiente. Todo el periodo es abundante en celebraciones festivas, disfrutadas por cientos de millones de personas en todo el mundo, con una motivación frecuentemente más lúdica que religiosa.

Tal vez lo anterior responda, en parte, a qué celebramos estos días, pero no por qué lo hacemos justo en estas fechas. O, dicho de otra manera, por qué la tradición le ha asignado tan importante función a estos últimos días de diciembre y primeros de enero. Habrá quien piense que se debe a que, efectivamente, Jesús nació en la noche de un 24 de diciembre de hace 2016 años. Sin embargo, no se sabe cuándo nació exactamente Jesús: ni el año, ni el mes, ni el día. A ello hay que añadir que no todas las Iglesias cristianas, particularmente muchas ortodoxas, aceptaron el cambio del calendario Juliano por el Gregoriano, lo que ocasiona discrepancias en las fechas que, por ejemplo, llevan la Natividad al 7 de enero.

Pero vayamos por partes. ¿Cómo era el calendario en Roma hace dos mil años? Si queremos fijar en el tiempo hechos acaecidos en territorios bajo su dominio, habremos de saberlo. El antiguo calendario romano era solar, esto es, se fijaba en las distintas trayectorias que el sol, durante el día, recorre en el cielo dependiendo de la época del año. Hay cuatro momentos cruciales: el solsticio de invierno, correspondiente a la trayectoria solar de menor altura sobre el horizonte y, por ello, al día más corto y a la noche más larga del año. En la actualidad es en torno al 22 de diciembre y, convencionalmente, determina el cambio estacional de otoño a invierno. A partir de ese momento los días empiezan a crecer, elevándose el sol en su incansable trayectoria diurna cada día un poco más. El equinoccio de primavera, hacia el 20 de marzo, marca el momento en el que la duración del día, por fin, iguala a la de la noche y el invierno da paso a aquélla. A partir de entonces los días serán más largos que las noches, llegando a un punto culminante en el solsticio de verano, en torno al 21 de junio en la actualidad, cuando la trayectoria del sol es más alta en el cielo diurno, el día más largo, y la primavera abre la puerta del verano. A partir de este momento el sol empieza a bajar su trayectoria en el cielo, acortándose los días y alargándose las noches. El equinoccio de otoño, hacia el 23 de septiembre, da entrada a éste, en el momento en que la noche iguala en su duración al día. A partir de aquí, los días son cada vez más cortos y las noches más largas hasta que llegue de nuevo el solsticio invernal.

No es de extrañar que para muchas sociedades, la romana entre ellas, fuera un momento especial en una concepción cíclica de la Naturaleza: El sol renacía a partir del solsticio de invierno. ¡Ave Sol Invictus!, celebraban los romanos. Además, muchas de las tareas agrícolas ya se habían terminado. Para celebrarlo, y de forma previa a la entrada a un tiempo de purificación cuyo umbral determinaba el solsticio invernal, los romanos celebraban una gran fiesta, las Saturnales. ¡Io Saturnalia!, exclamaban. Se celebraban entre el 17 y el el 23 de diciembre con grandes banquetes, intercambios de regalos y juerga por todo lo alto. ¿Les suena?

Estamos en nuestros días tan acostumbrados al manejo civil del tiempo, que no nos damos cuenta de su complejidad. La sincronización del tiempo entre distintos lugares no fue una realidad extendida hasta bien entrado el S XX, como ya tuve oportunidad de contar en una entrada anterior: ¿Me dice qué hora es, por favor? Establecer un calendario no fue más sencillo. De hecho, creo que fue una auténtica proeza producto de la necesidad y de la  observación de la Naturaleza y de sus ciclos. El antiguo y legendario calendario romano del rey fundador, Rómulo (S. VIII a.C.), sólo tenía diez meses: septiembre era el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno, y diciembre el décimo. A la vista de la raíces morfológicas parecería casi evidente, salvo por una cuestión ciertamente confusa: septiembre es nuestro noveno mes, octubre el décimo, noviembre el undécimo y diciembre el duodécimo. Julio era para los romanos el mes quinto y, de hecho, así lo denotaban, Quintilis, hasta que la vanidad de Julio César llevó a cambiarle el nombre. Algo parecido le pasó al sexto, Sextilis, renombrado en agosto en honor a Octavio Augusto. Los cuatro primeros meses, marzo, abril, mayo y junio honraban algunas deidades, como Marte y Juno. El año comenzaba con el equinoccio de primavera, intentando cuadrar el final de diciembre con el solsticio de invierno, y quedando muchos días de vano entre ambas fechas dedicados a la purificación, una vez terminadas las labores agrícolas. Desde muy pronto, según Plutarco fue Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, se intercalaron dos meses, enero y febrero, entre diciembre y el comienzo del año, en marzo, si bien el calendario civil no cuadraba con la realidad astronómica, y había que hacer frecuentes adaptaciones.  Parece ser que las guerras celtíberas, en Hispania, obligaron a adelantar el nombramiento de cónsules romanos al 1 de enero de 153 a.C., adelantándose por ello el inicio del año civil circunstancialmente en relación al equinoccio de primavera, cambio que devino permanente. ¡Numancia no sólo resistió a Roma, sino que nos dio el actual día de Año Nuevo! En todo caso, con meses algo más cortos que los actuales y un año de 355 días, era necesario intercalar, cada dos años, un mes mercedonio para ajustar el año civil al astronómico, algo que se hacía en virtud de una decisión política, con la consecuente incertidumbre en el calendario. Por si fuera poco, los romanos no numeraban los días del mes. Denominaban calendas, de ahí calendario, al primer día de cada uno, tal vez herencia de un calendario lunar primitivo que estableciera el principio de cada mes en una luna nueva. Y llamaban idus al día de luna llena, móvil pero situado hacia mitad de mes. Las nonas estaban entre las calendas y los idus, justo nueve días antes del idus, pero contándolo. Para identificar un día, lo hacían en referencia a las calendas, idus o nonas que estuvieran cercanos. La numeración actual de los días del mes es invención germánica, parece ser que visigoda, y la oficializó Carlomagno a final del S. VIII.

Julio César tuvo el mérito de establecer en el 46 a. C. una modificación del calendario, fijando una duración de 365 días y seis horas para el año y los meses que actualmente utilizamos. Cada año tendría 365 días, intercalándose un día cada cuatro años en febrero, de modo que los años bisiestos tendrán 366 días. Bisiesto viene del latín bis sextus dies ante calendas martii, esto es, sexto día repetido antes del mes de marzo. No se añadía, como hacemos ahora, a final de febrero. Julio César no diseñó el cambio de calendario. Era un soldado y un político. Pero entendía perfectamente la inconveniencia del calendario romano tradicional y, por ello, le encargó al astrónomo y filósofo egipcio, Sosígenes de Alejandría, la resolución del problema. El cálculo de Sosígenes que, a su vez, se apoyó en observaciones anteriores, fue exquisito. Su error de cálculo al fijar la duración del año en 365 días y seis horas fue de sólo 11 minutos y 9 segundos para tal periodo. Promover y emplear acertadamente el conocimiento suele ser una estrategia de éxito, no siempre seguida por quien debiera hacerlo… Seguro que Julio César tenía muchas urgencias políticas, militares e, incluso, personales, pero vio oportuno dedicarle energías a resolver un problema que afectaba a la capacidad de organización civil de Roma. Un ejemplo más de que estrategia y coyuntura no tienen por qué ser incompatibles.

El calendario Juliano fue adoptado por la Iglesia Católica en su concilio fundacional, el Primer Concilio de Nicea, celebrado el año 325. Este concilio fue convocado por el ya emperador Constantino I el Grande que previamente, junto con Licinio en Oriente, promulgó el Edicto de Milán en 313, de libertad religiosa, que permitió la expansión del cristianismo. Es difícil saber si Constantino fue realmente cristiano. Fue educado en el culto a Sol Invictus, asociado oficialmente a la autoridad imperial. Su madre, Santa Elena, indudablemente influyó en su postura religiosa. Probablemente Constantino rindiera culto a distintos dioses, en tanto confiara en su ayuda. Y seguro que entendió la creciente importancia que el cristianismo tenía en el Imperio, cuando su propia madre era cristiana. Constantino fijó, además, la semana de siete días, a partir del antiguo calendario lunar mesopotámico. Cada uno de los días de la semana honraban al sol, el domingo, a la luna, el lunes, y  a los cinco planetas visibles desde la Tierra: a Marte el martes, a Mercurio el miércoles, a Júpiter el jueves, a Venus el viernes, y a Saturno el sábado. También ordenó el domingo, día del sol, como día de descanso para adorar a Dios. Parece ser, por otro lado, que la Iglesia de Alejandría ya había señalado el día 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, y que Sexto Julio Africano, cien años antes del Concilio de Nicea, habría difundido en su Crónica, la fecha. En cualquier caso, la coincidencia del solsticio de invierno, la Natividad de Jesús, la festividad de Sol Invictus, asociado Constantino, y del Concilio de Nicea no creo que sean casuales. Más bien parecen una reutilización de celebraciones, hecha oficial por quien podía hacerlo, el emperador, y ratificada por el Concilio de Nicea, convocado, no lo olvidemos, por éste, y que, bajo la dirección de  su consejero, el obispo Osio de Córdoba, también se ocupó de la festividad de la Pascua, para lo que el calendario semanal de inspiración lunar resultó esencial, de la fijación del Credo o de rechazar la herejía arriana.

Al Concilio de Nicea no asistió el Papa, Silvestre I, que sin embargo envió dos representantes que ostentaron la máxima dignidad en el mismo. San Silvestre fue el primer Papa que tuvo un pontificado tranquilo. Se dice que fue el primero que no murió mártir y parece ser que instituyó el domingo como día de la Resurrección. Tuvo una excelente relación con el Imperio, como muestra la cesión que le hizo Constantino del Palacio de Letrán y basílica adjunta, considerada desde entonces como Catedral de Roma. Por si fuera poco, murió el último día del año, razón por la cual se celebra el 31 de diciembre la festividad de San Silvestre. Posteriormente, entre los siglos IX y XI, se intentó legitimar el poder terrenal de la Iglesia mediante la llamada Donación de Constantino, documento apócrifo según el cual Constantino habría legitimado al Papa Silvestre I el derecho a reinar sobre Roma y territorios colindantes, además de a intervenir en los asuntos políticos del Imperio de Occidente. Pero eso es otra historia, no menos interesante…

¿Y cómo se enumeraban los años? ¿Cómo empezó a tomarse la referencia del nacimiento de Jesús? En Roma la referencia era la fundación de la ciudad, ab urbe condita (a.u.c.), de modo que los años se contaban a partir de dicho momento. El Papa Hormisdas, a principios del S.VI, encargó al monje y astrónomo Dionisio el Exiguo identificar el año de nacimiento de Jesús, lógicamente en relación al calendario en uso y, por tanto, contando los años a partir de la fundación de Roma. Dionisio llegó a la conclusión que Jesús había nacido el año 753 a.u.c., si bien se equivocó al datar el reinado de Herodes I el Grande, de modo que debiera haberlo señalado hacia el 748 a.u.c. Alcuino de York, filósofo y consejero de Carlomagno, conocedor del trabajo de Dionisio, promovió la adopción de la fecha del año del nacimiento de Jesús para iniciar el cómputo de los años, dando lugar al Anno Domini (AD) -o después de Cristo (d.C.)-, popularizado por el Renacimiento Carolingio a partir del S VIII. No obstante, los distintos territorios cristianos europeos, entre ellos los hispanos, mantuvieron otras referencias hasta bien avanzada la Edad Medida.

El calendario Juliano, aunque de asombrosa precisión en su tiempo, mantenía el error mencionado de once minutos y seis segundos anuales. En el Concilio de Nicea, celebrado casi cuatrocientos años después, era ya aparente el error. Mil doscientos años más tarde, el Concilio de Trento adoptó el acuerdo de corregir el desfase acumulado, y que había desplazado unos diez días las fechas de la Pascua acordadas en Nicea. Realmente el año no dura 365 días y seis horas, sino un poco menos, unos 365 días, cinco horas, 48 minutos y 45 segundos. En 1582 el Papa Gregorio XIII promulgó un nuevo calendario que, tomado como referencia el anterior, corregía la introducción de años bisiestos, exceptuándola ciertos años, e introduciendo los días adicionales como último día de febrero. Este calendario, cuyo error es de sólo unos 26 segundos al año, fue adoptado inmediatamente por los países católicos y progresivamente por los restantes, siendo el actualmente utilizado universalmente.

Entonces, ¿qué celebramos estas fechas? Indudablemente el cambio de año y, cada cual, lo que sus creencias le indiquen. Y, ¿por qué en estas fechas? Probablemente porque desde la antigüedad el solsticio de invierno ha sido culturalmente asociado a un renacer, además de un momento especial del ciclo agrícola anual. Siendo necesario preservar la fiesta pagana (nadie renuncia a la diversión) y la religiosa, no es de extrañar la reconversión de la anteriores Saturnales y posterior celebración del Sol Invictus en las actuales Navidades, con los dos momentos de la Nochebuena y la Nochevieja (tal vez con una prolongación carnavalera). ¡A ello, además, ayudó una resistencia numantina!

 

¿Construyendo la sociedad del conocimiento?

Durante los últimos ocho años he tenido el gran honor de coordinar un área, a mi entender muy relevante, de las políticas públicas canarias: el fomento de la investigación científica, de la innovación empresarial y de la sociedad de la información. Ello estuvo antecedido por el desempeño durante tres años de la dirección de investigación y tecnología del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), y, desde 1992, como profesor e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Antes de ello, mientras aún estudiaba mi carrera de ingeniero de telecomunicación, fui becario del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y disfruté los dos años últimos de carrera de un contrato en prácticas en Telefónica. Siendo un joven profesor en una joven universidad hube de complementar mi formación compatibilizándola con la docencia, primero realizando mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, después realizando una estancia post-doctoral, becado por el entonces Ministerio de Educación y Cultura, en la Universidad de Harvard. Ello posibilitó que dirigiera un grupo de investigación en la ULPGC, y que se me otorgara la condición de profesor visitante en la Universidad de Harvard. La continua colaboración de nuestro grupo de investigación en la ULPGC con otros muy potentes de dicha Universidad americana dieron sus frutos. Aprendimos, publicamos, realizamos proyectos, varios de nuestros estudiantes fueron invitados a Harvard y otras universidades americanas y europeas, en las que perfeccionaron sus trabajos de tesis doctoral. Algunos de mis colaboradores en otras universidades españolas se incorporaron a esta fructífera relación, y entre todos contribuimos a desarrollar en España la investigación en el ámbito de la ingeniería aplicada a técnicas diagnósticas y terapéuticas basadas en imágenes médicas.

Creo poder afirmar con toda tranquilidad que soy un profesional. He dedicado mi vida laboral a la investigación y a la innovación. Y he tenido la oportunidad de hacerlo desde responsabilidades y ámbitos muy variados. Como todos los profesionales, como todas las personas, con aciertos y con errores. Pero en todo caso con absoluta dedicación a mi trabajo. Además, con orgullo, debo decir que soy un trabajador público. Mi desarrollo humano y profesional se lo debo, antes que nada, al apoyo de mi familia, a mi propio esfuerzo y a la universidad pública, primero como estudiante y después como profesor e investigador. Cuanto antecede fue la razón del inesperado ofrecimiento que se me hizo para llevar a cabo la dirección científica y técnica del ITC en 2004. Nada había tenido que ver con la política. Con dudas, pues mi vida no la podía entender sin la investigación y docencia realizadas en primera persona,  asumí un nuevo reto. Esperaba aprender y contribuir en la medida de mis posibilidades, para volver en cuanto terminara la Legislatura a mi desempeño anterior. Era plenamente consciente que lo habitual en las entidades públicas era ser sustituido cuando lo fuera el equipo que me había propuesto. Sin embargo, dicho equipo cesó en una crisis de gobierno a mitad de Legislatura, y el entrante me confirmó después de consultar mi currículum profesional (un resumen del cual está accesible en https://juanruizalzola.com/about/). Ello fue igualmente la razón por la que el presidente Paulino Rivero me propusiera hacerme cargo en julio de 2007 de la dirección de la nueva Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

La experiencia directiva tanto en ITC como en ACIISI puedo decir que ha sido intensa. Algo inesperado por completo, que hizo que cambiara mi trayectoria profesional. Parece lógico que los profesionales, en cuanto tenemos una experiencia, estemos disponibles para contribuirla en ámbitos muy especializados del sector público. Tanto más si es ese sector público el que ha hecho posible nuestro desarrollo profesional. Fue esa y no otra la motivación que me condujo, por dos veces, a aceptar el encargo del Presidente de ser director de la ACIISI. Es cierto que no pude impulsar la I+D+i en Canarias como a mí me hubiera gustado, procurándole el reconocimiento que debe tener para alcanzar un desarrollo social y económico sostenible y saludable. También lo es que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. Y que ese reto va más allá de la labor política que puede hacer una persona. A fin de cuentas, la importancia real que se le da en Canarias a la I+D+i quedó puesta de manifiesto en la reciente campaña electoral y posterior negociación de conformación del gobierno. Las menciones a la misma brillaron por su ausencia, y algo tuve que ver en la elaboración de los contenidos de lo poco que se ha dicho o escrito. La crisis financiera y una estructura administrativa que, desafortunadamente y por motivos que no vienen al caso, no pudimos desarrollar limitaron enormemente la realidad de las políticas públicas en I+D+i en Canarias. Creo no obstante que se pusieron ciertos cimientos. El principal, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) para Canarias 2020, que tuve el honor de impulsar y coordinar, junto con un excelente equipo de profesionales de la ACIISI y del ITC. De hecho, la RIS3 es una referencia bastante habitual en la actualidad. Sólo falta intentar cumplirla de verdad. El marco de colaboración con la Secretaría de Estado de I+D+i, por ejemplo en PLOCAN, en el IAC o en GRANTECAN ha permitido, después de muy serias dificultades, consolidar PLOCAN, dotar de instrumentación a GRANTECAN hasta 2020 y consensuar con el Estado una estrategia de atracción de grandes inversiones en infraestructuras científicas que, con el excelente trabajo del IAC, se ha mostrado ganadora en la reciente selección del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, del Array de Telescopios Cherenkov (CTA). Igualmente importante es el Telescopio Solar Europeo (EST), consensuada también la estrategia con el Estado. CTA supone una inversión total de unos 90M€, y el EST de unos 150M€. El 90% vendrá de fuera de Canarias, y el 10% que pondrá Canarias será financiado por el FEDER. La política de parques tecnológicos en Canarias, y de instrumentos financieros de apoyo a las empresas y emprendedores, se financia con un convenio negociado entre la Agencia y la Secretaría de Estado de I+D+i dotado con 150M€. El diálogo, ni mucho menos, acaba de empezar ahora. Y será necesario mucho diálogo y convicción para prorrogar por segunda vez la ejecución del convenio de parques tecnológicos por los retrasos en muchas de las actuaciones insulares. La identificación de las causas y vías de resolución de los serios problemas que sufre el comercio electrónico desde y hacia Canarias, o el establecimiento en la legislación española de un marco específico para las telecomunicaciones en Canarias, creo que son hitos también reseñables.

Este espacio de confluencia del mundo profesional con el político es enormemente contradictorio y complejo. Construir en el mismo está sujeto a a múltiples vicisitudes, algunas racionales, otras menos. Sin embargo, es un espacio que temporalmente deben ocupar buenos profesionales. Y digo temporalmente, porque los profesionales, por mucho conocimiento y experiencia que alcancemos, nos agotamos en nuestras ideas, en nuestra ilusión y, en definitivas cuentas, en nuestra motivación.

Por tanto, los cambios deben ser bienvenidos y adecuadamente planificados. Los profesionales otorgamos lealtad profesional a nuestro desempeño, la más firme de todas las lealtades, y vamos a colaborar para que los pasos de testigo sean ordenados y seguros, para ayudar a quien continúe la tarea a que supere cuanto antes su curva de aprendizaje, a que pueda coger el control del vehículo sin necesidad de pararlo. Además, estoy firmemente convencido que la totalidad de los buenos profesionales del sector público, sin duda la gran mayoría, se sienten partes de algo que va más allá de ellos mismos. Como servidores de la colectividad y del interés público su vinculación con su trabajo trasciende el puro interés, también legítimo, del trabajo retribuido. Saben que con su buen hacer contribuyen a mejorar nuestra sociedad, cada cual desde su ámbito de responsabilidad. Me he esforzado durante años por formar parte de ese amplio colectivo de buenos trabajadores públicos, independientemente de la posición que en cada momento haya ocupado. Seguro que me entienden cuando digo que la lealtad profesional se ve reforzada por una vocación de contribuir por encima del interés personal. Y ello lleva implícitamente asociado un perfecto entendimiento de que las personas tenemos que cambiar para que nuevas ideas y energías fluyan al servicio del interés general. No sólo nadie es insustituible, sino que es bueno que todos seamos sustituidos. Eso sí, nadie es tan sumamente polifacético como para poder ocupar cualquier posición. Ni el mejor de los profesionales puede ocupar de un día para otro un cargo de responsabilidad ejecutiva si no tiene un razonable conocimiento y experiencia en la materia. Los perfiles deben ser los adecuados para cada desempeño.

He insistido antes en mi condición profesional. Ello no quiere decir que no tenga una ideología política, o que no me preocupe la política. Me interesa. Y mucho. Los anglosajones distinguen tres términos que, tristemente, aquí se subsumen en el único de política:

  • Polity: es la politeia de los clásicos. Se refiere al sistema político en su conjunto. A cómo se distribuye el poder horizontal y verticalmente. En nuestro ámbito más cercano, se refiere a cómo se integra Canarias, como Comunidad Autónoma, en el conjunto del Estado. Cómo se delimitan las competencias, tanto legislativas como ejecutivas. Cómo están representados los territorios. Cómo se distinguen las especificidades. Y muy importante, cómo es el reparto territorial del poder entre las distintas islas. De nuevo, qué competencias ejecutivas y, en su caso, legislativas corresponden a las islas. Cómo se eligen los representantes parlamentarios. En qué condiciones se configuran los gobiernos… Es en este ámbito en el que hay que determinar, por ejemplo, si la composición de los órganos ejecutivos de los gobiernos y las administraciones debe responder a cuotas territoriales. Cuestión ésta, por cierto, demasiado presente en nuestra tierra como para pretender ignorarla.
  • Policy: son las políticas públicas. Es, en mi opinión, la verdadera política. Por ejemplo, una agenda de transformación económica como es la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3), 2014-2020, cuya elaboración, como ya dije, tuve el honor de impulsar y coordinar, asistido por un magnífico equipo profesional de la ACIISI e ITC, es “policy“. También lo es el diseño de los programas para impulsarla y hacerla efectiva. Es la “policy” la política real y honorable. La que contrasta ideas y visiones estratégicas para una sociedad. La que contrapone ideologías, en suma, en el gran reto colectivo de ejercer la Democracia.
  • Politics: trata del ejercicio del poder a través de los partidos políticos. En teoría debiera ser la promoción y ejercicio consciente de las “Polities” y “Policies” anteriores por parte de los mismos, gestionando el corto plazo. En la práctica, un ejercicio inconsciente de la misma, puede llevar a confundirlo todo, dando lugar a la cutre imagen que, demasiadas veces, se proyecta a la sociedad de lo que debiera ser un noble y desinteresado afán. Las cuotas territoriales e intereses personales, impuestos a veces por algunas organizaciones políticas en los órganos ejecutivos de las administraciones públicas, forman parte de este ejercicio, inconscientemente letal para la Democracia y para el debido ejercicio de la función pública, que a todos los ciudadanos nos afecta e incumbe. Nada tiene que ver con las ideologías, ni con la preocupación por renovar a las personas para mejorar la gestión. Tristemente, cuanto menos desarrollada social y económicamente está una sociedad mayor es el abuso del incorrecto ejercicio de la “politics“, en perjuicio de la “polity” y de la “policy“, comprometiendo con ello las expectativas de desarrollo de una sociedad y la confianza del Pueblo en la Democracia. Pienso, por ello, que sería muy deseable contar, cuando menos, con unos protocolos de idoneidad para seleccionar los candidatos que van a ocupar, por nombramiento de los Gobiernos, los altos cargos ejecutivos de las Administraciones Públicas, siendo supervisado su ejercicio por el Comisionado de Transparencia.

Después de ocho años como director de la ACIISI, hoy he cesado en tal responsabilidad (decreto de cese). El gran honor que significa haber tenido la oportunidad de aportar mi visión durante años, el aprendizaje y experiencia recibidos y, sobre todo, la calidad humana de las personas a las que he tenido la fortuna de conocer y con las que he trabajado, dando lo mejor de nosotros mismos durante todos estos años, suponen el mejor premio que se puede recibir y compensan cualquier sinsabor.

Impulsar la sociedad del conocimiento y el progreso en Canarias corresponde, en gran medida, a nuestro Gobierno Autónomo. Para ello debe tener el apoyo de todas las instituciones y profesionales que estén en disposición de contribuir, desde sus distintos ámbitos sectoriales, a ello. La contribución también consiste en el debate público, en la contraposición de ideas, en la asunción colectiva de estrategias y, por supuesto, en la discusión política, entendiendo como tal la crítica constructiva a las “policies” y “polities“, hecha y promovida tanto por las personas como por las diversas organizaciones políticas y sociales. Modestamente, este blog es mi contribución personal a ello (pulsando el enlace puede verse el índice de posts publicados). El Gobierno debe ser consciente que es su responsabilidad impulsar el cambio y la prosperidad en Canarias y que, para ello, tiene que intentar contar con los mejores en cada momento en los distintos altos cargos ejecutivos de la Administración autonómica. Espero que así sea y que las decisiones de estos días hayan estado debidamente reflexionadas, sabiendo dónde estamos y dónde se quiere ir. Aunque, tal vez porque intuyo cómo y por qué se han tomado algunas de estas decisiones, no puedo evitar estar preocupado.

En particular, Canarias no puede permitirse pasos atrás en la construcción de la sociedad del conocimiento, en cuyo impulso parece lógico que estén implicadas personas que objetivamente dispongan de él. De ahí el interrogante que da título a este post: ¿Construyendo la sociedad del conocimiento? Ojalá que la respuesta sea enérgicamente afirmativa y que los hechos y no sólo las palabras así lo demuestren. En ello le deseo toda la suerte y éxitos a los nuevos responsables, pues lo serán de la sociedad canaria. Por mi parte, en la medida de mis posibilidades y capacidad, seguiré contribuyendo a este enorme esfuerzo colectivo en mi desempeño profesional cotidiano.

¡El Array de Telescopios Cherenkov (CTA) vendrá a La Palma!

Hoy hemos conocido una de los mayores éxitos que la ciencia y la tecnología española han tenido en los últimos años. El emplazamiento en el Hemisferio Norte del conjunto de telescopios Cherenkov (CTA en sus siglas en inglés), un sistema de observación de sucesos altamente energéticos generados en los confines del Cosmos, estará en el Observatorio del Roque de Los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias, en la isla de La Palma.

No ha sido fácil. En los proyectos internacionales de gran ciencia siempre se compite con excelentes candidaturas. Indudablemente, todos los países y regiones aspiran a albergar tales instalaciones. Se trata de proyectos que se mantienen activos décadas, que atraen multitud de visitantes cualificados y cuantiosas inversiones, que promocionan la mejor imagen internacional de un territorio y de una sociedad. Estos proyectos estimulan nuestra imaginación, enorgullecen a la colectividad, motivan a nuestros jóvenes, favorecen la colaboración internacional entre pueblos, y nos permiten satisfacer el más elevado anhelo que, como especie, los seres humanos tenemos: conocer. Pero no sólo eso. También son poderosas palancas de desarrollo social y económico. Requieren obra civil, provisión de servicios, la mejor innovación para resolver los más complejos retos tecnológicos. Oportunidades, en definitivas cuentas, para la generación de empresas, muchas de ellas intensivas en conocimiento y, con ello, para la creación de empleos de calidad. No es, por tanto, de extrañar que haya una muy dura competición internacional para atraer estas inversiones.

Por ello, en primer lugar, hay que reconocer el mérito de los científicos que han preparado la propuesta y han hecho posible el éxito de la candidatura. En primer lugar a la institución anfitriona, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), encabezado por el Prof. Rafael Rebolo, y que cuenta con la colaboración de un excelente equipo científico, técnico y administrativo. Sin ellos, hoy no estaríamos celebrando esta gran alegría. Gracias por hacerla posible. También hay que extender el agradecimiento al conjunto de la comunidad española especializada en astronomía de rayos gamma, así como al resto de la comunidad científica nacional e internacional con la que el IAC cotidianamente colabora. Son el mejor ejemplo de cooperación para afrontar retos compartidos, esencial para la ciencia y la tecnología modernas y, también, en otros ámbitos de actividad humana. Asimismo pienso que las Administraciones, particularmente los Gobiernos de España y de Canarias, han sabido articular el necesario marco de confianza y colaboración para facilitar el trabajo de los científicos y para hacer atractiva la propuesta. Ello, además, ha posibilitado prever cofinanciación europea del FEDER, regionalizada en Canarias  y asignada a ambas Administraciones, al proyecto, en línea con lo previsto en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3). Sin duda, también la reciente visita de S.M. El Rey a los Observatorios de Canarias, por motivo de su 30 aniversario, supuso un importante espaldarazo a la candidatura en el mejor de los momentos.

CTA detectará la dirección de llegada de radiación gamma de alta energía, originada a distancias y en tiempos cósmicos, a partir de un efecto físico al que le da nombre su descubridor, Pavel Cherenkov. La radiación gamma incidente genera una cascada de partículas en la atmósfera enormemente veloces, y cuya interacción a su vez con el medio atmosférico produce una señal detectable. Se necesitan varios telescopios de rayos gamma en una configuración concreta (array) para poder estimar con precisión la dirección de llegada de la radiación y, con ello, saber dónde se originó. A fin de cuentas, necesitamos dos oídos para saber de dónde llega el sonido… En este caso, habrá 20 telescopios en La Palma y 80 en Paranal (Chile), cuya distribución responde a la prioridad de cobertura del cielo observable que ha establecido el consorcio internacional. La inversión para ello en La Palma se estima en unos 90 millones de euros.

CTA forma parte de la “hoja de ruta” de ESFRI, siglas en inglés de Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación. Se trata de las prioridades europeas para grandes infraestructuras científicas, que cuentan además con socios del resto del mundo. En el caso de CTA participan directamente 13 países con sus agencias financiadoras: Alemania, Austria, Brasil, Francia, Holanda, Italia, Japón, Namibia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Suiza. A ello hay que añadir unos mil científicos y técnicos de 170 institutos de investigación, pertenecientes a 31 países. España había intentado anteriormente otras tres candidaturas ESFRI: el Reactor Termonuclear Experimental de Fusión (ITER), que se fue a Francia, la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS), que se fue a Suecia, y el Telescopio Gigante Europeo (E-ELT), que se fue a Chile.

Por fin hemos tenido éxito en la candidatura de un gran proyecto internacional ESFRI. No sólo lo merecíamos. También lo necesitábamos. Era necesario llamar la atención sobre el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y una noticia como ésta es el mejor reclamo para lograrlo. También necesitábamos tener confianza en nuestras posibilidades y, con ello, la convicción de que en Canarias y en España somos capaces de hacer las cosas bien. Y, sobre todo, necesitábamos ilusión: Ilusión de mirar para delante sintiéndonos parte, todos, de algo mucho mayor que nosotros. De dejar de ver el mundo en blanco y negro, y volver a verlo en color.

Celebrado el éxito, tenemos que poner los pies en el suelo y la mirada en el futuro próximo para que no se frustre nuestra alegría. Hay que negociar con el Consorcio CTA múltiples detalles. Hay que aprovechar la oportunidad para estimular la industria tecnológica. Hay que saber que tenemos que darles oportunidades a las personas con talento, especialmente a los jóvenes. En general el sistema de ciencia e innovación español, y en particular el canario, han quedado muy debilitados por la crisis. Aprovechemos esta gran noticia, la ilusión que nos produce y el talento que hay en nuestra sociedad para construir un futuro mucho mejor. Es posible. Tiene que serlo.

Jun, o la capacidad transformadora de la sociedad de la información

Jun es un pequeño pueblo de la Vega granadina, que recientemente ha saltado a los medios de comunicación por su fenomenal desempeño en la sociedad de la información. Tanto es así que su caso ha sido estudiado por investigadores del muy reputado Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT). Puede consultarse, por ejemplo, el artículo The Incredible Jun: A Town that Runs on Social Media, publicado por William Powers y Deb Roy, miembros del prestigioso MIT Media Lab. También pueden verse las múltiples referencias publicadas por los distintos medios, entre otros muchos, Twitter quiere parecerse a Jun, en El País,  Jun, el pueblo más tuitero de España, un caso de estudio, en El Mundo, o Jun, el pueblo que se convirtió en modelo para MIT por su uso revolucionario de Twitter, en la BBC en español.

Probablemente la mayor parte del público desconociera la existencia de este pueblo en el momento de leer tales reseñas. Sin embargo, en mi caso, además de la muy positiva referencia actual, tenía otra, cien años atrás. Muy distinta. Siendo niño y joven adolescente solía ir los veranos a Granada, pues de allí procede mi familia paterna. Mi padre perdió al suyo por una inoportuna infección que sufrió mi abuelo, consecuencia de un balazo recibido en la Guerra Civil, que le dejó alojado durante varios años en su cuerpo un proyectil imposible de extraer. Sería un hermano de mi abuelo, Tito Pepe, quien haría las veces del padre que al mío le faltaba y, con el tiempo, de abuelo paterno de mi hermano y mío. Pues bien, Tito Pepe estaba casado con Tita Anita, oriunda de Jun, y que había tenido una experiencia infantil terrible en su pueblo. Recuerdo perfectamente cómo refería la historia casi cada vez que la veía. Ella fue una niña pobre y analfabeta, circunstancia que entendí era norma en el pequeño pueblo a principios del S. XX, con una escasa población, entonces, de unos 450 vecinos dedicados a trabajar el campo. Correspondería a un cura el dudoso mérito de iniciar sexualmente a Tita Anita, dejándola embarazada, siendo todavía una niña. “Yo no entendía de . Éramos mu brutos”, se disculpaba cada vez que lo contaba, a lo que su marido añadía alguna referencia sobre lo sinvergüenza que era el cura en cuestión. Años después Tita Anita y Tito Pepe se conocieron en Granada, mientras ella, madre soltera, vendía flores en la ciudad. Vivieron toda su vida juntos, haciendo frente a los prejuicios de su época, sin tener más hijos, ayudando a mi abuela viuda con mi padre. Hace ya años que ambos fallecieron pero, a buen seguro, hubieran sentido una incrédula emoción de haber conocido el cambio dado por Jun. De hecho, a mí me ha emocionado este contraste, entre dos situaciones separadas un siglo. Sí cien años es mucho tiempo, pero han pasado para todos en igual medida. Quien como Jun, partiendo por lo que entiendo desde una situación de desventaja, se ha puesto a la cabeza mundial de la sociedad de la información, tiene sobrados motivos para la satisfacción y el orgullo. Y a los demás, nos ha dado un magnífico ejemplo que debiéramos conocer y tener muy en cuenta.

Pero, ¿en qué consiste la experiencia cibernética de Jun? Básicamente se trata de utilizar Twitter como canal de comunicación entre los vecinos y los responsables y trabajadores municipales, encabezados por su Alcalde. Si hay una farola rota, una fuga de agua o hay cualquier incidencia en el pueblo, cualquier vecino que la advierta remitirá un tuit. De forma inmediata se recibirá una contestación abierta por el mismo canal, dándose el Alcalde o alguien de su equipo por enterados de la circunstancia e informando que proceden a resolverla. El trabajador municipal encargado de solventar la situación informará también por Twitter de su resolución. Es un indudable ejercicio de acercamiento de la gestión municipal a los vecinos, que conocen en cada momento de qué manera se resuelven las cuestiones que les interesan. Y aunque pueda pensarse incómodo el ojo fiscalizador del ciudadano, constantemente observando la gestión de políticos y trabajadores municipales, parece que éstos ven mucho mejor reconocido su trabajo por sus conciudadanos con la importante renta psicológica que ello conlleva.

Esta experiencia social basada en las tecnologías de la información es un auténtico Living Lab, que los expertos en la materia ya están analizando para extraer conclusiones sobre su portabilidad a otros entornos. Ciertamente, parece factible replicar la experiencia en otras pequeñas poblaciones, ya que Jun tiene unos 3500 habitantes en la actualidad. Sin embargo ello necesita, en primer lugar, la convicción de los gobernantes de que las tecnologías de la información son idóneas para hacer realidad una democracia participativa. Es necesario entender que el mundo ha cambiado y que, tal vez, estemos en una época en la que los responsables públicos, más que patear la calle (que también), deben estar directamente presentes en las redes sociales. La transparencia en la gestión pública y la cercanía con la ciudadanía necesariamente avanzará en tal dirección. Jun y su Alcalde, José Antonio Rodríguez Salas, con su liderazgo lo han demostrado y han dado un gran ejemplo a emular por los demás. Y no se trata sólo de la interacción vía Twitter. Una muy recomendable visita al portal del Ayuntamiento de Jun, o al portal Ciudadan@ de teledemocracia activa, da buena muestra del mérito cibernético del municipio. Sin duda es de particular interés para quienes estamos convencidos del papel que la tecnología ha de jugar, tanto en la mejora de la calidad de la democracia como de la prestación de servicios públicos, aportando transparencia y cercanía. Innovación en estado puro para gestionar mejor las necesidades de la gente.

Habrá que ver cómo escalar la experiencia a núcleos urbanos de mayor dimensión. Habrá que aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para acercar los gobiernos a los ciudadanos, y mejorar con ello la calidad de nuestra democracia. Considerando que el Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tiene 207.000 seguidores en Twitter, habiéndose unido en enero de 2009, y el de Jun 352.000, incorporado a dicha red social desde febrero del mismo año, parece claro quién tiene, al menos por el momento, el liderazgo. ¡Quién se lo diría a Tita Anita! Su pequeño pueblo, un ejemplo para el mundo. Enhorabuena.

¿Pero qué nos pasa en España con la I+D?

Son muchas las veces que me he repetido la pregunta que da título a esta nueva entrada del blog, y mucho más el tiempo que he dedicado a reflexionar su respuesta. De hecho, en varias de las publicaciones anteriores, he intentado aportar mi visión al respecto desde distintos puntos de vista. No voy a repetirme en tales contenidos que el lector, si lo desea, puede consultar en cualquier momento.

Hoy no quiero abundar en argumentos analíticos, necesarios para entender el mundo, pero insuficientes para cambiar las cosas. Por el contrario, me gustaría aportar elementos verdaderamente pragmáticos. Quisiera con ello contribuir, dentro de mis modestas posibilidades, a conformar una praxis que nos permita superar la situación gris en la que nos encontramos. Y quisiera invitar al lector preocupado por la situación de la ciencia, de la creatividad y de la innovación en España a hacer lo propio, activamente, desde su ámbito personal y social. Se habla mucho de economía del conocimiento, de crecimiento sostenible, de empleo de calidad, en suma, de prosperidad. Pero eso no cae del cielo, ni mucho menos. Y, desde luego, prorrogar ciertos modos y hábitos no va a mejorar la situación. Todo lo más, una nueva burbuja económica provocará una ilusión transitoria. Es imposible consolidar crecimiento económico a largo plazo con actividades económicas de baja productividad y menor valor añadido. No debiera haber sido difícil de entender, por ejemplo, que activos inmobiliarios que se revalorizaban según envejecían no eran sino un espejismo de prosperidad. Pero no se prestó atención a quienes una y otra vez recomendaron aprovechar las bonanzas de la burbuja para consolidar un crecimiento sano y sostenible a largo plazo. Así nos ha ido. Según escribo me viene a la mente la famosa fábula La Cigarra y la Hormiga, popularizada gracias a uno de nuestros ilustrados, Félix María Samaniego, que estuvo influido por la Ilustración francesa y, particularmente, por La Fontaine. La historia es, no obstante, muy vieja pues la fábula original se atribuye a Esopo, que vivió en la Antigua Grecia a principios del S. VI a.C . Ya nos enseña el viejo proverbio que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces  (con capacidad de repetir el incidente muchas más) en la misma piedra… ¿I+D? contestó la cigarra a quien le recomendaba que usara la cabeza. Si tengo a mano lo que necesito, y la guitarra para divertirme. Más aburrida, la hormiga, sin por ello renunciar a permitirse alguna juerga, hizo I+D en el verano, para tener lleno el granero en invierno.

Pero ya dije que hoy no voy a dedicarme al análisis, sino a la praxis. Decía Karl Marx en sus Tesis sobre Feuerbach que los filósofos hasta la fecha no habían hecho más que interpretar el mundo, pero que de lo que se trata es de transformarlo. Con qué fin y con qué medios se llevan a cabo las transformaciones es, a fin de cuentas, lo que distingue las ideologías filosóficas y políticas dignas de ser consideradas como tales.

El gran error que estamos cometiendo es pensar que el razonamiento intelectual tiene algún peso en conformar voluntades políticas en pro de la ciencia, la creatividad y la innovación (ni de ninguna otra materia). De poco sirve razonar una y otra vez que los países que consiguen mantener crecimiento y prosperidad a largo plazo son los que más atención le prestan a tales asuntos. Tampoco que hay un amplio acuerdo entre los pensadores de la economía en cuanto a que, el liderazgo en la ciencia y la tecnología, supone un factor determinante para aumentar la productividad. Ni que las economías basadas en la explotación de los recursos naturales, entre las que, en muy buena medida, se encuentran las que se basan en la construcción y el turismo de sol y playa, tienen grandes limitaciones prácticas para crecer a largo plazo de forma sostenible. Por ese camino hemos transitado los últimos treinta años, y seguimos manteniendo un diferencial en I+D+i enorme con los países más avanzados de nuestro entorno. Diferencial que se manifiesta en una economía descompensada, con unas tasas de desempleo inaceptables y unas serias limitaciones competitivas, que mayormente nos llevan a perder a muchas de las personas mejor cualificadas, al tiempo que buena parte de nuestra capacidad para competir se reduce a reducir los salarios. Muy triste, pero la I+D+i está hoy fuera de la agenda política y social en España, como puede advertirse de su escasa presencia en los mensajes políticos, incluso en este año electoral, o que las palabras ciencia, tecnología o innovación ni siquiera aparezcan en el último barómetro del CIS.

No es ese el camino. El análisis es necesario, pero no suficiente, para disponer de capacidad transformadora. Hay que implicar realmente a la sociedad. Y esa implicación no se consigue con sesudos razonamientos. Por el contrario, para obtenerla, hay que difundir socialmente convicción en ciertos valores utilizando para ello las técnicas propias de la comunicación de masas. Dicho de otra manera, hay que conformar una opinión pública partidaria de la ciencia, la creatividad y la innovación porque está convencida de que ello es la puerta para la prosperidad, para que sus hijos e hijas tengan mejores opciones laborales al terminar sus estudios, para no poner en riesgo sus pensiones… Y será esa opinión pública quien exija de los poderes públicos y de los partidos políticos el fomento de una actividad científica, creadora, innovadora y emprendedora en la sociedad de la que estar orgullosos, en la que poder confiar para el futuro. Ese ha sido el camino que ha permitido, por ejemplo, encumbrar socialmente el valor de la educación o de la protección del medioambiente.

Si uno le presta cierta reflexión, advertirá enseguida que el valor de la educación resultaba muy lejano hace sólo dos o tres generaciones. Al menos para el común de los mortales, cuya vida consistía en trabajar en condiciones cercanas a la subsistencia, sin tiempo, ganas, ni formación para profundas reflexiones. Pero hubo un activismo social y político, cuyas raíces se hunden en la Ilustración, promotor de una concepción liberadora de la educación que, progresivamente, fue abrazando la mayor parte de la población a pesar de no saber quién fue Sócrates. Sin embargo esta mayoría social llegó a entender y demandar los efectos de esa desconocida educación, gracias a la conformación de una opinión pública llevada a cabo por los medios de comunicación de masas. El razonamiento fue simple: para que los hijos del trabajador tengan las mismas opciones que los hijos del patrón tienen que estudiar. Y los padres y madres trabajadoras se dejaron la piel para que sus hijos e hijas pudieran estudiar, al tiempo que en la construcción del moderno Estado social y democrático de derecho la educación pública se convirtió en una prioridad irrenunciable. Y no fue en vano: de forma progresiva el efecto liberador de la educación fue jugando su papel en la sociedad, al menos procurando una mayor igualdad de oportunidades entre todos sus miembros. En cuanto al medioambiente, fue necesario desarrollar una gran conciencia social, una opinión pública convencida, de nuevo sin grandes sofisticaciones argumentales, partidaria de preservar nuestro entorno natural. Esta forma de pensar es muy reciente. No hace tanto tiempo las chimeneas humeantes eran iconos de desarrollo y modernidad, y se le prestaba muy poca atención a la contaminación y a la afección del medio natural. De hecho sigue siendo así en demasiados sitios, pero no aquí. Cómo desarrollar tal mentalidad, anteponiéndola a la inmediatez del rendimiento económico que el desarrollo desordenado provoca, es una verdadera revolución en la forma de pensar del conjunto de la sociedad. Y, francamente, no creo que sea el conocimiento científico del cambio climático quien lo ha hecho posible. El conocimiento científico de nuestra sociedad (también de las demás) es muy débil. Recientemente los medios de comunicación daban a conocer la encuesta de percepción social de la ciencia en España, elaborada por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, que nos sorprendía con el resultado, ciertamente matizable, de que la cuarta parte de la población española piensa que el sol gira alrededor de la Tierra, y no al revés.

Nuestra sociedad protege al medioambiente y a la educación porque los ha asociado con valores positivos para el presente y el futuro, no como resultado de una reflexión crítica e individual de todos sus miembros, sino por una convicción colectiva mucho más intuitiva que intelectual. Esa asociación se ha hecho posible conformando una opinión pública a través de los medios de comunicación de masas que, de forma legítima y necesaria, permitió al activismo político y social difundir las conclusiones a las que llegaron brillantes pensadores y científicos, en un formato simple y accesible para todo el mundo: la educación liberará a tus hijos; el mundo será horrible si dañamos el medioambiente.

Si queremos que nuestra sociedad demande ciencia, creatividad e innovación hay que convencerla que la vida será mucho mejor para todos si está presente y si los poderes públicos la promueven. Entonces se convertirá en una exigencia para éstos, pero no antes. Hay que conformar una opinión pública, a partir de certezas que conocen los científicos e intelectuales, pero que deben ser trasladas al conjunto de la sociedad con un formato muy sencillo: sin ciencia, creatividad e innovación el futuro de todos será sombrío y pobre; con ellas habrá prosperidad. Igual que un mundo con la Naturaleza expoliada dan pocas ganas de vivirlo, o que la sociedad no tolerará las cadenas de la ignorancia y la incultura, hay que proyectar una nueva convicción: si queremos bienestar, necesitamos que en nuestra sociedad haya mucha más ciencia, creatividad e innovación. Muchos, tal vez la mayoría, no serán científicos, creadores, o innovadores, aunque todos deben tener la oportunidad de optar a serlo. Y si es así, sin duda, todos tendrán un futuro de mucha mayor prosperidad, como sucede en los países más desarrollados económicamente.

¿Quién tiene que impulsar esta concepción en la sociedad? Por supuesto que todos los que la comprendan y crean en ella, como ya pasó con nuestros ejemplos de la educación y el medioambiente. Es necesario para ello un activismo desinteresado, sustentado en el conocimiento que reside, sobre todo, en centros educativos, universidades, organismos de investigación, así como por empresas y otras organizaciones privadas intensivas en conocimiento, esto es, en los mejores talentos y capacidades de los que disponemos. Y que no confunda, la legítima reivindicación del interés propio con la promoción de valores en la sociedad. Ambas actuaciones deben tener cauces separados, que interfieran tan poco como sea posible. La reivindicación propia, por legítima que sea, no se convertirá en un valor social. Seguirá siendo una reivindicación más, legítima como todas las que lo sean, pero nada más. Es igualmente importante no cometer errores con los mensajes. La I+D+i no nos va a sacar de la crisis, como al principio de la misma se repitió una y otra vez. Que una sociedad promueva la I+D+i es similar a que un individuo realice una vida sana. Si lo hace tendrá menor riesgo de enfermar y, si lo hace, estará más fuerte para recuperarse antes. Pero una vez enfermo, no puede pensar en hacer la vida que debió cuando estaba sano. Tendrá, en primer lugar, que curarse, eso sí, procurando quedar en las mejores condiciones para retomar una vida saludable. La I+D+i muestra sus efectos en el largo plazo. Por eso florece en las sociedades más desarrolladas, en aquéllas que son capaces de fijar prioridades políticas, sociales y económicas que trasciendan al corto plazo. Conseguir el respaldo social requiere mensajes simples, pero certeros.

En mi opinión, la realidad sociológica y de la I+D+i en España aconsejan que este activismo deba promoverlo principalmente la Universidad y los centros públicos de investigación, ejerciendo un liderazgo participativo y fomentando la colaboración e implicación del sector privado. El peso, prestigio social y capacidad de influencia de la Universidad y de los centros de investigación es enorme, al menos en comparación con otras organizaciones públicas y privadas que, en todo caso, deben estar también invitadas a participar.  Se trata del lugar del conocimiento, del pensamiento, la universitas, el Alma Mater del saber. Ello debiera ser garantía de éxito, siempre y cuando no olviden que el liderazgo han de ejercerlo, no para sí, sino para la sociedad.